STC13953-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13953-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2022-00066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de septiembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Enrique Ocampo Mar\u00edn contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de la prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abacceder a lo pedido y conceder la\u2026 tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Cooperativa Multiactiva Multisercoop promovi\u00f3 un juicio de recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n contra Luis Ocampo Mar\u00edn y otros, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que era copropietario mayoritario del predio La Susana 1; que era perjudicado al no poder acceder a su bien por la serie de conflictos que se hab\u00edan tenido que sortear durante 10 a\u00f1os; y que su apoderado hab\u00eda elevado recursos frente a los autos emitidos y solicitado la entrega real del predio, empero, la juzgadora criticada hab\u00eda hecho caso omiso a sus peticiones. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que no se aplicaba el procedimiento a los mecanismos de defensa impetrados ni se le brindaba contestaci\u00f3n a sus solicitudes, pues no hab\u00eda respuesta frente al derecho de petici\u00f3n elevado de 9 de febrero de 2022 con el que solicit\u00f3 la entrega del predio involucrado en el juicio, ni tampoco pronunciamiento respecto del recurso de reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n presentado frente al prove\u00eddo de 26 de abril de los corrientes, la reposici\u00f3n interpuesta frente al auto de 22 de junio siguiente, ni la petici\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popay\u00e1n SA ESP indic\u00f3 que si bien le pod\u00eda asistir raz\u00f3n al accionante en cuanto a que no se le hab\u00eda brindado pronta respuesta por parte del fallador a sus distintas solicitudes, este no era el mecanismo para esas reclamaciones, pues las peticiones a las que se refer\u00eda eran propias del tr\u00e1mite judicial; que el derecho de petici\u00f3n era improcedente en los procesos judiciales; y que la tutela carec\u00eda de fundamento legal y f\u00e1ctico. <\/p>\n
2. Alcald\u00eda de Popay\u00e1n se\u00f1al\u00f3 que no era la encargada de resolver las peticiones y recursos del proceso judicial, ni la llamada a responder por la posible amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, por lo que solicitaba se declarara la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades adujo que no le constaban los hechos expuestos; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional, pues se cuestionaban actuaciones u omisiones desplegadas por el estrado criticado. <\/p>\n
4. V\u00edctor Hugo Manzano Mera, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Multisercoop, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
5. Carlos Alberto Hern\u00e1ndez, Jes\u00fas Mar\u00eda Ordo\u00f1ez, Luis Carlos Guti\u00e9rrez y Ra\u00fal Guti\u00e9rrez Ipiales sostuvieron que eran copropietarios del predio, el que recibieron como pago de prestaciones sociales; que se pod\u00eda decir que el juicio ten\u00eda tres partes, la demandante, el ahora accionante y los dem\u00e1s copropietarios; que se sent\u00edan ultrajados por las decisiones del estrado acusado, pues permiti\u00f3 que la cooperativa demandante reviviera la cosa juzgada y ejecutoriada; que el impulso procesal por parte del fallador criticado hab\u00eda sido muy escaso; que lo correcto era que el bien se le entregara a todos los copropietarios y no solo al gestor; que los linderos estaban determinados; que el abogado Roger Gaviria solo representaba al peticionario; y que era necesario que el despacho contestara las peticiones y recursos impetrados, siendo claro que el fallador ya perdi\u00f3 competencia en tanto que los t\u00e9rminos estaban m\u00e1s que superados. <\/p>\n
6. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n refiri\u00f3 que el promotor contaba con los mecanismos ordinarios de defensa para desatar los pronunciamientos respectivos; que se hab\u00edan resuelto m\u00faltiples solicitudes; que en los memoriales que se presentan se retomaban actuaciones agotadas e incluso aspectos que ya hab\u00edan sido objeto de decisi\u00f3n; que en autos de 1 y 2 de septiembre resolvieron las peticiones y recursos elevados; que el promotor pretend\u00eda reabrir el debate zanjado ante la justicia ordinaria; que el accionante agot\u00f3 los mecanismos ordinarios que ten\u00eda al interior del proceso; que no vislumbraba la existencia de un perjuicio irremediable; que el gestor contaba con el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado; y que no hab\u00eda transgredido prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
7. Juan Carlos Ga\u00f1an Murillo, curador ad litem, asever\u00f3 que la tutela no reemplazaba a los mecanismos ordinarios ni al juez natural, ni ten\u00eda la virtualidad de revivir t\u00e9rminos u oportunidades vencidas. <\/p>\n
8. Roger Antonio Gaviria Burbano, quien aduce ser tenedor del bien y representar a Luis Enrique Ocampo Mar\u00edn, Jos\u00e9 Rodrigo S\u00e1nchez, Jos\u00e9 Leonardo Llant\u00e9n y Alcibiades Rojas, adujo que el despacho acusado no hab\u00eda resuelto distintas peticiones presentadas; que el fallador criticado desconoc\u00eda el procedimiento; y que solicitaba se concediera el amparo para obtener respuestas en un proceso que llevaba tres a\u00f1os sin avanzar. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que era improcedente el derecho de petici\u00f3n frente a actuaciones judiciales, pues se deb\u00eda seguir el procedimiento se\u00f1alado en las disposiciones legales; que el despacho criticado se hab\u00eda pronunciado frente a las solicitudes elevadas el 2 de septiembre de 2022, por lo que se satisfizo la pretensi\u00f3n del accionante; que respecto del recurso presentado frente al auto de 22 de junio anterior, se encontraba corriendo traslado del mismo, sin que se evidenciara mora o negligencia del despacho censurado; y que exhortaba al estrado acusado para que resolviera en el menor tiempo posible dicho medio de impugnaci\u00f3n y diera tr\u00e1mite a la nulidad propuesta. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n y solicit\u00f3 se compararan los listados adjuntos de la consulta de procesos de la Rama Judicial con los estados electr\u00f3nicos y traslados especiales del juzgado acusado, pues hab\u00eda dos estados que sal\u00edan como publicados, pero no aparec\u00edan en la p\u00e1gina del despacho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud presentada por el promotor ante el estrado acusado, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso del promotor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que con autos de 2 y 16 de septiembre de 2022 el estrado acusado se pronunci\u00f3 frente a las solicitudes y recursos impetrados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que esa situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Finalmente, frente al argumento expuesto en la impugnaci\u00f3n sobre la comparaci\u00f3n de los listados adjuntos de la consulta de procesos con los estados electr\u00f3nicos y traslados especiales del juzgado criticado, se observa que el mismo constituye un hecho nuevo, no incluido en el libelo inicial, frente al que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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