STC13831-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13831-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-003-2022-00197-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 22 de agosto de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por el Departamento del Cesar contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2021-00187-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora, a trav\u00e9s del Jefe de la Oficina Jur\u00eddica, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que \u00abcon ocasi\u00f3n al proceso ejecutivo de radicado 20001-31-03-004-2021-00187-00, se decretaron medidas cautelares a favor del ejecutante principal y acumulados [\u2026]\u00bb. Agreg\u00f3, que mediante memorial del 30 de junio de 2022, requiri\u00f3 \u00abal despacho judicial informar si se encuentran constituidos dep\u00f3sitos judiciales que garanticen la medida l\u00edmite del o los embargos y\/o retenciones de dinero, y en caso afirmativo, se pidi\u00f3 comunicar al departamento del Cesar y al resto de entidades bancarias que fueran oficiadas para dar cumplimiento al auto que decret\u00f3 las medidas cautelares, la constituci\u00f3n del dep\u00f3sito judicial, para que no siga aplic\u00e1ndose y exceda la misma\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, anot\u00f3 que a la fecha no ha \u00abrecibido respuesta por el despacho judicial, pese a lo establecido en art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00absi bien es cierto, el despacho judicial ofici\u00f3 a las entidades bancarias para que apliquen el embargo y retenci\u00f3n de dinero que garantice el l\u00edmite de la medida al ejecutante principal y acumulados, constituy\u00e9ndose por los bancos los respectivos dep\u00f3sitos a favor del Juzgado, no obstante, no se ha comunicado a las mismas entidades bancarias oficiadas que ya se encuentran garantizadas a su l\u00edmite de dichas medidas\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se ordene \u00aba la Secretar\u00eda del Juzgado y\/o quien corresponda, resuelva el memorial radicado en correo de 30 de junio de 2020, informando a la entidad territorial y entidades bancarias destinatarias de la medida, si existe dep\u00f3sito o t\u00edtulo constituido que garantice el l\u00edmite del embargo y\/o retenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
La secretar\u00eda del Juzgado querellado indic\u00f3 que el 12 de agosto de 2022 inform\u00f3 a la entidad actora sobre los t\u00edtulos que se encuentran a disposici\u00f3n y que el tr\u00e1mite de marras \u00aba\u00fan no tiene sentencia\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abel despacho accionado no ha incurrido en una mora judicial injustificada que haga viable la injerencia del juez de tutela\u00bb. Lo anterior, por cuanto se\u00f1al\u00f3 que al examinar las \u00abpruebas allegadas, lo primero que se observa es que, en fecha 12 de agosto de 2022, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico remitido por la Secretar\u00eda del juzgado accionado al Departamento del Cesar, se inform\u00f3 al ente territorial cuales son los t\u00edtulos judiciales que se encuentran a disposici\u00f3n del proceso ejecutivo rese\u00f1ado, discriminando su valor, super\u00e1ndose la petici\u00f3n inicial de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
De cara a la solicitud sobre la comunicaci\u00f3n a las \u00abentidades bancarias destinarias de las medidas de embargo decretadas [\u2026]\u00bb, indic\u00f3 que el \u00ab19 de julio de 2022, en obedecimiento a una orden de tutela proferida por es[a] Colegiatura, el juzgado accionado orden\u00f3 a\u00f1adir el hiperv\u00ednculo para garantizar el acceso al expediente digital que fue solicitado en aquel tr\u00e1mite constitucional por el Departamento del Cesar. De igual modo, observ[\u00f3] que el expediente ingres\u00f3 al despacho, [el] 1\u00b0 de agosto de 2022, para resolver, entre otras, la solicitud cuyo pronunciamiento se persigue forzar por esta v\u00eda, junto con los varios recursos de reposici\u00f3n interpuestos contra el mandamiento ejecutivo, incluyendo un acuerdo de transacci\u00f3n suscrito por el aqu\u00ed accionante presentado dos d\u00edas despu\u00e9s de la interposici\u00f3n del presente tr\u00e1mite\u00bb. Por lo tanto, estim\u00f3 que \u00abel hecho de que el Juez convocado no se haya pronunciado sobre la solicitud del actor, no puede considerarse per se lesiva de garant\u00edas de orden superior [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La actora planteo similares argumentos a los expuestos en el escrito inicial. Adem\u00e1s, sostuvo que \u00abefectivamente el 12 de agosto de 2022, el Juzgado accionado remiti\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n del Cesar el listado contentivo de los t\u00edtulos que se encuentran a disposici\u00f3n en el proceso ejecutivo Rad. 2021-00187 [\u2026], no obstante, no ha dado respuesta al Oficio radicado el 30 de junio de 2022, que tiene como fin precisamente conocer del propio Juzgado si ya se ha puesto a disposici\u00f3n los dineros en el l\u00edmite de la cuant\u00eda en la que se orden\u00f3 la medida de embargo, pues esta indefinici\u00f3n afecta lesivamente los intereses del Ente Territorial en la medida que las cuentas de las diferentes entidades bancarias siguen bloqueadas\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la entidad territorial tutelante, con ocasi\u00f3n de la presunta demora en resolver lo requerido mediante memorial del 30 de junio de 2022. Ello pues, considera que es necesario que se le notifique tanto a \u00e9sta como a las corporaciones bancarias oficiadas sobre la garant\u00eda correspondiente con la medida cautelar decretada por el juzgado querellado. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala concluye que la solicitud de amparo constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que se configur\u00f3 la \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. Ciertamente, la entidad actora -con memorial del 30 de junio de 2022-, solicit\u00f3 informaci\u00f3n al despacho cuestionado sobre los dep\u00f3sitos judiciales que garantizan la medida cautelar y el valor l\u00edmite de los embargos que se puedan efectuar para soportar la deuda objeto de ejecuci\u00f3n, lo cual requiri\u00f3 que le fuera noticiado a las entidades bancarias oficiadas para cumplir con dicho fin. De lo expuesto, se advierte que el Juzgado \u2013mediante correo electr\u00f3nico del 12 de agosto de los corrientes-, resolvi\u00f3 lo requerido y remiti\u00f3 a la censora los detalles de cada t\u00edtulo \u2013con sus respectivos valores-, los cuales se encuentran a disposici\u00f3n del despacho y que garantizan el pago de lo pretendido. <\/p>\n
De lo anterior, se constata que la reclamaci\u00f3n que enfila la suplicante fue plenamente atendida por el Juzgado querellado, lo cual denota que la queja perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. En lo atinente a esta figura, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que la tutela carece de objeto \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento de este\u00bb, por lo que como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb1. <\/p>\n
3. De cara a la solicitud de comunicar a las corporaciones bancarias oficiadas sobre las medidas de embargo decretadas con el fin de que se no se exceda en el recaudo y desbloqueen las cuentas en las que no se han constituido cautelas -t\u00edtulos judiciales-, la Sala evidencia que mediante resoluci\u00f3n del 19 de julio de 20222, el juez censurado orden\u00f3 crear el enlace electr\u00f3nico para que las partes en el asunto tengan garantizado el acceso al legajo digital. Adem\u00e1s, se advierte que, hasta el 1\u00ba de agosto de 2022, el expediente ingres\u00f3 al Despacho cuestionado3, con el fin de que se resuelvan distintos recursos y solicitudes, entre ellas, la que aqu\u00ed se persigue. Circunstancias que no demuestran un retardo injustificado en resolver los requerimientos de la entidad departamental. <\/p>\n
3.1. Corolario de lo anterior, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez o la autoridad de conocimiento4. En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb o \u00abmora administrativa\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01, CSJ STP6648-2022 mayo 19 de 2022, rad. 2022-00330-01). <\/p>\n
3.2. Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que la autoridad atacada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC 21 de junio de 2012, rad. 00121-01; reiterada, entre otras, en STC2539-2016, 2 mar. 2016, rad. 2016-00355-00; STC8051-2020, 1\u00ba oct., rad. 2020-02516-00. <\/p>\n
2\u0002 Folios 7 a 9 de los anexos del escrito de demanda. <\/p>\n