STC13969-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13969-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01571-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lucelly del Socorro Osorno Londo\u00f1o, Rubiela de Jes\u00fas Restrepo Alzate, Arnulfo Antonio Betancur Hern\u00e1ndez y Juan David Garc\u00eda Restrepo contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia y la Fiscal\u00eda 65 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dicen vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, en el marco del proceso de extinci\u00f3n de dominio tramitado sobre sus bienes, radicado 110016099068201800403. <\/p>\n
Solicitan, entonces, que se ordene \u00abdej[ar] sin valor jur\u00eddico la medida cautelar y de conformidad a lo establecido en la Ley 1708 de 2014, art. 455 y 457 de la Ley 906 de 2009 C.P. y Constituci\u00f3n Nacional, se decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n procesal\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en que, seg\u00fan afirman los actores, al referido juicio fueron vinculados sus bienes, \u00absin la existencia de elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o informaci\u00f3n legalmente obtenida\u00bb, por lo cual el 6 de septiembre de 2021 solicitaron al juzgado accionado que declarara nulo lo actuado y les fueran devueltos sus inmuebles y veh\u00edculos automotores, a lo cual no accedi\u00f3 dicha autoridad, decisi\u00f3n que atacaron mediante el recurso de apelaci\u00f3n, sin que a la fecha el Tribunal convocado haya emitido manifestaci\u00f3n alguna, pese a que, enfatizan, las cautelas fueron ordenadas por la fiscal\u00eda, sin ninguna explicaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro de la actuaci\u00f3n cuestionada, de las cuales se resalta que el proceso a\u00fan se encuentra en etapa de notificaci\u00f3n a las partes e intervinientes; el 5 de octubre de 2021 se negaron las solicitudes de los aqu\u00ed accionantes para el levantamiento de las cautelas decretadas sobre los bienes objeto de la extinci\u00f3n, decisi\u00f3n respecto de la cual el 26 de noviembre siguiente se denegaron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n conoci\u00f3 del tr\u00e1mite de control de legalidad identificado con el consecutivo 05000312000120210001700, instaurado por Rubiela de Jes\u00fas Alzate, Arnulfo Antonio Betancur Hern\u00e1ndez, Juan David Garc\u00eda Restrepo y Jeraldine Cadavid Saldarriaga, actuaci\u00f3n dentro de la cual el 11 de junio de 2021 se \u00abdecret\u00f3 la legalidad formal y material\u00bb de las cautelas objetadas, decisi\u00f3n atacada por los solicitantes mediante el recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue rechazado el 22 de junio de 2021 por extempor\u00e1neo <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que una vez revisado el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial Siglo XXI, tanto por el n\u00famero de radicado de los asuntos antes individualizados, como por el nombre de los aqu\u00ed accionantes, no se encontr\u00f3 ning\u00fan registro ante esa Colegiatura, situaci\u00f3n explicada porque las apelaciones interpuestas por \u00e9stos fueron denegadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, al observar que el proceso reprochado no ha concluido, de manera que los accionantes pueden insistir en su solicitud, sin que entre tanto pueda intervenir el juez de tutela, porque desplazar\u00eda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria en el cumplimiento propio de sus funciones; del mismo modo, los accionantes cuentan con la posibilidad de pedir el control de legalidad sobre las medidas cautelares, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculo 111 y siguientes de la Ley 1708 de 2014, medio adicional que impide la injerencia del juez constitucional, bajo el entendido que dentro del asunto no est\u00e1 probada la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante Rubiela de Jes\u00fas Restrepo Alzate, sin exponer el motivo de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De entrada, corresponde se\u00f1alar que la queja de los actores contra la Sala de Extinci\u00f3n de Domino del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 recae en la supuesta tardanza de esa autoridad en manifestarse frente al recurso de apelaci\u00f3n que presentaron contra el prove\u00eddo de 5 de octubre de 2021, con que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio les neg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre sus bienes, no obstante, de lo informado por dicha Colegiatura durante la presente actuaci\u00f3n se colige no existe ninguna alzada pendiente de resolver, porque mediante prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2021 el juez cognoscente se neg\u00f3 a conceder el mecanismo, lo que impone la negativa a la protecci\u00f3n implorada al respecto, por inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
el objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d (T-130 2014, citado recientemente en STC11896-2022). <\/p>\n
3. En cuanto a la queja elevada contra el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso de extinci\u00f3n de dominio objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo el tr\u00e1mite se encontraba en etapa de notificaci\u00f3n del auto admisorio a las partes e intervinientes; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo deben formular los accionantes ante el fallador natural. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por los promotores de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar contorno, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
[L]os reproches de los censores se enfilaron a derruir la legalidad de la medida cautelar de la suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro de los predios con folios inmobiliarios 359-17720 y 362-18773, as\u00ed como de los automotores con placas TUN-516, EPM-979, STQ-609, STQ-610, STQ-611 y STQ-674 de su propiedad. <\/p>\n
2.1. La salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que la causa fustigada se halla en curso, pues la demanda de extinci\u00f3n de dominio fue admitida y est\u00e1 en tr\u00e1mite de cara a la adopci\u00f3n de la sentencia que en derecho corresponda, la que de resultarle adversa, podr\u00e1 ser susceptible de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de las alegaciones de los accionantes, su reclamo se muestra presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plantea, ya que la ley de extinci\u00f3n de dominio ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades (\u2026). (STC15844-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que los accionantes tildan como irregulares. <\/p>\n
4. Lo anterior bajo el entendido que no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n de car\u00e1cter transitorio, pues, no est\u00e1 demostrado que la sola continuaci\u00f3n del proceso criticado y por ende la vigencia de las cautelas all\u00ed dispuestas, genere un detrimento que amerite la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
Al respecto mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida de la tutela como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos, que se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01 y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
5. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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