STC13720-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13720-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00280-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 9 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2022-00322. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 18 de marzo de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra A. Ram\u00edrez y Compa\u00f1\u00eda Hotel Pinares Plaza S.C. 1, debido a que, supuestamente, \u00abno [cuenta] con convenio actual con entidad idonea (sic) certificada por el ministerio de educaci\u00f3n nacional, apta para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2005\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado. <\/p>\n
Una vez enterada la comunidad mediante aviso fijado el 18 de abril de los corrientes, por auto del 22 de julio siguiente se program\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento; no obstante, a juicio del actor, en lo fundamental, \u00abel TUTELADO no RESUELVE EN TERMINOS DE TIEMPO PERENTORIOS LOS RECURSOS, DESCONOCIENDO ART 120 CGP Y OLVIDANDO DE RAIZ QUE ESTA OBLIGADO A LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS TERMINOS PROCESALES\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la c\u00e9lula cognoscente i) \u00abresolver el recurso pendiente de resolver y que esta (sic) vencido en el tiempo\u00bb; ii) \u00abdemuestre en los 122 ESTADOS QUE HA PROFERIDO EN LO CORRIDO DEL A\u00d1O por el despacho tutelado, CUANTAS ACCIONES POPULARES HA PROFERIDO EN ESTADOS Y CADA CUANTO TIEMPO LO HACE\u00bb; iii) \u00abPROBAR EN DERECHO que lo consignado por el despacho es cierto EN DERECHO, anexando copias digitales de todo lo que dice realizo (sic) a fin de tener valor probatorio EN DERECHO\u00bb; iv) \u00abnombrar conjueces al despacho TUTELADO a fin que se garantice un acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL DE TERMINOS DE TIEMPO PEENTORIOS que manda la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, pues la mora judicial no es problema del ciudadano actor popular que acude a buscar justicia ante el juez constitucional\u00bb; y, v) \u00abSE aporte copia del auto que se profiri\u00f3 en estado del dia (sic) 26 agosto 2022 en la acci\u00f3n popular 2022 370 a fin de probar que el tutelado dice no poder cumplir t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le impone la ley, por exceso de trabajo y asi (sic) afianzar mi solicitud de nombramiento de conjueces\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pide que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, \u00abNOMBREN CONJUECES A FIN QUE SE RESPETEN Y CUMPLAN TERMINOS PERENTORIOS QUE IMPONE Y MANDA LA LEY 472 DE 1998\u00bb, y que \u00abSE MANIFIESTEN EN DERECHO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE TERMINOS PERENTORIOS QUE IMPONE [LA LEY]\u00bb; a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abse nombren jueces de descongesti\u00f3n en el despacho tutelado a fin que este (sic) cumpla t\u00e9rminos perentorios de tiempo que impone la ley 472 de 1998\u00bb; y al Ministerio \u00abDEL INTERIOR Y DE JUSTICIA\u00bb (sic), que \u00abhaga lo necesario en derecho a fin que se me brinde un real y verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia en mi acci\u00f3n CONSTITUCIONAL, pues no se respetan y menos cumplen t\u00e9rminos perentorios de tiempo por el tutelado (\u2026); [y se] ordene a quien corresponda se nombren conjueces ya que el tutelado dice en el papel tener mucho trabajo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa con Funciones de Procurador Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. El Defensor del Pueblo Regional Risaralda invoc\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, comoquiera que dicha entidad \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de Pereira solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, pues el gestor \u00abno se dirigi\u00f3 a esta entidad para solicitar su defensa en la acci\u00f3n Constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, remiti\u00f3 el link para ingresar al expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio, argumentando que \u00abel actor present\u00f3 cuatro veces la misma acci\u00f3n de tutela ante este Tribunal, correspondiendo a cada una el c\u00f3digo de tutela en l\u00ednea 1029417, 1029427 y1029426 radicados 66001221300020220028100, 66001221300020220028200 y 66001221300020220028300, y a la otra el c\u00f3digo 1029378, que es la que ahora se resuelve. La existencia de c\u00f3digos diferentes, entiende la Sala, descarta que se trate de duplicidad en el registro o reparto de la acci\u00f3n. Comparadas las demandas se concluye que guardan identidad f\u00e1ctica, de partes y de objeto, de donde brota diamantino el paralelismo de resguardos, que se tramitan en forma simult\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse impondr\u00e1 sanci\u00f3n en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026), que se traduce en una condena en costas a cargo del actor, asimilable a una multa a favor de la Rama Judicial, por valor de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante, pidiendo que se revoque la multa que le impuso el fallador constitucional de primer grado, porque, en su criterio, \u00abEL ERROR QUE EXISTI\u00d3, NUNCA LO REALICE DE MALA FE O CON ACTITUD TORCIDERA O DE ENGA\u00d1O A LOS OPERADORES DE JUSTICIA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el gestor est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si la autoridad encartada vulner\u00f3 la garant\u00eda esencial del querellante, porque, supuestamente, no ha dado el impulso pertinente a la acci\u00f3n popular referenciada. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC6507-2022, 26 may 2022, rad. 00117-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Mario Alberto Restrepo Zapata promovi\u00f3 otros tres (3) amparos contra el estrado denunciado, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos al que ahora se resuelve, en el cual tambi\u00e9n expuso las mismas pretensiones para que, en suma, se \u00abRESUELV[AN] EN T\u00c9RMINOS DE TIEMPO PERENTORIOS LOS RECURSOS\u00bb presentados en la acci\u00f3n popular 2022-00322, dado que, presuntamente, la autoridad judicial criticada \u00abno cumple t\u00e9rminos\u00bb por la carga laboral que tiene. <\/p>\n
3.1. En efecto, est\u00e1 demostrado que el 30 de agosto de 2022, el querellante present\u00f3 cuatro (4) ruegos tuitivos id\u00e9nticos, los que correspondieron a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira bajo los radicados 2022-00280, 2022-00281, 2022-00282 y 2022-00283, a los que se les imparti\u00f3 el siguiente tr\u00e1mite: <\/p>\n
<\/p>\n
* A trav\u00e9s de sentencia del 9 de septiembre de 2022, se declar\u00f3 la improcedencia del resguardo 2022-00283, encontr\u00e1ndose en curso ante esta Corte la impugnaci\u00f3n formulada por el gestor2. <\/p>\n
<\/p>\n
* Mediante fallo del 12 de septiembre de 2022, se neg\u00f3 el amparo 2022-00281, tr\u00e1mite al que fue acumulada la salvaguarda 2022-00282, decisi\u00f3n que no fue cuestionada. <\/p>\n
3.2. As\u00ed entonces, deviene di\u00e1fano que esa causa concuerda con la actual en todos los puntos que la motivan, por lo que puede concluirse que se constituye una evidente equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia del auxilio y que revela el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como la presente acci\u00f3n corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto de iguales contornos, que ya fue definido en primera instancia y que actualmente tambi\u00e9n est\u00e1 siendo conocido en sede de impugnaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por el libelista, porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7283-2022, 9 jun. 2022, rad. 00083-01). <\/p>\n
3.3. Ahora, tras avalar la improcedencia de la acci\u00f3n cuando se ha interpuesto una simult\u00e1nea en la que coinciden partes, causa y pretensiones u objeto, lo cual dimana de lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb, surge el tema de la sanci\u00f3n impuesta como consecuencia del comportamiento temerario del convocante. <\/p>\n
Esto, porque al mantenerse id\u00e9ntica aspiraci\u00f3n y los mismos presupuestos que motivan las otras quejas constitucionales, se constituye un paralelismo de acciones que estructuran un supuesto de abuso y exceso en el ejercicio del auxilio; concretamente, el inciso final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 reprocha ese proceder, se\u00f1alando que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
La disposici\u00f3n legal en cita fue encontrada ajustada a la Carta Pol\u00edtica, al precisar el \u00f3rgano jurisdiccional competente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ning\u00fan motivo de inconstitucionalidad encuentra la Corte en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, tambi\u00e9n acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuida por el Derecho, en aplicaci\u00f3n de criterios de justicia, a la comprobaci\u00f3n del da\u00f1o que se deriva de acci\u00f3n u omisi\u00f3n antijur\u00eddica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasion\u00f3, tal como dispone el art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Tiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
Considera la Corte que no es el art\u00edculo acusado el que puede tildarse de contrario a la preceptiva superior, toda vez que en \u00e9l no se dispone ni autoriza que la actuaci\u00f3n judicial se lleve a cabo de espaldas a las reglas constitucionales aludidas. Su texto en modo alguno excluye el debido proceso y m\u00e1s bien lo supone, raz\u00f3n por la cual no es admisible la tesis del actor sobre posible desconocimiento de las normas fundamentales que lo consagran. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u00bb (CC C-543\/92). <\/p>\n
Referente al tema, la Sala destac\u00f3: \u00abla denominada \u00abcondena en costas\u00bb en sede de tutela, al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su promotor, ha sido avalado por la Corte Constitucional, autoridad que al revisar algunos asuntos ha dispuesto directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02\u00bb, y puntualiz\u00f3 que \u00abatendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a las acciones de tutela formuladas contra la Defensor\u00eda del Pueblo, las que tambi\u00e9n esta Sala en repetidas oportunidades ha considerado temerarias, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n\u00bb (CSJ STC11363-2017, 2 ago. 2017, rad. 00451-02). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En consecuencia, como el ejercicio de la salvaguarda debe ser razonable y ponderado para evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia, en este evento se estructura una circunstancia que genera el fracaso de la solicitud formulada en la impugnaci\u00f3n, e implica, como acaba de verse, que tambi\u00e9n deba convalidarse la sanci\u00f3n impuesta al gestor por obrar con temeridad. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Propietario del establecimiento de comercio denominado \u201cHotel Pinares Plaza\u201d <\/p>\n
2\u0002 Rad. 66001221300020220028301 <\/p>\n
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