STC13748-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13748-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01229-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la salvaguarda constitucional promovida por Javier Mauricio Murcia S\u00e1nchez contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de Manizales. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, al Ministerio del Interior, la Asociaci\u00f3n de Cabildos Uitoto del Alto R\u00edo Caquet\u00e1 y el Resguardo Ind\u00edgena Ismuina de Solano (Caquet\u00e1). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor procura la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, a la integridad \u00e9tnica y cultural y a la igualdad. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo, narr\u00f3 que se encuentra purgando una pena de 420 meses de prisi\u00f3n, debido a una condena impuesta por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por hall\u00e1rsele penalmente responsable de los delitos de secuestro, lesiones personales y hurto agravado. <\/p>\n
Ese correctivo, cuya supervisi\u00f3n corresponde al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, lo ha estado cumpliendo en la C\u00e1rcel de La Dorada (Caldas). <\/p>\n
Sostiene que, como es integrante de la comunidad ind\u00edgena Uitoto, que hace parte del Cabildo Ind\u00edgena Ismuina, de Solano (Caquet\u00e1), el Gobernador del Cabildo pidi\u00f3 al estrado de ejecuci\u00f3n de penas que autorizara su traslado al territorio del resguardo, pedimento que fue desestimado el 30 de julio de 2020 y confirmado por la Sala Penal del Tribunal querellado el 26 de enero de 2021. <\/p>\n
3. El censor tach\u00f3 de irregulares las determinaciones adoptadas en ambas instancias, por cuanto los juzgadores accionados no dieron por acreditado, est\u00e1ndolo, que el sitio donde iba a terminar de purgar la sanci\u00f3n contaba con las debidas condiciones de seguridad, salubridad y \u00abdignidad\u00bb necesarias para ello. <\/p>\n
Tales decisiones, en su criterio, violentan su derecho a la igualdad, en tanto existen \u00abantecedentes de personas a quienes se les ha concedido el traslado a este mismo territorio ind\u00edgena y que persisten todas las garant\u00edas para tal fin\u00bb. <\/p>\n
4. Con estribo en lo narrado, pide que se declare la nulidad de los autos expedidos por las autoridades accionadas y, en su lugar, que se vuelva a proveer sobre la solicitud de traslado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n, en atenci\u00f3n a que el prove\u00eddo emitido el 30 de julio de 2020 se ajust\u00f3 a los lineamientos jurisprudenciales y de ley, pues la s\u00faplica del actor se desestim\u00f3 porque \u00abla infraestructura [y] condiciones de seguridad [del resguardo] no [eran] las requeridas para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales de la pena (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal convocado sostuvo que la decisi\u00f3n adoptada el 26 de enero de 2021 se fund\u00f3 en los medios probatorios estudiados, que permitieron establecer que no estaban \u00abacreditados los requisitos para facilitar el traslado del recluso al resguardo ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, ya que la pretensi\u00f3n del actor no es de su competencia y, adem\u00e1s, no vulner\u00f3 sus garant\u00edas. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda, por no evidenciar irregularidades en la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal convocado, sumado que el gestor ten\u00eda la posibilidad de allegar una nueva petici\u00f3n, con el lleno de los requisitos legales y teniente a demostrar que la \u00abcomunidad ind\u00edgena [contaba] con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas y seguras\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se dejen sin efectos los autos de 30 de julio de 2020 y 26 de enero de 2021, dictados, respectivamente, por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales y por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, a trav\u00e9s de los cuales se desestim\u00f3 la solicitud de traslado del actor a su cabildo ind\u00edgena, a fin de que termine de purgar all\u00ed la pena impuesta. <\/p>\n
2. La Sala centrar\u00e1 su examen en el prove\u00eddo del 26 de enero de 2021, pues fue el que defini\u00f3, en \u00faltimas, lo concerniente al traslado del peticionario. <\/p>\n
2.1. En dicho pronunciamiento, el Colegiado accionado, luego de evocar que, si bien los ind\u00edgenas tienen derecho a purgar las penas impuestas por la jurisdicci\u00f3n ordinaria en pabellones especiales o en los resguardos a los que pertenecen, tal proceder era viable siempre y cuando, conforme lo hab\u00eda precisado la Corte Constitucional (sentencias T-921 de 2013 y T-515 de 2016), se garantizara y demostrara el cumplimiento de la efectiva privaci\u00f3n de la libertad, \u00abpara lo cual la comunidad deber[\u00eda] contar con la infraestructura adecuada\u00bb, entre otros aspectos. <\/p>\n
Tras acotar que estaba acreditada la existencia de la poblaci\u00f3n Ismuina y que el ahora censor hace parte de ella, por estar inscrito en su censo, pas\u00f3 a analizar lo referente a las instalaciones f\u00edsicas en las que el condenado seguir\u00eda cumpliendo la sanci\u00f3n, particularmente en cuanto a sus condiciones de seguridad y garant\u00eda para su confinamiento. <\/p>\n
Y fue en torno a este preciso t\u00f3pico que no encontr\u00f3 satisfechos los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para acceder al traslado pretendido, en tanto: <\/p>\n
Para el efecto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Solano hizo un video del resguardo, y en detalle del lugar destinado a cumplir la sanci\u00f3n aflictiva [del] se\u00f1or Murcia S\u00e1nchez, destac\u00e1ndose del registro la existencia de una zona verde con un parque y cancha de futbol; una peque\u00f1a edificaci\u00f3n, la cual seg\u00fan se explic\u00f3 corresponde a una bater\u00eda sanitaria; una casa grande denominada \u201cLa Maloca\u201d y en su interior algunos enseres, como tableros, mesas y sillas. <\/p>\n
De la anterior descripci\u00f3n, podr\u00eda acompa\u00f1arse lo sostenido por el recurrente, en cuanto a la garant\u00eda de las condiciones de alimentaci\u00f3n, aseo y descanso del penado, sin embargo, se aprecia que la \u00fanica vivienda existente y reconocida como maloca, carece de una infraestructura o divisiones que posibiliten ubicar un espacio exclusivo para la estancia del condenado (\u2026) necesario para establecer un entorno diferenciado de la restante comunidad. <\/p>\n
Siendo oportuno recalcar, que una cosa es autorizar el purgamiento de la condena al interior del territorio ind\u00edgena para garantizar la conservaci\u00f3n de sus costumbres y pr\u00e1cticas culturales y otra muy distinta, desnaturalizar por completo la esencia misma de la pena de prisi\u00f3n impuesta leg\u00edtimamente al comunero, que sin duda demanda su debida privaci\u00f3n de la libertad. <\/p>\n
De lo transcrito, coligi\u00f3 que tales <\/p>\n
(\u2026) deficiencias, que el recurrente procura restarles importancia con la alusi\u00f3n de ser el entorno acostumbrado en el que se desarrolla la vida comunitaria en el resguardo, y que en ella, la resocializaci\u00f3n se garantizar\u00eda con su estancia all\u00ed en la maloca, no pueden ser acompa\u00f1adas por este Juez plural, pues no puede olvidarse que el se\u00f1or Murcia S\u00e1nchez fue condenado a 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n al interior de la justicia ordinaria, lo que necesariamente entra\u00f1a privaci\u00f3n de la libertad y restricci\u00f3n de las actividades que cualquier otra persona puede desplegar, as\u00ed como tambi\u00e9n a observar determinadas pautas fijadas por la autoridad penitenciaria o quien haga sus veces. <\/p>\n
Seguidamente, se dispuso a analizar las condiciones de seguridad del resguardo y destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) acompa\u00f1a al a quo, en cuanto a la ausencia de vigilancia y seguridad, pues no se advirti\u00f3 la presencia de un guardia, que pudiese garantizar la adecuada custodia del penado, como tampoco se determin\u00f3 la cantidad de personal destinado y los medios indispensables para desplegar tal labor. <\/p>\n
Sobre este punto, si bien en la solicitud elevada por el L\u00edder Comunal el 04 de septiembre de 2019, se acompa\u00f1aron fotograf\u00edas de 05 personas (\u2026) que ser\u00edan los encargados de la custodia, tal y como lo consider\u00f3 el se\u00f1or Juez de Ejecuci\u00f3n, en manera alguna se certificaba que dichas im\u00e1genes correspondieran al resguardo ind\u00edgena, en la medida que all\u00ed se apreciaban otras edificaciones que en la visita oficial practicada por el se\u00f1or Juez de Solano (Caquet\u00e1) no se constataron (\u2026). <\/p>\n
Frente al reparo efectuado por el se\u00f1or Juez de la carencia de personal de vigilancia, el recurrente replic\u00f3 que tal circunstancia obedec\u00eda a que la Guardia Ind\u00edgena no permanec\u00eda en horas laborales custodiando la maloca, ya que a los sancionados se les llevaba a trabajar en el campo, aserto que careci\u00f3 de respaldo suasorio, como que se sustent\u00f3 en la mera alegaci\u00f3n, no obstante que el A-quo lo conminara en dos oportunidades para suministrar los soportes respectivos para verificar dicha realidad, los que no fueron adosados. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n en la impugnaci\u00f3n, se quej\u00f3 el Censor de la exigencia desproporcionada por parte del se\u00f1or Juez, en cuanto le hiciera llegar unas pruebas a base de tecnolog\u00eda, como las im\u00e1genes del lugar, las que no pose\u00eda, resultando extra\u00f1o tal planteamiento en esta instancia, cuando no fue ese el alcance de lo conminado por el funcionario en su momento, al hacer menci\u00f3n al aporte de un CD, y cuando, en la solicitud y en la sustentaci\u00f3n del recurso, finalmente se proporcionaron distintos anexos fotogr\u00e1ficos. <\/p>\n
A su vez, habr\u00e1 de recalcarse que si bien, se aport\u00f3 una certificaci\u00f3n de un servidor del INPEC (\u2026) dando cuenta que desde su perspectiva las condiciones del Resguardo eran \u00f3ptimas (\u2026) no es menos cierto que se trat\u00f3 de un insumo que no fue oportunamente ofrecido y por tanto omitido en su examen por el se\u00f1or Juez de ejecuci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Con fundamento en tales argumentos y luego de precisar que el precedente horizontal invocado por el recurrente era inaplicable, dado que, a diferencia del caso, en aqu\u00e9l s\u00ed estaban acreditadas las exigencias previstas para avalar el traslado, concluy\u00f3 que, debido a \u00abla orfandad de elementos para dar por establecidos los requisitos que permitan autorizar el cambio del sitio actual de reclusi\u00f3n del interno Javier Mauricio Murcia S\u00e1nchez (\u2026) habr\u00e1 de refrendarse lo definido por el a quo\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que la Colegiatura convocada estim\u00f3, motivadamente, que no estaban reunidas las condiciones normativamente exigidas para acceder al traslado peticionado en favor del ahora accionante, en particular, porque el sitio de reclusi\u00f3n del resguardo ind\u00edgena no ofrec\u00eda las condiciones m\u00ednimas de seguridad, ni tampoco garantizaba que aqu\u00e9l estuviese confinado en un lugar espec\u00edfico y diferenciado, cuestiones -ambas- relevantes, por cuanto la pena impuesta fue la de privaci\u00f3n de la libertad. <\/p>\n
3.1. Ninguna de tales conclusiones, con independencia de que sean o no compartidas, se muestran manifiestamente apartada del ordenamiento jur\u00eddico, menos, lucen arbitrarias o irracionales, por cuanto a ellas el Tribunal cognoscente arrib\u00f3 despu\u00e9s de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad aplicable. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo esta Corporaci\u00f3n, tomando como referencia la doctrina sentada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y por la Corte Constitucional, tiene decantado que es al juez natural a quien incumbe la tarea de verificar, entre otros aspectos, que el sitio hacia cual se solicita el traslado satisfaga las condiciones de seguridad y vigilancia necesarias para el cumplimiento de la pena impuesta, a\u00fan en trat\u00e1ndose de grupos o minor\u00edas \u00e9tnicas: <\/p>\n
(\u2026) M\u00e1xime que los argumentos expuestos por v\u00eda de tutela, fueron analizados por las autoridades demandadas, pues revisadas las providencias objeto de cuestionamiento en el presente asunto, se observa que tanto el juez ejecutor como la Corporaci\u00f3n en segunda instancia, tuvieron en consideraci\u00f3n la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional relacionada con el enfoque diferencial que les asiste a los integrantes de las comunidades ind\u00edgenas y previa recolecci\u00f3n de elementos, concluyeron que no se cumplieron los presupuestos para otorgar al actor el traslado a su resguardo ind\u00edgena (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido reglas con el objeto de que a las personas pertenecientes a comunidades ind\u00edgenas y que han sido procesadas y condenadas por la justicia ordinaria no se les desconozca su derecho a la identidad cultural al ser privadas de la libertad en un establecimiento carcelario (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) En reciente pronunciamiento1, la alta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 lo dicho en la sentencia T-921 de 2013, en cuanto indic\u00f3 que: (\u2026)\u201d <\/p>\n
(\u2026) (i) Siempre que el investigado en un proceso tramitado por la jurisdicci\u00f3n ordinaria sea ind\u00edgena se comunicar\u00e1 a la m\u00e1xima autoridad de su comunidad o su representante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) (ii) De considerarse que puede proceder la medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva el juez de control de garant\u00edas (para procesos tramitados en vigencia de la Ley 906 de 2004) o el fiscal que tramite el caso (para procesos en vigencia de la Ley 600 de 2000) deber\u00e1 consultar a la m\u00e1xima autoridad de su comunidad para determinar si el mismo se compromete a que se cumpla la detenci\u00f3n preventiva dentro de su territorio. En ese caso, el juez deber\u00e1 verificar si la comunidad cuenta con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y legales el INPEC deber\u00e1 realizar visitas a la comunidad para verificar que el ind\u00edgena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el ind\u00edgena no se encuentre en el lugar asignado deber\u00e1 revocarse inmediatamente este beneficio. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la medida se deber\u00e1 dar cumplimiento estricto al art\u00edculo 29 de la Ley 65 de 1993 (\u2026)\u201d <\/p>\n
(iii) Una vez emitida la sentencia se consultar\u00e1 a la m\u00e1xima autoridad de la comunidad ind\u00edgena si el condenado puede cumplir la pena en su territorio. En ese caso, el juez deber\u00e1 verificar si la comunidad cuenta con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y legales el INPEC deber\u00e1 realizar visitas a la comunidad para verificar que el ind\u00edgena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el ind\u00edgena no se encuentre en el lugar asignado deber\u00e1 revocarse inmediatamente esta medida. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la pena se deber\u00e1 dar cumplimiento estricto al art\u00edculo 29 de la Ley 65 de 1993 (\u2026)\u201d2 (CSJ STC071-2020; ver, en similar sentido, CSJ STC12271-2019 y CSJ STC9042-2019). <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden3. <\/p>\n
4. A lo anterior cabe a\u00f1adir que, tal y como lo dictamin\u00f3 el a quo y lo advirti\u00f3 el propio Tribunal querellado en el auto censurado de 26 de enero de 2021, el gestor cuenta con la posibilidad de presentar una nueva petici\u00f3n de traslado, la cual podr\u00e1 acompa\u00f1ar de las pruebas que pretenda hacer valer, y que ser\u00e1 estudiada y definida por los jueces naturales. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, esta Corporaci\u00f3n precisa que no se percibe la conculcaci\u00f3n del derecho a la igualdad, cuya trasgresi\u00f3n se denuncia a trav\u00e9s del ruego que se examina, por cuanto el peticionario no demostr\u00f3 que, ante situaciones similares, las autoridades fustigadas hubiesen actuado de una manera diferente. En ese sentido, en un asunto similar, en el que una persona privada de la libertad reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de tal prerrogativa, por neg\u00e1rsele el beneficio del traslado a otro lugar de reclusi\u00f3n, la Sala consider\u00f3: <\/p>\n
En lo concerniente con la \u00abvulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad\u00bb del tutelante, la guarda no sale avante, puesto que no acredit\u00f3 que otros sentenciados, que se encontraran en sus mismas circunstancias, hubieren sido autorizados para hacer uso de la prerrogativa reclamada; en virtud de ello \u00abno obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas la autoridad hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto\u00bb (CSJ STC 19 abr. 2012, rad. 00740-00, reiterada en CSJ STC4506-2014, 10 abr., rad. 00089-01 y en CSJ STC15165-2021, 10 nov., rad. 2021-02830-00) (CSJ STC9186-2022). <\/p>\n
Lo anterior, a m\u00e1s de que el Colegiado fustigado analiz\u00f3 este puntual reproche, para desestimarlo, habida cuenta de que el precedente invocado por el recurrente en alzada -el Gobernador del Cabildo- no era aplicable al asunto, pues los supuestos f\u00e1cticos de uno y otro caso difer\u00edan. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se impone refrendar el fallo de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CC T-515 de 2016. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STP6174-2018 de 8 de mayo de 2018, rad. 98282. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13748-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13748-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01229-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68000","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68000"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68000\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}