STC13744-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13744-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2022-00289-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la tutela que Oscar Horacio Ram\u00edrez Riveros le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 1999-00013-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que, \u00abSe revis\u00e9 la sentencia proferida por el juzgado cuestionado a fin que se garantice el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y se ordenara i) \u00abRevocar el fallo de \u00fanica instancia dictado el 24 de febrero de 2022, por la autoridad judicial recriminada, mediante el cual se neg\u00f3 el amparo invocado en el tr\u00e1mite del proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb y ii) \u00ab(\u2026) al juzgado Segundo de Familia de oralidad dar por terminado la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el estrado acusado admiti\u00f3 la demanda de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria que promovi\u00f3 contra Oscar Fabi\u00e1n Ram\u00edrez Manzano (4 sep. 2020), y contra la misma este formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abindebida aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el iudex accionado incurri\u00f3 en errores al momento de valorar las pruebas, al no tener en cuenta que la obligaci\u00f3n alimentaria frente al cumplimiento de la mayor\u00eda de edad, solamente persiste cuando i) \u00abTenga un impedimento corporal, mental o se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo\u00bb ii) \u00abAl hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayor\u00eda de edad, siempre que no exista prueba de que subsiste por sus propios medios\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que su hijo, el 24 de abril de 2020 obtuvo el t\u00edtulo de \u00abprofesional en negocios internacionales\u00bb otorgado por la Universidad Aut\u00f3noma de Bucaramanga (24 abr. 2020) y, de acuerdo con las declaraciones de este en el pleito confutado, se determin\u00f3 que estuvo radicado en Vancouver \u2013 Canad\u00e1 hasta agosto de 2021, lo que, en su criterio, significa que tuvo un a\u00f1o y cuatro meses sin v\u00ednculo estudiantil, corridos desde el momento en que se gradu\u00f3 hasta cuando retorno a Colombia y, que al no existir relaci\u00f3n educativa en ese lapso de tiempo la obligaci\u00f3n de suministrar alimentos desaparece. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de C\u00facuta se opuso al resguardo, en tanto no vulner\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb del gestor, y destac\u00f3 que el litigio recriminado se surti\u00f3 conforme a lo normado en el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso y dem\u00e1s disposiciones contenidas en dicha codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Oscar Fabi\u00e1n Ram\u00edrez Manzano pidi\u00f3 negar el amparo, para lo cual manifest\u00f3 que su progenitor omiti\u00f3 decirle al Tribunal de C\u00facuta que se encuentra residenciado en la ciudad de Vancouver, vinculado a la universidad ASCENDA SCHOOL OF MANAGMENT desde el 6 de agosto de 2020 y, debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia Covid 19, se interrumpieron sus labores acad\u00e9micas, retomadas en 2021; de lo cual aport\u00f3 pruebas con la contestaci\u00f3n de la demanda reprochada, la cuales no fueron refutadas y corroboradas por el despacho cuestionado. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de C\u00facuta desestim\u00f3 el auxilio, por incumplir el presupuesto de la inmediatez, ya que, \u00abentre el supuesto acto trasgresor y la presentaci\u00f3n de la demanda tendiente a conjurarlo, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor insistiendo en los planteamientos inaugurales, agregando que \u00abno contaba con herramientas procesales para interponer los recursos ya que el fallo debatido es de \u00fanica instancia, raz\u00f3n por la cual solicito vigilancia judicial siendo atendida desfavorablemente, sin existir otro medio de defensa acude a este instrumento\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, frente al requisito de procedencia para incoar la presente acci\u00f3n, en la sentencia SU-354-17 MP. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio puntualiz\u00f3, que \u00abla Corte Constitucional considera pertinente recordar sobre el requisito de inmediatez que si bien el Decreto Estatutario 2591 de 1991 se\u00f1ala que la acci\u00f3n de tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que la misma pretende dar protecci\u00f3n inmediata ante la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos, debe ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresi\u00f3n o desde que la persona sienta amenazados sus derechos, la razonabilidad del plazo est\u00e1 determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto\u00bb y que, la importancia de esa exigencia radica en lo siguiente: (i) \u00abgarantiza una protecci\u00f3n urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) \u00abevita una lesi\u00f3n desproporcionada a atribuciones jur\u00eddicas de terceros; (iii) \u00abresguarda la seguridad jur\u00eddica\u00bb y (iv) \u00abdesestima las solicitudes negligentes\u00bb. Bajo ese entendido para esa Corporaci\u00f3n no existe un t\u00e9rmino de caducidad para acudir al amparo constitucional y no como lo exterioriza el Consejo de Estado que debe ser en un t\u00e9rmino prudencial de 6 meses. <\/p>\n
Finalmente, preciso que lo que busca por este medio tuitivo es evitar una lesi\u00f3n desproporcionada, ya que se le inici\u00f3 cobro ejecutivo en el que se decret\u00f3 una medida cautelar que lo afecta patrimonialmente y, con el veredicto all\u00ed emitido se configura un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb por no haber valorado el acervo probatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De los medios de convicci\u00f3n incorporados al plenario, muy pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el elemento temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha de la providencia criticada (24 feb. 2022) y la radicaci\u00f3n del pliego superlativo (5 sep. 2022), transcurrieron seis (6) meses y once (11) d\u00edas; es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021 y STC1919-2022). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015 y STC10045-2022. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate propuesto, porque si el quejoso se demor\u00f3 en ejercer este instrumento especial, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
No obstante, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de estar inconforme con el veredicto emitido por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de C\u00facuta, el impulsor no expuso las razones para disculpar su tardanza en acudir a este sendero. <\/p>\n
3.- Adicionalmente, la sentencia SU-354-17 de la Corte Constitucional, en l\u00ednea con la jurisprudencia de esta Sala, contrario a la interpretaci\u00f3n que de la misma hace el impugnante, establece que, \u00abteniendo en cuenta que la misma pretende dar protecci\u00f3n inmediata ante la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos, debe ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresi\u00f3n o desde que la persona sienta amenazados sus derechos, la razonabilidad del plazo est\u00e1 determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto\u00bb, precisamente, porque fue instituida para: (i) \u00abgarantiza una protecci\u00f3n urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) \u00abevita una lesi\u00f3n desproporcionada a atribuciones jur\u00eddicas de terceros; (iii) \u00abresguarda la seguridad jur\u00eddica\u00bb y (iv) \u00abdesestima las solicitudes negligentes\u00bb. <\/p>\n
4.- Corolario de lo expuesto, se impone la ratificaci\u00f3n del prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13744-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13744-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2022-00289-01 (Aprobado en Sala de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de septiembre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67996","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67996","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67996"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67996\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}