STC13734-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13734-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00420-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Felicia, Manuel de Jes\u00fas, Pedro Lu\u00eds, Elisabeth, Jorge Eliecer y Lu\u00eds Jos\u00e9 Ariza Hern\u00e1ndez le instauraron al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los querellantes, obrando a trav\u00e9s de apoderada, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abdignidad humana, supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, debido proceso y acceso a la propiedad privada\u00bb para que, \u00abse ordene al juzgado accionado, decretar la suspensi\u00f3n de la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial dentro del proceso civil de pertenencia hasta tanto no se decrete la prejudicialidad por el proceso penal que cursa en la Fiscal\u00eda Local 68 de Cartagena por el delito de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n en contra de Contecar S.A. y se restablezca el derecho violado con las providencias del 29 de noviembre de 2021 y 5 de julio de 2022 que denegaron la prejudicialidad invocada\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujeron que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena neg\u00f3 la suspensi\u00f3n por prejudicialidad del juicio de pertenencia que formularon contra la Sociedad Fiduciaria Berm\u00fadez y Valenzuela en Liquidaci\u00f3n y Terminal de Contadores de Cartagena \u2013 Contecar S.A., al estimar que \u00abno es posible acceder a lo pedido con la simple recepci\u00f3n de la noticia criminal, pues la misma no configura formalmente el inicio del proceso penal y es insuficiente para establecer si la decisi\u00f3n que ha de tomarse en el juicio penal incide en el juicio civil sumado a que este \u00faltimo no se encuentra en estado de dictar sentencia\u00bb (29 nov. 2021), decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume el 5 de julio de 2022. <\/p>\n
En su opini\u00f3n tales pronunciamientos lesionan sus prerrogativas esenciales, puesto que \u00abse neg\u00f3 su pedimento pese a que pusieron en conocimiento del accionado que la familia Hern\u00e1ndez Ariza constituida por su progenitora Lucila Esther Hern\u00e1ndez (q.e.p.d.) y sus hijos fueron despojados en el 2008 de forma irregular del bien que ven\u00edan poseyendo hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os por parte de la sociedad demandada, a trav\u00e9s del inspector de polic\u00eda aprovech\u00e1ndose de su vulnerabilidad\u00bb y, como consecuencia de dicha anomal\u00eda, \u00abactualmente cursa un proceso penal en contra del representante legal de Contecar S.A. en la Fiscal\u00eda Local 68 de Cartagena por el delito de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente sostuvieron que \u00abla situaci\u00f3n de desalojo de la que fueron objeto y que tipifica el delito de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, los imposibilita de demostrar que ostentan la tenencia material del bien, uno de los elementos axiol\u00f3gicos para la prosperidad de la acci\u00f3n de pertenencia, por lo que se debe suspender el proceso civil por prejudicialidad hasta tanto no se restablezca los derechos amedrentados, aplic\u00e1ndose la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad en este caso\u00bb <\/p>\n
El Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de esa urbe indic\u00f3 que \u00abel 24 de octubre de 2018, se llev\u00f3 a cabo audiencia programada en la actuaci\u00f3n con radicado 2016-03930, a trav\u00e9s de la cual se pretend\u00eda lograr el desarchivo de las diligencias que se adelantaban por el delito de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n sobre un bien inmueble, asunto donde se les garantiz\u00f3 el debido proceso a los intervinientes\u00bb. <\/p>\n
El Terminal de Contenedores de Cartagena \u2013 Contecar S.A. destac\u00f3 el incumplimiento del requisito de la inmediatez, en tanto \u00abse ataca una providencia de 29 de noviembre de 2021, la cual se encuentra acorde con la normativa procesal vigente\u00bb. <\/p>\n
La Alcald\u00eda Mayor de esa localidad rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena neg\u00f3 el amparo porque la resoluci\u00f3n criticada no se aprecia irrazonable, dado que est\u00e1 soportada en el an\u00e1lisis de las pruebas aportadas y la normativa que rige la materia. <\/p>\n
Recurrieron los precursores reiterando sus planteamientos inaugurales, agregaron que \u00abexiste un defecto por violaci\u00f3n directa a la constituci\u00f3n atribuible a las providencias judiciales del 29 de noviembre de 2021 y 5 de julio de 2022 dentro del proceso de pertenencia, debido a que, con ellas se desconoce de forma espec\u00edfica postulados de la Carta Pol\u00edtica, vulner\u00e1ndose los principios de respeto a la dignidad humana, supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, as\u00ed como los dem\u00e1s derechos fundamentales (\u2026) al no aplicarse la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad al caso concreto y exigir un imposible a los accionantes\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, Terminal de Contenedores de Cartagena \u2013 Contecar S.A. pidi\u00f3 refrendar la negativa a la salvaguarda por \u00ablas razones expuestas por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub j\u00fadice se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque en la providencia emitida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, que no repuso el auto de 29 de noviembre de 2021 que \u00abneg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad\u00bb se expusieron las razones para adoptar la misma, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto para arribar a dicha conclusi\u00f3n, esgrimi\u00f3, <\/p>\n
Revisado los argumentos de la parte demandante junto con los documentos aportados en el libelo genitor, el despacho, no repondr\u00e1 el auto de fecha 29 de noviembre del 2021, por las siguientes razones: <\/p>\n
Para la debida aplicaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n del proceso civil, no basta la configuraci\u00f3n de los presupuestos exigido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 161 del CGP., como lo hace notar, en el escrito del recurrente, pues, am\u00e9n de ello, la esfera de aplicaci\u00f3n est\u00e1 supeditada a una condici\u00f3n que, el mismo legislador impuso, el cual, podemos notar a leer la redacci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 162 del CGP., que por cierto, regula la debida aplicaci\u00f3n del numeral estudiado, el cual, reza lo siguiente: <\/p>\n
Luego entonces, el apoderado de la parte demandante debe, adem\u00e1s, de probar los t\u00f3picos regulados en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 161, tambi\u00e9n, tiene que tener en cuenta que, para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo anterior, el presente proceso debe encontrarse en la etapa final, es decir, a la espera de dictar sentencia de segunda instancia o \u00fanica, de ser el caso. Lo anterior, no es caprichoso, pues, es parte de la libertad de configuraci\u00f3n del legislador para expedir los c\u00f3digos, siendo la norma procesal de car\u00e1cter p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, para las garant\u00edas procesales de ambas partes. <\/p>\n
En consecuencia, preterirlas ser\u00eda actuar por fuera del debido proceso que, nos exige nuestra Constituci\u00f3n Nacional. Lo que trae a colaci\u00f3n que, este juez civil, como director del proceso, al momento de impartir la resoluci\u00f3n dispuesta en el auto de fecha 29 de noviembre del 2021, lo hizo, ci\u00f1\u00e9ndose, exclusivamente, por la legalidad procesal, como lo dispone el art\u00edculo 7 del CGP., por cuanto, el proceso no se encuentra en la etapa de dictar sentencia de segunda instancia. En este orden de ideas, la aplicaci\u00f3n de cuerpo normativo antes estudiado, no configura un exceso ritual, todo lo contrario, lo que prev\u00e9 es el incumplimiento de las garant\u00edas procesales que, celosamente, cuida, como guardador del buen curso del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhelan los tutelantes, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la autoridad convocada en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8270-2021; reiterada, entre otras, en STC13910-2021). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub examine lo que se observa es una disparidad de criterios entre lo reflexionado por el estrado censurado en el desarrollo de sus facultades y cobijado en el principio de autonom\u00eda judicial y lo planteado por los sedicentes; sin embargo, el juez constitucional no es el llamado a dirimir las diferencias a modo de tercera instancia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha esbozado, que <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021 y STC16612-2021). <\/p>\n
3.- Finalmente, respecto a la solicitud tendiente a que se \u00abaplique la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad al caso concreto y por ello se suspenda el asunto por prejudicialidad\u00bb, lo observado es, que, dicha rogativa no ha sido presentada por los impulsores ante el iudex acusado, para que sea \u00e9ste quien defina si les asiste o no raz\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado, <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (se enfatiza CSJ STC1423-2020, STC15498-2021, entre otras). <\/p>\n
En esta medida, corresponde a los memorialistas acudir ante el juzgado recriminado a elevar \u00abla petici\u00f3n\u00bb que por esta senda exhiben y ejercer los medios de contradicci\u00f3n frente a las resoluciones que no compartan, ya que no es viable acudir directamente al juez de tutela, como en efecto aconteci\u00f3, para que sustituya la actividad del funcionario natural, cuando este es el legalmente habilitado para desatar la contienda sometida a su escrutinio. <\/p>\n
Tampoco resulta procedente el socorro como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a los gestores, como quiera que no allegaron elemento demostrativo alguno para probarlo, sin que sea suficiente para ello la mera expresi\u00f3n de su existencia, dado que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2039-2020, reiterada STC15498-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo discernido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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