STC13723-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13723-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cM\u201d el 21 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cK\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vida digna, m\u00ednimo vital \u00absalud en conexidad con la seguridad social, normal desarrollo integral de la personalidad f\u00edsica y motriz y de la protecci\u00f3n especial\u00edsima al menor con discapacidad de no recibir un trato discriminatorio\u00bb, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho accionado. <\/p>\n
2. Expuso que a favor de su hija \u201cV\u201d, quien \u00abnaci\u00f3 con una grave enfermedad cong\u00e9nita diagnosticada como trisomia parcial de cromosoma 18, la cual genera una discapacidad en su neurodesarrollo y microcefalia bera\u00bb, impetr\u00f3 demanda de alimentos contra \u201cJ\u201d, abuelo paterno de la ni\u00f1a, en raz\u00f3n a \u00abla insuficiencia econ\u00f3mica del padre de la menor\u00bb, ya que \u00abest\u00e1 desempleado y no cuenta con un ingreso estable, y actualmente tiene un sin n\u00famero de deudas\u00bb, lo que contrasta con la \u00abopulencia del [demandado] la cual se puede establecer sumariamente tomando en cuenta su patrimonio de todos sus bienes muebles e inmuebles y semovientes a su nombre, su alta posici\u00f3n social como miembro del club social del cual es socio, sus costumbres en cuento a sus viajes de vacaciones y turismo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cM\u201d, al admitir la demanda el 28 de abril de 2022, se\u00f1al\u00f3 alimentos provisionales, absteni\u00e9ndose de decretar las medidas de embargo y secuestro solicitadas, por lo que \u00abes totalmente ilusorio el derecho a recibir alimentos [pues] desde la fecha del auto admisorio [28 de abril de 2022] hasta la presente acci\u00f3n de tutela [9 de septiembre de 2022], la menor no ha podido recibir[los], no ha podido matricularse ni mucho menos asistir al colegio durante todo el a\u00f1o escolar 2022, situaci\u00f3n que a criterio de la psic\u00f3loga tratante, le causa un perjuicio irremediable, ya que le retrasa su normal neuro desarrollo, lo que agrava y acent\u00faa a\u00fan m\u00e1s su condici\u00f3n de discapacidad\u00bb. Acot\u00e1ndose que contra la anterior determinaci\u00f3n interpuso sin \u00e9xito los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues el primero fue desestimado y el segundo no fue concedido por improcedente. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene a la autoridad judicial convocada, \u00abdecretar las medidas cautelares coercitivas de embargo y secuestro sobre los bienes inmuebles del demandado (\u2026), para garantizar el pago de los alimentos provisionales decretados [mediante] auto de fecha 28 de abril de 2022 (\u2026), en su defecto ordene al juzgado decretar las medidas especiales para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 130 de la ley 1098 de 2006 [y que] imprima celeridad en el proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cM\u201d, se opuso a lo pretendido, aduciendo que al admitir la demanda en cuesti\u00f3n el 28 de abril de 2022, dispuso \u00abla vinculaci\u00f3n del se\u00f1or \u201cG\u201d, padre de la ni\u00f1a, y en lo atinente a la medida provisional solicitada (\u2026) \u201ccomo la demandante solicita alimentos provisionales y acredit\u00f3 sumariamente la capacidad econ\u00f3mica del demandado, se decretan en cuant\u00eda equivalente a dos salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, [ordenando] oficiar en tal sentido al demandado se\u00f1or \u201cJ\u201d, a fin que los dineros (\u2026) sean consignados a disposici\u00f3n de este juzgado, dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales (\u2026), a nombre de la [demandante]\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 4 de mayo de 2022, la parte accionante presenta recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra el auto de fecha 28 de abril de 2022 (\u2026), solicitando se aumente la cuota provisional fijada y se oficie a la DIAN para que remita las declaraciones de renta del demandado, [refiriendo] que en las pretensiones de la demanda solicit\u00f3 el embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles y de semovientes equinos y bovinos de propiedad del demandado con el fin de impedir el traspaso\u00bb; que desestim\u00f3 el de reposici\u00f3n y deneg\u00f3 el subsidiario de apelaci\u00f3n \u00abpor improcedente\u00bb, ante lo cual la actora interpuso \u00abrecurso de s\u00faplica\u00bb, al que, con auto del 25 de agosto, se le otorg\u00f3 tr\u00e1mite como \u00abrecurso de queja\u00bb, remiti\u00e9ndose al tribunal \u00abel 2 de septiembre del a\u00f1o en curso\u00bb, y que \u00abel 9 de septiembre de 2022, se remiti\u00f3 oficio al demandado en el que se comunic\u00f3 la medida provisional decretada\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla cuota fijada tiene el car\u00e1cter de \u201cprovisional\u201d, por ende, est\u00e1 vigente mientras se desarrolle el proceso, ya que la decisi\u00f3n final en relaci\u00f3n con la cuota que se estipular\u00e1 para el futuro, s\u00f3lo se decidir\u00e1 al dictar sentencia [y] que el deber de este Despacho la protecci\u00f3n del inter\u00e9s prevalente de los ni\u00f1os, por ello, no considera que se est\u00e9n vulnerando derechos pues se cumpli\u00f3 con la finalidad de la norma en la fijaci\u00f3n de unos alimentos provisionales teniendo en cuenta las necesidades demostradas de la ni\u00f1a y en el evento de un incumplimiento se cuenta con el mecanismo legal para su cobro\u00bb. <\/p>\n
2. Una magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de \u201cM\u201d, inform\u00f3 que \u00abel recurso de queja que aparece asignado al despacho a mi cargo (\u2026), formulado al interior del proceso [cuya actuaci\u00f3n se critica por en sede de tutela], el dos (2) de septiembre de la presente anualidad nos fue repartido por el Juzgado (\u2026), sin embargo, dicha actuaci\u00f3n a la fecha [13 de septiembre de 2022], a\u00fan no ha ingresado al despacho, por cuanto se estaba surtiendo el traslado previo de rigor (\u2026), raz\u00f3n por la cual, hasta el momento, no se ha adoptado decisi\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que al resolver el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que no accedi\u00f3 a las medidas cautelares deprecadas, \u00abno se observa transgresi\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de la menor, comoquiera que la funcionaria explic\u00f3 que deb\u00eda analizar la prueba al no ser el demandado el primero en responder por los alimentos, por tratarse del abuelo de esta; en todo caso, [el juzgado] puede adoptar las medidas para garantizar los alimentos hasta la sentencia\u00bb conforme al art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, por ello \u00abno se observa que la jueza encartada haya incurrido en alguno de los errores que tornan viable el amparo\u00bb. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que en esta acci\u00f3n \u00abno se verifica el requisito general de subsidiariedad al estar pendiente por resolver el recurso de queja presentado, por lo que no queda otro camino que denegar el mecanismo invocado, por improcedente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para insistir en los argumentos que expuso en la demanda tutelar, referidos a la \u00abnecesidad\u00bb de los alimentos reclamados, a la potestad jurisdiccional para hacer cumplir la tasaci\u00f3n provisional mediante el decreto de medidas cautelares, criticando que sea una \u00abfacultad discrecional\u00bb del juzgado cognoscente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cM\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, al tasar alimentos provisionales dentro del litigio radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, absteni\u00e9ndose de decretar medidas cautelares para garantizar su pago, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, que por regla general esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Estudiados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotej\u00e1ndolos con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, toda vez que la decisi\u00f3n reprochada obedece a un criterio razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para que con auto del 28 de abril de 2022, el juzgado fijara la cuota alimentaria provisional \u00aben cuant\u00eda equivalente a dos salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u00bb, disponiendo que el demandado la consignara en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, estim\u00f3 que esa suma era consecuente con la acreditaci\u00f3n de \u00ablas necesidades de la alimentaria\u00bb a cargo del obligado, y que respecto de \u00e9ste, \u00abse acredit\u00f3 sumariamente la capacidad econ\u00f3mica\u00bb, la cual no estaba reflejada en salario alguno sino por \u00absu patrimonio, posici\u00f3n social, costumbres\u00bb. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n la defendi\u00f3 la agencia accionada en prove\u00eddo del 10 de junio de 2022, destacando lo prevenido en los art\u00edculos 397-1 del C\u00f3digo General del Proceso y 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia – la Ley 1098 de 2006, pues seg\u00fan este \u00faltimo, para la fijaci\u00f3n provisional de alimentos, \u00ab[s]i no tiene la prueba sobre la solvencia econ\u00f3mica del alimentante, el juez podr\u00e1 establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posici\u00f3n social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad econ\u00f3mica. En todo caso se presumir\u00e1 que devenga al menos el salario m\u00ednimo legal\u2026\u00bb, pero precisando que tal fijaci\u00f3n \u00abno puede ser arbitraria\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, dijo que en el caso bajo estudio, la inconformidad de la recurrente radicaba en el monto de la mesada provisional, al considerar que \u00abse debe aumentar (\u2026) pues la impuesta es insuficiente frente a las necesidades de la alimentaria, quien indica tiene gastos mensuales por valor de $9.020.000\u00bb, aspiraci\u00f3n que el juzgado desech\u00f3 al advertir, en primer lugar, que \u00abestamos frente a un tr\u00e1mite excepcional dirigido contra el abuelo paterno bajo el entendido dispuesto en el art. 260 C.C., esto es ante la insuficiencia del padre en suministrar los alimentos, quien ser\u00eda el directo responsable por el cumplimiento de la obligaci\u00f3n y por esa raz\u00f3n es que se procede a demandar al abuelo, sin embargo, tales circunstancias tienen que ser objeto de discusi\u00f3n en el proceso con el fin de establecer las responsabilidades y fijar la obligaci\u00f3n atendiendo las necesidades del alimentario y capacidad econ\u00f3mica del alimentante\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, dijo que el art\u00edculo 130 de la citada Ley 1098 de 2006, que ata\u00f1e a las \u00abmedidas especiales para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb, se\u00f1ala que \u00ab[c]uando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podr\u00e1 decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligaci\u00f3n y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan\u00bb, de donde afirm\u00f3 que en lo atinente al gravamen sobre bienes del demandado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es una obligaci\u00f3n como pretende ver el recurrente sino que es facultativo del Juez si lo considera procedente atendiendo las necesidades del caso, las que en ning\u00fan momento obligan a que en caso de concederse, deban aplicarse a la universalidad de bienes que tenga el demandado, pues en casos como el presente, resulta desproporcional a la obligaci\u00f3n alimentaria, m\u00e1xime cuando no se ha debatido la responsabilidad directa, que como se dijo, debe demostrarse en el proceso previa agotar las etapas pertinentes, esto es, la falta o insuficiencia de los padres como directos obligados de alimentar y educar al hijo. <\/p>\n
Y es que, sin emitir un prejuzgamiento, no puede este despacho imponer la obligaci\u00f3n total de la alimentaria en cabeza del demandado pues, adem\u00e1s de ser una obligaci\u00f3n conjunta de los padres, en el asunto solo se est\u00e1 en la etapa inicial del proceso, en la que no se ha vinculado formalmente al extremo pasivo quien tambi\u00e9n tiene derecho a controvertir las decisiones judiciales y ejercer su defensa, as\u00ed como la vinculaci\u00f3n del padre de la menor, se\u00f1or \u201cG\u201d, quien tambi\u00e9n deber\u00e1 ejercer su derecho en el proceso y demostrarse que no cuenta con los recursos en la cuant\u00eda suficiente para proporcionarlos a su hija \u2013 beneficiaria de esta actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con \u00ablas necesidades demostradas de la ni\u00f1a \u201cV\u201d\u00bb, manifest\u00f3 que con la demanda se anex\u00f3 \u00abrelaci\u00f3n de gastos\u00bb, por concepto de educaci\u00f3n, respecto de los cuales indic\u00f3 que \u00abno deben ser asumidos por el demandado por ser anteriores a la demanda\u00bb, y en los atinentes a salud, present\u00f3 \u00ab\u00f3rdenes m\u00e9dicas [para] terapias integrales de Neurodesarrollo (180 sesiones), en la IPS (\u2026), [por lo que] son tratamientos suministrados por el sistema de salud al que se encuentra adscrita la menor\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, adujo que \u00abse aportan cotizaciones como las de la Cl\u00ednica para trastorno de aprendizaje [que] no es clara la periodicidad de dicho tratamiento pues solo se estipula el n\u00famero de terapias, pero no cada cuanto se realizaran para constatar cuanto ser\u00e1 el promedio mensual; adem\u00e1s, como se dijo son cotizaciones que no evidencian que efectivamente se realicen a la menor\u00bb; que \u00abigual sucede con el programa TOMATIS, que tambi\u00e9n fue ordenado por la psic\u00f3loga IPS Casalud, que presta sus servicios a la EPS SANITAS, entendidos que deber\u00e1n ser prestados por el sistema de salud al que se encuentra adscrita la menor, [e] igualmente, se hace una relaci\u00f3n de gastos mensuales de alimentaci\u00f3n de $1.800.000 sin demostrarse, vestuario $600.000 sin demostrarse, terapias integrales de neurodesarrollo por valor de $3.200.000 sin demostrarse\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00absi bien se realiz\u00f3 la relaci\u00f3n de gastos de la menor, que no pueden ser objeto de reproche por este Despacho, lo cierto es que todos los valores no est\u00e1n acreditados en este momento de la demanda y en ese sentido no puede aumentarse los alimentos provisionales fijados, menos en la forma pretendida por la accionante\u00bb, aclarando finalmente que \u00abla cuota fijada tiene el car\u00e1cter de \u201cprovisional\u201d, por ende, est\u00e1 vigente mientras se desarrolle el proceso, ya que la decisi\u00f3n final en relaci\u00f3n con la cuota que se estipular\u00e1 para el futuro del menor objeto del proceso, s\u00f3lo se decidir\u00e1 al dictar sentencia, momento en el que se valoraran las pruebas aportadas y las que se recepcionen en el curso del proceso, o por mutuo acuerdo en la conciliaci\u00f3n que se surte en la audiencia respectiva\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta demanda es inviable, porque la actuaci\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que, contrario a lo sostenido por la accionante, no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el hecho de que la querellante disienta de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que la decisi\u00f3n se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00). Tambi\u00e9n, que cuando la providencia reprochada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto ordinario (CSJ STC, 21 jul. 1995, rad. 2397, citada entre otras en STC10347-2022, 10 ago. 2022, rad. 00144-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza en relaci\u00f3n con la urgencia manifestada por la actora para acudir al mecanismo constitucional, aduciendo que su hija \u00abno ha podido recibir sus alimentos en el presente a\u00f1o 2022\u00bb, para advertir que tal situaci\u00f3n no puede atribuirse al despacho accionado, ya que de la actuaci\u00f3n e informe remitido por la funcionaria cognoscente, se establece que la demanda fue admitida el 28 de abril de 2022, y en la misma data se fij\u00f3 la cuota provisional, disponi\u00e9ndose que el demandado la consignara dentro de los primeros cinco d\u00edas de cada mes en la respectiva cuenta de dep\u00f3sitos judiciales. Empero, como dicha decisi\u00f3n ha venido siendo objeto de sendos recursos promovidos por la quejosa, s\u00f3lo hasta \u00abel 9 de septiembre de 2022, se remiti\u00f3 oficio al demandado en el que se comunic\u00f3 la medida provisional decretada\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sin perjuicio de que durante el curso procesal el estrado reconsidere aplicar \u00abmedidas necesarias\u00bb para la efectividad de la tasaci\u00f3n provisional de alimentos a favor de la menor, de lo anterior emerge que mientras la orden judicial no haya sido debidamente notificada al deudor, deviene improcedente endilgarle \u00abincumplimiento\u00bb al obligado, as\u00ed como la ejecuci\u00f3n que el ordenamiento jur\u00eddico autoriza adelantar sobre el mismo expediente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo anteriormente discurrido, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo, al advertirse que la resoluci\u00f3n judicial reprochada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC13723-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13723-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00268-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67980","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67980","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67980"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67980\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67980"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67980"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67980"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}