STC13728-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13728-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01423-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jonny Alexander Ramos contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y el Centro Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Acacias, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, dignidad humana, libertad e igualdad, que dice vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abenviar [su] escrito de apelaci\u00f3n que fue receptado por el funcionario encargado de recibirlo en el pabell\u00f3n donde resid[e] o en su defecto que manifiesten su extrav\u00edo al juez Ejecutor de [su] condena para que se [le] pueda dar la oportunidad de volver a presentarlo y no se [le] viole el derecho a la defensa y a apelar las decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado por la comisi\u00f3n de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego y municiones y homicidio, Jonny Alexander Ramos fue condenado a la pena de 275 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En prove\u00eddo de 8 de abril de 2020 el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias le concedi\u00f3 el beneficio administrativo de permiso de 72 horas; que el mismo fue suspendido en auto de 21 de septiembre de 2021, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 9 de mayo de 2022; y en prove\u00eddo de 6 de junio siguiente el juzgador convocado le revoc\u00f3 el aludido permiso en virtud de un segundo retardo. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que fue condenado a 275 meses de prisi\u00f3n; que hab\u00eda descontado en tiempo f\u00edsico 117 meses, m\u00e1s 17 de trabajo y estudio, por lo que al haber cumplido 1\/3 de la pena le fue concedido el beneficio administrativo de 72 horas. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que ven\u00eda cumpliendo con el permiso con inconvenientes por la lejan\u00eda, las v\u00edas y la carencia de recursos; y que se presentaron hechos de fuerza mayor que ocasionaron retardo en sus presentaciones, los que fueron puestos en conocimiento del fallador, pero no se tuvieron en cuenta. <\/p>\n
2.5. Adujo que el beneficio fue suspendido, por lo que recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n, empero, nunca fue resuelta la misma, pues al parecer se extravi\u00f3 su solicitud debido el desorden administrativo de los funcionarios o en su defecto se \u00abentrabo\u00bb la misma. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que con ocasi\u00f3n del presente reclamo constitucional procedi\u00f3 a indagar en el Centro de Servicios Administrativos sobre lo acontecido, expidi\u00e9ndose certificaci\u00f3n que daba cuenta sobre la inexistencia de recursos frente al prove\u00eddo de 6 de junio de 2022; que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; que antes de acudir a la tutela se deb\u00edan agotar los mecanismos de defensa que brindaba el ordenamiento jur\u00eddico; que esta acci\u00f3n excepcional no era una tercera instancia; y que las decisiones emitidas no eran arbitrarias, sino argumentadas. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la alzada impetrada frente al auto de 21 de septiembre de 2021, mediante el que se suspendi\u00f3 el beneficio administrativo de permiso de 72 horas otorgado al promotor; que el 9 de mayo de los corrientes confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, siendo notificada personalmente al penado el 19 de mayo siguiente; que se deb\u00eda desestimar el resguardo, en tanto que la alzada se desat\u00f3 y fue puesta en conocimiento; y que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que no vislumbraba el quebrantamiento de los derechos del accionante que condujera a otorgar el amparo deprecado, pues el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente al auto de 21 de septiembre de 2021, que suspendi\u00f3 el beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, fue tramitado por la Sala Penal del Tribunal acusado, la que el 9 de mayo de 2022 resolvi\u00f3 la alzada; que dicha actuaci\u00f3n se surti\u00f3 antes del 11 de julio de los corrientes, por lo que cuando se interpuso la tutela ya se le hab\u00eda dado tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n, remiti\u00e9ndola al superior y este la hab\u00eda resuelto; y que si bien no se identificaba la providencia criticada, si se enunciaba que era el prove\u00eddo que suspendi\u00f3 el beneficio administrativo, lo que llevaba a concluir que la censura no guardaba relaci\u00f3n con el auto de 6 de junio de 2022, frente al que no present\u00f3 recursos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que con prove\u00eddo de 9 de mayo de 2022 el Tribunal acusado resolvi\u00f3 la alzada impetrada por el gestor, confirmando la decisi\u00f3n con la que se suspendi\u00f3 el beneficio administrativo concedido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que el fallador criticado le imparta tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n formulada frente al auto que suspendi\u00f3 el referido permiso. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, advierte la Corte que con auto de 6 de junio de 2022 se dispuso la revocatoria del prenotado permiso administrativo, decisi\u00f3n que no fue recurrida, por lo que el hecho alegado por el promotor se torna inexistente respecto de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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