STC13968-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13968-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01849-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Paola Garz\u00f3n Pinz\u00f3n contra el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene \u00abal Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, realizar el levantamiento de las medidas cautelares en atenci\u00f3n al tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante y al acuerdo suscrito en virtud del mismo, con el fin que la suscrita pueda dar cumplimiento a lo acordado con los acreedores incluyendo las entidades que no se hicieron presentes en el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ante el precitado estrado Juan Ra\u00fal Sol\u00f3rzano promovi\u00f3 ejecuci\u00f3n contra Camilo Garz\u00f3n Silva, identificada con el radicado \u00ab11001310303520060032700\u00bb, a la cual se acumul\u00f3 la demanda presentada por Nohora Roci\u00f3 Velandia Guti\u00e9rrez, y dentro de la cual se embargaron los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria 162-28445 y 162-28446 del municipio de Puerto Salgar. <\/p>\n
2.2. Debido al fallecimiento del ejecutado, en el a\u00f1o 2017 se vincul\u00f3 a la actuaci\u00f3n a la aqu\u00ed accionante como su \u00fanica heredera, quien se notific\u00f3 de la existencia de los t\u00edtulos y el 22 de septiembre de 2020 inici\u00f3 tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante ante la C\u00e1mara Colombiana de Conciliaci\u00f3n, actuaci\u00f3n dentro de la cual aquella cit\u00f3 a sus acreedores y el 1\u00ba de marzo de 2021 lleg\u00f3 a un acuerdo de pago, sin la presencia de la Secretar\u00eda de Hacienda de Bogot\u00e1, la DIAN y Nohora Roc\u00edo Velandia \u00aba pesar de estar debidamente notificados\u00bb. <\/p>\n
2.3. El acuerdo consisti\u00f3 en que a la deudora se le confer\u00eda un t\u00e9rmino de 3 a\u00f1os para realizar el pago, con los recursos que obtendr\u00eda de la venta de los bienes embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo individualizado l\u00edneas atr\u00e1s, prop\u00f3sito para el cual se acord\u00f3 levantar las cautelas decretadas sobre los mismos. <\/p>\n
2.4. La ejecuci\u00f3n fue suspendida mediante auto de 11 de marzo de 2021 y el 29 de abril siguiente se solicit\u00f3 el levantamiento de las aludidas cautelas, conforme a lo pactado en el tr\u00e1mite de insolvencia, no obstante, el juzgado no procedi\u00f3 a ello, sino que puso la situaci\u00f3n en conocimiento de la parte ejecutante, quien estuvo de acuerdo con la f\u00f3rmula de arreglo, pero contradictoriamente se opuso al levantamiento de las medidas cautelares, porque la DIAN hab\u00eda embargado los predios. <\/p>\n
2.5. El estrado de la ejecuci\u00f3n requiri\u00f3 a la accionante para que explicara por qu\u00e9 la DIAN no fue incluida en el plan de pagos, frente a lo cual \u00e9sta inform\u00f3, en varias ocasiones, que la cit\u00f3 al tr\u00e1mite de insolvencia, al igual que a la Secretar\u00eda de Hacienda, pero ninguna de las entidades se present\u00f3, y que reconoce la deuda que tiene con ambas, solo que la misma no est\u00e1 a su nombre, sino de su fallecido progenitor. <\/p>\n
2.6. El 21 de junio de 2022 el juzgado accionado no accedi\u00f3 a la solicitud de la gestora de dejar los bienes a disposici\u00f3n de la DIAN y contradictoriamente tampoco levant\u00f3 las cautelas sobre los mismos, impidiendo as\u00ed cumplir con el acuerdo de insolvencia. <\/p>\n
2.7. Sobre uno de los predios cautelados, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 162-28445, la ANI y la Concesi\u00f3n Alto Magdalena S.A.S. adelantan tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n, de lo cual la gestora se enter\u00f3 tiempo despu\u00e9s, porque dentro de la ejecuci\u00f3n no cuenta con apoderado judicial, debido a que no se ha emitido pronunciamiento sobre la revocatoria del poder a su mandatario, lo que le ha impedido nombrar el reemplazo, y defenderse dentro del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que promovi\u00f3 el abogado. <\/p>\n
2.8. Sostiene la gestora, en s\u00edntesis, que el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito no ha viabilizado cumplir con el acuerdo de insolvencia, ya que repite requerimientos, toma decisiones contradictorias, ha remitido informaci\u00f3n tard\u00eda a la DIAN, tanto as\u00ed que a la fecha ella desconoce lo que se le adeuda a la entidad, y en suma, le impide cumplir el acuerdo de pago a que lleg\u00f3 con sus acreedores, para lo cual es necesario el levantamiento de las cautelas sobre los aludidos inmuebles, porque con la venta de los mismos es que cumplir\u00e1 con lo pactado. <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 explic\u00f3 que la revocatoria del poder no requiere pronunciamiento judicial para hacerse eficaz y, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro de la ejecuci\u00f3n cuestionada, resalt\u00f3 que \u00abla DIAN adelanta un proceso de cobro coactivo en contra de la aqu\u00ed accionante, como sucesora del causante Camilo Garz\u00f3n Silva (q.e.p.d); cual, ella misma sab\u00eda sobre su existencia, y, adem\u00e1s, a sabiendas, no se incluy\u00f3 en el acuerdo de pago celebrado ante la C\u00e1mara Colombiana de Conciliaci\u00f3n; por lo que, sin claridad sobre el particular, a \u00e9sta Judicatura no le resulta posible acceder a la cancelaci\u00f3n y levantamiento de las medidas cautelares que recaen sobre los predios identificados con matr\u00edculas 162-28445 y 162-28446\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, alleg\u00f3 el auto de 6 de septiembre del presente a\u00f1o, con que resolvi\u00f3 \u00abnegar la cancelaci\u00f3n y levantamiento de las medidas cautelares decretadas en curso del presente proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2. La DIAN se opuso a lo pretendido por la actora, porque se le inform\u00f3 solo sobre el tr\u00e1mite de insolvencia seguida contra \u00e9sta, pero all\u00ed \u00e9sta omiti\u00f3 mencionar su calidad de heredera, y por ende representante de la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Camilo Garz\u00f3n Silva, contra quien s\u00ed se sigue proceso de cobro, adem\u00e1s de que la comunicaci\u00f3n enviada a la entidad no fue para citarla como acreedora, sino en cumplimiento del art\u00edculo 573 del C\u00f3digo General del Proceso y solo se mencion\u00f3 la existencia de cinco acreedores de quinta clase. <\/p>\n
3. El Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara Colombiana de la Conciliaci\u00f3n indic\u00f3 que la DIAN si fue notificada de la existencia del tr\u00e1mite de insolvencia, pero respecto de la aqu\u00ed accionante, no del fallecido padre de \u00e9sta. <\/p>\n
4. Hern\u00e1n Roberto Medina Acosta manifest\u00f3 que, si la gestora ten\u00eda alguna inconformidad con lo actuado dentro del decurso cuestionado, debi\u00f3 manifestarlo mediante el uso de los mecanismos ordinarios de defensa, los cuales fueron desperdiciados. <\/p>\n
5. La Secretar\u00eda Distrital de Hacienda de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no particip\u00f3 del aludido tr\u00e1mite de insolvencia <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al corroborar que la DIAN adelanta proceso de cobro en contra la actora, como sucesora del causante Camilo Garz\u00f3n Silva, pero la acreencia no fue incluida en el acuerdo de pago a que se lleg\u00f3 en el tr\u00e1mite de insolvencia iniciado por \u00e9sta, situaci\u00f3n por la cual, en prove\u00eddo de 6 de septiembre de los corrientes el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 no acceder a levantar las medidas cautelares decretadas en la ejecuci\u00f3n seguida contra la gestora, proceder que, en caso de generar inconformidad, debi\u00f3 ser discutido dentro del juicio, sin que entre tanto pueda intervenir el juez de tutela, dada la subsidiariedad que caracteriza al mecanismo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n insistiendo en que el juzgado accionado le ha impedido cumplir con el acuerdo de pagos a que se lleg\u00f3 en el tr\u00e1mite de insolvencia, porque no levanta las medidas cautelares que est\u00e1n a su cargo, lo que no implica que tambi\u00e9n levante las que sobre los mismos bienes tiene la DIAN, pues ello lo pedir\u00e1 directamente a la entidad, previa inclusi\u00f3n de la misma en el acuerdo de pago. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, porque de la revisi\u00f3n del expediente del proceso cuestionado se constata que, contra el auto de 6 de septiembre de 2022 del Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con que dicho estrado resolvi\u00f3 \u00abnegar la cancelaci\u00f3n y levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el curso del presente proceso ejecutivo\u00bb, la gestora interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, los cuales se encuentran pendientes de pronunciamiento. <\/p>\n
Se encuentra entonces en debate dentro del proceso cuestionado, la procedencia o no del levantamiento de medidas cautelares que la actora reclama este escenario, lo que impide al juzgador constitucional anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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