STC13704-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13704-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00441-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 19 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Raquel Villamizar Lizcano contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00b0 2016-00123. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho convocado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que ante el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, adelant\u00f3 proceso de divorcio contra Gustavo Adolfo Ahumada Torres, en cuya sentencia se fij\u00f3 a favor de sus tres menores hijas y a cargo del demandado, cuota alimentaria \u00aben un 30% del total devengado como militar activo [de la] Armada Nacional [indic\u00e1ndose que] una vez pase a n\u00f3mina de CREMIL, debe seguir suministrando la misma cuota de alimentos [esto es], el 30% [de] su asignaci\u00f3n de retiro y en el mismo porcentaje en sus prestaciones sociales\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abpara poder presentar demanda ejecutiva de alimentos (\u2026), teniendo en cuenta que el demandado no est\u00e1 cumpliendo con el valor total de la cuota (\u2026), el 7 de junio de 2022 [su apoderada judicial] present\u00f3 memorial de solicitud al Juzgado, para que se ordene oficiar a la Direcci\u00f3n de N\u00f3mina de [la] Armada Nacional [a fin de que] certificara el valor que se le pag\u00f3 al se\u00f1or Gustavo Adolfo Ahumada Torres (\u2026), por concepto de vacaciones del a\u00f1o 2016 y 2017 [y] certificado del pago de retroactivo y dem\u00e1s emolumentos que se le haya cancelado, [tambi\u00e9n], a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia, para que certifique la mesada devengada [para los] a\u00f1os 2020, 2021 y 2022\u00bb. <\/p>\n
Que con la solicitud en comento \u00aballeg\u00f3 la respuesta que dio la CREMIL y la Direcci\u00f3n de N\u00f3mina Armada Nacional a los derechos de petici\u00f3n [acreditando que] las dos entidades negaron entregar la certificaci\u00f3n de desprendibles de n\u00f3mina en todos los haberes que recibe el se\u00f1or Gustavo Adolfo Ahumada Torres, siendo necesario que el juzgado ordene oficiar para poder presentar la demanda ejecutiva\u00bb, ante lo cual, mediante estado del \u00ab16 de junio de 2022\u00bb el juzgado public\u00f3 \u00abel auto del 15 de junio de 2022 [empero] no sale [su] contenido (\u2026) y tampoco [lo] publican en ninguna de las dos p\u00e1ginas autorizadas como son la de la Rama Judicial y la p\u00e1gina TYBA\u00bb, y al requerir que se diera \u00abaplicaci\u00f3n al Decreto 806 de 2020\u00bb, la decisi\u00f3n fue remitida \u00aba mi correo electr\u00f3nico el d\u00eda 22 de junio de 2022 a las hora 4:59 p.m.\u00bb, por lo que dentro del t\u00e9rmino \u00abde 3 d\u00edas\u00bb contabilizado \u00aba partir del d\u00eda siguiente [de tal] publicidad (\u2026), present\u00e9 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 29 de junio de 2022 sali\u00f3 por estado el proceso de la referencia, pero vuelven a cometer la misma vulneraci\u00f3n [porque] no montan el auto [del 28 de junio de 2022] en la p\u00e1gina TYBA y p\u00e1gina [de la] Rama Judicial [en el cual] deciden rechazar el recurso (\u2026), por encontrarse extempor\u00e1neo\u00bb, lo que en su sentir es equivocado ya que el auto del 15 de junio de 2022, \u00abs\u00f3lo naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica cuando se cumpli\u00f3 con el principio de publicidad en cumplimiento al Decreto 806 de 2020 [esto es] cuando [su abogada lo] recibi\u00f3 [en su correo electr\u00f3nico] en archivo PDF\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abse declare que el auto de fecha 15 de junio de 2022 (\u2026) fue por v\u00eda de hecho\u00bb, y como consecuencia, \u00abordenar al Juzgado 6 de Familia (\u2026), oficiar a CREMIL y Direcci\u00f3n de N\u00f3mina de la Armada Nacional tal cual lo solicit\u00f3 [su apoderada judicial]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto de Familia de Cartagena, se opuso a lo pretendido al enfatizar \u00abirrelevancia constitucional\u00bb, pues no se produjo yerro en la notificaci\u00f3n por estado del prove\u00eddo del 15 de junio de 2022, y que lo perseguido era utilizar la tutela para \u00abrevivir oportunidades procesales vencidas (\u2026) toda vez que en lo que a nuestra actuaci\u00f3n concierne, se le dio el tr\u00e1mite a la totalidad de peticiones de la parte actora, otra cosa es que no haya sido a su favor, y que [por] su incuria [no hubiera] promov[ido] el recurso temporalmente\u00bb. <\/p>\n
2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares \u2013 CREMIL, inform\u00f3 que, atendiendo solicitud del juzgado, \u00abel 15 de julio de 2019 [expidi\u00f3] certificaci\u00f3n de n\u00f3mina \u201cde las 14 mesadas pensionales y retroactivos del se\u00f1or Gustavo Adolfo Ahumada Torres (\u2026), desde la fecha que ingreso a su n\u00f3mina para cancelarle asignaci\u00f3n de retiro o pensi\u00f3n hasta la presente fecha (\u2026)\u201d, (\u2026) contenida en 2 folios\u201d\u00bb, y que a la petici\u00f3n elevada por la accionante el \u00ab15 de febrero de 2022\u00bb, para que se certificara \u00ab\u201cel pago de las vacaciones del a\u00f1o 2016, a\u00f1o 2017 y retroactivo de los a\u00f1os 2016 y 2017 que corresponde al aumento de IPC anual\u201d\u2026, la entidad da respuesta mediante oficio N2022029394 de fecha 07 de marzo de 2022 [informando que] es la Fuerza [Armada Nacional] quien debe [certificar lo] devengado en actividad\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que de conformidad con las \u00abexcepciones legales al derecho de acceso a documentos p\u00fablicos [previsto] en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb, concordante con el art\u00edculo 24-3 de la ley 1755 de 2015, y seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica, objeto y funciones de la CREMIL seg\u00fan los art\u00edculos 3 y 6 del Acuerdo 008 de 2016, \u00abno es posible suministrar la informaci\u00f3n que solicita la accionante, por estar sujeta a reserva Pidi\u00f3 se declarara \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb respecto de esa entidad, ya que lo pretendido por la actora \u00abes solo competencia [del juzgado] decidir de fondo si hay lugar o no a modificar las decisiones proferidas en los autos que ataca, y si a consecuencia de ello decide oficiar a la Caja para que remita con destino a ese despacho la informaci\u00f3n solicitada\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00ablas personas con asignaci\u00f3n de retiro no causan prestaciones sociales (cesant\u00edas, vacaciones, salarios, prima de servicio) [sino que estas] se causan cuando el militar se encuentra en servicio activo, y [las reconoce] la misma Fuerza [en este caso], la Direcci\u00f3n de Prestaciones Sociales de la Armada Nacional\u00bb. <\/p>\n
3. La jefe de Divisi\u00f3n de N\u00f3minas de la Armada Nacional, inform\u00f3 que \u00abverificado el sistema de Gesti\u00f3n Documental (\u2026), se evidenci\u00f3 que no ha sido allegada a la Armada Nacional requerimiento del Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, en el cual requiera certificaci\u00f3n de los haberes y dem\u00e1s prestaciones que [h]a devengado el se\u00f1or Gustavo Adolfo Ahumada Torres, entre el a\u00f1o 2016 a 2018 (\u2026). Sin embargo, se evidenci\u00f3 que para el mes de febrero de 2022, fue recibida petici\u00f3n de la accionante a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, en el cual requer\u00eda certificaci\u00f3n del pago de vacaciones y retroactivo de 2016 y 2017, petici\u00f3n que fue atendida mediante oficio (\u2026) de fecha 23 de febrero de 2022 [donde] se inform\u00f3 que para proceder a suministrar la documentaci\u00f3n requerida deber\u00eda allegar autorizaci\u00f3n expresa del funcionario u orden judicial, de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y numeral 4 del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb. Solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo dado que la reclamante cuenta con \u00abotro medio de defensa\u00bb consistente en \u00abel recurso de insistencia establecido en el art\u00edculo 26 de la Ley 1755 de 2015\u00bb, y \u00abal constar que no existe vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por parte de la Armada Nacional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo porque respecto al reparo derivado de \u00abentenderse desatendido el derecho de publicidad y legalidad de providencias judiciales, por cuanto el estado de 16 de junio de 2022 (\u2026), no permit\u00eda tener acceso al contenido de la providencia [que neg\u00f3 oficiar para obtener la informaci\u00f3n requerida], la que solo pudo ser conocida hasta el 22 de junio de 2022, cuando por requerimiento de la actora le fue remitido dicho auto a su correo electr\u00f3nico\u00bb, encontr\u00f3 que el juzgado \u00abno garantiz\u00f3 que en debida oportunidad el interesado tuviera conocimiento de la decisi\u00f3n judicial, no es de recibo que atribuya responsabilidad de extemporaneidad en el momento de defensa de la actora, pues bajo el par\u00e1metro atr\u00e1s se\u00f1alado, el accionado incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la cr\u00edtica por no haberse accedido a \u00aboficiar a las entidades pagadoras del demandado dentro de un proceso de divorcio que curs\u00f3 ante dicho estrado judicial, aun cuando seg\u00fan refiere, anex\u00f3 los soportes con los que demostraba que cumpli\u00f3 con el deber de solicitar la informaci\u00f3n directamente a las entidades, y estas se negaron a proporcionar las certificaciones requeridas\u00bb, el tribunal hall\u00f3 infundada esa decisi\u00f3n, porque la interesada \u00abcumpli\u00f3 con la carga que la ley impone para poder efectuar tal solicitud, de modo que lo procedente era que verificada la negativa de las entidades en suministrarle la informaci\u00f3n requerida, oficiara a estas para que expidieran las certificaciones, pues no debe pasar por alto el accionado que la finalidad es el inicio de un tr\u00e1mite ejecutivo de alimentos\u00bb. Por lo anterior, dej\u00f3 sin efecto el auto proferido el 28 de junio de 2022, y le orden\u00f3 resolver los recursos planteados contra el auto del 15 de junio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el funcionario judicial encartado, sin exponer argumento adicional alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante, porque al interior del divorcio n\u00b0 2016-00123, neg\u00f3 la solicitud de oficiar para obtener prueba requerida para la ejecuci\u00f3n de los alimentos all\u00ed fijados, aduciendo desatenci\u00f3n a carga procesal contenida en el art\u00edculo 173 del estatuto adjetivo general. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, por regla general esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales, pues al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. Por tanto, solo es viable cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico, por arbitrario o antojadizo, y de esa manera se hace indispensable restablecerlo. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n del auxilio implorado, en la medida en que, como se explicar\u00e1 en esta instancia, la actuaci\u00f3n confutada configura defectos de procedibilidad capaz de quebrantarla mediante la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, se advierte que frente al reparo por afectaci\u00f3n al \u00abprincipio de legalidad\u00bb en relaci\u00f3n con la \u00abpublicidad\u00bb de las providencias, en particular de la proferida el 15 de junio de 2022, la Sala avala la postura expuesta por el tribunal a-quo, seg\u00fan la cual el juzgado incurri\u00f3 en defecto procedimental al no aplicar la notificaci\u00f3n por estado electr\u00f3nico con observancia del art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso y en el otrora art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 806 de 2020, subrogado por el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 2213 de 2022 (esto es, facilitando el acceso al contenido de la providencia), (CSJ STC, 20 may. 2020, rad. 00023-01; STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477-00; STC9383-2020, 30 oct. 2020, rad. 02669-00; STC1461-2021, 18 feb. 2021, rad. 00466-01, y STC1782-2021, 25 feb. 2021, rad. 00007-01, entre otras). <\/p>\n
No obstante, la Corte no abordar\u00e1 la soluci\u00f3n del caso con soporte en el desafuero procedimental evidenciado en la notificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, sino porque respecto a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 173 del estatuto adjetivo general, el juzgado incurri\u00f3 en dicho yerro -bajo la modalidad de absoluto y por exceso de rigorismo formal-, y adicionalmente en el de desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre dicha tem\u00e1tica, habida cuenta el estado de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n de quienes reclaman el pago oportuno de alimentos. <\/p>\n
3.2. De esta manera, encuentra la Corte que al denegar la orden de oficiar a la Divisi\u00f3n de N\u00f3minas de la Armada Nacional y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el desafuero procedimental del juzgado emerge por no acertar en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del precepto antes mencionado, en tanto deviene infundado el argumento de que la actora no gestion\u00f3 directamente la obtenci\u00f3n de las certificaciones deprecadas mediante el agotamiento del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ello, porque el accionado no observ\u00f3 que con la solicitud en comento, la interesada demostr\u00f3 que previamente hab\u00eda elevado petici\u00f3n a las entidades en menci\u00f3n sin que obtuviera respuesta favorable, pues mientras el 23 de febrero de 2022 la Armada Nacional invoc\u00f3 la reserva de informaci\u00f3n, el 7 de marzo del mismo a\u00f1o, CREMIL se\u00f1al\u00f3 que ya hab\u00eda informado al juzgado la asignaci\u00f3n de retiro y que la informaci\u00f3n sobre prestaciones sociales no era de su competencia; en tales condiciones, perdi\u00f3 de vista que el citado art\u00edculo, se\u00f1ala en la segunda parte de su inciso 2\u00b0, que \u00ab[e]l juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, la denegaci\u00f3n de lo pedido se produjo al margen del procedimiento previsto para resolver la situaci\u00f3n planteada, inclusive al enmarcarla en los supuestos que protege el canon 15 de la Carta Pol\u00edtica, y soportar la negativa en la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 24-3 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, sustituido por el canon 1\u00b0 de la Ley 1755 de 2015, el yerro procedimental tambi\u00e9n emerge en la modalidad de exceso ritual manifiesto, pues para solucionar el caso remite a la actora al tr\u00e1mite adicional contemplado en los preceptos 25 y 26 de dicha codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el inciso 1\u00b0 del primero del art\u00edculo 24-3 del CPACA, se\u00f1ala que: \u00ab[t]oda decisi\u00f3n que rechace la petici\u00f3n de informaciones o documentos ser\u00e1 motivada, indicar\u00e1 en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de informaci\u00f3n o documentos pertinentes y deber\u00e1 notificarse al peticionario. Contra la decisi\u00f3n que rechace la petici\u00f3n de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el art\u00edculo siguiente\u00bb. Por su parte, el canon 26 prev\u00e9 la figura de la \u00abinsistencia del solicitante en caso de reserva\u00bb, seg\u00fan la cual: \u00ab[s]i la persona interesada insistiere en su petici\u00f3n de informaci\u00f3n o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponder\u00e1 al Tribunal Administrativo con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogot\u00e1, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en \u00fanica instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petici\u00f3n formulada\u00bb. Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
<\/p>\n
De lo antes descrito, aunada a la inadecuada observancia del juzgado a los supuestos que consagra el art\u00edculo 173 del estatuto adjetivo, es claro que para desestimar lo pedido por la accionante, la soluci\u00f3n brindada para conseguir la informaci\u00f3n no muestra la aptitud y eficacia suficiente para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, sino que, por el contrario, evidencia una actitud caprichosa y manifiestamente desproporcionada, que afecta a quien ya se halla en condici\u00f3n vulnerable por no recibir oportunamente la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a que tiene derecho. Por ello, como ya se ha hecho en anteriores oportunidades, sin obst\u00e1culo alguno debi\u00f3 obtener la informaci\u00f3n requerida en el proceso, librando los oficios a las respectivas entidades castrenses. <\/p>\n
En un caso de similares contornos al que ahora se analiza, esta Sala se\u00f1al\u00f3 que de cara a un pleito alimentario en el que la entidad empleadora del ejecutado, no proporciona las certificaciones sobre los emolumentos percibidos y con ello impide la oportuna y adecuada ejecuci\u00f3n de las acreencias causadas por alimentos, el juez cognoscente est\u00e1 llamado a actuar conforme a los principios de eficiencia, eficacia, econom\u00eda procesal y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, a fin de evitar flagrante vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por la accionante, en tanto la respuesta negativa: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) evidencia la situaci\u00f3n de frustraci\u00f3n de la reclamante, en tanto que las posturas encontradas la sit\u00faan en posici\u00f3n de no poder hacer valer eficazmente sus pretensiones, por cuanto si bien es cierto la causal de reserva de informaciones y documentos invocada cuenta con respaldo legal, no se realiz\u00f3 el examen particular sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la negativa, de conformidad con las pautas sentadas por la jurisprudencia Constitucional, particularmente las analizadas en la Sentencia C-951 de 2014, mediante la cual se efectu\u00f3 el control previo de exequibilidad de la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
Un ejercicio conforme con los lineamientos pertinentes hubiera podido evidenciar que la reserva no era oponible ante la condici\u00f3n de ex c\u00f3nyuge y beneficiaria de condena judicial en alimentos a cargo del pensionado, fijada en t\u00e9rminos porcentuales sobre la base de la asignaci\u00f3n mensual de retiro; materia que por dem\u00e1s se vincula a la directriz de inaplicabilidad de las excepciones en materia de publicidad de los documentos contenida en dicha norma (art\u00edculo 27). <\/p>\n
En suma, la decisi\u00f3n del juzgado no es procedente en tanto pretende que la interesada, agote la figura jur\u00eddica de la insistencia ante la entidad que rechaz\u00f3 la informaci\u00f3n reclamada para hacer efectiva una orden judicial, no se avizora aplicable, pues adem\u00e1s de lo ya discurrido, conlleva un tr\u00e1mite adicional y que a todas luces es innecesario\u00bb (CSJ STC3234-2017, 9 mar. 2017, rad. 00003-01). <\/p>\n
Al haber incursionado en el referido defecto de procedibilidad por no dar una interpretaci\u00f3n id\u00f3nea a la normativa adjetiva, es claro que la autoridad convocada desconoci\u00f3 el principio de prevalencia del derecho sustancial, cuando en lugar de revisar si los supuestos esbozados y las circunstancias concretas se ajustaban a lo previsto en el texto legal, opt\u00f3 por sujetarse a un riguroso formalismo, lo cual ha sido cuestionado de vieja data por la jurisprudencia, al sostener que en el labor\u00edo, los jueces: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jur\u00eddico preestablecido se solucionen los conflictos de \u00edndole material. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228). <\/p>\n
<\/p>\n
De lo contrario se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material\u00bb (CC T-1306\/01). <\/p>\n
Sobre dicho defecto la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que acontece cuando en un caso concreto, el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Igualmente, se recuerda que la incursi\u00f3n del funcionario judicial en el yerro en cuesti\u00f3n, tambi\u00e9n implica soslayar el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pues all\u00ed se consagra que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha enfatizado que, \u00abprima facie, los funcionarios judiciales est\u00e1n vinculados por la obligaci\u00f3n de aplicar el precedente sentado por los \u00f3rganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonom\u00eda judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentaci\u00f3n m\u00e1s estricta. Es decir, deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan\u00bb (CC T-330\/05), y que \u00abla importancia de seguir el precedente radica en dos razones, a saber: La primera, en la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, buena fe, confianza leg\u00edtima y de racionabilidad, pues la actividad judicial se encuentra regida por estos principios constitucionales (\u2026). La segunda, en el car\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales (\u2026)\u00bb (CC T-459\/17). <\/p>\n
Es necesario memorar que adem\u00e1s del constitucional, el precedente jurisprudencial vertical y especializado, cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, debe ser atendido para no transgredir prerrogativas superiores como lo son las protegidas en sede de amparo, ya que: \u00ablos jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico, mas no como aqu\u00ed acontece con otros funcionarios situados en el mismo v\u00e9rtice o en grado inferior de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, evento en el cual lo \u00fanico exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada\u00bb (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T No. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01 citada entre otras en STC13307-2019, 1\u00b0 oct. 2019, rad. 03111-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, al establecerse que el accionado vulner\u00f3 las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante, por incursionar en defectos de \u00edndole procedimental y desconocimiento del precedente jurisprudencial. Empero, se modificar\u00e1 la orden impartida al juzgado, pues esta consistir\u00e1 en que, en un t\u00e9rmino perentorio, proceda a oficiar a las entidades pagadoras del demandado, en los t\u00e9rminos solicitados por la representante judicial de la demandante dentro del juicio n\u00b0 2016-00123. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, modificando la orden impartida al Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, en el sentido de que, dentro del t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, al interior del juicio n\u00b0 2016-00123, proceda a oficiar a la Divisi\u00f3n de N\u00f3minas de la Armada Nacional y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares \u2013 CREMIL, para que proporcionen la informaci\u00f3n solicitada directamente o a trav\u00e9s de apoderada judicial por la se\u00f1ora Adriana Raquel Villamizar Lizcano. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13704-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13704-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00441-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67970","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67970"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67970\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}