STC13733-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13733-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03431-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jairo Antonio Montero Fern\u00e1ndez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 y, citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00ba 11001-60-000-90-2008-00125-03. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que es el Notario Noveno de Bucaramanga, y junto con Silvia Margarita Carrizosa Camacho, William Mart\u00ednez Downs, Efra\u00edn Fandi\u00f1o Mar\u00edn y Luis Argemiro Velazco Ariza son los autores de la obra \u00abManual del Registro del Estado Civil de las Personas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, no obstante, fueron acusados de haber \u00abcopiado una parte del libro denominado \u2018Cartilla del Registro Civil de las Personas\u2019 de Andr\u00e9s Hiber Ar\u00e9valo Pacheco\u00bb, y haber utilizado esa publicaci\u00f3n en el concurso de notarios para ser beneficiarios de 5 puntos adicionales, por lo que, se les inici\u00f3 investigaci\u00f3n por los delitos de \u00abviolaci\u00f3n de los derechos morales de autor, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que los dos primeros punibles precluyeron en su orden, por indemnizaci\u00f3n integral y prescripci\u00f3n, sin embargo, se inici\u00f3 juicio oral por fraude procesal, en el que el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia absolutoria el 23 de marzo de 2018, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la Fiscal\u00eda y revoc\u00f3 la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 el 22 de junio de 2018, para declararlo responsable de la comisi\u00f3n del delito de fraude procesal, decisi\u00f3n por primera vez condenatoria que confirm\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n especial la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 6 de octubre de 2021. <\/p>\n
Arguy\u00f3, que, pese a que promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el mismo fue rechazado por improcedente el 18 de mayo de 2022, por lo que se encuentra habilitado para acudir a la presente v\u00eda excepcional, como quiera que en el citado proceso, las autoridades accionadas, \u00abomitieron solicitar la interpretaci\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo ordenado en el art\u00edculo 33 de la Decisi\u00f3n 472 de 1999 y de acuerdo a la interpretaci\u00f3n vinculante de la Sentencia de Unificaci\u00f3n SU-081 de 2020 de la Corte Constitucional, que aclara los eventos en donde esa consulta es obligatoria\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3, <\/p>\n
PRIMERA: Que se declare que la sentencia del 6 de octubre de 2021, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en el expediente con radicado 11001600009020080012503 y que el auto del 14 de junio de 2022, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el mismo expediente, vulneraron el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de JAIRO ANTONIO MONTERO FERN\u00c1NDEZ, por haber omitido solicitar oficiosamente la interpretaci\u00f3n prejudicial requerida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 33 de la Decisi\u00f3n 472 de 1999 y la interpretaci\u00f3n de la Sentencia de Unificaci\u00f3n SU-081 de 2020 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
SEGUNDA. Que, como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se DEJE[N] SIN EFECTOS [tales pronunciamientos], con el fin de que la Corte Suprema de Justicia reanude el proceso, solicite la interpretaci\u00f3n prejudicial de los art\u00edculos 3, 7 y 22 de la Decisi\u00f3n 351 de 1993, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y suspenda el proceso hasta tanto se allegue la respectiva interpretaci\u00f3n prejudicial, conforme lo ordena el art\u00edculo 33 de la Decisi\u00f3n 472 de 1999 y la interpretaci\u00f3n de la Sentencia de Unificaci\u00f3n SU-081 de 2020 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
TERCERO. Que se ordene que la interpretaci\u00f3n prejudicial al menos verse sobre los cinco puntos debatidos en el proceso en torno a los art\u00edculos 3, 7 y 22 de la Decisi\u00f3n 351 de 1993, es decir: i) sobre el concepto de autor de una obra escrita, y la aplicaci\u00f3n de ese concepto a las obras colectivas ii) sobre el concepto de autor de una obra y si este excluye la participaci\u00f3n de un tercero editor en la correcci\u00f3n de las citas; iii) sobre el concepto de originalidad de una obra y su incidencia en la protecci\u00f3n por parte del derecho de autor, en especial, sobre la posible existencia o no de plagio sobre obras no originales, vi) sobre el alcance de la protecci\u00f3n de los derechos de autor, especialmente si esta recae sobre elementos abstractos como la estructura de una obra y sobre las ideas o conceptos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos del derecho y, finalmente sobre v) el alcance de los usos honrados de las obras de terceros y el uso correcto de la citaci\u00f3n, en especial, sobre la admisibilidad de las citas indirectas en la bibliograf\u00eda de una obra\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la vinculaci\u00f3n y citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, luego de hacer un recuento del tr\u00e1mite procesal adelantado en el proceso cuestionado, afirm\u00f3 que en providencia SP4701-2022, resolvi\u00f3 las inconformidades propuestas por el aqu\u00ed interesado y confirm\u00f3 la sentencia condenatoria, decisi\u00f3n en la que, pese haber se\u00f1alado de manera expresa que contra la misma no proced\u00eda defensa alguna, los procesados, recurrieron en casaci\u00f3n, mecanismo que se rechaz\u00f3 en auto AP2173 de 18 de mayo de 2022. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con la puntual queja que fundamenta el amparo, hizo \u00e9nfasis en su absoluta \u00abimprocedencia e impertinencia\u00bb, porque \u00abdel reproche formulado por el apoderado del accionante, en la medida que se fundamenta en un aspecto que no fue debatido ni mencionado en el transcurso del proceso penal, como es, la omisi\u00f3n de los jueces que conocieron del presente asunto, de haber solicitado la interpretaci\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la cual era, aparentemente, necesaria por tratarse de una controversia relacionada con los conceptos de autor, originalidad de una obra y plagio (Resalta la Sala de Casaci\u00f3n Civil). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que por lo anterior, es evidente que lo que se pretende es utilizar la acci\u00f3n de amparo como una instancia adicional, sumado al hecho, que \u00abel demandante refleja en su escrito un marcado desconocimiento de las nociones b\u00e1sicas en materia penal, puesto que predica una aparente omisi\u00f3n legal por parte de la Corte al resolver la impugnaci\u00f3n especial elevada contra el fallo de segunda instancia que conden\u00f3 por primera vez al actor, sin tener en cuenta que la tem\u00e1tica que aqu\u00ed propone, de haber sido procedente, debi\u00f3 ser invocada desde los albores del proceso penal, esto es, ante el Juez de primer nivel, con el fin de garantizar a las dem\u00e1s partes e intervinientes la posibilidad de pronunciarse frente a dicha solicitud. <\/p>\n
Explic\u00f3 igualmente, que tal como decant\u00f3 la Corte Constitucional en la SU-081 de 2020, \u2018la interpretaci\u00f3n prejudicial obligatoria es aquella que deben pedir los jueces y tribunales nacionales, en los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en el derecho interno. En estos casos, la solicitud puede realizarse en cualquier momento antes de proferir sentencia de fondo, de oficio o a petici\u00f3n de parte, teniendo la obligaci\u00f3n de suspender el proceso a nivel interno, y de mantenerlo en dicho estado, hasta tanto se reciba la interpretaci\u00f3n prejudicial solicitada\u2026\u2019, de ah\u00ed que, en este evento, adem\u00e1s, de que dicha interpretaci\u00f3n no fue reclamada por alg\u00fan sujeto procesal, no se configuraban los presupuestos para tramitarla, por cuanto el ordenamiento jur\u00eddico establece recursos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales pueden impugnarse las decisiones adoptadas dentro de esta jurisdicci\u00f3n. (Destacado intencional). <\/p>\n
2. Al momento de proferir la sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisada la queja y las pruebas aportadas en este tr\u00e1mite, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n pretendida ante la incuria del solicitante en el agotamiento de las herramientas de defensa a su alcance. <\/p>\n
En efecto, e independientemente de la pertinencia de la aplicaci\u00f3n de \u00abla interpretaci\u00f3n prejudicial requerida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina\u00bb que ahora echa de menos el accionante, se advierte, de acuerdo con el informe recibido de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que el se\u00f1or Jairo Antonio Montero Fern\u00e1ndez, no puso de presente en curso del juicio penal aludido -por lo menos, una vez proferida por la Corte Constitucional la sentencia de unificaci\u00f3n SU-081 el 26 de febrero de 2020, que aqu\u00ed alega inobservada-, la falta de solicitud del concepto de interpretaci\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo ordenado en el art\u00edculo 33 de la Decisi\u00f3n 472 de 1999, supuestamente necesario en el proceso penal adelantado en su contra. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que la Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, \u00abSi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
Lo anterior, enmarca esta acci\u00f3n de tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, que determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Antonio Montero Fern\u00e1ndez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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