STC13963-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13963-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03498-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Anderson Iv\u00e1n Rocha Buelvas contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto fechado\u2026 25 de junio de 2020\u00bb y, en consecuencia, se le \u00abnotifique en debida forma el auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Arcenio Hidalgo Troya promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva de suscribir documentos contra \u00c1ngela Constanza Hidalgo Erazo y Anderson Iv\u00e1n Rocha Buelvas, libr\u00e1ndose mandamiento ejecutivo el 25 de junio de 2020. <\/p>\n
2.2. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 2 de octubre de 2020, el juzgado accionado decidi\u00f3 \u00abtener como surtida la notificaci\u00f3n personal de los ejecutados\u2026 el 18 de agosto de 2020\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abtener por no contestada la demanda por\u2026 Anderson Iv\u00e1n Rocha Buelvas\u00bb y, posteriormente, mediante sentencia del 10 de febrero de 2021, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, Anderson Iv\u00e1n Rocha Buelvas solicit\u00f3 la nulidad \u00abpor indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago\u00bb, que fue desestimada con auto del 19 de octubre de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el peticionario, siendo confirmada con providencia del 17 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abnunca fue notificado en debida forma de la demanda que dio origen al proceso de su conocimiento, ni mucho menos del auto que admiti\u00f3 su tr\u00e1mite\u00bb, teniendo en cuenta que no se corrobor\u00f3 \u00abla recepci\u00f3n de la notificaci\u00f3n de la demanda, sus anexos, ni del auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo dirigida a [\u00e9l]; [as\u00ed como] tampoco se certifica que la notificaci\u00f3n haya sido remitida por servicio postal autorizado\u00bb, atendiendo \u00abel condicionamiento que la Corte Constitucional en sentencia C-420 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que las sedes judiciales criticadas \u00abtoman como\u2026 prueba fundamental de notificaci\u00f3n, un pantallazo aportado por la parte actora, a fin de demostrar que\u2026 se le hizo llegar un correo electr\u00f3nico contentivo de la notificaci\u00f3n de la demanda\u2026\u00bb, desconociendo que en el referido precedente de constitucionalidad (C-420\/20), \u00abla Corte Constitucional\u2026 ordena que se debe constatar el acceso del destinatario al mensaje, pero dentro del plenario no se encuentra constancia de que [\u00e9l] haya recibido la notificaci\u00f3n de la demanda y los documentos que la deben acompa\u00f1ar\u00bb. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n resalt\u00f3 que los accionados \u00abpresumieron que\u2026 recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n de la demanda, mas no constata[n] que as\u00ed haya sido, ya que el pantallazo\u2026 \u00fanicamente corrobora que se envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico, situaci\u00f3n diferente ser\u00eda que se hubiese aportado una constancia de un servicio de mensajer\u00eda acreditado, donde se evidencia la fecha de env\u00edo y que el mensaje haya sido recepcionado\u00bb; y que \u00aben su af\u00e1n de encontrar los medios para corroborar que se efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n, hace[n] referencia a capturas de pantalla de fechas 12 y 13 de agosto de 2020, donde no se visualiza un rechazo de los mensajes enviados, as\u00ed como diferentes correos electr\u00f3nicos recepcionados y enviados de [su] correo electr\u00f3nico\u2026, por lo cual infieren que [su] correo electr\u00f3nico\u2026 encuentra activo\u00bb, pero que \u00abaqu\u00ed no se est\u00e1 discutiendo si el correo electr\u00f3nico existe o no, se encuentre activo o no, sino que \u00e9ste haya sido el medio por el cual\u2026 conoci\u00f3 de la demanda, sus anexos y el auto que libra mandamiento ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2.7. Finalmente, destac\u00f3 que las decisiones criticadas \u00aba la fecha a\u00fan generan consecuencias negativas en [sus] derechos fundamentales\u2026, [por lo que] el principio de inmediatez no puede ser aplicado en el sub lite en raz\u00f3n a que la vulneraci\u00f3n\u2026 a\u00fan persiste\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto precis\u00f3 que \u00ablos argumentos con base en los que\u2026 deneg\u00f3 la nulidad se encuentran plasmados en las respectivas decisiones, y a ellos [se] remite\u00bb. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, verifica la Sala que el actor cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 19 de octubre de 2021, que desestim\u00f3 la nulidad que formul\u00f3 por \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, con auto del 17 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que la \u00faltima de las decisiones cuestionadas data del 17 de marzo de 2022, por lo que, entre esa \u00faltima fecha y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 4 de octubre de 2022, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que no resultan de recibo los argumentos que esgrimi\u00f3 el actor para tratar de justificar la referida demora, circunscritos a que la afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales persiste en el tiempo, pues lo cierto es que la trasgresi\u00f3n, de haberse configurado, se consolid\u00f3 con el proferimiento de la prenotada providencia de 17 de marzo de 2022, habida cuenta que fue esa determinaci\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 en torno a la legalidad de la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo al quejoso. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
4. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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