STC13835-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13835-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01780-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2022 por la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Jos\u00e9 Ricardo Olmos Mart\u00ednez contra los Juzgados Quince Civil Municipal y Veinticuatro Civil del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2006-01119. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor persigue la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n
2.1. B\u00e1rbara Rosa Siabato promovi\u00f3 un proceso ejecutivo en su contra. <\/p>\n
2.2. El 23 de mayo de 2014 consign\u00f3 a \u00f3rdenes del Juzgado $77.136.791,00, correspondiente a la totalidad del cr\u00e9dito aprobado, y solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, por pago, lo cual fue negado. <\/p>\n
2.3. Destac\u00f3 que dicho pago se efect\u00fao antes de que el auto de 9 de septiembre de 2013, que aprob\u00f3 la diligencia de remate, quedara ejecutoriado y agreg\u00f3 que el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, \u00abignorando la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso\u00bb1. <\/p>\n
2.4. El promotor reprocha que, desde que realiz\u00f3 \u00abel pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, ha solicitado la terminaci\u00f3n del juicio, por \u00abpago\u00bb; sin embargo, el mismo se dio por finalizado como consecuencia de la almoneda. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado Quince Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 o a quien conozca actualmente de la causa compulsiva que d\u00e9 por terminado el proceso ejecutivo, \u00abcon fundamento en el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb por \u00e9l realizado, se dejen sin efecto los autos emitidos con posterioridad al pago, se ordene el levantamiento de las medidas cautelares que recaen sobre el bien objeto de almoneda, se imponga su entrega al promotor y se disponga \u00abhacer la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme al pago total de la obligaci\u00f3n hecha el 23 de mayo de 2014 y [se pague] al acreedor el valor adeudado\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
2. El estrado Quince Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad indic\u00f3 que la salvaguarda deprecada no satisface el requisito de la inmediatez, sumado a que el mismo carece de objeto, \u00abpor hecho consumado\u00bb. Afirm\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la solicitud de \u00abterminaci\u00f3n del proceso\u00bb elevada por el actor, dict\u00f3 auto de 20 de octubre de 2020, mediante el cual \u00abfiniquit\u00f3 [proceso ejecutivo] con el producto de los dineros recaudados con ocasi\u00f3n del remate del bien cautelado\u00bb, el cual \u00abfue apelado de forma extempor\u00e1nea. Destac\u00f3 que, en la referida causa, se han incoado once ruegos constitucionales, todos decididos en contra de los intereses del gestor. <\/p>\n
3. Rafael Joaqu\u00edn Oramas Mutis, quien dijo obrar como apoderado de la parte demandante en el juicio ejecutivo, adujo que el ruego implorado no cumple con el requisito de la inmediatez y que los hechos esgrimidos ya fueron resueltos con anterioridad. <\/p>\n
4. Jos\u00e9 de la Cruz Monta\u00f1a Perdomo, quien adujo haber actuado como mandatario del actor en la causa ejecutiva, coadyuv\u00f3 las s\u00faplicas propuestas. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, en primer lugar, asegur\u00f3 que, a pesar de que el gestor promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n diferentes acciones de tutela, en el caso bajo estudio no se configuran los presupuestos para predicar la \u00abtemeridad o la cosa juzgada [constitucional]\u00bb. Acto seguido, encontr\u00f3 que el ruego implorado es improcedente, por no cumplir con el presupuesto de la inmediatez, pues \u00abel proceso se termin\u00f3 efectivamente en auto del 20 de octubre de 2020 con la entrega de dineros por concepto de costas a la demandante\u00bb, y el reproche esgrimido no tiene relevancia desde la \u00f3ptica constitucional. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, indicando que \u00abel proceso ejecutivo se termina con un auto que ordena tener por terminado el proceso, no cuando se pagan las costas al ejecutante como erradamente lo considera el A-QUO\u00bb y que la \u00faltima actuaci\u00f3n que dio por terminada la causa compulsiva se dict\u00f3 el 25 de mayo de 2022. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se dejen sin efectos todos los prove\u00eddos dictados con posterioridad al pago que efect\u00fao el 23 de mayo de 2014, ante la negativa del Juez de conocimiento de dar por terminado el proceso ejecutivo, por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala que la acci\u00f3n de tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto no cumple con el presupuesto de la tempestividad, toda vez que, entre la fecha del prove\u00eddo mediante el cual se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso por pago -20 de octubre de 20202- y aquella de reparto del amparo -22 de agosto de 2022-, han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el citado presupuesto ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar la salvaguarda constitucional, s\u00ed se impone promoverla en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Al respecto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
2.1. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb3. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. Corolario de lo referido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La almoneda que fue aprobada por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de esa ciudad, mediante auto de 13 de octubre de 2015. Archivo \u201cPRUEBA_22_8_2022, 12_07_44\u201d. Carpeta \u201c0001- Anexos reparto\u201d. Carpeta \u201cD110012203000202201780010Al despacho202282217143\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 15, archivo \u201cPROVIDENCIAS DE INTERES PARA EL FALLO\u201d. Carpeta \u201c0007-Recepci\u00f3n memorial\u201d. Carpeta \u201cD110012203000202201780010Recepcio\u0301n memorial2022829143749\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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