STC13758-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13758-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01463-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cartagena lo reconoci\u00f3 como v\u00edctima en el proceso penal adelantado contra Carlos Toribio Segovia de la Espriella, por los delitos de fraude procesal y perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el 18 de noviembre de 2019, la defensa del procesado solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n procesal por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, y, a su vez, la Fiscal\u00eda 242 de Cartagena, requiri\u00f3 al Juzgado de conocimiento para que, en caso de resolver favorablemente esa petici\u00f3n, se pronunciara sobre el restablecimiento del derecho en favor de las v\u00edctimas. <\/p>\n
Explic\u00f3, que en virtud de un fallo de tutela que declar\u00f3 una mora judicial en el asunto y orden\u00f3 darle celeridad, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cartagena el 18 de enero de 2021, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n solicitada, pero \u00abno se pronunci\u00f3\u00bb sobre la solicitud de restablecimiento de derechos elevada por la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
En desacuerdo con tal determinaci\u00f3n, los apoderados de las v\u00edctimas la apelaron y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena la confirm\u00f3 en providencia de 29 de marzo de 2022, decisi\u00f3n que consider\u00f3 \u00abdesacertada\u00bb, porque al margen de confirmar la preclusi\u00f3n del proceso, resolvi\u00f3 de fondo y neg\u00f3 la solicitud de restablecimiento de derechos aludida, cuando seg\u00fan afirma, lo que correspond\u00eda era devolver la actuaci\u00f3n al Juzgado para que la resolviera en primera instancia. <\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, dejar sin efectos la providencia de 29 de marzo de 2022, y, ordenar Tribunal Superior accionado que profiera una nueva determinaci\u00f3n en la que disponga que el Juzgado de Conocimiento debe resolver, en primera instancia, la solicitud de restablecimiento de derechos elevada por la Fiscal\u00eda 242. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cartagena inform\u00f3 que, en la audiencia de 18 de enero de 2021, declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena. Manifest\u00f3, que, debido a lo anterior, carec\u00eda de competencia para modificar o adicionar la providencia censurada. <\/p>\n
Respecto a la solicitud de restablecimiento de derechos, explic\u00f3 que se abstuvo de resolverla de fondo, en atenci\u00f3n a lo decidido por la Sala Penal del Tribunal de Cartagena, en un fallo de tutela previo en el que determin\u00f3 que el procedimiento no pod\u00eda interrumpirse por la oposici\u00f3n de las v\u00edctimas o por la decisi\u00f3n del restablecimiento de sus derechos, ya que lo principal era decidir la preclusi\u00f3n con celeridad, puesto que se fundamentaba en la presunta prescripci\u00f3n de los delitos acusados, mientras que el escenario adecuado para resolver la postulaci\u00f3n de las v\u00edctimas en tal sentido, era la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
2. Carlos Toribio Segovia de la Espriella sostuvo que la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 29 de marzo de 2022, se ajust\u00f3 a derecho, porque se hizo un an\u00e1lisis completo y muy ajustado al rigor jur\u00eddico, para concluir que resultaba improcedente que el Juzgado de primer grado decretara el restablecimiento del derecho en favor de las v\u00edctimas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Marval SAS se\u00f1al\u00f3 que lo que pretend\u00eda el actor era revivir instancias procesales ya resueltas en la v\u00eda ordinaria, y dejar sin validez una decisi\u00f3n judicial que se ajust\u00f3 a la legalidad y que se encontraba debidamente ejecutoriada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El apoderado de v\u00edctimas, en representaci\u00f3n de Eduardo Miranda Rodr\u00edguez, refiri\u00f3 estar de acuerdo con las pretensiones planteadas en la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras considerar que no observ\u00f3 en las providencias censuradas \u00abalg\u00fan vicio susceptible de ser enmendado a trav\u00e9s del amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que la providencia de 29 de marzo de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena accionado realiz\u00f3 un examen amplio y exhaustivo, edificado en la jurisprudencia de esa Sala de Casaci\u00f3n, y, <\/p>\n
resolvi\u00f3 cada uno de los cuestionamientos de los recurrentes. En primer lugar, confirm\u00f3 la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y, en seguida, desat\u00f3 negativamente la propuesta de nulidad de las v\u00edctimas. Respecto de esto \u00faltimo, decidi\u00f3 el Tribunal que no se configur\u00f3 ninguna irregularidad u omisi\u00f3n por parte del Juzgado, que deba ser remediada con la declaratoria de nulidad. Si bien se abstuvo de pronunciarse de fondo frente a la postulaci\u00f3n de restablecimiento de derechos formulada por la Fiscal\u00eda en favor de las v\u00edctimas, lo hizo bajo el amparo del fallo de tutela del 15 de diciembre de 2020 emitido por esa misma Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s del cual se le orden\u00f3 resolver de inmediato la preclusi\u00f3n del proceso, sin que de ello resulte el desconocimiento de las garant\u00edas de las v\u00edctimas, ya que para la reclamaci\u00f3n del restablecimiento de sus derechos, pueden acudir a la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
Adem\u00e1s de ello, visto el descontento de las v\u00edctimas frente al vac\u00edo en el asunto, el Tribunal realiz\u00f3 un examen amplio y exhaustivo por medio del cual, basado en jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, justific\u00f3 la improcedencia de decretar el restablecimiento de derechos al interior del proceso penal en cuesti\u00f3n, dada la declaratoria de la preclusi\u00f3n. Concluy\u00f3, entonces, que resulta infructuoso declarar la nulidad y devolver la actuaci\u00f3n al Juzgado exigi\u00e9ndole un pronunciamiento al respecto, porque, en todo caso, la determinaci\u00f3n ser\u00eda la misma. (destaca esta Sala). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no era cierta la afirmaci\u00f3n del actor, por la cual le atribuy\u00f3 al Juzgado accionado una omisi\u00f3n en su decisi\u00f3n, ya que, si bien no resolvi\u00f3 de fondo la petici\u00f3n de restablecimiento de derechos, indic\u00f3, con claridad, que se absten\u00eda de hacerlo, debido a su improcedencia en la v\u00eda penal y su viabilidad en la civil. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones y se\u00f1alar que \u00abse dej\u00f3 de lado la abundante jurisprudencia [\u2026] en la cual se ha se\u00f1alado expl\u00edcitamente que cuando opera la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por una causal objetiva (prescripci\u00f3n, muerte del procesado, etc.), debe resolverse sobre el restablecimiento del derecho, m\u00e1xime cuando este fue pedido por la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas).<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Luis Felipe Miranda Rodr\u00edguez acudi\u00f3 inconforme con la providencia de 29 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena confirm\u00f3 el auto de 18 de enero de 2021, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, en la causa penal en la que hab\u00eda sido reconocido como v\u00edctima. <\/p>\n
Y para sustentar su desacuerdo, se\u00f1al\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n en lugar de proceder a decidir la solicitud de reparaci\u00f3n a las victimas presentada por la Fiscal\u00eda 242 de Cartagena el 18 de noviembre de 2019, debi\u00f3 declarar la nulidad de la decisi\u00f3n del juzgado de primer grado, en la medida en que no se pronunci\u00f3 frente a esa tem\u00e1tica, lo que considera lesivo de su derecho a la doble instancia, pues lo que proced\u00eda -en su sentir- era devolver el expediente para que se profiriera una decisi\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al revisar la actuaci\u00f3n cuestionada se advierte que, contrario a lo afirmado por el actor, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cartagena, en diligencia de 18 de enero de 2021 se pronunci\u00f3 sobre la solicitud elevada por la Fiscal\u00eda 242 de Cartagena, y para lo anterior, tuvo en cuenta lo se\u00f1alado por el Tribunal Superior en la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00b0. 13001-22-04-000-2020-00142-00, en relaci\u00f3n a la improcedencia de la reparaci\u00f3n por la v\u00eda penal, en casos en los que se solicita y declara la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal por causa de su prescripci\u00f3n, y su viabilidad ante la especialidad civil, de esa manera, sent\u00f3 su postura y procedi\u00f3 a definir la situaci\u00f3n medular en esa audiencia [la preclusi\u00f3n] [Cfr. Minutos 12:30 a 18:19 audio-visual de 18 de enero de 2021.] <\/p>\n
En efecto, en aquella audiencia el juzgador a quo dej\u00f3 claro que no abordar\u00eda esa tem\u00e1tica, en cumplimiento del fallo constitucional que as\u00ed se lo orden\u00f3, para lo que se limit\u00f3 a resolver lo concerniente a la preclusi\u00f3n de la causa penal, entre otros temas distintos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No obstante, las v\u00edctimas tuvieron la oportunidad de apelar la referida decisi\u00f3n, cuya impugnaci\u00f3n se circunscribi\u00f3, precisamente, al hecho de no haberse accedido en primera instancia a la solicitud de restablecimiento sus derechos, y, as\u00ed, plantearon la nulidad del tr\u00e1mite y edificaron sus impugnaciones en sus distintos criterios, para fuera el Tribunal Superior el que definiera el punto. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Para resolver lo anterior, el Tribunal accionado, en la providencia cuestionada de 29 de marzo de 2022, atendi\u00f3 cada uno de los cuestionamientos de los recurrentes, confirm\u00f3 la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal decidida por el a quo y desat\u00f3 negativamente la propuesta de nulidad de las v\u00edctimas, por la supuesta omisi\u00f3n registrada en primera instancia. <\/p>\n
Frente a esto \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 la inexistencia de alguna irregularidad u omisi\u00f3n por parte del juzgador de conocimiento, que obligara la declaraci\u00f3n de nulidad del proceso, habida cuenta que, si bien es cierto, este se abstuvo de pronunciarse formalmente sobre la petici\u00f3n varias veces mencionada, lo hizo en cumplimiento al fallo de tutela que le orden\u00f3 resolver de inmediato la preclusi\u00f3n del proceso, sin que de esa omisi\u00f3n se advirtiera el desconocimiento de las garant\u00edas de las v\u00edctimas, ya que para la reclamaci\u00f3n del restablecimiento de sus derechos, estas, en todo caso, pod\u00edan acudir a la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, y de cara a la inconformidad planteada, realiz\u00f3 un profundo examen fundamentado en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, justific\u00f3 la improcedencia de decretar el restablecimiento de derechos dentro del proceso penal varias veces referido, como consecuencia de la preclusi\u00f3n declarada, y concluy\u00f3 con que resultaba infructuoso declarar la nulidad solicitada y devolver la actuaci\u00f3n al juzgado, porque, de cualquier forma, la determinaci\u00f3n ser\u00eda igual a la anterior. <\/p>\n
As\u00ed, acentu\u00f3, espec\u00edficamente, que: <\/p>\n
Al examen de constataci\u00f3n de las piezas procesales, encuentra esta instancia que, tal como lo postulan los representantes de v\u00edctimas en el marco de la audiencia de preclusi\u00f3n, que se extendi\u00f3 por casi dos a\u00f1os al trabarse el debate en torno a la necesidad de convocar a los terceros con inter\u00e9s, solo la Fiscal\u00eda pudo sustentar su pedimento en punto al restablecimiento del derecho, siendo esa la oportunidad correspondiente para que los apoderados de los afectados elevaran un ruego tal, atendiendo a que lo que hab\u00eda en ciernes era una solicitud de prescripci\u00f3n previa a la pr\u00e1ctica del juicio oral. Esto a fin de garantizar la prerrogativa del restablecimiento del derecho que les asiste a las v\u00edctimas, en los t\u00e9rminos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C- 060 de 2008. <\/p>\n
De un examen de las consideraciones esbozadas por el fallador de primera instancia, se puede extraer que el d\u00eda 18 de febrero -SIC- de 2021, al retomar el curso de la audiencia de preclusi\u00f3n, este se decant\u00f3 por la tesis que esta Sala Penal, mediante el fallo de tutela de fecha 15 de diciembre de 2020, en el cual fungi\u00f3 como accionante el se\u00f1or Carlos Toribio Segovia De La Espriella, acogi\u00f3 como mero comentario al pasar lo relativo a la posibilidad con que cuentan las partes a fin de acudir a la jurisdicci\u00f3n civil para reclamar \u201creparaciones econ\u00f3micas\u201d. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se determin\u00f3 en primera instancia no dar m\u00e1s espera a que se integrara el contradictorio para una pretensi\u00f3n de esa estirpe, es decir, se desisti\u00f3 de vincular a los terceros con inter\u00e9s, y se dispuso no emitir pronunciamiento alguno sobre el restablecimiento de derechos. <\/p>\n
Ahora, si bien lo procedente era que el juez de primera instancia prosiguiera el tr\u00e1mite de la audiencia de preclusi\u00f3n a partir del hito en que hab\u00eda quedado suspendida, otorgando el uso de la palabra a las v\u00edctimas para que expusieran la manifestaci\u00f3n o solicitud que a bien tuvieran hacer frente a la pretensi\u00f3n de la defensa, lo cierto es que, en este caso, no hay lugar a declarar la nulidad por tal motivo. <\/p>\n
En ese sentido advierte la Sala que todas las aspiraciones de los representantes de v\u00edctimas se materializan en que se disponga un restablecimiento del derecho cuya procedencia ten\u00eda vedado el a quo auscultar, en atenci\u00f3n a las particularidades de los hechos materia de acusaci\u00f3n, conforme a la jurisprudencia que m\u00e1s adelante se traer\u00e1 a colaci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala no desconoce que la Corte Constitucional en el referido fallo de constitucionalidad C-060 de 2008 reivindic\u00f3 la posibilidad con que cuentan las v\u00edctimas para acceder al restablecimiento del derecho en los casos en que sobrevenga la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha modulado esta premisa bajo la consideraci\u00f3n de que debe analizarse cada caso, pues cuando el restablecimiento del derecho se analiza en forma independiente de la decisi\u00f3n respecto a la responsabilidad penal, no resulta procedente si el car\u00e1cter fraudulento del t\u00edtulo depende de esta \u00faltima determinaci\u00f3n, en tanto que, solo as\u00ed se ampara la presunci\u00f3n de inocencia que acompa\u00f1a al procesado cuando no se encuentra en firme un fallo condenatorio en su contra. <\/p>\n
En consecuencia, ning\u00fan prop\u00f3sito sustancial tendr\u00eda nulitar una actuaci\u00f3n que devendr\u00eda en el mismo resultado: el juez de primera instancia deb\u00eda declarar improcedente el restablecimiento del derecho deprecado por el representante de la Fiscal\u00eda, siendo adem\u00e1s profundamente inconvenientemente y costoso para los derechos a la presunci\u00f3n de inocencia, al buen nombre y al debido proceso del procesado, adelantar una dispendiosa actuaci\u00f3n en la que la defensa se viera confrontada a la Fiscal\u00eda, a toda una bancada de v\u00edctimas y terceros con inter\u00e9s, para debatir la viabilidad de ordenar un restablecimiento del derecho sobre unos hechos cuyo componente objetivo, a todas luces, va necesariamente ligado a la participaci\u00f3n del aqu\u00ed procesado en el devenir il\u00edcito. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala tiene a bien citar en extenso la providencia AP711- del 204 de febrero de 2021, proferida dentro del proceso con Radicaci\u00f3n No. 57012, en la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia realiz\u00f3 un recorrido sobre la l\u00ednea jurisprudencial pertinente, cuyos fundamentos son acogidos integralmente en esta oportunidad: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Descendiendo al caso en concreto, de bulto sobresale que el titulo primigenio que se reputa como espurio, que corresponde a la escritura p\u00fablica 3759 del 16 de noviembre de 1996, fue suscrito por el mismo procesado Carlos Toribio Segovia De La Espriella, en calidad de representante legal de la urbanizadora Carolina, compradora de uno de los lotes del bien identificado 060- 38285. <\/p>\n
De ah\u00ed que no haya forma de valorar si en dicho instrumento se superpusieron los datos de otros predios, a no ser que se afirme que fue el procesado, creador del documento y beneficiado con la informaci\u00f3n falsa, el responsable del il\u00edcito que sustenta el pedimento de restablecimiento del derecho. <\/p>\n
As\u00ed mismo, los subsiguientes actos que se reputan fraudulentos, esto es, los adelantados ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos para registrar diversos negocios jur\u00eddicos, fueron realizados por el mismo procesado y vali\u00e9ndose del referido t\u00edtulo. Luego entonces, no hay forma de que se establezca que objetivamente se configur\u00f3 el punible de fraude procesal, sin que se parta de la participaci\u00f3n dolosa del procesado, y, por lo tanto, sin que comprometa gravemente la presunci\u00f3n de inocencia que lo cobija. <\/p>\n
En el mismo sentido, vale decir que no es posible abordar objetivamente la ocurrencia del punible de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n sobre bien inmueble, sin que se asuma que el procesado, en compa\u00f1\u00eda de miembros de la Polic\u00eda Nacional y vali\u00e9ndose de maquinaria pesada, expuls\u00f3 a la familia Miranda de los terrenos que pose\u00edan, de acuerdo a lo planteado en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
No se trata entonces de un l\u00edmite caprichoso al derecho al restablecimiento que les asiste a las v\u00edctimas, pues como se vio, la jurisprudencia en forma ejemplificativa ha dado cuenta de que s\u00ed es posible derivar lo ap\u00f3crifo de un t\u00edtulo cuando no se conoce al autor, o bien cuando tal circunstancia no es materia de debate alguno, pero este no es el caso. <\/p>\n
En tales condiciones, el restablecimiento del derecho no puede ser concedido en el escenario del proceso penal, no obstante, lo cual, las v\u00edctimas quedan habilitadas para promover las acciones a que haya lugar ante las otras jurisdicciones, como bien lo declar\u00f3 el juez de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
6. De los argumentos transcritos no se extrae arbitrariedad o desafuero alguno toda vez que, por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, se ha dicho que, no en todos los casos en los que se declarar la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal por efectos de la prescripci\u00f3n resulta viable continuar autom\u00e1ticamente con el restablecimiento de los derechos presuntamente afectados a las v\u00edctimas, por cuanto, de la investigaci\u00f3n que hasta ese momento se hubiese realizado, no se pudiese establecer, razonablemente, que el respectivo procesado fuese autor de la conducta punible endilgada. El an\u00e1lisis realizado por el Tribunal accionado se observa acorde con reciente postura de la Sala de Casaci\u00f3n Penal [Cfr. AP711- del 20 de febrero de 2021 Radicaci\u00f3n 57012] sin que de brote de este un error superlativo con la entidad necesaria para derruir las providencias cuestionadas. <\/p>\n
Ciertamente, en la decisi\u00f3n referida la Sala de Casaci\u00f3n Penal sostuvo lo siguiente, <\/p>\n
En el asunto objeto de estudio, la v\u00edctima a trav\u00e9s de apoderado, ejerci\u00f3 la acci\u00f3n civil con la finalidad de conseguir la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivados del delito, por igual se declarar\u00e1 prescrita, atendiendo a lo previsto en el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo Penal y a la consolidada l\u00ednea jurisprudencial de la Sala1, seg\u00fan la cual \u00abel ejercicio de la acci\u00f3n civil dentro del proceso penal comporta, respecto de los penalmente responsables, que prescrita la \u00faltima, igual suerte corre la primera\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, sin desatender que, al tratar la cuesti\u00f3n relacionada con el restablecimiento del derecho (CSJ AP, 22 de jun. 2016, rad. 47998), precis\u00f3 la Corte que no en todos los eventos de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal pueden decretarse medidas tendientes a ello, salvo casos como la \u00abfalsificaci\u00f3n de t\u00edtulos cuando no se ha identificado a un presunto responsable, en la medida en que el car\u00e1cter ap\u00f3crifo del mismo puede establecerse con total independencia de la autor\u00eda o participaci\u00f3n de una persona en particular\u00bb. <\/p>\n
[…] <\/p>\n
Previno la Corte que, si bien en otros casos ha ordenado medidas de restablecimiento del derecho, a pesar de haberse extinguido la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, as\u00ed se procedi\u00f3 ante la comprobaci\u00f3n de la falsedad de los t\u00edtulos \u00absin que implicara necesariamente un juicio de autor\u00eda o participaci\u00f3n. (CSJ AP, 10 Sep. 2014, Rad. 43716; CSJ AP, 15 Oct. 2014, Rad. 43641; y CSJ SP, 10 Jun. 2009, Rad. 22881) \u00bb. <\/p>\n
Tras esa advertencia, expuso que, para el caso sometido a estudio: <\/p>\n
(\u2026) la declaraci\u00f3n judicial sobre el car\u00e1cter fraudulento de los registros atinentes a los bienes mencionados por los denunciantes, supone necesariamente emitir un juicio sobre la existencia del delito y la participaci\u00f3n que en el mismo tuvieron los procesados\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) no es posible ordenar la cancelaci\u00f3n de los registros, a t\u00edtulo de restablecimiento del derecho, porque ello implicar\u00eda declarar judicialmente que el delito ocurri\u00f3 y que los procesados participaron en el mismo, a sabiendas de que la acci\u00f3n penal se extingui\u00f3 por prescripci\u00f3n y que, en consecuencia, los procesados contin\u00faan amparados por la presunci\u00f3n de inocencia, lo que conlleva la obligaci\u00f3n de darles un trato acorde a esa condici\u00f3n, como lo dispone expresamente el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 600 de 2000: \u201ctoda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal\u201d. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Por tanto, insiste la Sala, en este evento una conclusi\u00f3n de la adulteraci\u00f3n de los hechos, mediante la creaci\u00f3n falaz de una obligaci\u00f3n sustentada en un documento que sirvi\u00f3 fraudulentamente para inducir al juez civil en error, supone una valoraci\u00f3n, un juicio sobre la existencia del delito y la responsabilidad penal de los procesados, lo cual est\u00e1 vedado, por haberse extinguido la potestad punitiva del Estado. [AP711- del 20 de febrero de 2021 Radicaci\u00f3n 57012] [Resaltado no original] <\/p>\n
<\/p>\n
7. Y es que, al margen de que se comparta o no la decisi\u00f3n de la que se duele el accionante, no puede tildarse de sesgada o caprichosa, porque obedeci\u00f3 a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n avalada por el contexto particular que revelaba el asunto, lo que de entrada tambi\u00e9n conduc\u00eda a la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes -en su sentir- les fueron desfavorables, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, lo que llevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio inadecuado de una facultad constitucional muy excepcional. (CSJ. STC138-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
8. Ahora, si bien el impugnante se\u00f1al\u00f3 la existencia de \u00ababundante jurisprudencia\u00bb que contrariaba lo decidido por el Tribunal accionado, no ahond\u00f3 en el tema, ni desarroll\u00f3 su alegato, lo que de tajo descarta la existencia de la vulneraci\u00f3n atribuida y conduce a establecer razonable la determinaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ SP, 23 ag. 2005, rad. 23718; SP, 20 mar. 2013, rad. 40567; SP, 21 ag. 2013, rad. 40587; y SP, 21 oct. 2013, rad. 38433, entre otras. <\/p>\n
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STC13758-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13758-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01463-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68003","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68003"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68003\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}