STC13976-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13976-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00678-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Janeth Esther Padilla Borja en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales- y la sociedad Electro AO S.A.S. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 21-227811. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La gestora demand\u00f3 a Electro A.O. S.A.S., en acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, para hacer efectiva la garant\u00eda sobre un computador que ella adquiri\u00f31. <\/p>\n
2.2. El 27 de julio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales- admiti\u00f3 la demanda, bajo el radicado 21-2278112. <\/p>\n
2.3. La sociedad interpelada, notificada del auto admisorio, contest\u00f3 la demanda y se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n3. <\/p>\n
2.4. El 27 de mayo de 2022 se convoc\u00f3 a las partes a la diligencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso4. <\/p>\n
2.5. En audiencia de 6 de junio del a\u00f1o en curso, a la cual s\u00f3lo asisti\u00f3 el representante legal de la sociedad convocada, se dict\u00f3 fallo desestimatorio de las pretensiones propuestas5. <\/p>\n
3. La actora tacha de irregular la actuaci\u00f3n relatada, pues la notificaci\u00f3n del auto de 27 de mayo se realiz\u00f3 indebidamente, ya que (i) no se le envi\u00f3 al correo de su abogada, sino s\u00f3lo al suyo \u00abpersonal\u00bb; y (ii) porque el mensaje de datos se le remiti\u00f3 por fuera del horario laboral. <\/p>\n
Adicionalmente, debido a la \u00abfalta de disponibilidad de tiempo y garant\u00edas\u00bb, el mismo 6 de junio y con \u00abanticipaci\u00f3n a la hora de la audiencia\u00bb, le solicit\u00f3 a la entidad querellada el aplazamiento de la vista p\u00fablica, por cuanto su apoderada \u00abse encontraba adelantando otras diligencias\u00bb, pero ello no fue tenido en cuenta y la audiencia se realiz\u00f3. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puso de presente que la sentencia pronunciada es contraevidente y carece de soporte jur\u00eddico, en tanto, contrario a lo determinado por la Superintendencia convocada, s\u00ed estaban acreditados la totalidad de los presupuestos de la acci\u00f3n promovida. <\/p>\n
4. Con estribo en lo narrado, pide dejar sin efectos las determinaciones adoptadas en el curso de la diligencia de 6 de junio de 2022, el fallo inclusive y, en su lugar, que se provea nuevamente. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS6 <\/p>\n
2 Electro A.O. S.A.S. se pronunci\u00f3 en similares t\u00e9rminos. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda implorada, tras no hallar irregularidad alguna en la actuaci\u00f3n adelantada por la querellada, en particular, porque el auto de 27 de mayo de los cursantes fue notificado por estado 97 de 31 de mayo de 2022. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, quien insisti\u00f3 en lo narrado en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora cuestiona la notificaci\u00f3n del auto del 27 de mayo de 2022 y cuestiona la determinaci\u00f3n adoptada en la audiencia de 6 de junio de 2022, por la cual la Superintendencia querellada decidi\u00f3 el fondo de la controversia de protecci\u00f3n al consumidor que ella plante\u00f3 contra la empresa Electro A.O. S.A.S. <\/p>\n
2. Frente al reparo por la notificaci\u00f3n del auto de 27 de mayo, que convoc\u00f3 a las partes a la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 CGP, el amparo no satisface el requisito de la subsidiariedad, por cuanto, de la informaci\u00f3n contenida en el expediente digital, no se vislumbra que la querellante haya solicitado a la autoridad demandada la nulidad de lo actuado, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes prematuramente y sin que los planteamientos hayan sido resueltos en las instancias ordinarias, dado que el juez de tutela no puede reemplazar las facultades del cognoscente. <\/p>\n
Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, la Sala ha sostenido que esta acci\u00f3n constitucional no <\/p>\n
(\u2026) se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular\u00bb (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
3. Tampoco se percibe que en el fallo dictado por la convocada el 6 de junio del a\u00f1o en curso se hubiese incurrido en alg\u00fan defecto de procedibilidad que habilite la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional. <\/p>\n
En efecto, luego de someter a un extenso y minucioso interrogatorio al representante legal de la empresa interpelada, de delimitar el objeto del litigio en torno a si se reun\u00edan los requisitos para el cambio del producto, por efectividad de la garant\u00eda, del equipo de c\u00f3mputo adquirido por la demandante y de hacer referencia a diversos aspectos e instituciones propias del derecho del consumo, la autoridad accionada dedujo que los presupuestos de la acci\u00f3n ejercitada no estaban reunidos. <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n acot\u00f3, con sustento en las pruebas incorporadas y en las practicadas, que la queja de la usuaria giraba en torno a fallas en la licencia del sistema operativo y en el monitor del computador que compr\u00f3, el cual, adem\u00e1s, ten\u00eda algunos rayones. <\/p>\n
Efectuada esa precisi\u00f3n, asever\u00f3 que tales fallas no estaban probadas, dada la precariedad de los elementos de convicci\u00f3n allegados y del juego de presunciones derivadas de la inasistencia de la demandante a la audiencia, como tampoco estaba acreditado que tales defectos fueran reiterados y que la sociedad accionada incumpliera su obligaci\u00f3n de prestarse asistencia t\u00e9cnica, raz\u00f3n por la cual no proced\u00eda el cambio del producto, por no reunirse los requisitos previstos en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo del Consumidor \u2013Ley 1480 de 2011-, cuya cabal acreditaci\u00f3n, sostuvo, correspond\u00eda enteramente a la parte demandante, a voces de lo establecido en el precepto 167 del Estatuto Adjetivo en lo Civil. <\/p>\n
3.1. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, adoptada en el curso de la audiencia de 6 de junio, se evidencia que el ente convocado estim\u00f3, motivadamente, que no estaban reunidos los supuestos necesarios para que operara la efectividad de la garant\u00eda reclamada y, tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente desprovista de fundamento, carente de sustento o alejada del orden jur\u00eddico, m\u00e1xime cuando se soport\u00f3 en los medios suasorios incorporados y practicados en el proceso, de cuyo an\u00e1lisis conjunto la autoridad censurada coligi\u00f3 que la demandante inobserv\u00f3 la carga de acreditar la existencia, gravedad y reiteraci\u00f3n del defecto y la falta de la interpelada de proveerle la asistencia para corregirlo. <\/p>\n
N\u00f3tese \u2013adem\u00e1s- c\u00f3mo la jurisprudencia de esta Sala ha precisado, en procesos como el escrutado, de protecci\u00f3n de los derechos del consumidor, que es al demandante a quien corresponde el deber de demostrar con suficiencia el incumplimiento de la garant\u00eda por parte del proveedor o expendedor. As\u00ed, haciendo alusi\u00f3n al contenido del art\u00edculo 29 del Decreto 3466 de 1982, antiguo C\u00f3digo del Consumidor, en razonamiento \u2013no obstante- plenamente aplicable bajo el ordenamiento vigente, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Entonces, si los jueces se valieron de una hermen\u00e9utica de la norma, seg\u00fan la cual deb\u00eda probarse el incumplimiento de las garant\u00edas como presupuesto para condenar al expendedor, tal entendimiento no puede catalogarse como irrazonable, pues fue fruto de una serie de consideraciones que se fundan en el contenido mismo de esa disposici\u00f3n y que no est\u00e1n llamadas a ser desatendidas por la simple inconformidad de la accionante (CSJ, STC de 15 de diciembre de 2010, rad. 2010-00618). <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden7. <\/p>\n
Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se impone ratificar el fallo de primer grado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls. 2-4 del archivo digital \u00abExpediente 21-227811.pdf\u00bb <\/p>\n
2\u0002 Fls. 158-160 del archivo digital ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 174-176 del archivo digital ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Fls. 242-244 del archivo digital ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Fls. 256-257 del archivo digital ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Corresponde a las allegadas en el tr\u00e1mite dado en las distintas instancias, dado que inicialmente la tutela fue conocida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, no obstante, la tramitaci\u00f3n fue anulada -por falta de competencia- por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma capital el 29 de agosto pasado, auto en el cual se dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias con destino a la especialidad civil, para lo de su cargo. <\/p>\n
7\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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