STC13952-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13952-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03532-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Arserma, extensiva a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abreconocer a [su] bien agencias en derecho, como se lo ordena art 365-1 CGP\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Mar\u00eda Cristina Palacio, bajo el radicado 2022-00049, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Arserma, el que dict\u00f3 sentencia el 8 de julio de 2022, en la que ampar\u00f3 el derecho colectivo y orden\u00f3 a la demandada, en calidad de propietaria del Almac\u00e9n La Ganga, que garantizara el acceso de las personas que se movilicen en silla de ruedas hacia el interior de sus instalaciones, acatando las normas t\u00e9cnicas y urban\u00edsticas que regulan la materia. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales, en fallo de 1\u00ba de septiembre de los corrientes, confirm\u00f3 la providencia de primer grado. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que la parte accionada se negaba rotundamente a aplicar lo que impon\u00eda el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no condenaba en agencias en derecho a su favor, pese a que la acci\u00f3n sali\u00f3 avante; y que en el fallo solo hubo pronunciamiento frente a las costas, que no respecto a las agencias. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que las aludidas agencias eran de car\u00e1cter objetivo; que se impon\u00edan a la parte vencida siempre que se dieran los presupuestos de la norma; y que no constitu\u00edan tema del litigio sino que eran una consecuencia del mismo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Arserma remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales indic\u00f3 que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 tras el an\u00e1lisis juicioso de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, de cara a las disposiciones que regulan lo atinente a dicha herramienta constitucional y en especial las rese\u00f1adas por el C\u00f3digo General del Proceso frente a la condena en costas, de donde se extrajo que la participaci\u00f3n del promotor fue exigua y no justificaba la imposici\u00f3n de las mismas; que dichas razones quedaron insertas en la providencia de 1\u00ba de septiembre de 2022; que en el asunto no se cumpl\u00edan las causales de procedencia del resguardo; que la tutela no era una instancia adicional; que no se vislumbraba la existencia de un perjuicio irremediable; y que la decisi\u00f3n criticada se adopt\u00f3 con criterios normativos, de car\u00e1cter sustancial y procesal, por lo que no se pod\u00eda considerar arbitraria, caprichosa o desconocedora del debido proceso. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que verificados los sistemas de informaci\u00f3n y las planillas de correspondencia no encontr\u00f3 que el gestor hubiese radicado solicitud alguna; que no transgredi\u00f3 las prerrogativas esenciales; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II para Asuntos Civiles refiri\u00f3 que no hab\u00eda quebrantado derecho fundamental alguno; que no le era imputable el eventual desacierto en las providencias judiciales o la tardanza en el cumplimiento de lo dispuesto en ellas; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa; y que carec\u00eda de vocaci\u00f3n de prosperidad el resguardo, pues no era procedente fijar agencias en derecho a favor del demandante, aunque el fallo fuera favorable, si la actividad de la parte no fue determinante para conseguir el resultado y fue el juez quien con su despligue oficioso condujo a la sentencia. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en el fallo de segundo grado de la acci\u00f3n criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026encuentra la Colegiatura que en el asunto estudiado, a pesar del \u00e9xito de las pretensiones, raz\u00f3n le asisti\u00f3 a la judicial en abstenerse de emitir condena en costas en beneficio del actor popular en la medida que su exigua gesti\u00f3n en el decurso adjetivo impide predicar causado el rubro que ahora reclama\u2026 <\/p>\n
De cara a lo discutido por el accionante, para abordar el estudio respectivo conviene en inicio recordar el concepto que de costas procesales trae el ordenamiento procesal civil: \u201cLas costas est\u00e1n integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho (\u2026)\u201d. Tal instituci\u00f3n ha sido tambi\u00e9n decantada por la doctrina y jurisprudencia patria: \u201c(\u2026) 3. Com\u00fanmente la doctrina entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el proceso; la noci\u00f3n incluye las expensas y las agencias en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, p\u00f3lizas, etc. Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora (\u2026)\u201d <\/p>\n
Los par\u00e1metros que en cada caso se atender\u00e1n para proceder a la condena, est\u00e1n recogidos por el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, precepto que deviene aplicable en materia de acciones populares, habida cuenta que expresamente el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998 remite a este: \u201cEl juez aplicar\u00e1 las normas de procedimiento civil relativas a las costas. (\u2026)\u201d. En tal sentido, dispone la primera de las legislaciones: \u201cEn los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetar\u00e1 a las siguientes reglas: 1. Se condenar\u00e1 en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja, s\u00faplica, anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n que haya propuesto. Adem\u00e1s, en los casos especiales previstos en este c\u00f3digo. Adem\u00e1s se condenar\u00e1 en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulaci\u00f3n de excepciones previas, una solicitud de nulidad. (\u2026) 2. La condena se har\u00e1 en sentencia o auto que resuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar a aquella (\u2026) 8. Solo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Sobre la causaci\u00f3n y comprobaci\u00f3n de las costas en las acciones populares, resulta de utilidad traer colaci\u00f3n un reciente pronunciamiento del m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que en sede de un tr\u00e1mite tuitivo generado por la negativa a condenar en costas, record\u00f3: \u201c(\u2026) el numeral 4 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y el acuerdo PSAA16-10554 de 2016 determinan que el valor de las agencias en derecho es determinado por el juez de forma discrecional, quien debe tener en cuenta las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, as\u00ed como la cuant\u00eda del proceso y dem\u00e1s cicunstancias que permitan valorar la labor jur\u00eddica desarrollada.Emerge entonces con claridad que es el juzgador quien de manera aut\u00f3noma est\u00e1 llamado a estudiar la procedencia de las agencias en derecho, sopesando las particularidades de cada asunto\u201d. (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
Precisando que: <\/p>\n
El objeto de divergencia expuesto por el actor popular se finca de manera exclusiva en la negativa a condenar a la accionada en costas a su favor, lo que a su juicio deven\u00eda procedente por el acogimiento de sus pedimentos conforme lo establece el numeral uno del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. En contraposici\u00f3n, la sentenciadora a-quo no hall\u00f3 m\u00e9rito para emitir una orden en tal sentido, debido a que dentro del expediente no figura causado el emolumento, toda vez que el se\u00f1or Mario Restrepo no asumi\u00f3 gastos de ning\u00fan tipo en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, discernimiento que es absolutamente compartido por la Corporaci\u00f3n, conforme pasa a explicarse: <\/p>\n
Seg\u00fan se ilustr\u00f3 en el ac\u00e1pite jur\u00eddico del prove\u00eddo, las costas corresponden a un instituto adjetivo que parte del reconocimiento de los rubros en que debe incurrir el litigante a lo largo del proceso con el prop\u00f3sito de sacar avante su tesis de acuerdo a la calidad que detenta en aquel, pi\u00e9nsese verbi gratia en el pago de aranceles judiciales, honorarios de peritos, estipendios destinados a publicaciones, entre otros, que integran las conocidas \u201cexpensas\u201d; en similar direcci\u00f3n, encierra el aludido concepto el \u00edtem denominado \u201cagencias en derecho\u201d entendidas por la doctrina nacional como la \u201cretribuci\u00f3n por lo que la parte vencedora le cancela al abogado que la representa en el proceso\u201d10, aceptado jurisprudencialmente que tambi\u00e9n es viable predicar su existencia incluso cuando la parte acude sin la intervenci\u00f3n de un profesional del derecho. <\/p>\n
Ahora bien, aunque es cierto que de las disposiciones legales pertinentes se desprende que el sujeto a quien le haya sido desfavorable la decisi\u00f3n de fondo al interior de determinado asunto, se hace deudor de la condena en costas en beneficio de su contraparte, no lo es menos que el Estatuto Adjetivo supedita su procedencia a que \u201c(\u2026) en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Descendiendo al caso de marras, se tiene que la falladora de forma acertada, en aplicaci\u00f3n de la mencionada norma (Art. 365 N\u00b08) concluy\u00f3 que no hab\u00eda raz\u00f3n para imponer costas a favor del se\u00f1or Mario Restrepo, dado que no se hallaba probada su incursi\u00f3n en costos relativos al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional, a lo que este Tribunal adiciona que vistas la totalidad de actuaciones del recurrente, de inmediato se extrae su exigua participaci\u00f3n, limitada simplemente a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n y a solicitar en un par de ocasiones el acceso al expediente digital. <\/p>\n
En efecto, aparece constancia en el cartulario de que el inconforme se sustrajo de aportar prueba de las afirmaciones en que sustentaba su pedimento, no asisti\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento, omiti\u00f3 allegar alegatos conclusivos que de fondo respaldaran su postura procesal y en suma, se dedic\u00f3 en sus escasos memoriales a deprecar que le fueran concedidas las agencias en derecho, desconociendo de contera que si las pretensiones se acogieron fue debido a la diligente actividad emprendida a iniciativa de la Juzgadora quien oficiosamente decret\u00f3 la visita t\u00e9cnica que finalmente dio cuenta de la vulneraci\u00f3n a las prerrogativas del grupo poblacional espec\u00edfico, llev\u00e1ndola esto a la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
Dicho de otra manera, solo a partir del auto emitido el 11 de mayo pasado se logr\u00f3 que la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n del municipio de Anserma acudiera al lugar donde se denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n de los derechos para efectuar la verificaci\u00f3n de las condiciones de accesibilidad de los ciudadanos que se desplazan en silla de ruedas y se estableciera lo correspondiente en orden a definir lo tocante con la construcci\u00f3n de la rampa, sin que el accionante agotara ninguna gesti\u00f3n adicional, probatoria o procesal, que lo hiciera merecedor de las costas que por intermedio de la alzada exige, desconociendo as\u00ed que el art\u00edculo 30 de la Ley 472 de 1998, pese a establecer facultades del Juez Constitucional en materia probatoria, radica de manera principal la carga en cabeza del actor popular, salvo situaciones en que por razones de orden econ\u00f3mico o t\u00e9cnico este no pueda allanarse al cumplimiento de la misma, situaci\u00f3n que de ninguna forma brota dentro de lo rituado al interior del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Conforme lo rese\u00f1ado, mal har\u00eda en aceptarse que el accionante se hizo acreedor a la condena en costas procesales, cuando qued\u00f3 acreditado que la concesi\u00f3n del resguardo a los derechos colectivos -por ende, la prosperidad de las pretensiones- tuvo como g\u00e9nesis exclusiva la actividad de la a-quo, siendo bajo tal panorama evidente que no se dan las condiciones adjetivas para considerar generada la retribuci\u00f3n contemplada por la ley en su favor. <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
Por lo anteriormente expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n confutada en su totalidad ya que la m\u00ednima gesti\u00f3n del promotor en el desarrollo de la acci\u00f3n, impide tener por configuradas costas procesales a su beneficio atendiendo a que no se prob\u00f3 que incurriera en expensas y menos que su intervenci\u00f3n fuera apta a fin de sostener la necesidad de reconocerle agencias en derecho… <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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