STC13961-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13961-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00251-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Diego Ruiz S\u00e1nchez frente al fallo proferido el 2 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial encausada al dictar sentencia en el juicio de alimentos de menor de edad seguido en su contra. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo por alimentos que contra el accionante inco\u00f3 Ana Luz Cabrera Mart\u00ednez, en representaci\u00f3n de su hijo com\u00fan, menor de edad, el 29 de abril de 2021 el Juzgado acusado libr\u00f3 mandamiento de pago por $1.736.000 (sumatoria de la cuota alimentaria de enero de 2021 -$1.259.000- y el aumento para dicha anualidad respecto de los meses de febrero a abril de ese a\u00f1o -a raz\u00f3n de $159.000 cada uno-), y el 18 de julio \u00faltimo dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 infundadas \u00ablas excepciones presentadas por la parte demandada (sic), denominadas cobro de lo no debido, mala fe, inexistencia de la obligaci\u00f3n materia de ejecuci\u00f3n y abuso del derecho\u00bb, a la vez que dispuso continuar el cobro por las cuotas \u00absucesivas\u00bb e imputar a la obligaci\u00f3n la suma de $1.463.218 a favor del ejecutado, sin condena en costas. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el accionante se doli\u00f3 de que el Juzgado incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, sustantivo, de carencia de motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n al despachar adversamente sus defensas, pasando por alto \u00ablos hechos y argumentos esbozados en el escrito de excepciones, sin argumentos (sic) jur\u00eddicos de fondo\u00bb; en tanto que, aunque acertadamente advirti\u00f3 que para cuando se propuso la ejecuci\u00f3n exist\u00eda un saldo a su favor o un pago mayor de su parte, el cual ascend\u00eda a $1.463.218, contradictoria y err\u00e1ticamente dispuso continuar el cobro, siendo evidente que no exist\u00eda justificaci\u00f3n ni siquiera para haber librado la orden de apremio, pues nada deb\u00eda. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el sentenciador acusado, \u00abpretendiendo darle visos de legalidad a su exabrupto jur\u00eddico\u00bb, sostuvo que \u00abcon posterioridad a la demanda ejecutiva el pagador del Ej\u00e9rcito [empleador del deudor]\u2026 no incluy[\u00f3] en la deducci\u00f3n del porcentaje embargado la prima de servicios\u00bb, siendo ello, adem\u00e1s de un hecho posterior a la instauraci\u00f3n de la demanda, \u00abun claro incumplimiento del pagador\u00bb que no pod\u00eda endilg\u00e1rsele. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 25 Judicial II de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres se\u00f1al\u00f3 remitirse \u00aba lo actuado dentro del proceso [fustigado]\u2026[,] para que en el evento de llegar a demostrarse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el aqu\u00ed tutelante[,] as\u00ed se acceda al amparo constitucional deprecado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de Santa Marta deprec\u00f3 el despacho adverso del resguardo porque en el juicio reprochado \u00abse respetaron las garant\u00edas que el actor manifiesta fueron desconocidas, corrobor\u00e1ndose\u2026 que en el tr\u00e1mite se hizo una valoraci\u00f3n minuciosa de las pruebas y se privilegi\u00f3 el inter\u00e9s superior del menor involucrado\u00bb, al advertir que, \u00aba pesar de haberse demostrado un pago\u00bb, el deudor \u00abno acredit\u00f3 cancelar las cuotas sucesivas\u00bb. <\/p>\n
3. Ana Luz Cabrera Mart\u00ednez solicit\u00f3 \u00abse nieguen las pretensiones del accionante al resultar esta acci\u00f3n improcedente\u00bb, ante la ausencia de satisfacci\u00f3n de los presupuestos generales y espec\u00edficos para su viabilidad, destacando que aunque en el escrito de tutela el quejoso \u00abmenciona una vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales por parte de lo fallado (sic)\u2026[,] en ninguno de sus ac\u00e1pites argumenta y justifica tal aseveraci\u00f3n, m\u00e1s aun cuando lo que se observa [es] que\u2026 no cumpli\u00f3 con su deber de la carga de la prueba\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal Santa Marta Norte, adscrita a los Juzgados Primero y Tercero de Familia, pidi\u00f3 que \u00abse adelante una valoraci\u00f3n clara y profunda de conformidad a la normatividad vigente que permita tomar una decisi\u00f3n acertada, no solo en defensa de los derechos que le asiste[n] al accionante, si no en defensa del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o beneficiado con las resueltas del proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar contentiva de un criterio razonable la decisi\u00f3n reprochada al sentenciador convocado, comoquiera que all\u00ed \u00abprecis\u00f3 que para el caso de obligaciones alimentarias, los art\u00edculos 431 del C.G. del P., 129 y 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia establecen que cuando se demande una\u2026 a trav\u00e9s de proceso ejecutivo, no solamente se cobra el capital adeudado sino que tambi\u00e9n se debe tener en cuenta las cuotas alimentarias que en lo sucesivo se causen, raz\u00f3n por la cual, en el caso particular, tuvo en cuenta que la suma de todas las consignaciones llevan a un total de $6.499.218, que frente al capital que fue objeto de debate da un total de $5.036.000 -los cuales debieron ser consignados en los periodos de enero, febrero, marzo y abril del a\u00f1o 2021-, lo que quiere decir que habr\u00eda un saldo de $1.463.218 a favor del promotor; empero, en el interrogatorio se le pregunt\u00f3 acerca de los pagos de las cuotas sucesivas, los cuales acept\u00f3 no haber cancelado, demostr\u00e1ndose as\u00ed que \u00e9ste no garantiz\u00f3 la cuota de alimentos de manera regular y como fue pactada en el t\u00edtulo ejecutivo a favor del menor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el tutelante insistiendo en sus planteamientos iniciales, asever\u00f3 que en las decisiones, tanto del Juzgado convocado como del Tribunal a-quo, \u00abse soslayaron normas procesales de imperiosa aplicaci\u00f3n\u00bb, como el precepto 13 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que las mismas son de orden p\u00fablico y, por ende, de forzoso cumplimiento; el canon 422 ib\u00eddem, que claramente reza que s\u00f3lo pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones \u00abexigibles\u00bb y \u00e9l fue llamado a satisfacer las que oportunamente hab\u00eda honrado, como lo reconoci\u00f3 el sentenciador ordinario \u00abal determinar que otras obligaciones suscitadas con posterioridad dentro del proceso por negligencia o descuido del pagador del Ejercito, no se [l]e dedujeron como[,] era lo que cre[\u00eda,] orden[\u00f3] el Juez 1\u00ba. de Familia de Santa Marta\u00bb; motivos por los cuales, en suma, iter\u00f3, sus excepciones de m\u00e9rito debieron despacharse favorablemente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, se tiene que el reclamante, en concreto, critic\u00f3 al Juzgado acusado porque desech\u00f3 sus excepciones de m\u00e9rito y orden\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n alimentaria seguida en su contra a pesar de que demostr\u00f3 plenamente que, para cuando se inici\u00f3 esa actuaci\u00f3n, estaba al d\u00eda en el pago de las mensualidades exigidas, a favor de su hijo menor de edad, a tal punto que, para entonces, exist\u00eda un saldo a su favor por $1.463.218. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, teniendo en cuenta que en este debate est\u00e1 involucrado un menor de edad, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
4.1. En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
4.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4.3. Por ese sendero, tambi\u00e9n se muestra oportuno recordar que, trat\u00e1ndose de procesos de alimentos como el aqu\u00ed fustigado, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel beneficiario de la prestaci\u00f3n reclamada corresponde a un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, pues se trata de un menor de edad, lo que implica la imperiosa necesidad de analizar el asunto con mayor rigor\u00bb (CSJ STC18581-2016, 16 dic., rad. 2016-00640-01); y que el juzgador debe \u00abdesplegar todas aquellas acciones para lograr que tal herramienta sea eficaz, pues en esos casos est\u00e1 evidenciada la urgencia del alimentante de percibir esos ingresos a fin de conjurar una eventual situaci\u00f3n de calamidad\u00bb (CSJ STC1314-2017, 7 feb., rad. 2016-00695-01). <\/p>\n
5. Aplicando tales premisas al caso bajo estudio, advierte la Corte que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso, por lo cual se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en la medida en que la sentencia reprochada, contrario a lo aducido por el reclamante, para esta Sala no luce arbitraria, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
5.1. En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n, tras resaltar los presupuestos generales de los t\u00edtulos ejecutivos y la trascendencia del derecho a percibir alimentos por parte de los menores de edad, el juzgador acusado destac\u00f3 que Cabrera Mart\u00ednez, en representaci\u00f3n de su descendiente, demand\u00f3 ejecutivamente, por alimentos, al accionante, ante el incumplimiento en el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria contenida en la escritura p\u00fablica Nro. 497 del 7 de diciembre de 2020, otorgada ante la Notar\u00eda \u00danica de Aracataca – Magdalena, en donde: <\/p>\n
\u2026se decret\u00f3 el divorcio, por mutuo acuerdo, entre los contendientes, y se fij\u00f3, adicionalmente, una cuota de alimentos a favor del menor\u2026, que consist\u00eda en que\u2026 los padres, Ana Luz Cabrera y Diego Ruiz S\u00e1nchez, suministrar\u00e1n, cada uno, la suma de $1.000.000 mensuales, y con las primas de junio y diciembre, la suma de $500.000, con el fin de que se suplan las necesidades b\u00e1sicas del menor. Los cuales ser\u00e1n consignados entre los 5 primeros d\u00edas de cada mes, en la cuenta que para el efecto se aperture en el domicilio de la madre… <\/p>\n
El padre Diego Ruiz S\u00e1nchez se compromete a aportar dos mudas completas de ropa del ni\u00f1o, que ser\u00e1n entregadas en cualquier fecha del a\u00f1o. <\/p>\n
En educaci\u00f3n del menor, ambos padres se comprometen a proporcionar una buena formaci\u00f3n moral, f\u00edsica, emocional, psicol\u00f3gica, espiritual y social para su hijo, d\u00e1ndole buen ejemplo con su comportamiento, a fin de que el menor conserve la buena imagen de cada uno de sus padres; los gastos de educaci\u00f3n del menor\u2026 ser\u00e1n asumidos en los siguientes porcentajes: el padre\u2026 el 50% del valor total\u2026 y la madre\u2026 el 50% del valor total\u2026 <\/p>\n
En cuanto a la salud, el ni\u00f1o est\u00e1 afiliado como beneficiario de su padre al r\u00e9gimen de seguridad social que administra el Ministerio de Defensa Nacional – Ej\u00e9rcito Nacional – Sanidad Militar; los gastos extras que se causen por concepto de salud\u2026 y dem\u00e1s que no sean cubiertos por la seguridad social, estar\u00e1n a cargo del padre. <\/p>\n
Las cuotas de alimentos en menci\u00f3n, dice la nota de la escritura p\u00fablica, ser\u00e1n reajustadas en el mes de enero de cada a\u00f1o, de acuerdo al incremento del \u00edndice de precios al consumidor – IPC se\u00f1alado por el Departamento de Estad\u00edstica Nacional – DANE en la misma fecha. <\/p>\n
Tambi\u00e9n recapitul\u00f3 que en ese pacto se edific\u00f3 la demanda ejecutiva por las cuotas alimentarias de enero, febrero, marzo y abril de 2021 (la primera en su totalidad mientras que las otras \u00fanicamente en lo que respecta al aumento que de acuerdo al IPC deb\u00eda efectuarse para esa anualidad), que dio lugar a que se librara mandamiento de pago por la suma total de $1.736.000, as\u00ed como por las cuotas subsiguientes, de conformidad con el inciso 2\u00ba del precepto 431 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seguidamente indic\u00f3 que el deudor, al proponer las excepciones de m\u00e9rito, acredit\u00f3 la realizaci\u00f3n de diferentes consignaciones para la satisfacci\u00f3n de la mentada obligaci\u00f3n, ratificadas en los interrogatorios de parte, de las cuales se desprend\u00eda que, para cuando se promovi\u00f3 esa ejecuci\u00f3n, exist\u00eda un saldo a su favor por la suma de $1.463.218; sin embargo, en el caso concreto, era inviable poner fin al proceso al evidenciarse el incumplimiento parcial en el pago de las \u00abcuotas sucesivas\u00bb. As\u00ed lo destac\u00f3 el sentenciador acusado: <\/p>\n
Ahora bien, \u2026trat\u00e1ndose de obligaciones alimentarias, el art\u00edculo 431 del C\u00f3digo General del Proceso, \u2026tambi\u00e9n el\u2026 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia y el\u2026 130 de la misma codificaci\u00f3n, establecen que cuando se demande una obligaci\u00f3n alimentaria, a trav\u00e9s de demanda ejecutiva, como la presentada por la se\u00f1ora\u2026 Cabrera Mart\u00ednez, no solamente se cobra el capital adeudado, sino que se deben tener en cuenta las cuotas alimentarias que en lo sucesivo se causen\u2026 <\/p>\n
En el caso particular, si hacemos la suma que la se\u00f1ora Ana admiti\u00f3 fue recibida en las consignaciones anotadas, tendr\u00edamos que admitir que habr\u00eda una excepci\u00f3n de pago total dentro del tr\u00e1mite de la referencia, puesto que, sumadas todas las consignaciones, est\u00e1s llevan a la suma de $6.499.218, que frente al capital que fue objeto de este debate, dan una\u2026 suma de $5.036.000 que debi\u00f3 consignar el demandado en los per\u00edodos que van de enero, febrero, marzo y abril del a\u00f1o 2021; lo que quiere decir que hab\u00eda un saldo de $1.463.218 a favor del se\u00f1or Diego Ruiz S\u00e1nchez. <\/p>\n
Empero, en el interrogatorio de parte, al se\u00f1or Diego se le pregunt\u00f3 acerca del pago de las cuotas sucesivas\u2026 <\/p>\n
\u2026el mandamiento de pago y el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo comprenden no solamente el capital, como lo acabamos de se\u00f1alar en las normas que anteceden\u2026, sino que se deben garantizar las cuotas que en lo sucesivo se causen, en el caso particular, a partir del mandamiento de pago del 29 de abril de 2021, el se\u00f1or Diego Ruiz S\u00e1nchez no cancel\u00f3 el valor de las cuotas sucesivas como estaba pactado inicialmente en la conciliaci\u00f3n objeto de este tr\u00e1mite ejecutivo\u2026 <\/p>\n
\u2026el despacho les pregunt\u00f3 sobre el pago de las cuotas y este manifest\u00f3 que s\u00ed las hab\u00eda hecho y luego aclar\u00f3 que no, que las cuotas se ven\u00edan descontando por parte del pagador; en efecto, tambi\u00e9n se le interrog\u00f3 a la se\u00f1ora sobre el valor del capital y los dem\u00e1s aspectos, y \u00e9sta manifest\u00f3 que el demandado adeuda todav\u00eda cuotas que no han sido descontadas por el respectivo pagador. <\/p>\n
En raz\u00f3n de ello, el incumplimiento del se\u00f1or\u2026 Ruiz S\u00e1nchez se ve evidenciado en el tr\u00e1mite particular, puesto que, muy a pesar de que est\u00e1n haci\u00e9ndose los descuentos de los haberes devengados por el mencionado demandado, \u00e9ste no ha garantizado la cuota de alimentos de manera regular y como fue pactada en la mencionada escritura p\u00fablica a favor de [su hijo menor de edad]\u2026 <\/p>\n
Entonces, si ponemos en la balanza los derechos del se\u00f1or Diego\u2026 y de su hijo\u2026, conforme a la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, a los dem\u00e1s pactos y convenios internacionales, incluso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que equilibrar la balanza en favor de[l] [menor]\u2026[,] es un sujeto de especial protecci\u00f3n y, por ello, el despacho le responde a los interrogantes que el demandado ten\u00eda durante la diligencia, que todo se hac\u00eda en favor del mencionado menor y, en efecto, as\u00ed es, puesto que en esta legislaci\u00f3n siempre hay un inter\u00e9s que se debe favorecer y es el\u2026 del menor que demanda. <\/p>\n
En vista de todo lo anterior, el despacho, entonces, declara\u2026 que la suma en menci\u00f3n ($1.463.218) se reconocer\u00e1 a favor del capital adeudado, una vez las partes haga la respectiva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por eso el despacho fue enf\u00e1tico en indicarles que en un proceso ejecutivo como estos\u2026, ten\u00edamos que tener en cuenta eran las calculadoras, puesto que no se puede modificar el acuerdo inicialmente celebrado entre las partes, se demanda el incumplimiento de una obligaci\u00f3n alimentaria que comprende capital, cuotas sucesivas, como lo acabamos de rese\u00f1ar, intereses, menos cuotas canceladas. <\/p>\n
Al d\u00eda 15 de julio de 2022 al demandado, seg\u00fan el reporte del Banco Agrario, le han descontado $15.685.236, que deber\u00e1n ser descontados al momento de hacer la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica ya anotada, capital, intereses, cuotas sucesivas y, adicionalmente, el descuento de la suma en capital de $1.463.218, a favor de la parte demandante (sic) conforme a lo ya anotado\u2026 <\/p>\n
Con apoyo en todas esas disquisiciones, resolvi\u00f3 declarar infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el quejoso, denominadas \u00abcobro de lo no debido, mala fe, inexistencia de la obligaci\u00f3n materia de ejecuci\u00f3n y abuso del derecho\u00bb; y seguir adelante el cobro \u00absolo por las cuotas sucesivas [que se causaron a partir del mandamiento de pago de\u2026 29 de abril de 2021], haciendo\u2026 el descuento del capital antes anotado, al momento de hacer la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
5.2. Bajo ese contexto, es evidente la inviabilidad del amparo en el asunto espec\u00edfico, porque las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada, al margen de que se compartan, no resultan arbitrarios o caprichosos, tanto m\u00e1s cuando, contrario a lo aducido por el gestor, el juez acusado, con una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y bajo el an\u00e1lisis conjunto de todo el material suasorio recolectado, especialmente en favor de los derechos prevalentes del menor involucrado, hall\u00f3 que aunque para cuando se emiti\u00f3 el mandamiento de pago no exist\u00eda mora por parte del deudor, lo cierto es que en el tr\u00e1mite de ese juicio se detect\u00f3 que aqu\u00e9l dej\u00f3 de cumplir cabalmente el pacto conciliatorio respecto a los alimentos, pues no cancel\u00f3 las \u00abcuotas sucesivas\u00bb en la forma acordada, dejando de honrarlas de forma regular, sin que la aparente desatenci\u00f3n del pagador en su descuento por n\u00f3mina lo librara de tal responsabilidad, pues era \u00e9l quien deb\u00eda satisfacerla, siendo evidente que si los descuentos fueron incompletos, le correspond\u00eda aportar directamente el faltante; motivos suficientes para continuar la ejecuci\u00f3n, precisando que, en todo caso, se orden\u00f3 imputar a lo debido el anotado saldo a su favor, as\u00ed como los dineros provenientes de la medida de embargo, y por las particularidades del caso, no se le conden\u00f3 en costas, garantizando tambi\u00e9n sus derechos. <\/p>\n
De all\u00ed que tales disquisiciones no puedan ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si… no resulta[n] contrari[as] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario]… para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Por ese sendero, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en ellas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador natural, esa sola disonancia no es motivo suficiente para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Lo considerado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13961-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13961-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00251-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Diego Ruiz S\u00e1nchez frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68057","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68057\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}