STC13729-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13729-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03422-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingrid Mar\u00eda S\u00e1enz Monterroza contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de la Mesa y fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial No.2016-00306-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en el juicio referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, promovi\u00f3 proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial contra Yeccit Ria\u00f1o Ortega, tr\u00e1mite del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Promiscuo de Familia de la Mesa. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en la diligencia de inventarios y aval\u00faos se relacionaron todos los bienes comunes que la conformaban, y le fue adjudicado un total de $565\u00b4500.000 y un pasivo de $10\u2019453.620, en tanto que al demandado le correspondi\u00f3 $427\u2019801.000 y un pasivo de $15\u2019045.866. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, su apoderada judicial objet\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n por considerarlo inequitativo e injusto, porque no hubo uniformidad en la calidad y naturaleza de los bienes asignados a cada excompa\u00f1ero, porque a Ria\u00f1o Ortega le entregaron seis (6) inmuebles que aproximadamente suman 159 hect\u00e1reas, en los que se encuentra una casa avaluada en $390\u2019301.000 y un veh\u00edculo por $37\u2019500.000. <\/p>\n
Indic\u00f3 que lo correcto, era efectuar la adjudicaci\u00f3n de cuatro predios a cada uno, as\u00ed hubiera sido en com\u00fan y proindiviso, teniendo en cuenta el principio de equidad para procurar la justicia, y sin lesionar derechos patrimoniales a los asignatarios. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 la objeci\u00f3n en sentencia de 16 de marzo de 2022 y le dio aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior accionado el 12 de septiembre de 2022, determinaci\u00f3n que considera, soslay\u00f3 la equidad como medio de procurar la realizaci\u00f3n de la justicia, as\u00ed como la perspectiva de g\u00e9nero, paso por alto los activos y pasivos de la sociedad patrimonial, adem\u00e1s de avalar el trabajo presentado de quien no actu\u00f3 con imparcialidad, y ha debido detectar que la partici\u00f3n no fue objetiva. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos solicit\u00f3, dejar sin valor y efecto el fallo de 12 de septiembre de 2022 proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca, y en lugar, ordenar al Magistrado sustanciador presentar una nueva \u00abponencia que est\u00e9 acorde con las pautas que la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se sirva trazar de ser procedente en la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal de Cundinamarca respondi\u00f3 que, se remite a las consideraciones de la providencia motivo de reparo, en donde se expresaron las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Sala adoptar la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda constitucional se cuestiona, refiri\u00f3 adem\u00e1s que la decisi\u00f3n no vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental porque se encuentra ajustada a derecho. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de la Mesa, manifest\u00f3 oponerse a las pretensiones, porque son las mismas razones y argumentos que fueron expuestos contra la sentencia mediante la cual se desataron las objeciones al trabajo de partici\u00f3n, que fue confirmada por el superior funcional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado el enlace que contiene el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial No. 001-2016-00306-00 promovido por Ingrid Mar\u00eda S\u00e1enz Monterroza contra Yeccit Ria\u00f1o Ortega, que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Promiscuo de Familia de la Mesa, tr\u00e1mite en el que en audiencia de 16 de septiembre de 2021 fueron aprobados los inventarios y aval\u00faos, y, al no existir acuerdo entre las partes para la distribuci\u00f3n de los bienes denunciados en la referida diligencia, el 13 de octubre de 2021 se design\u00f3 partidora quien present\u00f3 el trabajo respectivo con el que se adjudicaron los bienes que compon\u00edan el patrimonio de la sociedad patrimonial de hecho. <\/p>\n
2.1 La apoderada judicial de la demandante lo objet\u00f3 por error grave, argumentando que la partidora \u00abno cumpli\u00f3 con las reglas del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 1394 del C\u00f3digo Civil, al no adjudicar en igualdad, en cuanto a la naturaleza de los bienes ni su calidad, por lo tanto, debe adjudicarse el 50% de cada partida para cada parte, es decir en com\u00fan y proindiviso. Que la partidora se limita a hacer una igualdad de valores, y no tiene en cuenta la naturaleza de los bienes, en su mayor\u00eda son 6 fincas, de las cuales adjudica al demandado 5, que suman un \u00e1rea aproximada de 159 hect\u00e1reas y en una hay una casa, y a la demandante solamente se le adjudica una finca de 1h. 4.000M2, evidenci\u00e1ndose la desigualdad en las adjudicaciones; que los pasivos relacionados por la partidora por el valor de $25.499.486, se excluyan porque no est\u00e1n relacionados en los inventarios, pues solo se aprob\u00f3 un pasivo por valor de $13.238.300 en la audiencia del 16 de septiembre de 2021, en la cual se aprobaron los inventarios y aval\u00faos; que la partidora en la sexta partida adjudicada al se\u00f1or YECCIT RIA\u00d1O ORTEGA, los derechos derivados de la posesi\u00f3n sobre un lote de terreno denominado la Parcela No. 4 que hace parte del globo de mayor extensi\u00f3n conocido con el nombre de Zaden, y erradamente indica unos linderos que no aparecen en el escrito aprobado de los inventarios y aval\u00faos. Por ello, solicita se rehaga la partici\u00f3n, por cuanto al no haber acuerdo entre las partes la adjudicaci\u00f3n debe hacerse el 50% de cada partida para cada parte, es decir, adjudicar en com\u00fan y proindiviso, para dar cumplimiento al art. 1394 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art. 508 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2.2 El Juzgado Promiscuo de Familia de la Mesa en sentencia de 16 de marzo de 2022 declar\u00f3 no probadas las objeciones presentadas y aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, con sustento en que, \u00aben las cuatro audiencias que se llevaron a cabo para concretar el inventario de bienes sociales y los aval\u00faos, en ning\u00fan momento se present\u00f3 controversia sobre el tama\u00f1o o naturaleza de los bienes; que fueron las partes quienes determinaron los valores de cada uno de los bienes; que las partes no dieron instrucciones sobre la forma de distribuci\u00f3n de los bienes, por lo que la partidora debi\u00f3 solicitar tiempo extra para presentar el trabajo y por no tener respuesta de las partes, cumpli\u00f3 su labor y tuvo en cuenta los inventarios y aval\u00faos; que no se trata de quien recibe m\u00e1s o menos bienes sino el valor que tiene cada bien como fue aprobado por las partes para hacer la partici\u00f3n; que la auxiliar de justicia tom\u00f3 como base para la confecci\u00f3n de la hijuela de cada uno de los excompa\u00f1eros permanentes, los valores que sus apoderados acordaron en la diligencia de inventario finalizada el 16 de septiembre de 2021, por lo que a la partidora no le es permitido apartarse de dichos valores\u00bb. (Destaca la Sala) <\/p>\n
Inconforme con lo decidido la demandante y aqu\u00ed accionante, a trav\u00e9s de la apoderada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, y los reparos manifestados fueron que, \u00abi) se resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n sin decretar pruebas para resolverla, sin sustentaci\u00f3n jur\u00eddica, ni argumentativa respecto del escrito de las objeciones, ii) la partidora no cumpli\u00f3 con las reglas del art\u00edculo 1394 del c\u00f3digo Civil, iii) se aprobaron unos pasivos que no se incluyeron en los inventarios y aval\u00faos el trabajo, iv) el fallo proferido no debi\u00f3 dictarse, sin haber efectuado el tr\u00e1mite de las objeciones propuestas; y v) que al no haber acuerdo entre las partes para la partici\u00f3n, se deben adjudicar los bienes en com\u00fan y proindiviso\u00bb. <\/p>\n
2.3 La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, el 22 de septiembre de 2022 desat\u00f3 la alzada, y, en la sentencia censurada, luego de hacer una breve rese\u00f1a normativa, as\u00ed como jurisprudencial aplicable a la partici\u00f3n de bienes en general, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
No determin\u00f3 la apelante las pruebas que dej\u00f3 de practicar el juzgado de primer grado y que de haberlo hecho otro hubiera sido el sentido de la decisi\u00f3n. Tampoco determin\u00f3 el hecho que pretend\u00eda demostrar con las pruebas presuntamente omitidas. No obstante, revisado el escrito de objeci\u00f3n a la partici\u00f3n, las pruebas pedidas por la objetante, se limitan a los documentos que forman parte del expediente y a las audiencias practicadas durante el inventario, sin que la apelante haya establecido cu\u00e1l de tales pruebas se dej\u00f3 de valorar y que de hacerlo se hubiera alterado el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la sustentaci\u00f3n jur\u00eddica de la sentencia que tambi\u00e9n reprocha la apelante, es claro que los argumentos que dio el juzgado para desestimar las objeciones fueron claros y precisos, plasmados en la providencia apelada, compendiada en los antecedentes de esta sentencia por lo cual est\u00e1 por dem\u00e1s volver a repetirlos. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a los argumentos de la objeci\u00f3n propuesta por la apelante, se destacan por ser vagos y subjetivos, pues se limitan a afirmar en forma abstracta que la partidora no cumpli\u00f3 las reglas de que trata el art. 1394 del C.C. numeral 7\u00b0, pues no adjudic\u00f3 en igualdad, en cuanto a la naturaleza de los bienes ni su calidad, por lo tanto, debe adjudicarse el 50% de cada partida para cada parte; que no tuvo en cuenta que son 6 fincas, de las cuales al demandado YECCIT RIA\u00d1O ORTEGA le adjudic\u00f3 5, que en su totalidad suman un \u00e1rea aproximada de 159 Has. y a la demandante solamente le adjudica una finca, la cual tiene un \u00e1rea aproximada de 1 Ha. 4.000 M2, y sin mejoras, evidenci\u00e1ndose la desigualdad en las adjudicaciones. <\/p>\n
Indic\u00f3, que los inventarios y aval\u00faos presentados y aprobados por el juez de conocimiento, son la base sobre la cual debe realizarse el trabajo de partici\u00f3n, pues el partidor, debe ce\u00f1irse exclusivamente a aquellos previamente discutidos y aprobados en el momento procesal previsto en el ordenamiento procesal, y, agreg\u00f3, adem\u00e1s, <\/p>\n
(\u2026) el inventario y aval\u00fao de bienes, tiene por objeto determinar la cantidad de bienes que integran la masa partible, as\u00ed como la naturaleza y calidad de cada uno de ellos y a partir de tales aspectos fijar su valor, valor que finalmente ser\u00e1 distribuido entre los interesados. Luego, no es la partici\u00f3n ni su objeci\u00f3n el sendero para determinar la ubicaci\u00f3n, naturaleza y calidad de cada uno de los bienes, sino que tal discusi\u00f3n debi\u00f3 adelantarse a trav\u00e9s de la objeci\u00f3n del inventario. Es claro que la ubicaci\u00f3n, naturaleza y calidad de los bienes, son los que permiten determinar su valor. Y si ese valor se fij\u00f3 en el inventario debidamente aprobado, al que quedaron sometidas las partes, el juez y la partidora, quien, a falta de instrucciones conjunta de las partes, efectu\u00f3 su labor\u00edo en la forma que estim\u00f3 pertinente, a fin de garantizar la igualdad de los litigantes. Si el precio que se dio en el inventario tuvo como fuente la ubicaci\u00f3n, naturaleza y calidad de cada bien inventariado, ning\u00fan reproche puede a hacerse a la partidora al establecer las hijuelas en la forma que lo hizo, pues respet\u00f3 el valor que se dio a cada bien y el derecho de cada uno de los excompa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Por tanto, considerar que la partidora debi\u00f3 adjudicar el 50% de cada bien a cada una de las partes, es una afirmaci\u00f3n que carece de fundamento, primero, porque ninguna de las normas que regulan el trabajo de partici\u00f3n y la funci\u00f3n de la partidora, le imponen como regla que, a falta de instrucciones consensuadas de las partes, debe crearse una nueva comunidad de bienes, adjudic\u00e1ndolos en com\u00fan y proindiviso por partes iguales, y segundo, porque establecido el valor de los bienes que reflejan su ubicaci\u00f3n, naturaleza y calidad, era viable como lo hizo la partidora, distribuirlos adjudic\u00e1ndolos por su valor hasta completar el derecho de cada parte, sin necesidad de crear una nueva comunidad, cuya liquidaci\u00f3n es la que se pretende a trav\u00e9s de la partici\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, deviene antojadizo afirmar que la partidora en su labor debi\u00f3 adjudicar todos los bienes en proporci\u00f3n del 50% de cada partida para cada parte, como lo afirma la apelante, pues ello contrar\u00eda las pautas que imponen las reglas atr\u00e1s vistas y limita la discrecionalidad de que goza el partidor en la elaboraci\u00f3n de las adjudicaciones. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se prob\u00f3 que por haber adjudicado al demandado mayor n\u00famero de lotes rurales, se rompi\u00f3 la equidad o el equilibrio patrimonial entre las partes, pues mirando el valor de los bienes y de las adjudicaciones, es claro que tal equilibrio se respet\u00f3 al margen de la ubicaci\u00f3n de los bienes que le fueron adjudicados. (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
De todo lo anterior, finalmente concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abNing\u00fan error o arbitrariedad puede atribuirse a la partici\u00f3n realizada dentro del proceso, pues la partidora tom\u00f3 como base el inventario y aval\u00fao aprobado dentro del mismo y adjudic\u00f3 los bienes respetando los derechos de cada asignatario, sin que se haya demostrado que en tal distribuci\u00f3n se incurri\u00f3 en desequilibrio o en perjuicio econ\u00f3mico de la apelante, o que se haya violado en forma flagrante algunas de las reglas impuestas al partidor en el art\u00edculo 1394 del C\u00f3digo Civil, raz\u00f3n por la cual, no hay lugar a ordenar que se rehaga el trabajo como lo pretende la apelante\u00bb. <\/p>\n
4. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales invocadas, como quiera que el Tribunal Superior accionado en la providencia cuestionada previamente referenci\u00f3 los aspectos generales del recurso de apelaci\u00f3n (art\u00edculos 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso), y se apoy\u00f3 en las normas sobre la materia, esto es, el r\u00e9gimen de la partici\u00f3n de bienes en general (art\u00edculo 508 y 509 ibidem), as\u00ed como la norma sustancial que regula la liquidaci\u00f3n y distribuci\u00f3n hereditaria, aplicable a la partici\u00f3n de bienes en general. <\/p>\n
Adem\u00e1s, contrario a lo afirmado por la accionante, dio tr\u00e1mite a la objeci\u00f3n, para lo cual se remiti\u00f3 a las manifestaciones efectuadas en la audiencia de inventarios y aval\u00faos, practic\u00f3 las pruebas pedidas por la demandante, las que huelga decir solo fueron car\u00e1cter documental, pues no hizo menci\u00f3n de otros medios probatorios, y, s\u00ed el reproche es por la suma que se dio a los inmuebles, debi\u00f3 aportar un dictamen como lo establece el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 501 del Estatuto Procesal Vigente. <\/p>\n
En efecto el funcionario cuestionado, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado de primera instancia porque en la decisi\u00f3n se explicaron las razones por las que desestim\u00f3 las objeciones, como quiera que, en las cuatro sesiones de audiencia en las que se llev\u00f3 a cabo los inventarios y aval\u00faos, la se\u00f1ora S\u00e1enz Monterroza no puso de presente su inconformidad por el \u00e1rea, naturaleza de los bienes, aunado al hecho que, fueron los excompa\u00f1eros quienes determinaron el precio de los mismos, adem\u00e1s ni siquiera expresaron cuales eran las instrucciones a fin de hacer las adjudicaciones, por tanto, no puede pretender a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se resuelva la objeci\u00f3n en los t\u00e9rminos que pretende. <\/p>\n
Y es que, lo aqu\u00ed planteado por la solicitante, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 tanto las normas como la jurisprudencia que hall\u00f3 aplicables al caso concreto, y apreci\u00f3 las pruebas, observando que se adjudicaron a cada uno el 50% del valor asignados bienes que integraban la masa objeto de partici\u00f3n a los compa\u00f1eros permanentes, adem\u00e1s si no estaba de acuerdo con la estimaci\u00f3n que se hizo de los mismos, as\u00ed debi\u00f3 manifestarlo en la diligencia de que trata el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, y revisada la audiencia correspondiente, es claro que la demandante o su apoderada nada dijeron al respecto. <\/p>\n
Ahora, tampoco es procedente que la partidora asignara el 50% de cada una de las propiedades a las partes, para crear una nueva comunidad, pues lo que se busca en el proceso promovido por la se\u00f1ora por Ingrid Mar\u00eda S\u00e1enz Monterroza es precisamente liquidar el patrimonio com\u00fan de la sociedad de la manera m\u00e1s equitativa, es decir mediante adjudicaci\u00f3n de los bienes a cada uno y como lo explic\u00f3 el Tribunal accionado \u00abse ha de guardar la posible igualdad, adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuela o lotes de la masa partible\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la providencia de segunda instancia controvertida se encuentra motivada y no luce arbitraria, de ella no emerge v\u00eda de hecho que haga procedente la acci\u00f3n de tutela, en la medida que contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque la accionante no comparta las razones expuestas en esa decisi\u00f3n, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, dado que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (Ver CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
la administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que \u00ab[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano\u00bb de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaraci\u00f3n de Derechos Humanos y reconocida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional. Por eso, se itera que \u00abJuzgar con \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual (\u2026) (CSJ. STC2287-2018, citada en STC7683-2021 y STC11842-2022, entre otras). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingrid Mar\u00eda S\u00e1enz Monterroza contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13729-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13729-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03422-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingrid Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67986","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67986"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67986\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}