STC13965-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13965-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00321-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 20 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela acumuladas (radicaciones 2022-00321, 2022-00330 y 2022-00331) promovidas por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos objeto de las quejas constitucionales. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada, por lo que solicit\u00f3 se le ordene \u00abadmitir [sus] acci\u00f3n[es] popular[es]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para los presentes amparos constitucionales, en s\u00edntesis, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez instaur\u00f3 tres acciones populares (radicaciones 2022-00210, 2022-00218 y 2022-00219) contra el \u00abestablecimiento comercio Distripollos del Eje\u00bb, EVE Distribuciones SAS y la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios Copservir Ltda., respectivamente, que fueron inadmitidas con autos calendados 18 de agosto de 2022 (2022-00210) y 17 de agosto de este mismo a\u00f1o (2022-00218 y 2022-00219). <\/p>\n
2.2. Vencido el t\u00e9rmino concedido al actor para subsanar, en el que se presentaron escritos, que consider\u00f3 insuficientes el fallador accionado, se rechazaron los libelos con prove\u00eddos del 29 de agosto de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado querellado \u00abolvidando y desconociendo que cumpl[e] lo que [l]e impone el art 18 ley\u2026 472 de 1998, rechaza [su] acci\u00f3n constitucional, aplicando art 11 CGP\u00bb, toda vez que \u00abseg\u00fan su sano criterio no consign[\u00f3] el nombre completo, apellido y documento de identidad de quien [le] brind\u00f3 la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, pese a que el tutelado nunca [le] exigi\u00f3 que ten\u00eda que cumplir dicho requerimiento, el cual\u2026 no est\u00e1 contemplado en la ley 472 de 1998\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas precis\u00f3 que \u00abno ha vulnerado el derecho al debido proceso invocado por\u2026 Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez; por el contrario, ha sido negligencia del actor popular que se niega a corregir y complementar la solicitud\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa con Funciones de Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n Risaralda resalt\u00f3 que \u00ablo se\u00f1alado es ajeno a esa Agencia del Ministerio p\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada\u2026 a la defensa de los derechos e intereses colectivos emitiendo concepto de rigor, solicitando pruebas y participando en la audiencia de pacto de cumplimiento\u2026, sin que [tenga] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abtoda vez que las pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas\u2026 [y] no se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en que esa Entidad ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abel interesado dej\u00f3 de recurrir en reposici\u00f3n las decisiones del 29-08-2022 que rechazaron las acciones populares\u2026, mecanismo id\u00f3neo y eficaz para ventilar el problema jur\u00eddico ante el juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Destac\u00f3 el accionante que \u00abc\u00f3mo se le puede exigir a un ciudadano que conozca que o cual recurso debe presentar a duras penas [se] atreve a presentar la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abla libertad discreta y razonable de los falladores se desborda en este caso al pretender imponer requisitos y exigencias\u2026 no contempladas en el art 18 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el tutelante, como lo concluy\u00f3 el juzgador de primer grado, no hizo uso del medio de defensa que tuvo a su alcance, para exponer sus inconformidades ante el juez natural de la causa. <\/p>\n
2.1. En efecto, no interpuso el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda conforme con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 19981, contra los prove\u00eddos que rechazaron sus demandas, proferidos el 29 de agosto de 2022, incurriendo en incuria, en cuanto dej\u00f3 de ejercer el instrumento jur\u00eddico de defensa id\u00f3neo para censurar aquel auto, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que ten\u00eda para que el tema relativo al rechazo de sus libelos agotara el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
En consecuencia, se reitera, la presente demanda constitucional est\u00e1 condenada al fracaso, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n
2.2. En cuanto a los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n, baste con decir que de conformidad con el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil \u00ab[l]a ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que, si el promotor consideraba que carec\u00eda de los conocimientos necesarios para impulsar el asunto cuestionado, bien pudo solicitar se le concediera amparo de pobreza (art\u00edculo 19, ley 472 de 1998), con la finalidad que se designara un profesional del derecho que lo representara. <\/p>\n
3. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abReposici\u00f3n. \u2026Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13965-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13965-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00321-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68061","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68061","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68061"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68061\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68061"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68061"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68061"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}