STC13761-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01744-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 6 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Joaqu\u00edn Arturo Pi\u00f1eros Castillo y Sidis Donado Santiago contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Sexto y S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Cartagena y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2017-07107. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relataron que el 26 de enero de 2021 se llev\u00f3 a cabo audiencia de imputaci\u00f3n en su contra por los delitos de \u00aburbanizaci\u00f3n ilegal\u00bb y \u00abda\u00f1o en bien ajeno\u00bb, fecha en la cual se dispuso la ruptura de la unidad procesal, correspondiendo el conocimiento de los asuntos a los Juzgados Sexto Penal del Circuito y Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena, respectivamente. <\/p>\n
Manifestaron que el 12 de mayo de 2021 la titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena se declar\u00f3 impedida para tramitar el asunto invocando la causal 4\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, puesto que previamente conoci\u00f3 de una acci\u00f3n de tutela donde ellos fueron vinculados, por lo cual dispuso la remisi\u00f3n del expediente al despacho que segu\u00eda en turno. <\/p>\n
El 6 de septiembre de 2021 el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito no acept\u00f3 el impedimento y envi\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, autoridad que mediante providencia de 27 de septiembre siguiente declar\u00f3 infundado el impedimento y orden\u00f3 devolver el proceso al Juzgado Sexto Penal del Circuito para lo de su cargo. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que posteriormente su defensor formul\u00f3 recusaci\u00f3n contra la titular del mencionado despacho, invocando las causales 4, 6 y 13 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la cual fue aceptada por la funcionaria, quien, a su vez remiti\u00f3 el expediente nuevamente a su hom\u00f3logo S\u00e9ptimo para lo de su competencia, sin embargo, \u00e9ste no acept\u00f3 la recusaci\u00f3n y, envi\u00f3 las actuaciones al Tribunal Superior de Cartagena, que el 8 de agosto de 2022 la declar\u00f3 infundada. <\/p>\n
En su sentir, esa determinaci\u00f3n desconoce el principio de imparcialidad y los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, teniendo en cuenta que la Juez recusada de manera directa reconoce su compromiso intelectual con la valoraci\u00f3n de las pruebas en el proceso penal que se adelanta en su contra por \u00aburbanizaci\u00f3n ilegal\u00bb, como quiera que estudi\u00f3 cada uno de los elementos materiales probatorios que la Fiscal\u00eda rese\u00f1\u00f3 como respaldo del escrito de acusaci\u00f3n, cuando en 2014 conoci\u00f3 una acci\u00f3n de tutela que fue fallada en su contra, donde se les conden\u00f3 a pagar unas sumas de dinero. <\/p>\n
En ese orden, cuestionaron que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena haya decidido mantener la competencia del conocimiento del proceso en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esa ciudad, cuando de la simple lectura del fallo de tutela n\u00b0 2014-00073 de 5 de agosto de 2014 y del escrito de acusaci\u00f3n, se evidencia que son los mismos elementos de prueba en ambos asuntos que ya tienen una valoraci\u00f3n signada, lo que desequilibra ex ante el proceso penal en favor de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
Por otra parte, indicaron que el Tribunal err\u00f3 al titular el auto de 8 de agosto de 2021, cuando en realidad era 2022 y, se\u00f1alar en la misma providencia que el proceso adelantado en su contra era por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de \u00aburbanizaci\u00f3n ilegal\u00bb y \u00abda\u00f1o en bien ajeno\u00bb, desconociendo que referente a \u00e9ste \u00faltimo, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Cartagena decret\u00f3 la preclusi\u00f3n el 21 de enero de 2022. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicitaron ordenar la asignaci\u00f3n del proceso penal a otro juez. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena reconoci\u00f3 el error de la fecha en la providencia cuestionada, precisando que era del 8 de agosto de 2022 y no de 2021. <\/p>\n
Por otra parte, solicit\u00f3 negar el amparo argumentando que las razones de la Sala para declarar infundada la recusaci\u00f3n, se fijaron en el alcance de la causal de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, donde se estim\u00f3 que la opini\u00f3n a la que se refiere la causal impeditiva deb\u00eda ser sustancial o trascendente, esto es, que se identificara con el fondo de la pretensi\u00f3n o de la relaci\u00f3n jur\u00eddico material que se debat\u00eda. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, si los recusantes y la funcionaria cre\u00edan configurada la causal, debieron se\u00f1alar la opini\u00f3n y luego dar cuenta de su relevancia o trascendencia para la resoluci\u00f3n de los problemas jur\u00eddicos suscitados en el proceso penal, sin embargo, ninguno cumpli\u00f3 con esa carga, limit\u00e1ndose solo a afirmar la existencia de la acci\u00f3n de tutela, como si eso fuese suficiente o configurara ipso facto la causal de impedimento. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Cartagena expuso en s\u00edntesis las actuaciones adelantadas y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al no estar dirigida la acci\u00f3n de tutela contra ese despacho, ni existir violaci\u00f3n alguna de las garant\u00edas fundamentales invocadas por los actores. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia del amparo ante el desconocimiento del presupuesto de la subsidiariedad, ya que se encuentra pendiente de la realizaci\u00f3n de la audiencia de juicio oral, por tanto, cualquier debate que se genere durante su tr\u00e1mite, incluso lo relativo a la autonom\u00eda, independencia e imparcialidad del juzgador, deber\u00e1 ser resuelto en el mismo, a trav\u00e9s de los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que, si en gracia de discusi\u00f3n se efectuara el estudio de la acci\u00f3n de tutela, no podr\u00eda afirmarse que el criterio de la funcionaria que actualmente conoce el caso se encuentra comprometido, pues de los elementos de juicio allegados a este tr\u00e1mite constitucional no se advierte menci\u00f3n alguna respecto de la responsabilidad penal de los indiciados en el fallo de tutela que profiri\u00f3 el 5 de agosto de 2014. <\/p>\n
Sobre las imprecisiones de la fecha de la providencia cuestionada y la alusi\u00f3n que all\u00ed se hizo respecto de los delitos, consider\u00f3 que se trataban de aspectos irrelevantes constitucionalmente, m\u00e1xime cuando los mismos pudieron haber sido corregidos o aclarados de oficio o a solicitud de parte, sin que para ello mediara la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por los solicitantes aduciendo que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dirigida contra el proceso penal, sino frente a la decisi\u00f3n que declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
Agregaron que atender el fallo constitucional de primera instancia es obligar a un operador de justicia que sabe que su convicci\u00f3n est\u00e1 comprometida con las resultas del proceso, as\u00ed como obligarlos a ellos a soportar un enjuiciamiento ante un funcionario parcializado y diferir una decisi\u00f3n que debe ser conjurada antes de iniciar la etapa de juicio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Joaqu\u00edn Arturo Pi\u00f1eros Castillo y Sidis Donado Santiago acuden a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que consideran vulnerados con la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 8 de agosto de 2022 a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n formulada contra la Juez Sexta Penal del Circuito de esa ciudad, en el proceso penal que se adelanta en su contra por el delito de \u00aburbanizaci\u00f3n ilegal\u00bb. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de los accionantes se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Cartagena en la referida decisi\u00f3n no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal accionado se\u00f1al\u00f3 que en tanto la Juez Sexta Penal del Circuito de Cartagena s\u00f3lo emiti\u00f3 pronunciamiento expreso en relaci\u00f3n con la causal 4\u00aa, la Sala entend\u00eda impl\u00edcitamente que la funcionaria no encontr\u00f3 acreditadas las causales 6\u00aa y 13, y, puesto que el Juzgado S\u00e9ptimo hom\u00f3logo tampoco las hall\u00f3 fundadas, la controversia respecto de esas causales quedaba clausurada. <\/p>\n
Al respecto indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn tal labor, se tiene que el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 56 contempla como causal de impedimento que \u201cel funcionario judicial [\u2026] haya dado consejo o manifestado su opini\u00f3n sobre el asunto materia del proceso\u201d. <\/p>\n
Respecto a esta causal, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201cLa opini\u00f3n anticipada constitutiva de motivo de impedimento debe ser sustancial, vinculante y externa al proceso de cuyo conocimiento se pretende declinar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego de referirse a lo se\u00f1alado por la jurisprudencia frente a esa causal consider\u00f3 que, tras revisar el alcance de la misma, en ese caso no se configuraba respecto de la juez recusada y, rese\u00f1\u00f3 lo dicho en providencia de 27 de septiembre de 2021, donde invocando id\u00e9ntica causal, de manera voluntaria y unilateral la funcionaria se declar\u00f3 impedida, <\/p>\n
(\u2026) a parte de destacar el radicado de la acci\u00f3n de tutela, los intervinientes y la decisi\u00f3n adoptada, la funcionaria no precis\u00f3 cu\u00e1l fue la opini\u00f3n concreta, en el marco del mecanismo de amparo, que ahora le impide adelantar la etapa de juicio. <\/p>\n
En todo caso, tal como lo afirm\u00f3 el Juzgado 7\u00ba Penal del Circuito de Cartagena, la acci\u00f3n de tutela y el proceso penal tienen caracter\u00edsticas sustancialmente dis\u00edmiles que, a priori, descartan que la opini\u00f3n vertida en la primera tenga incidencia sustancial en el segundo. <\/p>\n
En efecto, en primer lugar, a trav\u00e9s del mecanismo de amparo se eval\u00faa la posible vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, a causa de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad o un particular, en tanto que en el curso de la actuaci\u00f3n punitiva se determina la materialidad de uno o varios delitos y la responsabilidad de los acusados. <\/p>\n
En segundo lugar, la din\u00e1mica probatoria del proceso penal dista mucho de la acci\u00f3n de tutela, que es un procedimiento breve y sumario. De ah\u00ed que el eventual debate que se suscite en el curso de la actuaci\u00f3n penal torne especulativa que las opiniones vertidas en la tutela afecten la imparcialidad de la funcionaria. <\/p>\n
En ese sentido concluy\u00f3 que, si bien en esta oportunidad la controversia surgi\u00f3 a ra\u00edz de la recusaci\u00f3n formulada por el defensor de los procesados, las razones expuestas en la decisi\u00f3n de 27 de septiembre de 2021 eran plenamente aplicables en este evento. <\/p>\n
Enseguida, expuso: <\/p>\n
\u00abDebe recordarse que la funcionaria sostuvo, textualmente, que i) \u201clo que se ventil\u00f3 all\u00e1 es lo que se somete a consideraci\u00f3n de esta judicatura\u201d; y ii) \u201caqu\u00ed se debati\u00f3 precisamente todo ese conflicto que existe entre los imputados y las v\u00edctimas con relaci\u00f3n a la construcci\u00f3n donde funciona la cl\u00ednica en el Pie de la Popa\u201d\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que de la misma manera como se observ\u00f3 en esa oportunidad, la funcionaria no distingui\u00f3 la opini\u00f3n o conjunto de consideraciones vertidas en el fallo de la acci\u00f3n de tutela que, ahora compromet\u00edan su criterio con lo que se decidir\u00eda en el marco del proceso penal. <\/p>\n
Por \u00faltimo, anot\u00f3: <\/p>\n
\u00abSon igualmente pertinentes las diferencias sustanciales que existen entre el procedimiento surtido al interior de la acci\u00f3n de tutela y del proceso penal en lo atinente a su tr\u00e1mite -breve y sumario contra actuaci\u00f3n compuesta por audiencias- y objeto -violaci\u00f3n de derechos fundamentales contra verificaci\u00f3n de materialidad de una conducta punible y responsabilidad de los acusados\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, resolvi\u00f3 declarar infundada la recusaci\u00f3n presentada contra la Juez Sexta Penal del Circuito de Cartagena y dispuso la remisi\u00f3n del expediente a ese despacho para lo de su cargo. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que como se anunci\u00f3, la sentencia de primer grado habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Joaqu\u00edn Arturo Pi\u00f1eros Castillo y Sidis Donado Santiago y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales que gobiernan el tr\u00e1mite de las recusaciones y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal frente al procedimiento establecido para esos casos, encontrando que ni los recusantes, ni la funcionaria, se\u00f1alaron cu\u00e1l fue la opini\u00f3n, ni dieron cuenta de su relevancia para la resoluci\u00f3n del asunto planteado en el proceso penal, limit\u00e1ndose solo a mencionar la acci\u00f3n de tutela que previamente hab\u00eda fallado, sin sustentar un mayor desarrollo argumentativo en aras de acreditar la causal invocada. <\/p>\n
6. A\u00fan si se dejara de lado lo anterior, el amparo de todas maneras fracasar\u00eda, puesto que el proceso penal todav\u00eda se halla en curso, de modo que, al no haberse definido lo concerniente a la responsabilidad de los aqu\u00ed accionantes en el delito endilgado, a\u00fan pueden alegar en el mismo las nulidades sustanciales que consideren procedentes. <\/p>\n
En un evento similar esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3, \u00ab[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. (CSJ. STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 reiterada en STC214-2019, STC2674-2020 y STC10005-2022). <\/p>\n
7. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13761-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01744-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68005","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68005"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68005\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}