STC13829-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13829-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2022-03373-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Dora Custodia Sandoval en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Fiscal\u00eda 38 Delegada de Justicia Transicional. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y a la propiedad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora sostiene que es propietaria de los inmuebles distinguidos con los folios de matr\u00edcula 236-49231 y 236-49232, ubicados en el municipio de San Mart\u00edn (Meta) y que hacen parte de un proyecto de 101 viviendas unifamiliares. <\/p>\n
2.2. En audiencia del 14 de marzo del 2019, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 impuso sobre dichos bienes unas medidas cautelares (suspensi\u00f3n del poder dispositivo), dada la vinculaci\u00f3n al proceso seguido en contra de Manuel de Jes\u00fas Pirab\u00e1n (rad. 110012252000201800418), quien se ofreci\u00f3 a entregarlos como reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia \u2013AUC-. <\/p>\n
2.3. Por cuanto estuvo inconforme con la anterior determinaci\u00f3n y con el fin de ejercer su derecho de defensa, la gestora acudi\u00f3 ante la Defensor\u00eda del Pueblo a fin de que se le asignara un abogado, procediendo, dicha entidad, a designar a varios togados, el \u00faltimo de ellos, \u00c1lvaro Jaime L\u00f3pez S\u00e1nchez. <\/p>\n
2.4. Poco tiempo despu\u00e9s, la aqu\u00ed censora interpuso una acci\u00f3n de tutela en contra de la Sala de Justicia y Paz referida, pretendiendo que se dejara sin efectos la decisi\u00f3n que impuso las cautelas; no obstante, dicha salvaguarda fue desestimada, por improcedente, en ambas instancias, ante la ausencia del presupuesto de subsidiariedad1. <\/p>\n
2.5. Por conducto de su representante judicial plante\u00f3, ante el Tribunal accionado, un \u00abincidente de oposici\u00f3n y levantamiento de la medida de limitaci\u00f3n del poder dispositivo\u00bb, que fue rechazado por dicha Corporaci\u00f3n en auto de 8 de septiembre de 2021, en tanto para el examen de fondo s\u00f3lo se present\u00f3 copia de la decisi\u00f3n que impuso las medidas mas no los elementos de convicci\u00f3n necesarios. <\/p>\n
2.6. La decisi\u00f3n precedente fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en providencia de 3 de agosto del 2022 (CSJ AP3452-2022). <\/p>\n
3. La censora tacha de irregular las decisiones adoptadas por los juzgadores de ambas instancias, pues considera que, adem\u00e1s de la defectuosa asesor\u00eda y defensa del abogado designado, avalada por la Defensor\u00eda del Pueblo y por el Ministerio P\u00fablico, a pesar de las m\u00faltiples quejas que elev\u00f3, adquiri\u00f3, en el a\u00f1o de 2018, los dos inmuebles de buena fe de manos de Otoniel Fl\u00f3rez Porras, quien, a su vez, los hab\u00eda recibido de Yamile Marita Vargas Calle y \u00e9sta \u00faltima de Farley Carvajal Rey; de manea que, en su caso, hubo buena fe, la cual se deduce por haber comprado los bienes con dineros producto de su trabajo y el de su esposo y porque, para el momento de su adquisici\u00f3n -en abril y mayo de 20182-, a\u00fan no estaban inscritas las medidas cautelares, pues \u00e9stas se materializaron en 2019. <\/p>\n
Refiere que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n es responsable de la situaci\u00f3n por la cual est\u00e1 atravesando, dada la palpable demora en peticionar el decreto de las citadas cautelas, pues ya desde 2007 el postulado Manuel de Jes\u00fas Pirab\u00e1n hab\u00eda denunciado la existencia de los dos inmuebles, dato no menor, en criterio de la gestora, \u00abporque si [dicho ente] hubiera realizado la solicitud de la medida cautelar a su tiempo (\u2026) [n]o estar\u00eda en este proceso ya que cuando hubiera ido a la Notar\u00eda a realizar la Escritura (\u2026) me advertir\u00edan del proceso que hubiera tenido el predio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, pone de manifiesto que la administraci\u00f3n municipal aval\u00f3 las construcciones y concedi\u00f3 licencias para servicios p\u00fablicos para todos los predios ubicados en la urbanizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, pide que se conmine a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a desvincular del proceso de extinci\u00f3n de dominio los dos bienes de su propiedad y que se inste a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn (Meta) a levantar las medidas cautelares que pesan sobre ellos. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones surtidas y el Despacho de Control de Garant\u00edas de esa Corporaci\u00f3n afirm\u00f3 que la actora tiene a su disposici\u00f3n otros mecanismos de defensa, pues puede presentar el incidente de oposici\u00f3n a terceros previsto en el art\u00edculo 17C de la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Fiscal\u00eda 38 Delegada de Justicia Transicional indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n judicial censurada se ci\u00f1\u00f3 a lo prescrito en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn (Meta) afirm\u00f3 que su gesti\u00f3n se limit\u00f3 a dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional censurada. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Bogot\u00e1 asever\u00f3 que la censora se le han tramitado las m\u00faltiples quejas que ha presentado respecto de su abogado de oficio, \u00c1lvaro Jaime L\u00f3pez S\u00e1nchez, quien, no obstante, ha representado sus intereses de manera diligente y acorde con los par\u00e1metros legales y constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De lo narrado en el escrito fundacional, lo pretendido a trav\u00e9s de la salvaguarda que se examina y de las \u00faltimas actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite cuestionado, se extrae que, en esta oportunidad, corresponde analizar las determinaciones de 8 de septiembre de 2021 y 3 de agosto de 2022, adoptadas, respectivamente, por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, pues fue a trav\u00e9s de aquellas que se rechaz\u00f3 el incidente de oposici\u00f3n y levantamiento de las medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo que fueron decretadas sobre dos bienes de su propiedad en 2019, en tanto es dicho incidente el mecanismo id\u00f3neo para reclamar en el jucio ordinario lo suplicado en esta sede. <\/p>\n
2. Estando reunidos los requisitos para decidir el asunto, de conformidad con lo indicado en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 19913, la Sala centrar\u00e1 su estudio en la decisi\u00f3n proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, pues fue mediante aquella que se resolvi\u00f3 lo concerniente a la tramitaci\u00f3n precitada. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en el referido pronunciamiento de 3 de agosto de 2022 (CSJ AP3452-2022), ratific\u00f3 lo resuelto por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Colegiatura \u00e9sta que, a su vez, en audiencia de 8 de septiembre de 2021, rechaz\u00f3 el incidente de oposici\u00f3n y levantamiento de medidas cautelares instaurado por el mandatario judicial de la aqu\u00ed censora, habida cuenta de que para el examen de fondo la parte interesada s\u00f3lo present\u00f3 copia de la decisi\u00f3n que impuso las medidas, mas no los elementos suasorios que la motivaron. <\/p>\n
En sustento, record\u00f3 la finalidad y el tr\u00e1mite que gobernaba el incidente promovido y trajo a colaci\u00f3n el contenido del precedente CSJ AP2140-2016, con fundamento en el cual determin\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) para la Corte es claro que se erige en soporte fundamental de la pretensi\u00f3n incoada por el tercero que se considera haber adquirido con buena fe exenta de culpa, allegar los elementos fundamentales que gobernaron la imposici\u00f3n de la medida que se busca derrumbar, pues al Magistrado de Control de Garant\u00edas le compete verificar el fundamento de la misma, de cara al objeto del incidente solicitado (\u2026). <\/p>\n
Aunque el trasunto de lo consignado en ocasi\u00f3n anterior por la Corte permite advertir c\u00f3mo no asiste la raz\u00f3n al apelante en su cr\u00edtica, pues, respecto del objeto obligado decidir por la magistratura de control de garant\u00edas, se hace necesario contar con la base f\u00e1ctica, jur\u00eddica y probatoria que gobern\u00f3 la decisi\u00f3n de imponer la medida cautelar respecto de los bienes en litigio. <\/p>\n
No es, as\u00ed, \u201cexagerada\u201d la solicitud, sino necesaria y puntual. <\/p>\n
A este respecto, el apelante indica que no busca, ni puede, controvertir lo ocurrido a lo largo del proceso principal que se sigue contra el desmovilizado, raz\u00f3n por la cual se evidencia impertinente allegar la totalidad del tr\u00e1mite que sobre el particular se viene siguiendo. <\/p>\n
Y, la Sala, al respecto, concuerda plenamente con el abogado, pues, a m\u00e1s de innecesario, se ofrece completamente desenfocado exigir allegar todo lo desarrollado en el proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Entiende la Sala, y asume que as\u00ed lo observa la Magistrada de primera instancia, que lo exigido presentar es aquello que dice relaci\u00f3n expresa y directa con el objeto de discusi\u00f3n, vale decir, los elementos probatorios que soportaron la solicitud y aquellos en los cuales se fund\u00f3 la decisi\u00f3n a la cual se opone. <\/p>\n
Ahora, lo decidido por la Magistratura de control de garant\u00edas, que aqu\u00ed proh\u00edja la Corte, no representa decisi\u00f3n de fondo o definitiva sobre el t\u00f3pico, es necesario destacar, pues, nada impide que el solicitante acuda de nuevo a esa instancia y, con los elementos de juicio necesarios, solicite de nuevo el examen del t\u00f3pico. <\/p>\n
Y, como se resalta en la decisi\u00f3n que sirve de base a lo resuelto, si no est\u00e1 en posibilidad de adquirirlos o la Fiscal\u00eda se niega a entregarlos, perfectamente puede, cuando se abra la diligencia, solicitar a la Magistratura que adelante lo necesario para ese fin. <\/p>\n
3.1. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que la Sala de Casaci\u00f3n Penal estim\u00f3, motivadamente, que no estaban reunidas las condiciones normativamente exigidas para darle tr\u00e1mite al incidente de oposici\u00f3n y levantamiento de las medidas cautelares, en concreto, porque el abogado promotor soslay\u00f3 la carga argumentativa y probatoria que le incumb\u00eda. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n, con independencia de que sea o no compartida, no se muestra manifiestamente apartada del ordenamiento jur\u00eddico, menos, luce arbitraria o irracional, por cuanto el juzgador cognoscente arrib\u00f3 a ella despu\u00e9s de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, de la normatividad aplicable y con apego al propio precedente que esa Colegiatura ha sentado en casos semejantes. <\/p>\n
3.2. As\u00ed, pues, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden4. <\/p>\n
4. A lo anterior cabe a\u00f1adir que, tal y como lo advirti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el auto de 3 de agosto de 2022, la gestora cuenta con la posibilidad incoar nuevamente el incidente, cuya viabilidad ser\u00e1 estudiada por los jueces naturales, lo cual torna improcedente la tutela, dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, por virtud del cual este mecanismo no est\u00e1 instituido para \u00absustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb; de manera que, <\/p>\n
Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC3824-2022). <\/p>\n
5. La Sala no pasa por alto que la gestora pone de presente la deficiente defensa t\u00e9cnica, de la cual asegura que ha sido v\u00edctima; sin embargo, es imperioso advertir que esa sola circunstancia, como lo ha recordado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (CSJ STC, 22 ene. 1999, rad. 5715, CSJ STC3925-2017 reiterado en CSJ STC13941-2021). <\/p>\n
6. Con base en estas consideraciones, la Sala desestimar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC9981-2019. En esa oportunidad, esta Corporaci\u00f3n ratific\u00f3 el fallo de primer nivel, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 4 de junio de 2019. Razon\u00f3, para el efecto, que la gestora no le hab\u00eda solicitado, a la Colegiatura querellada, el levantamiento de las cautelas. <\/p>\n
2\u0002 Escritura P\u00fablicas 197 y 216, ambas de esa anualidad. <\/p>\n
3\u0002 Por virtud del cual, \u00ab[e]l juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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