STC13834-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13834-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00821-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de agosto de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo invocado por Beatriz Helena, en representaci\u00f3n de Mar\u00eda Julia, contra el Juzgado 18 de Familia de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Pedro Manuel, al Defensor de Familia, al agente del Ministerio P\u00fablico y las partes e intervinientes del proceso de regulaci\u00f3n de visitas de radicado 2020-00128-001. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Mar\u00eda Julia y su hijo menor de edad al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora, en calidad de apoderada de la se\u00f1ora Mar\u00eda Julia, demandada en el juicio instaurado por Pedro Manuel, afirma que contest\u00f3 la demanda, por correo electr\u00f3nico enviado al Juzgado accionado el 28 de julio de 2020 a las 17:44 p.m.; no obstante, por auto del 22 de julio de 2022, en ejercicio de un control de legalidad, se estableci\u00f3 que aquella fue extempor\u00e1nea, pues se radic\u00f3 a las 18:04 p.m., esto es, por fuera del horario laboral. <\/p>\n
2.2. Contra esa decisi\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n y radic\u00f3 una solicitud de nulidad, para que \u00abse realizar\u00e1 una validaci\u00f3n interna del correo\u00bb y se verificara si existi\u00f3 alguna falla t\u00e9cnica a la hora en que se realiz\u00f3 el env\u00edo del correo electr\u00f3nico, pues asever\u00f3 que s\u00ed remiti\u00f3 el escrito en el \u00abplazo permitido\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 8 de agosto de 2022, el Juzgado 18 de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 no probada la nulidad propuesta. En la misma fecha, resolvi\u00f3 desfavorablemente el recurso de reposici\u00f3n y la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la promotora aduce que desconoce \u00ablos motivos por los cuales el despacho (\u2026) informa que se recibi\u00f3 [la contestaci\u00f3n de la demanda] a las 18:03 p.m.\u00bb y censura que la autoridad judicial accionada no verific\u00f3, en detalle, los argumentos expuestos, para soportar que el escrito s\u00ed fue enviado en forma tempestiva. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado 18 de Familia de Bogot\u00e1 que \u00abrevoque los autos fechados 8 de agosto de 2022\u00bb y, en consecuencia, decrete la nulidad de las actuaciones surtidas desde esa fecha y disponga \u00abtener por contestada la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado 18 de Familia de Bogot\u00e1 asever\u00f3 que ha actuado \u00abobservando la norma procesal y sustancial que gobierna el asunto\u00bb, sin vulnerar derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Segunda de Familia \u2013 Chapinero y la Fiscal\u00eda 243 Delegada Unidad de Inasistencia Alimentaria, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones adelantadas, afirmaron que en desarrollo de las mismas no afectaron los derechos de las partes. <\/p>\n
3. La Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, dado que no ha intervenido a favor ni en contra de la actora. <\/p>\n
4. El Procurador 36 Judicial II de Familia requiri\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, toda vez que los autos cuestionados se ajustaron a lo normado en los art\u00edculos 109 y 117 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Quien adujo ser el apoderado del se\u00f1or Pedro Manuel solicito mantener las decisiones atacadas, por estar ajustadas a la realidad procesal y a la ley. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que la tutelante no est\u00e1 legitimada en la causa, pues la presuntamente afectada es la se\u00f1ora Mar\u00eda Julia, quien \u00abno le ha otorgado poder a la aqu\u00ed demandante, para adelantar la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante manifest\u00f3 que se encontraba inconforme con la sentencia proferida en primera instancia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de los derechos fundamentales \u00abde [su] representada y su menor hijo\u00bb, que considera vulnerados con los autos emitidos por el Juzgado accionado el 8 de agosto de 2022, por cuanto no tuvieron por contestada oportunamente la demanda. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que la promotora no es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Juzgado accionado, no alleg\u00f3 poder especial que la faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficiosa. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Asimismo, indica que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya). CSJ STC1042-2019. <\/p>\n
Igualmente, debe resaltarse que, en torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados judiciales, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, son los sujetos procesales los legitimados para cuestionar las decisiones judiciales adoptadas en los respectivos juicios y cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n, para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
\u2026(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)2. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la gestora pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de su representada en el juicio rebatido, Mar\u00eda Julia; sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial para actuar en esta senda extraordinaria, en los t\u00e9rminos indicados y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficiosa, por lo cual resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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