STC13776-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13776-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01718-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00b0 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Alexander Lasso Bola\u00f1os contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad y el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) de Jamund\u00ed y Villahermosa, Cali, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal No 76001-60-00-000-2009-00311-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en sentencia de 28 de diciembre de 2009, fue condenado a 284 meses de prisi\u00f3n, por los delitos de tr\u00e1fico fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y en fallo de 13 de abril de 2010 se redujo a 164 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 22 de junio de 2010, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, tomando en consideraci\u00f3n su calidad de padre de familia sustituy\u00f3 la detenci\u00f3n intramural por prisi\u00f3n domiciliaria, la cual deb\u00eda cumplir en la carrera 28 No. 86-04 de esa ciudad, beneficio que revoc\u00f3 el 22 de julio de 2015 el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, porque \u00absupuestamente\u00bb, entre la 11:11 y la 15:11 horas del 24 de mayo del 2015, el aplicativo E3 report\u00f3 que \u00abNO ESTA[BA] EN LA ZONA AUTORIZADA\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali el 28 de diciembre de 2015, en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que solo \u00abhasta el 15 de diciembre del 2017, mediante boleta de traslado de prisi\u00f3n domiciliaria a centro de reclusi\u00f3n No. 76 (\u2026) se le comunic[\u00f3] al INPEC de dicha decisi\u00f3n, la cual fue reiterada por segunda vez el 12 de julio del 2018 en [la] boleta No. 367 (\u2026), advirti\u00e9ndo[sele] (\u2026) al INPEC que el [condenado] se encontraba en domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
Adujo que solicit\u00f3 la libertad condicional que le fue negada el 15 de diciembre de 2017, porque desde el 25 de mayo 2015, la pena no se hab\u00eda cumplido, por cuanto \u00abel acusado permaneci\u00f3 en su residencia\u00bb, no obstante la prisi\u00f3n domiciliaria se hab\u00eda revocado, luego solo hab\u00eda descontado 68 meses y 9 d\u00edas de la condena impuesta; decisi\u00f3n que se mantuvo el 12 de junio de 2018. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el 12 de julio de 2018, se orden\u00f3 su traslado \u00aba centro de reclusi\u00f3n, misma (\u2026) que se hizo efectiva el 13 de julio del 2018, cuando miembros del INPEC (\u2026) fueron hasta su lugar de domicilio, encontr\u00e1ndolo [all\u00ed] (…) y traslad\u00e1ndolo de manera inmediata al centro de reclusi\u00f3n de Jamund\u00ed valle, seg\u00fan informe del INPEC\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, en providencia de 29 de octubre de 2021, se volvi\u00f3 a desestimar la petici\u00f3n de cumplimiento de pena que elev\u00f3 a trav\u00e9s de su apoderado, tras considerar, nuevamente, que entre el 25 de mayo de 2015 y el 12 de julio de 2018, no hab\u00eda reducido pena, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 27 de julio de 2022, circunstancia por la que acude a la presente v\u00eda residual. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que le \u00absea reconocid[a] esa redenci\u00f3n de pena purgada en prisi\u00f3n domiciliaria correspondiente al per\u00edodo comprendido entre el 25 de mayo del 2015 y el 12 de julio del 2018\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, dijo que neg\u00f3 el reconocimiento de pena cumplida relativa al lapso transcurrido entre el 25 de mayo de 2015 al 12 de julio de 2018, porque pese a que la prisi\u00f3n domiciliaria fue revocada, el condenado no reingres\u00f3 a la prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que se acompasa con todos los medios de prueba recaudados, de los que estableci\u00f3, con suficiencia, que contrario a lo dicho por el accionante, este s\u00ed conoc\u00eda de la revocatoria, y lo que hizo fue esperar a que se materializara su reingreso al reclusorio. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, luego de hacer una s\u00edntesis de lo actuado en el proceso penal, puso de presente que el actor, ya ha hecho uso de esta v\u00eda residual, para quejarse de lo ocurrido con la vigilancia de su pena desde el a\u00f1o 2015, incumpli\u00e9ndose, adem\u00e1s, con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. El Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali, adem\u00e1s de indicar que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, como quiera que no fue quien desestim\u00f3 la petici\u00f3n del interesado, hizo \u00e9nfasis en que el d\u00eda 24 de mayo de 2015, \u00abel dragoneante operador Cervi del INPEC\u00bb, alert\u00f3 al Juzgado de Ejecuci\u00f3n pertinente, acerca de que el se\u00f1or Lasso Bola\u00f1os, sali\u00f3 de su residencia sin autorizaci\u00f3n alguna, situaci\u00f3n sobre la que se fund\u00f3 la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Tambi\u00e9n explic\u00f3, que si bien en auto de 15 de diciembre de 2015 se neg\u00f3 la nueva petici\u00f3n de libertad condicional de Rafael Alexander Lasso Bola\u00f1os, lleg\u00f3 a sus dependencias una comunicaci\u00f3n supuestamente proveniente del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cali, en la que se revocaba esa determinaci\u00f3n para en su lugar conceder tal beneficio, y al evidenciarse posteriormente que esa decisi\u00f3n era falsa, procedi\u00f3 a invalidar la respectiva boleta de libertad, adem\u00e1s de compulsar copias a las autoridades respectivas para que se investigara la situaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de hacer un balance de lo ocurrido en la etapa de ejecuci\u00f3n de la pena, as\u00ed como de referirse a las pruebas recaudadas desde que fue revocado el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, y la comprensi\u00f3n que de las mismas se efectu\u00f3 por el a quo y el ad quem, neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar, <\/p>\n
en manera alguna se verifica la existencia del defecto f\u00e1ctico mencionado por el libelista, cuando, como se vio, en el caso de la Colegiatura s\u00ed analiz\u00f3 y abord\u00f3 un estudio de los distintos elementos de prueba, solo que les dio una lectura y connotaci\u00f3n distinta a la \u00f3ptica del tutelante, concluyendo que no era posible entender que despu\u00e9s de la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria, el penado estuviera purgando pena, no solo porque jur\u00eddicamente no lo estaba, sino porque ante la promoci\u00f3n de recursos el implicado ten\u00eda conocimiento de esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, en manera alguna se configura el efecto se\u00f1alado, no siendo la tutela el medio para procurar en tercer estudio sobre la tem\u00e1tica planteada, a menos que se verifique un yerro de tal magnitud que amerite la intervenci\u00f3n del juez, aspecto que no fue demostrado en esta oportunidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante y su apoderado, tras esgrimir, en s\u00edntesis, similares argumentos a los se\u00f1alados en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se\u00f1ala la Sala que, si bien el reclamo se dirige contra las decisiones que, en primera y segunda instancia, negaron la solicitud de cumplimiento de pena elevada por Rafael Alexander Lasso Bola\u00f1os, en el proceso penal seguido en su contra, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 27 de julio de 2022, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. Lo anterior, en virtud de lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n (CSJ. STC, may, 2014, rad. 00834-00, STC2242, 5 mar. 2015, reiterada en STC4287-2022). <\/p>\n
2. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad del se\u00f1or Lasso Bola\u00f1os, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por el Tribunal Superior, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada concluy\u00f3 que, en efecto, el se\u00f1or Lasso Bola\u00f1os no hab\u00eda pagado la totalidad de la pena, pues en el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2015 y el 12 de julio de 2018, no la descont\u00f3, porque le fue revocada la domiciliaria, y no reingres\u00f3 de inmediato a la prisi\u00f3n intramural. <\/p>\n
Al respecto, y en relaci\u00f3n con el informe presentado el 26 de mayo de 2015 por la C\u00e1rcel de Villahermosa de Cali al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n en el que se indic\u00f3 que el 24 de abril de 2015, el condenado incumpli\u00f3 con los t\u00e9rminos de la prisi\u00f3n domiciliaria de la que era beneficiario, al ausentarse sin permiso del domicilio, desde las 11:11 a las 15:11 horas, destac\u00f3, que \u00abel despacho ejecutor lo requiri\u00f3, en tr\u00e1mite incidental, para que rindiera las explicaciones de rigor, pero como las mismas no fueron satisfactorias, en prove\u00eddo No. 833 del 22 de julio de 2015 dispuso revocar el beneficio sustitutivo y hacer efectiva la cauci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo ese hilo conductor, y luego de referirse a la buena fe, y a su materializaci\u00f3n, bajo el entendido que poco probable resultaba pensar que Rafael Alexander Lasso Bola\u00f1os, crey\u00f3 de manera inocente, que se encontraba privado de la libertad en su domicilio y descontando su pena, aun cuando la prisi\u00f3n domiciliaria le hab\u00eda sido revocada, anot\u00f3 que, <\/p>\n
En t\u00e9rminos racionales, deb\u00eda asumirse que a partir de la ejecutoria de la providencia judicial que revoc\u00f3 el subrogado de la domiciliaria, lo que segu\u00eda era la redenci\u00f3n de esa pena bajo el r\u00e9gimen de una privaci\u00f3n intramural de la libertad. Entonces, seguir ejecutando la condena en el domicilio, es desconocer los efectos de la determinaci\u00f3n asumida por las instancias, pues claramente ese mecanismo que ya no ten\u00eda actualidad ni validez. Incurriendo, en consecuencia, en una actitud o conducta encaminada a obtener un beneficio no vigente o que fue revocado, y negado de manera reiterada a lo largo de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ante esta realidad, es claro pensar que todos los que intervienen en el proceso penal deben actuar con absoluta lealtad y buena fe, como lo estima el art\u00edculo 12 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y la Ley 270 de 1996 -Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia-, que sin duda incluye a quienes han sido destinatarios de la ley penal y sus consecuencias, pues claramente el condenado sab\u00eda que hab\u00eda perdido la condici\u00f3n de domiciliado, la que nunca m\u00e1s se volvi\u00f3 a restablecer. <\/p>\n
Sin duda alguna y dando por sentado que cuando el defensor del se\u00f1or Lasso Bola\u00f1os interpuso recurso de alzada contra el Auto de segunda instancia que revocaba el beneficio de la pena en el domicilio, era consciente y conocedor, tanto \u00e9l como su patrocinado, que el tiempo que segu\u00eda cont\u00e1ndose a partir de esa determinaci\u00f3n y su ejecutoria no podr\u00eda computarse, como un periodo que podr\u00eda abonarse a la redenci\u00f3n de la pena bajo el r\u00e9gimen intramural y que tampoco era posible acumularlo o a\u00f1adirlo a la pena ejecutada en casa, porque la revocatoria lo imped\u00eda. (Resalta la Sala). <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3, \u00abcuando se pretende que ese lapso se tome como parte de la pena cumplida, se est\u00e1 intentando un reconocimiento que no est\u00e1 fundado en una disposici\u00f3n judicial. Sobre todo, cuando a lo largo de esta actuaci\u00f3n, se cuestionaron cada uno de los autos que negaron el reconocimiento de la prisi\u00f3n domiciliaria, y, por ende, la libertad condicional, precisamente, fundados en el incumplimiento del requisito objetivo, es decir, por no satisfacer las 3\/5 partes de la pena. En cada uno de ellos, se hizo \u00e9nfasis en que deb\u00eda tenerse en consideraci\u00f3n \u00fanicamente el tiempo transcurrido desde el 15 de septiembre de 2009 hasta el 24 de mayo de 2015, data en la que se estima se present\u00f3 la primera transgresi\u00f3n de la domiciliaria. <\/p>\n
Y, como la misi\u00f3n del juez de la ejecuci\u00f3n de la pena, es, como su especialidad lo indica, <\/p>\n
verificar la ejecuci\u00f3n de la sentencia, es el llamado a determinar el cumplimiento de la pena, situaci\u00f3n que acontece en este caso, que, al establecer el incumplimiento del procesado de la prisi\u00f3n domiciliaria orden\u00f3 revocatoria, disponiendo la continuaci\u00f3n intramural, sin ninguna modificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n hasta esta oportunidad. <\/p>\n
En consecuencia, durante el tiempo reclamado el se\u00f1or Lasso Bola\u00f1os no estaba domiciliado y el hecho que el INPEC lo hubiese encontrado en su residencia durante las visitas que reporta, no podr\u00eda considerarse que lo hac\u00eda en atenci\u00f3n a la pena, porque tanto \u00e9l como su defensor, estaban plenamente enterado de su revocatoria. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
3. Por tanto, a diferencia de lo alegado por el accionante, la autoridad se segundo grado accionada, no desconoci\u00f3 los lineamientos trazados por la jurisprudencia, ni las pruebas recolectadas, en punto a los requisitos para tener por descontada la pena. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Lasso Bola\u00f1os a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, m\u00e1xime cuando los reparos expuestos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela se asemejan a lo planteado en el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l formulado. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la providencia de segunda instancia controvertida se encuentra motivada y no luce arbitraria, de ella no emerge v\u00eda de hecho que haga procedente la acci\u00f3n de tutela, en la medida que contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque la accionante no comparta las razones expuestas en esa decisi\u00f3n, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, dado que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. De conformidad con lo considerado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes, y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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