STC13844-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13844-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03420-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Activar Servicios y Almacenaje S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 46 Civil del Circuito de la referida ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los se\u00f1ores Gustavo Puerto Rodr\u00edguez y Mar\u00eda In\u00e9s Castillo de Puerto y a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso con radicado 11001310301320110077500 (01\/03). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 19 de diciembre de 2011, la sociedad actora, por intermedio de apoderado judicial, present\u00f3 demanda contra los se\u00f1ores Gustavo Puerto Rodr\u00edguez y Mar\u00eda In\u00e9s Castillo de Puerto, con el fin de reivindicar una franja de terreno que forma parte de un lote de su propiedad. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, ante el cual los accionados presentaron excepciones de m\u00e9rito, entre ellas, la de \u00abPRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL DOMINIO, sobre la franja de terreno en cuesti\u00f3n\u00bb. El 9 de marzo de 2012 se admiti\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n y extraordinaria de dominio presentada por el se\u00f1or Puerto Rodr\u00edguez en contra de la tutelante. <\/p>\n
2.3. El proceso fue remitido a los Juzgados en Descongesti\u00f3n y finalmente fue conocido por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, luego de corregir las fallas procedimentales advertidas por el Tribunal Superior de la citada ciudad, emiti\u00f3 sentencia el 10 de febrero de 2022, mediante la cual neg\u00f3 la demanda reivindicatoria (principal) y accedi\u00f3 a la de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Apelada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 el 3 de junio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2.5. En criterio de la gestora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico, por una indebida valoraci\u00f3n del material probatorio allegado al proceso, en particular en cuanto a lo manifestado por el se\u00f1or Gustavo Puerto Rodr\u00edguez en el acta \u00abdonde este reconoci\u00f3 la propiedad del inmueble en cabeza de una tercera persona (para el caso el Estado), aceptando a este como propietario y manifestando su voluntad de restituir el inmueble tan pronto se lo exigieran\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 declarar la \u00abnulidad de la sentencia de segunda instancia\u00bb proferida por el Tribunal accionado el 3 de junio de 2022 y que se emita una decisi\u00f3n de reemplazo, en la cual se valore en su totalidad y en forma correcta la prueba concerniente al acta allegada al expediente. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n alguna de las garant\u00edas reclamadas y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo, pues ha actuado conforme a la ley. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Sobre el particular, la Corte centrar\u00e1 su atenci\u00f3n en la decisi\u00f3n de segunda instancia, esto es, la emitida el 3 de junio de los cursantes, pues en \u00faltimas fue la que defini\u00f3 la controversia sometida a la composici\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.1. Al respecto, el Colegiado acusado, luego de precisar que la \u00ab\u201cposesi\u00f3n\u201d es una situaci\u00f3n de hecho que el ordenamiento jur\u00eddico no presume y, por lo tanto, su acreditaci\u00f3n debe ce\u00f1irse a las reglas probatorias generales previstas por el ordenamiento, entre ellas, la contenida en el art\u00edculo 167 del C.G.P.\u00bb, as\u00ed como de traer a colaci\u00f3n lo expuesto en la sentencia CSJ SC3727-2021, sobre el fundamento de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, consider\u00f3 que, \u00abcon base en las pruebas recaudadas en este litigio hab\u00eda lugar a concluir que se acreditaron los hechos que posibilitan la implorada declaraci\u00f3n de dominio en cabeza del se\u00f1or Puerto Rodr\u00edguez y de la se\u00f1ora Castillo de Puerto\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el material probatorio, el Tribunal analiz\u00f3, inicialmente, las pruebas testimoniales, entre las cuales destac\u00f3 las declaraciones de Jaime Alfredo Roa y Dennis Correa Bastidas, para evidenciar que ninguna prueba le restaba seriedad a lo relatado por los testigos en lo referente a \u00abla muy prolongada posesi\u00f3n en cabeza de los usucapientes, a lo que se agrega que, en rigor, frente a su contenido y m\u00e9rito probatorio de esas versiones de terceros, reconocidos tambi\u00e9n por el sentenciador a quo, la parte apelante no extendi\u00f3 su censura\u00bb, pues resalt\u00f3 que \u00abning\u00fan yerro de apreciaci\u00f3n el apelante denunci\u00f3 en punto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas por los testigos, y comentadas por el Tribunal en esta misma consideraci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, asever\u00f3 que \u00abel expediente es prolijo en pruebas documentales que respaldan ese dicho de los testigos\u00bb, enfatizando aquella en la que el se\u00f1or Puerto Rodr\u00edguez, \u00abactuando como verdadero due\u00f1o (coposeedor) arrend\u00f3 parte del mismo para la instalaci\u00f3n de un vivero; que los poseedores han pagado el impuesto predial desde el a\u00f1o 2001 por las mejoras all\u00ed construidas\u00bb, circunstancia que demostraba el \u00abreiterado e ininterrumpido ejercicio de actos posesorios que se acreditaron desde finales de los a\u00f1os 80\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al acta del 20 de abril de 1999, se\u00f1al\u00f3 que, \u00absi bien en ese entonces el se\u00f1or Puerto Rodr\u00edguez manifest\u00f3 que eventualmente, una porci\u00f3n de terreno que mide 30 metros por 80 metros (es decir, 2400 m2) era de propiedad de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1\u00bb, de dicho documento no se evidenciaba que \u00abese predio (de mayor \u00e1rea que el que es objeto del proceso) coincida o que de \u00e9l hiciera parte el inmueble (de 500 m2) sobre el que versa este proceso\u00bb, aunado a que tampoco se demostr\u00f3 que esa franja de terreno ostentara naturaleza p\u00fablica, pues, al contrario, se trataba de un bien privado, dado que as\u00ed se observ\u00f3 en \u00ablas pruebas documentales pertinentes, entre ellas, el certificado de tradici\u00f3n y escrituras p\u00fablicas alusivas a m\u00faltiples transferencias de dominio del globo de mayor extensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, al analizar el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad demandante, indic\u00f3 que este \u00abconfes\u00f3 que desde antes de comprar el inmueble de mayor cabida ten\u00eda conocimiento de que el se\u00f1or Puerto Rodr\u00edguez y su c\u00f3nyuge eran poseedores sobre la porci\u00f3n de terreno (500 m2)\u00bb, as\u00ed como tampoco encontr\u00f3 \u00abprueba escrita, o de otra naturaleza, que se\u00f1ale la existencia de un contrato de arrendamiento entre Cemex y los contrademandantes, cuyo objeto comprendiera total o parcialmente la porci\u00f3n de terreno sobre la que se contiende\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, sostuvo que la contrademanda deb\u00eda prosperar, en la medida en que los poseedores acreditaron los requisitos legales y jurisprudenciales de rigor, esto es, \u00abuna posesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica, por m\u00e1s de dos d\u00e9cadas y con antelaci\u00f3n al 28 de febrero de 2012, fecha en que se radic\u00f3 la demanda de pertenencia, en la que se opt\u00f3 por ese t\u00e9rmino veintenario con apego a lo regulado en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887\u00bb. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, afirm\u00f3 que se impon\u00eda el despacho desfavorable de \u00ablos reparos destinados a atacar el \u00e9xito que le imprimi\u00f3 la juez a quo a la demanda de pertenencia, lo cual apareja [\u2026] el fenecimiento de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, refiriendo que: <\/p>\n
pierde importancia toda la cr\u00edtica que despleg\u00f3 la apelante en punto a otras de las razones que llevaron al juez a quo a desestimar la acci\u00f3n dominical, vale decir, las atinentes a las deficiencias de identificaci\u00f3n de la franja a reivindicar en las que s\u00ed se incurri\u00f3 en esa demanda principal, y tambi\u00e9n al manejo que dispens\u00f3 el mismo fallador en torno a la confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos que aqu\u00ed plantearon los extremos del litigio. <\/p>\n
3.1. sobre lo primero, en gracia de discusi\u00f3n, es factible tener por cierto que -como lo sugiere el apelante- el sentenciador a quo incurri\u00f3 en yerro al concluir que el predio de menor cabida no fue debidamente identificado en la demanda reivindicatoria. Cierto es que tal vicisitud bien hubiera podido ser sorteada, sea interpretando m\u00e1s en su conjunto esa demanda principal o acudiendo a lo que sobre el particular acaeci\u00f3 con la de reconvenci\u00f3n, con la que se reclam\u00f3 la declaraci\u00f3n de pertenencia sobre el mismo predio de menor cabida, identificado ahora s\u00ed tanto por sus linderos espec\u00edficos, como por su puntual ubicaci\u00f3n en el globo de mayor extensi\u00f3n y folio de matr\u00edcula. Sin embargo, la intrascendencia de ese yerro salta a la vista, pues oper\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio en cabeza del reivindicante, con motivo de la consolidaci\u00f3n de ese derecho real principal, en favor de su contraparte. No se olvide que ese \u201cmodo\u201d, la prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio, lo ha precisado la Honorable Corte Suprema de Justicia, \u201cse configura por los hechos, es decir, cuando se cumplen los requisitos propios que la estructuran, independientemente de que el poseedor haya o no demandado su reconocimiento, o de que se hubiere resuelto favorablemente su solicitud, mediante sentencia judicial en firme, providencia \u00e9sta que es meramente declarativa de haber operado la adquisici\u00f3n, de ah\u00ed que \u201cel detentador de una cosa con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o se vuelve su propietario, apenas cumple los requisitos legales necesarios para ello\u2026\u201d (CSJ SC, 1\u00ba Sep. 2014, Rad. 2002-02246-01) y que \u201cla sentencia estimatoria dictada en los procesos de pertenencia, cual lo es \u00e9ste, viene a ser una mera declaraci\u00f3n que, por ministerio de la ley, hace el juez de los hechos posesorios consumados, sin que, por tanto, sea constitutiva de derecho alguno, dado que el origen de \u00e9ste es, per se, la misma prescripci\u00f3n, como modo de adquirir las cosas ajenas\u201d (CSJ, sent. 15 de noviembre de 2005, exp. 9647, M.P. C\u00e9sar Julio Valencia Copete). <\/p>\n
3.2. Por razones similares, a las reci\u00e9n registradas es que resulta inane el argumento del apelante, seg\u00fan el cual, debi\u00f3 tomarse en consideraci\u00f3n la prevalencia de t\u00edtulos que invoc\u00f3 en sus escritos de reparos y de sustentaci\u00f3n del recurso vertical. Por supuesto, la simple invocaci\u00f3n de esos t\u00edtulos de dominio, e incluso su aportaci\u00f3n en el expediente, nada tienen que hacer ante el hecho irrebatible, seg\u00fan se explic\u00f3, de haberse consolidado el modo de dominio del que se ha hablado a lo largo de esta providencia. <\/p>\n
Por las razones expuestas, declar\u00f3 infundada la alzada y ratific\u00f3 la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que el Tribunal desestim\u00f3, motivadamente, cada uno de los reproches que la aqu\u00ed censora y otrora apelante plante\u00f3 en relaci\u00f3n con el fallo de primera instancia y las conclusiones a las cuales arrib\u00f3, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente arbitrarias, carentes de sustento o alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto estuvieron precedidas de una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, de las pruebas allegadas a la tramitaci\u00f3n y de la normatividad pertinente y aplicable. <\/p>\n
Se observa, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden1. <\/p>\n
Por su parte, debe indicarse que, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se impone desestimar el ruego exigido, en tanto la procedencia de la tutela presupone la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo y racional, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ver, entre otras, CSJ STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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