STC13975-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13975-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01832-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 9 de septiembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Amanda De La Concepci\u00f3n P\u00e9rez Orozco y Camilo Antonio Pedraza, a trav\u00e9s de apoderado, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, prevalencia y efectividad del derecho sustancial y el principio de legalidad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada al interior del proceso ejecutivo mixto de radicado 2015-00579. <\/p>\n
2. Narraron que presentaron demanda ejecutiva mixta en contra de Claudio y Mireya Naideth Rinc\u00f3n Mora, persiguiendo el pago de una obligaci\u00f3n respaldada con garant\u00eda hipotecaria. En dicho tr\u00e1mite, la autoridad cuestionada orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Posteriormente, la demandada, ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica, solicit\u00f3 la negociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante, pedimento que fue admitido el 16 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.2. En raz\u00f3n a ello, indicaron que el Juzgado atacado -con auto del 2 de diciembre de 2021- orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite ejecutivo, desconociendo el art\u00edculo 547 del C.G.P., toda vez que existe una obligaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
2.4. Adujeron que con tales determinaciones se incurri\u00f3 en un defecto material que desconoce precedentes judiciales. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicitaron que \u00abse revoquen los prove\u00eddos objeto de censura tutelar, adoptando las medidas constitucionales necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e11 puso de presente que el proceso fue ingresado al despacho el 30 de agosto del presente a\u00f1o, con la misma petici\u00f3n pretendida en el ruego constitucional, la cual fue atendida en prove\u00eddo de la misma fecha. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, aclar\u00f3 que la medida de suspensi\u00f3n del proceso recae exclusivamente sobre la demandada Mireya Naideth Rinc\u00f3n Mora con ocasi\u00f3n del inicio del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante. Por tal motivo, afirm\u00f3 que no ha desconocido los derechos de la parte actora. <\/p>\n
2. El Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica2 afirm\u00f3 que el proceder del funcionario atacado dentro del asunto no merece reproche, como quiera que \u00abha resuelto la intervenci\u00f3n del accionante conforme la sana, acuciosa y certera interpretaci\u00f3n de ley, buscando con ello el accionante una instancia con olvido total del requisito de subsidiariedad, y desconociendo por completo los derechos de los deudores y lo establecido por el legislador\u00bb. Por tanto, pidi\u00f3 que se deniegue por improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
3. La Coordinadora de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e13, asever\u00f3 que ha dado tr\u00e1mite en los t\u00e9rminos adecuados a las solicitudes de las partes interesadas. Adicionalmente ha dado cumplimiento a lo establecido en los autos proferidos por el juzgado cuestionado. Motivo por el cual solicit\u00f3 denegar el amparo rogado ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos alegados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo implorado. Para ello, consider\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n sometida a escrutinio de la Sala no puede tildarse de arbitraria, toda vez que corresponde a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de las aludidas reglas, ante lo cual resulta inviable la intervenci\u00f3n del juez de tutela, para anteponer el criterio de la parte actora, sobre el del funcionario censurado, pues en todo caso, la suspensi\u00f3n del juicio s\u00f3lo recay\u00f3 respecto de la intervenida\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los promotores. No comparten lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abno hab\u00eda lugar a suspender la ejecuci\u00f3n como consecuencia de la admisi\u00f3n de la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los gestores, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 19 de abril de 2022, con el cual se confirm\u00f3 la sentencia del 2 de diciembre de 2021, por medio del cual se suspendi\u00f3 el proceso ejecutivo contra la demandada Mireya Naideth Rinc\u00f3n Mora. <\/p>\n
2.2. A rengl\u00f3n seguido, trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil. Y refiri\u00f3 que este \u00abdetermina que cuando una norma es clara no se puede desconocer so pretexto de buscar su sentido. Para el presente caso es claro que admitido un demandado en tr\u00e1mite de insolvencia debe darse aplicaci\u00f3n a la suspensi\u00f3n del proceso en su contra, sin importar que sea el deudor que se haya beneficiado del cr\u00e9dito o su garante o codeudor, pues la norma arriba mencionada no trae tal distinci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, enfatiz\u00f3 que, aunque el art\u00edculo 547 del C.G.P. \u00abpermite que el proceso continu\u00e9 contra los codeudores codemandados, salvo manifestaci\u00f3n expresa en contrario de su acreedor, ello solo ser\u00e1 en el caso que estos no sean los que han sido admitidos en el proceso de insolvencia, pues en tal caso se aplica el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 545 ibidem, como ocurri\u00f3 en el presente caso\u00bb. Por lo anterior, concluy\u00f3 que no le asiste raz\u00f3n al recurrente pues, \u00ablo que busca la Ley de insolvencia es precisamente que el demandado pueda buscar alternativas para el pago de las obligaciones que eventualmente se le est\u00e9n ejecutando, y no tendr\u00eda ning\u00fan sentido el que los codeudores solidarios no pudieran tener dicha oportunidad de sanear sus deudas\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.5 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los accionantes. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Finalmente, para la Sala es claro que los promotores a\u00fan cuentan con la posibilidad de hacerse parte en el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante en el que fue admitida la demandada Mireya Naideth Rinc\u00f3n, escenario en el que podr\u00e1n hacer valer sus derechos y perseguir lo que en el fondo se pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n
5. Por lo expresado. se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2. Anexo 15ContestacionJuzgado1CivilCircuitoEjecucion.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-4. Anexo 23RespuestaCentroConciliaci\u00f3n.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-2. Anexo 09 RespuestaCordinadorCentroServiciosEjecuci\u00f3nCivilCircuito.pdf <\/p>\n
4\u0002Folio326-328.Anexo C-1.pdf. Carpeta 19ProcesoJuzgado01CivildelCircuitoEjecucionSentencias. <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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