STC13684-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13684-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03429-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alberto Campos Callejas contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales accionadas al no acceder a su solicitud de inclusi\u00f3n de bienes en los inventarios y aval\u00faos efectuados en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto [las] providencia[s]\u2026 [de] 31 de mayo del 2022[,] emitida por el Tribunal [encartado]\u2026[,] y [de] 17 de febrero del 2022[,] emitida por el Juzgado [accionado]\u00bb; y \u00abdecretar\u00bb que dichas autoridades judiciales \u00ab[l]e reconozca[n] el derecho que [l]e asiste[,] que no imponga[n] trabas burocr\u00e1ticas o administrativas con el fin de mantener en un limbo jur\u00eddico el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal impulsado contra el accionante por Maribel Romero P\u00e9rez, el 17 de febrero de 2022 el Juzgado acusado declar\u00f3 \u00abprobadas las objeciones respecto a las partidas segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y s\u00e9ptima[,] denunciada[s] por la parte demandada[,] objetadas por la\u2026 demandantes (sic)\u00bb, por lo que tuvo como \u00fanica la primer partida, referente al inmueble con folio inmobiliario Nro. 040-405467, a la vez que dispuso no incluir \u00aben el inventario de los bienes sociales\u00bb: <\/p>\n
i) El derecho de posesi\u00f3n sobre el predio con referencia catastral 01 08 0351 0006 000 (sin folio de matr\u00edcula), ubicado en la Calle 99 D No. 14 – 70 de Barranquilla; <\/p>\n
ii) $60.000.000 recibidos por Romero P\u00e9rez por la venta del fundo con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 040-416643, ubicado en la carrera 13 C No. 99D – 46 de esa ciudad; <\/p>\n
iii) $20.451.000 entregados a Romero P\u00e9rez, por la Alcald\u00eda de ese municipio, por concepto de subsidio de albergue, debido al desalojo ordenado por ese distrito debido al riesgo de deslizamiento en el lugar donde est\u00e1 el bien referido en la partida \u00fanica; <\/p>\n
iv) $908.500 mensuales que por el mismo subsidio le reconociera el ente territorial a Romero P\u00e9rez, desde julio de 2021 hasta que cese su pago; <\/p>\n
v) $51.300.000 por los da\u00f1os y perjuicios reclamados por Romero P\u00e9rez en la acci\u00f3n de grupo incoada con ocasi\u00f3n de los motivos que dieron lugar al aludido desalojo; y <\/p>\n
vi) $79.606.289,33 que, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n, deprec\u00f3 el accionante por los dineros propios que dijo haber aportado para la sociedad, a trav\u00e9s de giros internacionales destinados a su antagonista, con el fin de acrecentar el patrimonio a liquidar, mediante la realizaci\u00f3n de mejoras en los tres inmuebles referidos. <\/p>\n
2.2. El 31 de mayo \u00faltimo el Tribunal convocado confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela, en concreto, el censor indic\u00f3 que con esas decisiones los juzgadores acusados incurrieron en defectos f\u00e1ctico y sustancial, al dejar de incluir en los inventarios y aval\u00faos los bienes atr\u00e1s referidos, comoquiera que acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de todos los supuestos legales para considerarlos sociales, con lo que tambi\u00e9n se ignoraron \u00ablas consecuencias graves concomitantes que generan el ocultamiento de bienes de la sociedad[,] seg\u00fan lo reza el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el derecho social sobre los bienes cuya inclusi\u00f3n se deneg\u00f3, fue reconocida previamente por su antagonista en el documento mediante el cual, el 14 de diciembre de 2020 y de mutuo acuerdo, decidieron poner fin a su v\u00ednculo matrimonial, por lo que ello ahora no pod\u00eda desconocerse; que al resolver sobre el derecho de posesi\u00f3n aducido sobre el predio ubicado en la Calle 99 D Nro. 14 – 70, \u00abque carece de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb, los falladores, err\u00f3nea y confusamente, se refirieron fue al inmueble de la carrera 13 C Nro. 99 D 46; que los $60.000.000 obtenidos durante la vigencia de la sociedad, por la venta del predio con matr\u00edcula Nro. 040-416643, hacen parte de la misma de conformidad con lo reglado en el numeral 3\u00ba del canon 1781 del C\u00f3digo Civil; que los montos reconocidos y pagados como subsidio de albergue s\u00ed forman parte del haber social, porque aunque \u00abpara la fecha del otorgamiento\u2026 [\u00e9]l\u2026 no era titular del inmueble\u2026[,] causa de subsistencia de tal subsidio, al momento de disolver la sociedad conyugal, le corresponde en virtud del numeral 2 del art\u00edculo 1781 del C\u00f3digo Civil\u00bb, resultando il\u00f3gico \u00abrealizar la partici\u00f3n del inmueble sin tener en cuenta todos los derechos que se desprendan en virtud de este\u00bb; y en cuanto a la compensaci\u00f3n de los $79.606289,33 que \u00e9l dijo haber aportado a la sociedad, sostuvo que \u00abfueron girados a la demandante con el fin de acrecer su patrimonio, puesto que antes de haber celebrado matrimonio con [\u00e9]l\u2026, no ten[\u00ed]a patrimonio siquiera igual al que tiene al momento de disolver la sociedad conyugal[,] y el cual qued[\u00f3] plasmado en las conversaciones, fotos de prueba que el juez no se tom[\u00f3] el tiempo de detallar, junto con todos los recibos de giros especificados en fechas y montos\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a historiar las actuaciones all\u00ed surtidas, remitir los datos de contacto de las partes e intervinientes en el juicio reprochado, as\u00ed como copia de la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solicit\u00f3 \u00abdenegar las pretensiones rese\u00f1adas por el accionante\u00bb porque \u00aben su escrito\u2026 no acredita el cumplimiento de los requisitos espec\u00edficos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra las providencias judiciales, en tanto no encuadra sus argumentos en ninguno de los defectos descritos por la jurisprudencia constitucional\u00bb; adem\u00e1s, la postura esbozada en la decisi\u00f3n que se le critic\u00f3 est\u00e1 \u00ablejos de ser arbitraria o de constituir v\u00eda de hecho judicial, se hace razonable y justificada mediante las disposiciones sustanciales. Pues la misma cont\u00f3 con una exposici\u00f3n de razones soportadas tanto en los elementos obrantes en el expediente, como del enunciado en las normas aplicables\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, porque en el prove\u00eddo del 31 de mayo de 2022, mediante el cual se confirm\u00f3 el dictado el 17 de febrero anterior por el Juzgado convocado, y sobre el que recae el siguiente an\u00e1lisis por ser aquel a trav\u00e9s de la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva el asunto sometido a discusi\u00f3n, el Tribunal enjuiciado explic\u00f3 con suficiencia los motivos para ratificar el despacho adverso de la solicitud de inclusi\u00f3n de bienes propuesta por el quejoso. <\/p>\n
2.1. En efecto, al dictar esa providencia, previamente se se\u00f1al\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver se contra\u00eda a determinar \u00ab[s]i resulta procedente la exclusi\u00f3n\u00bb: <\/p>\n
1\u2026 del derecho de propiedad ejercido por la accionante respecto al lote de terreno localizado en el barrio la paz de [esa] ciudad, en la calle 99D No. 14-70, sobre el cual se encuentran construidos seis (6) apartamentos de una habitaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u2026 de la suma de\u2026 ($60.000.000.00) como producto de la venta realizada por la parte accionante del\u2026 inmueble localizado en la Carrera 13C No 99-46, de [esa] ciudad, e identificado con la matr[\u00ed]cula inmobiliaria No. 040-416643, el\u2026 5 de marzo del a\u00f1o 2020, mediante Escritura P\u00fablica No 731, expedida en la Notar[\u00ed]a Doce del c\u00edrculo de Barranquilla. <\/p>\n
3\u2026 de la suma de\u2026 ($20.451.000.00), por concepto de frutos civiles recibidos por la parte accionante como pago de subsidio de Arrendamiento otorgado por la alcald\u00eda del distrito de Barranquilla a partir del mes de abril del a\u00f1o 2019[.] <\/p>\n
4\u2026 de la suma de\u2026 ($908.500) mensuales desde el mes de julio de 2021 hasta tanto la Alcald\u00eda de Barranquilla cancel[e] dicho pago por concepto de subsidio de albergue. <\/p>\n
5\u2026 de la suma de la suma de\u2026 ($51.350.000.00), representados en los da\u00f1os y perjuicios que la parte accionante reclama como demandante ante el Juez Primero Administrativo de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de grupo radicada con el n\u00famero 08001333100120090015400, con ocasi\u00f3n al da\u00f1o o p\u00e9rdida del apartamento No. 4004, localizado en el bloque cuarto, del conjunto residencial Ciudad del Sol. <\/p>\n
6\u2026 de la suma de\u2026 ($79.606.289.33), por concepto de dineros propios aportados por\u2026 LUIS CAMPOS CALLEJAS a la sociedad conyugal. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, apoy\u00e1ndose en la normatividad y jurisprudencia que hall\u00f3 aplicable al caso (CSJ SC, 4 mar. 1996, rad. 4751), expuso diferentes generalidades en torno al haber de la sociedad conyugal, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n (art\u00edculos 42 -numeral 8\u00ba- Constitucional, 180 y 1820 del C\u00f3digo Civil), aclarando lo referente a su composici\u00f3n (regla 1781 de la \u00faltima codificaci\u00f3n), deudas (precepto 1796 ib\u00eddem), recompensas (entre otros, c\u00e1nones 1781 -numerales 3\u00ba, 6\u00ba y 7\u00ba- y 1797 de la misma obra); y tras precisar que la \u00abliquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada entre\u2026 Romero P\u00e9rez y\u2026 Campos Callejas, en virtud del matrimonio celebrado entre las partes el\u2026 26 de julio de 2005\u2026, y disuelto por medio de la sentencia\u2026 proferida por el Juzgado\u2026 [el] 18 de enero de 2021, se regir\u00e1 por las normas contempladas por el C\u00f3digo Civil Colombiano[,] ante la inexistencia de capitulaciones suscritas entre las partes\u00bb; con apoyo en todo el material suasorio recopilado, de cara al caso concreto, para confirmar el veredicto del a-quo, concluy\u00f3: <\/p>\n
Respecto a la exclusi\u00f3n del derecho de propiedad ejercido por la parte accionante sobre el lote de terreno localizado en el barrio la paz de\u2026 Barranquilla, en la calle 99D No. 14-70, sobre el cual se encuentran construidos seis (6) apartamentos de una habitaci\u00f3n, sin desenglobar, y en mal estado conservaci\u00f3n, denota el\u2026 Despacho que el inmueble\u2026 fue adquirido por medio de una cesi\u00f3n fiscal gratuita realizada por la Alcald\u00eda\u2026 a favor de la demandante, en consecuencia[,] el derecho de propiedad no puede ser incluido en el haber social de la sociedad conyugal[,] de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 1782 del C\u00f3digo Civil Colombiano, puesto\u2026 que el mencionado bien fue entregado a t\u00edtulo gratuito. <\/p>\n
En cuanto a los (6) apartamentos construidos en [ese] terreno\u2026, de conformidad con el material probatorio aportado\u2026[,] no logra evidenciarse que\u2026 fueron construidos con dineros absolutos de la sociedad conyugal o con dineros, propios de\u2026 CAMPOS CALLEJAS. Al respecto, si bien la parte demandada aport\u00f3 constancias en la cuales se evidencian las fechas y las sumas de dinero que fueron recibidas por la\u2026 demandante, al igual que copias de los mensajes de WhatsApp realizados entre los exesposos, el despacho no puede distinguir la finalidad de los pagos realizados[,] en consecuencia, no puede presumirse que fueron destinados para la construcci\u00f3n de los apartamentos. <\/p>\n
En cuanto a la exclusi\u00f3n de la suma de\u2026 ($60.000.000.) como producto de la venta realizada por la parte accionante del\u2026 inmueble localizado en la Carrera 13C No 99-46 de\u2026 Barranquilla, identificado con la matricula inmobiliaria No. 040-416643, estima el Despacho que los dineros obtenidos de la venta realizada no hacen parte del haber absoluto de la sociedad conyugal, debido a que el\u2026 inmueble objeto de venta fue adquirido por la demandada a t\u00edtulo gratuito, aumentando su patrimonio y no el haber social de la sociedad. En consecuencia, al recibir la accionante una suma de dinero por [su] venta\u2026, este ingreso har\u00e1 parte de los haberes relativos de la sociedad conyugal, los cuales generan el deber de recompensar el valor de su aporte al c\u00f3nyuge que los aport\u00f3, en el momento de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de conformidad con el numeral 3 del art\u00edculo 1781 C\u00f3digo Civil[,] en consecuencia, el reparo presentado no prospera. <\/p>\n
Sobre la exclusi\u00f3n de la suma de\u2026 ($51.350.000.00), representados en los da\u00f1os y perjuicios que la parte accionante reclama como demandante ante el Juez Primero Administrativo de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de grupo radicada con el n\u00famero 08001333100120090015400, con ocasi\u00f3n al da\u00f1o o p\u00e9rdida de[l] apartamento identificado con el numero No. 4004, localizado en el bloque cuarto, del conjunto residencial Ciudad del Sol, se abstiene el\u2026 Despacho de pronunciarse en lo referente a dicho reparo, debido a que a la fecha no existe sentencia debidamente ejecutoriada en la cual se reconozca a favor de la demandada [su] pago\u2026 <\/p>\n
Respecto a la exclusi\u00f3n de la suma de\u2026 ($79.606.289.33), por concepto de dineros propios aportados por\u2026 Campos Callejas a la sociedad conyugal, estima el\u2026 Despacho que era necesario acreditar la voluntad de excluir de la sociedad conyugal los dineros propios del demandado, a trav\u00e9s de la elaboraci\u00f3n de capitulaciones matrimoniales. En consecuencia, se presume que los dineros devengados durante la vigencia de la sociedad conyugal hacen parte de su haber absoluto, por tanto, si estos fueron empleados para gastos de vivienda, de bienes muebles para el hogar y de mejoras para la infraestructura del bien inmueble, entre otras expensas, la sociedad no deber\u00e1 recompensa alguna por los mencionados conceptos a los c\u00f3nyuges, debido a que son considerados gastos absolutos de la sociedad conyugal, pagados con dineros que conforman el haber absoluto de la misma. Adicionalmente, de conformidad con el material probatorio, no resultan claras las pruebas aportadas parta determinar cu[\u00e1]les fueron los gastos realizados por la parte demandada[,] en consecuencia, no prospera la objeci\u00f3n presentada. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, se halla que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, al margen de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el gestor del resguardo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal enjuiciado interpret\u00f3 tanto las normas como la jurisprudencia que hall\u00f3 aplicables al caso concreto, y valor\u00f3 conjuntamente las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, extrayendo de all\u00ed la impostergable ratificaci\u00f3n de la inviabilidad de incluir en los inventarios y aval\u00faos las 6 partidas que exigi\u00f3, en lo medular, porque i) en cuanto a los $60.000.000 recibidos por la venta del inmueble con folio inmobiliario Nro. 040-416643, \u00e9ste lo obtuvo Romero P\u00e9rez por cesi\u00f3n gratuita de bien fiscal por parte de la Alcald\u00eda de Barranquilla, por lo que el dinero obtenido por su venta no formaba parte del haber social; ii) respecto a los dineros percibidos por subsidio de albergue, no constitu\u00edan frutos sino una asignaci\u00f3n especial y excepcional por parte del Estado para suplir una necesidad b\u00e1sica de Romero P\u00e9rez, ajena al haber social; iii) en lo tocante con los $51.300.000 reclamados por Romero P\u00e9rez a trav\u00e9s de acci\u00f3n de grupo, por concepto de los da\u00f1os y perjuicios derivados de la orden de desalojo, no correspond\u00edan a una suma determinada a favor del haber social, comoquiera que ese juicio est\u00e1 en curso, lo que, de momento, imped\u00eda su inclusi\u00f3n; y iv) en lo que tiene que ver con los $79.606.289,33 que, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n, deprec\u00f3 el accionante, \u00e9ste no demostr\u00f3 su inversi\u00f3n en mejoras para los inmuebles y, en todo caso, constitu\u00edan aportes habituales para los gastos sociales. <\/p>\n
Debe a\u00f1adirse que aunque pudo presentarse un lapsus de parte de los falladores ordinarios al resolver sobre el derecho de posesi\u00f3n alegado, en tanto que, al parecer, erradamente consideraron que el mismo reca\u00eda sobre el predio ubicado en la carrera 13 C Nro. 99 D 46 de Barranquilla, cuando el aqu\u00ed censor fue enf\u00e1tico en precisar que se contra\u00eda al inmueble de la Calle 99 D Nro. 14 – 70 de esa ciudad, \u00abque carece de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb; lo cierto es que ello se muestra constitucionalmente intrascendente, comoquiera que su ajuste no variar\u00eda en nada la determinaci\u00f3n adoptada, porque lo cierto es que no se demostr\u00f3 la naturaleza privada de ese \u00faltimo fundo, lo que imped\u00eda dar por cierta la eventual posesi\u00f3n ejercida sobre un predio p\u00fablico y\/o fiscal, supuesto suficiente para denegar su inclusi\u00f3n en los inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13684-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13684-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03429-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alberto Campos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67969\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}