STC13960-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13960-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2022-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Carlos Alberto Colmenares Uribe frente a la sentencia del pasado 2 de septiembre, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquel contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante, quien dijo ser apoderado de Hilda Mar\u00eda Ar\u00e9valo de Gonz\u00e1lez, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00ab[acceso a la administraci\u00f3n] de justicia\u00bb de ella, presuntamente conculcadas por la dependencia jurisdiccional repelida, de la que procura, en consecuencia, que asuma conocimiento del expediente de simulaci\u00f3n absoluta de contrato de compraventa n.\u00b0 \u00ab2022-00209\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta, ante quien se surt\u00eda el descrito paginario por demanda de su \u00abprohijada\u00bb Hilda Mar\u00eda, dispuso, con auto de 15 de julio de los corrientes, rechazar el libelo declarativo en cuesti\u00f3n y remitirlo por competencia al despacho Promiscuo Municipal de Tib\u00fa, en raz\u00f3n a la \u00abcuant\u00eda y[, adem\u00e1s, por el] domicilio\u00bb de la persona llamada a juicio. <\/p>\n
Acot\u00f3 haber rebatido en reposici\u00f3n, como mandatario de la all\u00ed demandante, contra la providencia en cuesti\u00f3n; sin embargo, tal recurso fue desechado en resoluci\u00f3n de 5 de agosto postrero por inviable, acorde a los par\u00e1metros del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Critic\u00f3 el tutelante lo resuelto en el primer pronunciamiento, pues, en estricto compendio, la c\u00e9lula judicial fustigada quiso pasar por alto \u2013al abrigo de precedente inaplicable\u2013 que el canon 26 de la norma adjetiva excluye del factor cuant\u00eda \u00ablos frutos, intereses, multas o perjuicios (\u2026) accesorios\u00bb causados \u00abcon posterioridad\u00bb a la instauraci\u00f3n de la demanda, mas no los que se originen antes. De modo que con los frutos perseguidos en la simulaci\u00f3n sub examine, el correspondiente litigio quedar\u00eda como de \u00abmayor\u00bb y no de menor cuant\u00eda. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que el juez municipal \u00abdebe obedecer el error\u00bb en menci\u00f3n, por virtud del art. 139 -inc. 3\u00b0- del C.G. del P. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La oficina judicial requerida se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. Comparti\u00f3 copia magn\u00e9tica del asunto disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tib\u00fa enunci\u00f3 haber recibido tal expediente, encontr\u00e1ndose pendiente de proveer sobre la demanda de simulaci\u00f3n ah\u00ed propuesta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar, a la postre, que \u00abno se ha agotado el tr\u00e1mite\u00bb ata\u00f1edero a la \u00abcompetencia\u00bb cuyo debate trajo el ac\u00e1 peticionario, con m\u00e1s veras si la foliatura declarativa est\u00e1 pendiente de calificaci\u00f3n por el ente promiscuo municipal -el que mucho menos hace parte del circuito judicial de C\u00facuta, sino del de Oca\u00f1a-. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el convocante, quien al discrepar de lo zanjado por el a-quo constitucional (resaltando que Tib\u00fa s\u00ed es del circuito cucute\u00f1o), persisti\u00f3 en sus ataques y aspiraci\u00f3n primigenios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten afectados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Delanteramente refulge que Carlos Alberto Colmenares Uribe carece de legitimaci\u00f3n para buscar quebrar en esta sede los aconteceres del expediente de simulaci\u00f3n objeto de sus censuras, toda vez que \u00e9l no es parte en esa contienda ni aport\u00f3 poder especial en procura de acudir aqu\u00ed en nombre de la all\u00e1 demandante Hilda Mar\u00eda Ar\u00e9valo de Gonz\u00e1lez (a diferencia de lo dicho a lo largo del presente rito), aunado a que omiti\u00f3 pregonar y acreditar los supuestos que validaran un comparecimiento a\u00fan como \u00abagente oficioso\u00bb de esta \u00faltima. <\/p>\n
Sobre la habilitaci\u00f3n para activar este escenario iusfundamental, los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta conculcaci\u00f3n generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos en calidad de intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, sobre el alcance del aludido canon 10, la Corte constitucional decant\u00f3 que, <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Consecuentemente, ese m\u00e1ximo tribunal ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa \u2013ninguno de los cuales fue aqu\u00ed satisfecho\u2013, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia(\u2026) ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela\u2026 (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, vislumbrado que Colmenares Uribe no es parte ni interviniente en el decurso materia de reproche, tampoco alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de Hilda Mar\u00eda Ar\u00e9valo de Gonz\u00e1lez (all\u00ed demandante), ni adujo o demostr\u00f3 los supuestos que posibilitaran su condici\u00f3n de \u00abagente oficioso\u00bb de la prenombrada, es evidente que adolece de legitimaci\u00f3n para promover el presente reclamo tutelar. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, revalidar el veredicto del tribunal a-quo, pero por lo atr\u00e1s consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito. En oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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