STC13759-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13759-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00287-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 18 de agosto de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Dagoberto Duque Var\u00f3n contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Villahermosa y Civil del Circuito del L\u00edbano (Tolima). Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso declarativo de deslinde y amojonamiento de radicado 2020-00027-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que Nilly Liliana Cardozo promovi\u00f3 proceso de deslinde y amojonamiento en su contra. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Municipal cuestionado, el cual con sentencia resolvi\u00f3 acceder a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.1. Inconforme con esa decisi\u00f3n, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. El Juzgado Civil del Circuito atacado -con prove\u00eddo del 12 de mayo de 2022- confirm\u00f3 la sentencia impugnada. Y neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Adujo que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho toda vez que no se corrobor\u00f3 el cumplimiento de lo establecido en el art\u00edculo 401 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que tiene que ver con la presentaci\u00f3n de la demanda, dado que la demandante no aport\u00f3 los documentos que revelan los l\u00edmites de las propiedades. Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que no se apreci\u00f3 la totalidad de las pruebas documentales aportadas, en especial la contenida en los certificados catastrales n\u00fameros 5168565 del 27 de diciembre de 2016 y 9520-197529-76594-0 del 18 de noviembre de 2020, la escritura p\u00fablica No. 052 del 10 de mayo de 1995, impuestos prediales y paz y salvo No 2371 de Mar\u00eda de Jes\u00fas Var\u00f3n Duque. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que los predios no son colindantes en s\u00ed, puesto que existe una carretera que los divide y corresponde a un l\u00edmite establecido en el ordenamiento territorial. As\u00ed mismo, cuestion\u00f3 el dictamen pericial valorado en el proceso al insinuar que el perito carece de los conocimientos cient\u00edficos y t\u00e9cnicos para realizarlo. Finalmente, indic\u00f3 que la realidad jur\u00eddica de los predios no corresponde a la realidad material, dado que fueron vendidos como cuerpo cierto sin existir claridad sobre sus l\u00edmites y \u00e1rea. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 el amparo de los derechos invocados. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Villahermosa1, luego de narrar sus actuaciones, manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos del accionante, toda vez que se valoraron cada una de las pruebas recaudadas y arrimadas al proceso. Se opone a la prosperidad de la tutela, pues no puede ser usada como una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de conflictos que deben suscitarse ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano2, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo. <\/p>\n
3. Jorge Hernando Echeverry, apoderado de la demandante Nilly Liliana Cardozo, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder que lo faculta para actuar en el amparo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional de primer grado neg\u00f3 el amparo por improcedente. En efecto, destac\u00f3 que \u00abel auto que admiti\u00f3 la demanda de deslinde y amojonamiento no fue objeto del recurso consagrado en el art\u00edculo 402 del estatuto procedimental civil, pues, ante el incumplimiento de los requisitos de que trata el art\u00edculo 401 ibidem, debi\u00f3 el extremo pasivo del litigio hacer uso de las herramientas jur\u00eddicas que ten\u00eda en su haber para advertir, al juez natural, la presunta irregularidad que aqu\u00ed alega\u00bb. Recalc\u00f3 que en el mismo sentido resultaba menester controvertir el dictamen pericial aportado por la demandante en los t\u00e9rminos contenidos en el art\u00edculo 228 del C.G.P., \u00abformulando los cuestionamientos que ahora indica, bien sea solicitando aclaraci\u00f3n o aportando el dictamen que considere pertinente para esclarecer los linderos de los predios objeto de discusi\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, encontr\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano no adolece de las inconsistencias que se le enrostran, \u00abpor cuanto se emiti\u00f3 pronunciamiento frente a cada uno de los reproches efectuados por el opositor\u00bb. Por tanto, sostuvo que se motiv\u00f3 el fallo \u00abal tenor de la normatividad que rige el asunto controvertido y las especiales circunstancias del caso examinado, de ah\u00ed que resulte razonable la interpretaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la autoridad judicial, en tanto se pronunci\u00f3 sobre los medios suasorios recaudados para fijar la l\u00ednea divisoria entre los predios de Nilly Liliana Cardozo Zambrano y Dagoberto Duque Var\u00f3n\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abtampoco se aporta la totalidad de la documentaci\u00f3n requerida como lo exige el art\u00edculo 401 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
2. Jorge Hernando Rangel, apoderado de Nilly Liliana Cardozo Zambrano, indic\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento se viol\u00f3 el Debido Proceso, ni el Derecho De Defensa\u00bb, por tanto, pidi\u00f3 que no se conceda el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 12 de mayo de 2022, con el cual se confirm\u00f3 la sentencia del 3 de marzo de 2021 que neg\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por el actor al deslinde y amojonamiento. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano -con prove\u00eddo del 12 de mayo de 20223-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la sentencia impugnada. Para ello, comenz\u00f3 por referirse a los reparos expuestos en la primera instancia, respecto a la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la defensa y el debido proceso, toda vez que en el sentir del apelante los documentos con los que se origin\u00f3 el proceso, no fueron los que exige el art\u00edculo 401 del C.G.P. <\/p>\n
2.1. Frente a ello, observ\u00f3 que el accionante en su demanda de oposici\u00f3n al deslinde \u00abno present\u00f3 reparo alguno a la sentencia proferida por el A quo, en cuanto a la l\u00ednea fijada por el Juez de primera Instancia, pues se limit\u00f3 a plantear una nulidad inclusive desde el auto que admiti\u00f3 el Deslinde y Amojonamiento, porque seg\u00fan \u00e9l, no cumpl\u00eda con los requisitos del ART. 401 del C.G.P.; pero no se opuso a la l\u00ednea divisoria establecida por el Juzgado de Instancia\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, evidenci\u00f3 que en escrito del 29 de julio de 2020, el promotor, al contestar la demanda, \u00abno se opuso a ninguna de las pretensiones de la misma, ni present\u00f3 recurso contra el auto admisorio de fecha 13 de febrero de 2020, por lo que el Juzgado de Conocimiento, en diligencia del 11 de marzo de 2021, procedi\u00f3 a fijar la l\u00ednea divisoria dentro de ese tr\u00e1mite Declarativo Especial de Deslinde y Amojonamiento, al considerar que se daban todos los presupuestos para ello, conforme lo precept\u00faa el ART. 403 del C.G.P.\u00bb. Raz\u00f3n por la cual encontr\u00f3 m\u00e9rito para confirmar la sentencia debatida. <\/p>\n
2.3. Ahora bien, en cuanto a la nulidad alegada por el se\u00f1or Duque Var\u00f3n, destac\u00f3 que \u00abla demanda del mencionado proceso fue presentada por NILLY LILIANA CARDOZO ZAMBRANO; y de ella, se corri\u00f3 traslado al se\u00f1or DAGOBERTO DUQUE VARON, quien, a trav\u00e9s de apoderado Judicial, la contest\u00f3, sin oponerse a las pretensiones de la demanda y aceptando casi en su totalidad los fundamentos f\u00e1cticos del libelo demandatorio, pues solo cuestiona un dictamen presentado en la demanda, por presentar algunas falencias, sin precisar en qu\u00e9 consist\u00edan\u00bb. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de pruebas, practic\u00e1ndose las solicitadas por las partes y el dictamen pericial que se decret\u00f3 de oficio. De ello observ\u00f3 que \u00abno se ha violado el Derecho de Defensa ni el Debido Proceso, como lo sostiene el se\u00f1or apoderado de la parte apelante en su sustentaci\u00f3n a la apelaci\u00f3n, pues durante todo el tr\u00e1mite, tuvo la oportunidad de controvertir la demanda, y presentar recursos, sin embargo, guard\u00f3 silencio al respecto\u00bb. A rengl\u00f3n seguido, resalt\u00f3 que \u00abno le es dable al hoy apelante, pretender la nulidad de todo lo actuado, inclusive desde el auto que admiti\u00f3 el proceso declarativo Especial de Deslinde y Amojonamiento, por cuanto esta nulidad debi\u00f3 alegarla en su oportunidad, y no ahora, tal como lo establece el Inc. 2\u00b0 y 4\u00b0 del ART. 135 del C.P.G., que determina: \u00abNo podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
2.5. Respecto a las irregularidades que cit\u00f3 el apelante como reparos a la sentencia, expres\u00f3 que \u00abquedaron saneados porque no las aleg\u00f3 oportunamente, tal como lo exige el numeral 1\u00b0 del ART 136 del C.G.P., pues se repite, ten\u00eda conocimiento del proceso y pese a ello, no se opuso a las pretensiones de la demanda de Deslinde y Amojonamiento, lo que indica que convalid\u00f3 y sane\u00f3 todas las actuaciones realizadas en el proceso y que ahora dice son irregulares\u00bb <\/p>\n
2.6. En l\u00ednea con el material probatorio aportado -certificados de tradici\u00f3n, escrituras p\u00fablicas, dict\u00e1menes periciales, diligencia de inspecci\u00f3n judicial y los testimonios e interrogatorios recaudados- que no fueron controvertidos, resalt\u00f3 que sirven para acreditar que \u00ablos predios objeto del litigio efectivamente, son colindantes entre s\u00ed, y as\u00ed lo confirm\u00f3 el Juzgado en diligencia de fecha 11 de marzo de 2021 cuando dijo: est\u00e1 demostrado que el predio la cortina de propiedad de la demandante NILLY LILIANA CARDOZO y el predio la Cortina de propiedad de DAGOBERTO DUQUE VARON, son colindantes entre s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2.7. Por otro lado, se refiri\u00f3 a la certificaci\u00f3n expedida por el IGAC el 27 de diciembre de 2016, que alleg\u00f3 el querellante junto con el escrito de oposici\u00f3n. Y de ella destac\u00f3 que \u00abno sirve para desvirtuar la no colindancia de los bienes, pues lo que se expresa all\u00ed, es que los predios objeto de proceso, no cuentan con cuotas o medidas de sistema m\u00e9trico o cualquier otro\u00bb. <\/p>\n
2.8. Finalmente, en cuanto a la falta de idoneidad de los peritos para rendir este tipo de dict\u00e1menes, indic\u00f3 que \u00abeste requisito solamente se exige para la elaboraci\u00f3n de Aval\u00faos de predios tal como lo establece el decreto 556 de 2014 que reglament\u00f3 la ley 1673 de 2013, evento que no se dio en el presente caso, pues los peritos conceptuaron sobre linderos y l\u00ednea divisoria, m\u00e1s no sobre aval\u00faos de bienes\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, y con relaci\u00f3n a lo esgrimido por el quejoso respecto al incumplimiento de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 401 del C.G.P., la Sala advierte la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, el actor no interpuso el recurso de que trata el art\u00edculo 402 del C.G.P. contra el auto que admiti\u00f3 la demanda del proceso de deslinde y amojonamiento, mecanismo de defensa que ten\u00eda a su alcance para ejercer la defensa de sus derechos y que ahora pretende hacer valer por esa v\u00eda subsidiaria. Igualmente, se resalta la dejadez del recurrente para controvertir el dictamen pericial aportado mediante las herramientas legales que contempla el ordenamiento jur\u00eddico para ello. <\/p>\n
Por tanto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, que no puede ser usada como una instancia adicional para remediar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1560-2022). <\/p>\n
5. Por lo aqu\u00ed expresado se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-5. Anexo 04RespuestaTutela.pdf. Carpeta 06.RespuestaJuzgadoProm.Mpl.VillahermosayLinkExpediente <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 08 CONTESTACION TUTELA.pdf. Carpeta 08.RespuestaJuzgadoCivilCtoL\u00edbano <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-7.Anexo 07 fallo segunda instancia.pdf. link 73870408900120200002700 apelacion deslinde villa. Anexo TrazabilidadRecibidoCorreoyLinkExpediente.pdf. Carpeta 08.RespuestaJuzgadoCivilCtoL\u00edbano <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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