STC13777-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13777-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 23001-22-14-000-2022-00198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 20 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda F\u00e1tima Castell Lacharme en calidad de guardadora de Hilda Mar\u00eda Lacharme de Castell formul\u00f3 contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Juan Carlos, Fernando Eugenio, Carlos Arturo y Mar\u00eda Claudia Castell Lacharme y dem\u00e1s intervinientes en el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos con radicado 2022-00284. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abrecta y oportuna impartici\u00f3n de justicia\u00bb, igualdad, tutela judicial efectiva y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
En compendio sostuvo que, en el a\u00f1o 2017 promovi\u00f3 proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria con el prop\u00f3sito que se declarara la interdicci\u00f3n judicial por discapacidad mental de su progenitora, se\u00f1ora Hilda Mar\u00eda Lacharme de Castell, demanda que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, y en sentencia de 12 de febrero de 2018 se accedi\u00f3 a las pretensiones, y la design\u00f3 como guardadora leg\u00edtima de su mam\u00e1. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, mediante memorial de 17 de mayo de 2022, los se\u00f1ores Juan Carlos, Fernando Eugenio, Carlos Arturo y Mar\u00eda Claudia Castell Lacharme, presentaron proceso de revisi\u00f3n y solicitud de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio, petici\u00f3n ante la cual, el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda en auto de 16 de julio de 2022, orden\u00f3 remitir el asunto al Centro de Servicios de los Juzgados Civil – Familia de esa ciudad a fin de que fuera sometida a reparto, manifestando en sus consideraciones \u00ab(\u2026) teniendo en cuenta que el proceso de interdicci\u00f3n se encuentra terminado mediante sentencia y no procede ninguna otra actuaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la solicitud fue repartida al Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, autoridad que en auto de 29 de junio de 2022 resolvi\u00f3 \u00ab1- Rem\u00edtase en forma inmediata el presente proceso digitalizado al Juzgado Tercero de Familia del Circuito por competencia, de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 43 de la Ley 1996 de 26 de agosto de 2019. 2- D\u00e9sele la salida correspondiente haciendo las anotaciones del caso. 3- Este prove\u00eddo se notificar\u00e1 por estado que ser\u00e1 publicado exclusivamente de forma electr\u00f3nica\u00bb <\/p>\n
Conforme a lo anterior, el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda en providencia de 18 de julio de 2022 admiti\u00f3 la demanda verbal de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios, decisi\u00f3n que fue recurrida por su apoderado judicial, manteni\u00e9ndose inc\u00f3lume el 23 de agosto de 2022. <\/p>\n
Expuso que, el Juzgado accionado al admitirla y darle el tr\u00e1mite excepcional de demanda verbal sumaria, incurri\u00f3 en error de derecho, al fundamentar su decisi\u00f3n en lo reglado en el art\u00edculo 54 del cap\u00edtulo VIII de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
En su sentir, \u00abal efectuar un estudio del contenido normativo del Cap\u00edtulo VIII bautizado como R\u00c9GIMEN DE TRANSICI\u00d3N se puede arribar a las siguientes situaciones jur\u00eddico procesales: (i) Los art\u00edculos contenidos en 6 el Cap\u00edtulo V [del art\u00edculo 32 al art\u00edculo 43] entraron en vigencia a partir del 26 de agosto de 2021; (ii) A partir de la promulgaci\u00f3n de la Ley 1996 de 2019 qued\u00f3 prohibida la iniciaci\u00f3n de procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n; (iii) Los Procesos de Adjudicaci\u00f3n Judicial de Apoyos Transitorio solo era posible adelantarlos hasta la fecha 26 de agosto de 2021. A partir de dicha fecha quedaron proscritos; (iv) Los procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n en curso a la promulgaci\u00f3n de la Ley 1996 de 2019 deb\u00edan ser suspendidos de forma inmediata y, (v) La Ley 1996 de 2019, art\u00edculo 56, orden\u00f3 que a partir del 26 de agosto de 2021 y hasta el 26 de agosto de 2024 se adelantaran los Procesos de Revisi\u00f3n de Interdicci\u00f3n o Inhabilitaci\u00f3n respecto de aquellas personas que contaran con sentencias de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la ley\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efectos los autos de 18 de julio de 2022 y 23 de agosto de 2022, proferidos por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Monter\u00eda, y ordenar que se inadmita la solicitud de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio por indebida formulaci\u00f3n y por cuanto contrar\u00eda las disposiciones de la Ley 1996 de 2019, en especial, lo ordenado en su art\u00edculo 52. <\/p>\n
Igualmente requiri\u00f3, ordenar que, de subsanarse la solicitud, por medio de proceso verbal sumario, tramitado con observancia del mandato contenido en el art\u00edculo 43 de la Ley 1996 de 2019, se adelante proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n con la comparecencia de la persona designada como curadora, a efectos de determinar si la persona bajo medida de interdicci\u00f3n requiere la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo, al tenor del art\u00edculo 56 de la Ley en cita. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, luego de informar las actuaciones seguidas en el proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio, sostuvo que no ha vulnerado los derechos alegados por la accionante, pues las decisiones adoptadas se han fundamentado en lo consagrado en la ley 1996 de 2019. <\/p>\n
2. Juan Carlos Castell Lacharme, explic\u00f3 que no es cierto que el Juzgado de conocimiento haya incurrido en los vicios que refuta la accionante, en tanto que \u00abno ha desestimado PROCESO DE REVISI\u00d3N DE INTERDICCI\u00d3N, ya que est\u00e1 siguiendo las normas que se aplican en el presente caso y durante el proceso de ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYO, examinar\u00e1 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la se\u00f1ora HILDA MAR\u00cdA LACHARME DE CASTELL, tal como fue ordenado en el numeral 7mo del auto admisorio: \u201cORDENESE valoraci\u00f3n de apoyo. a la se\u00f1ora HILDA MAR\u00cdA LACHARME DECASTELL\u00bb <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda, neg\u00f3 el amparo constitucional tras considerar que, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que el proceso verbal de adjudicaci\u00f3n de apoyos, objeto de la queja constitucional del cual se pretende se dejen sin efectos los autos 18 de julio y 23 de agosto de 2022, por los cuales, en su orden, se admiti\u00f3 la solicitud y se neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto, se encuentra en tr\u00e1mite y conforme a la jurisprudencia constitucional la intervenci\u00f3n del juez de tutela est\u00e1 vedada en principio, toda vez que el amparo no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que deben ser resueltos en el tr\u00e1mite del proceso ordinario, considerando que, las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante bajo los siguientes reparos, el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda acept\u00f3 en su contestaci\u00f3n que, efectivamente se present\u00f3 una solicitud de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n, sin embargo, no hubo por parte de ese despacho pronunciamiento alguno al decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda mediante auto de 18 de julio de 2022. <\/p>\n
Se advierte el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad en tanto que, conforme a lo reglado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, se entiende que el auto admisorio de la demanda solamente es susceptible del recurso de reposici\u00f3n, el que se formul\u00f3 siendo resuelto de manera desfavorable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial, no obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. Sea lo primero indicar que, la ley 1996 de 2019 \u00abPor medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u00bb, estableci\u00f3 en el Cap\u00edtulo VIII el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, contemplando, <\/p>\n
ART\u00cdCULO 52. Vigencia. Las disposiciones establecidas en esta ley entrar\u00e1n en vigencia desde su promulgaci\u00f3n, con excepci\u00f3n de aquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u00bb <\/p>\n
ART\u00cdCULO 54. Proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio. Hasta tanto entren en vigencia los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jur\u00eddico puede determinar de manera excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protecci\u00f3n de los derechos de la persona titular del acto. <\/p>\n
El proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio ser\u00e1 promovido por una persona con inter\u00e9s leg\u00edtimo y que acredite una relaci\u00f3n de confianza con la persona titular del acto (\u2026) <\/p>\n
ART\u00cdCULO 56. Proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n. En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n deber\u00e1n citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. <\/p>\n
En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar la revisi\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica directamente ante el juez de familia que adelant\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n. Recibida la solicitud, el juez citar\u00e1 a la persona bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. <\/p>\n
3. Vista la anterior normativa y de cara a las piezas digitales que reposan en el expediente constitucional, la Sala advierte la improcedencia de la protecci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por no observarse v\u00eda de hecho en las decisiones cuestionadas, tal como pasa a verse, <\/p>\n
3.1 Mediante sentencia judicial proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda el 12 de febrero de 2018, en el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria promovido por Mar\u00eda F\u00e1tima Castell Lacharme, se declar\u00f3 la interdicci\u00f3n por discapacidad mental de Hilda Mar\u00eda Lacharme de Castell, designando a la demandante como guardadora legitima con la capacidad para administrar los bienes y ejercer todos los derechos y obligaciones que su cargo implica respecto a la interdicta. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 16. Expediente digital. Radicado 2017-00210. P\u00e1gs. 59 a 63] <\/p>\n
3.2 Posteriormente, los se\u00f1ores Juan Carlos, Fernando Eugenio, Carlos Arturo y Mar\u00eda Claudia Castell Lacharme, presentaron escrito al despacho accionado denominado \u00abProceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n y solicitud de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio\u00bb, y el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda en auto de 18 de julio de 2022 resolvi\u00f3 i) Admitir la demanda verbal de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios, ii) Imprimir a la demanda el tr\u00e1mite del proceso verbal sumario, iii) Notificar a la se\u00f1ora Hilda Mar\u00eda Lacharme de Castell, iv) Notificar al Defensor del Pueblo y al Ministerio P\u00fablico, v) Ordenar la valoraci\u00f3n de apoyo de la se\u00f1ora Hilda Mar\u00eda Lancharme conforme lo dispone el art\u00edculo 11 de la ley 1996 de 2019. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 15. Expediente digital. Radicado 2017-00284. P\u00e1gs. 66 a 67] <\/p>\n
3.3 Notificada la se\u00f1ora Mar\u00eda F\u00e1tima Castell Lacharme en calidad de guardadora de Hilda Mar\u00eda Lacharme de Castell, mediante apoderado judicial formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio al considerar que el Juzgado de conocimiento en la providencia atacada debi\u00f3 considerar y decretar para todos los efectos de los tr\u00e1mites procesales que la representaci\u00f3n de Hilda Mar\u00eda Lacharme es ejercida por ella, como su guardadora leg\u00edtima, designaci\u00f3n efectuada mediante sentencia del 12 de febrero de 2018. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 15. Expediente digital. Radicado 2017-00284. P\u00e1gs. 69 a 75] <\/p>\n
3.4 El citado recurso fue resuelto el 23 de agosto de 2022, providencia en la que se decidi\u00f3 no reponer el auto censurado bajo las siguientes premisas, <\/p>\n
Por regla general, las disposiciones de la ley 1996 de 2019 entraron a regir a partir del 26 de agosto de 2019, salvo las normas que establecieron un plazo determinado para su implementaci\u00f3n y los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente Ley, los cuales entraron en vigencia a los 24 meses despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, la ley previ\u00f3 el proceso judicial de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios en su art\u00edculo 54, para que durante los dos a\u00f1os siguientes a la promulgaci\u00f3n de la Ley 1996 de 2019 (es decir, antes de entrar en vigencia los procesos de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos), de manera excepcional se solicitar\u00e1 la adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios a personas mayores de edad que no hayan sido anteriormente declaradas interdichas (sic) o inh\u00e1biles, cuando se encuentre absolutamente imposibilitadas para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protecci\u00f3n de los derechos de la persona titular del acto. <\/p>\n
Conviene subrayar que dicho procedimiento tuvo vigencia hasta el 26 de agosto de 2021, fecha final del per\u00edodo de transici\u00f3n. A partir de esa fecha, entraron en vigencia los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la ley antes mencionada. <\/p>\n
Ahora bien, para el caso de las personas que hubieren sido anteriormente declaradas en interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n que a la entrada en vigor de la ley 1996 de 2019 y que cuenten con sentencia ejecutoriada, se debe adelantar con el fin de determinar si las personas sujetas a estas medidas requieren adjudicaci\u00f3n de apoyo. <\/p>\n
As\u00ed, el art\u00edculo 56 de la Ley 1996 de 2019, establece que: <\/p>\n
Art\u00edculo 56. Proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n. En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n deber\u00e1n citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. <\/p>\n
\u201cEn este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar la revisi\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica directamente ante el juez de familia que adelant\u00f3 el proceso de Interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n (\u2026) <\/p>\n
Tenemos entonces que, el t\u00e9rmino del que habla el art\u00edculo citado empieza a contar a partir del 26 de agosto de 2021 y va hasta el 26 de agosto de 2024. <\/p>\n
Es de resaltar que el art\u00edculo 56 no faculta exclusivamente al juez de familia para adelantar de oficio el proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, sino que permite que este sea promovido a petici\u00f3n de parte, ya sea por la persona bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, o cualquier persona que demuestre inter\u00e9s en el asunto. <\/p>\n
As\u00ed, si el proceso es promovido por la persona bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, se adelanta por medio del procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria. En caso de ser promovido por una persona distinta, la adjudicaci\u00f3n de apoyos se tramitar\u00e1 por medio de un proceso verbal sumario. Adem\u00e1s, nada se opone a que teniendo el despacho conocimiento del estado de interdicci\u00f3n de una persona proceda adelantar el proceso de revisi\u00f3n, aun cuando ese conocimiento proceda de la parte interesada. <\/p>\n
Es menester destacar la modificaci\u00f3n que trajo consigo la Ley 1996 de 2019, el cual, mediante el art\u00edculo 35 ib\u00eddem, reforma el art\u00edculo 22, numeral 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, quedando as\u00ed: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 22. Competencia de los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos: <\/p>\n
7. De la adjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de apoyos adjudicados judicialmente\u201d. <\/p>\n
De lo anterior, se resalta que, a pesar de que se indica que el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo ser\u00e1 de naturaleza verbal sumario cuando sea promovido por persona diferente al titular del acto, se configura una excepci\u00f3n a la regla de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, observa la Sala que el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, no ha vulnerado las garant\u00edas fundamentales invocadas por la accionante, en tanto que, admiti\u00f3 la petici\u00f3n elevada por los se\u00f1ores Juan Carlos, Fernando Eugenio, Carlos Arturo y Mar\u00eda Claudia Castell Lacharme, referente al \u00abProceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n y solicitud de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio\u00bb, tal como se observa en el auto del 18 de julio de 2022. <\/p>\n
Y es que si bien, en dicha providencia no hizo alusi\u00f3n al t\u00e9rmino \u00abrevisi\u00f3n\u00bb del proceso de interdicci\u00f3n de la se\u00f1ora Hilda Mar\u00eda Lacharme de Castell, lo cierto es que, en el auto de 23 de agosto de 2022, por medio del cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, refiri\u00f3 que se seguir\u00e1 el tr\u00e1mite que contempla el art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2019, y en el auto admisorio requiri\u00f3 la valoraci\u00f3n de apoyo de la interdicta, conforme lo dispone el art\u00edculo 11 de la ley 1996 de 2019. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la se\u00f1ora Lancharme de Castell, fue declarada interdicta mediante sentencia del 12 de febrero de 2018, siendo procedente aplicar el art\u00edculo 56 ya citado, advirtiendo que la autoridad accionada est\u00e1 adelantando dicho tr\u00e1mite y se encuentra dentro del t\u00e9rmino establecido para ello, pues la normativa aludida se encuentra contenida en el Cap\u00edtulo V de la ley 1996 de 2019, la que de conformidad al art\u00edculo 52 ib\u00eddem entr\u00f3 en vigencia el 27 de agosto de 2021. <\/p>\n
5. En lo que ata\u00f1e al reparo que se circunscribe a se\u00f1alar que se agot\u00f3 el requisito de subsidiariedad que impera para este tipo de acciones, esta Sala advierte que, en efecto, la peticionaria agot\u00f3 los mecanismos que ten\u00eda a su alcance para debatir la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado de conocimiento, sin embargo, teniendo en cuenta que, los hechos objeto de la presente acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como de los reparos tra\u00eddos en sede de impugnaci\u00f3n, son los mismos expuestos ante el juez natural en el recurso de reposici\u00f3n formulado contra el auto admisorio, y que, habi\u00e9ndose pronunciado el funcionario de conocimiento sobre el mismo, decisi\u00f3n que, por lo dem\u00e1s no se observa arbitraria, este mecanismo excepcional no puede abrirse paso, puesto que no fue concebida como una tercera instancia. <\/p>\n
6. En consecuencia y al no evidenciar transgresi\u00f3n alguna a los derechos fundamentales implorados por Mar\u00eda F\u00e1tima Castell Lacharme, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13777-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13777-2022 Radicaci\u00f3n N\u00b0 23001-22-14-000-2022-00198-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68015","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68015\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}