STC13977-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13977-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2022-00174-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Julio Enrique Palacios Torres contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Banco BBVA Colombia, Inversiones Palacios Molina S.A., Olivia Molina Vargas y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en el juicio ejecutivo mixto con radicaci\u00f3n 41001310300320160006200. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que el Banco BBVA Colombia S.A. promovi\u00f3 el mencionado proceso contra Inversiones Palacios Molina – INPAM S.A., Julio Enrique Palacios Torres (representante legal de la sociedad demandada) y Olivia Molina Vargas, adelantado inicialmente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva y, posteriormente, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, en el que, el 3 de diciembre de 20131, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y el aval\u00fao y remate de los bienes embargados y secuestrados. <\/p>\n
El 12 de marzo de 20202 se acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito realizada a favor de Asesores Gerenciales TCAL S.A. en reorganizaci\u00f3n y, el 14 de enero de 20223, se aprob\u00f3 la cesi\u00f3n de este a Quimol Ltda. <\/p>\n
El actor manifest\u00f3 que, el 27 de mayo de 2022, el Juzgado convocado dispuso que, el 6 de julio siguiente, se llevar\u00eda a cabo la diligencia de remate del inmueble identificado con FMI 200-213896, con base en un aval\u00fao catastral obsoleto de $2.084.247.4504 que present\u00f3 la parte demandante el 29 de agosto de 2019 y que difiere en gran medida del avalu\u00f3 comercial de $14.688.356.756 que \u00e9l radic\u00f3 el 1 de julio de 2022. <\/p>\n
El 6 de julio de este a\u00f1o, en consideraci\u00f3n a que para ese mismo d\u00eda se encontraba programada la diligencia de remate, \u00abel Juzgado ordena la suspensi\u00f3n de la misma, toda vez que se est\u00e1 adelantando desinfecci\u00f3n del juzgado por Covid\u00bb. Igualmente orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del dep\u00f3sito realizado por un postor. <\/p>\n
3. El tutelante asegur\u00f3 que, en la programaci\u00f3n de la fecha para el remate del inmueble, el Juzgado accionado no advirti\u00f3 la necesidad de actualizar el aval\u00fao del bien aprobado hace m\u00e1s de seis a\u00f1os, de modo que, si se realiza la diligencia con ese valor obsoleto -en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998, que establece que el aval\u00fao tiene una vigencia de un a\u00f1o desde su expedici\u00f3n-, se le causar\u00eda un perjuicio irremediable y un detrimento patrimonial injustificado. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar los derechos vulnerados con la fijaci\u00f3n de la fecha para el remate del inmueble y que se ordene al Juzgado accionado adelantar el procedimiento de admisi\u00f3n, traslado y aprobaci\u00f3n del aval\u00fao presentado con anterioridad a la audiencia. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva advirti\u00f3 que la diligencia programada para el 6 de julio de 2022 no se llev\u00f3 a cabo, por cuanto el despacho estaba adelantando un procedimiento de desinfecci\u00f3n por Covid19 en la sede y agreg\u00f3 que, para la diligencia de remate, tom\u00f3 como base el aval\u00fao comercial presentado por la parte actora, del cual se corri\u00f3 traslado el 25 de octubre de 2019, t\u00e9rmino que venci\u00f3 en silencio. Asegur\u00f3 que el expediente se encuentra en el despacho, para resolver sobre el nuevo aval\u00fao presentado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Olivia Molina Vargas coadyuv\u00f3 la solicitud del actor y argument\u00f3 que se pretende rematar el bien por una cifra \u00abmuy inferior a la realidad\u00bb, lo que afectar\u00eda a los futuros due\u00f1os de los apartamentos que componen el inmueble.<\/p>\n
3. Quimol Ltda. sostuvo que no existi\u00f3 un descuido por parte del Juzgado censurado, pues los demandados son quienes tienen la carga de actualizar el aval\u00fao, y si el actor consideraba que el aval\u00fao aprobado hace tres a\u00f1os \u00abno le serv\u00eda\u00bb, debi\u00f3 manifestarlo y aportar otro, sin dejar de lado que en anteriores fechas se han programado remates sin que se presentaran postores. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, en consideraci\u00f3n a que el accionante no interpuso recurso alguno contra el auto del 27 de mayo de 2022, lo cual contradice la naturaleza residual y subsidiaria de la acci\u00f3n. Agreg\u00f3 que los art\u00edculos 444 y 457 del C\u00f3digo General del Proceso establecen los mecanismos para controvertir o actualizar el aval\u00fao de los bienes inmuebles objeto de remate en el proceso ejecutivo, imponiendo unas cargas que deben ser cumplidas por el interesado, que no pueden ser sustituidas por el juez de la causa o el constitucional. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos iniciales y afirm\u00f3 que el derecho sustancial debe prevalecer sobre el procesal y el inter\u00e9s general sobre el particular, por cuanto el inmueble a rematar es un edificio de apartamentos que han sido separados por sus futuros due\u00f1os y se ver\u00edan afectados con el aval\u00fao irrisorio. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto del 27 de mayo de 2022, que fij\u00f3 fecha para adelantar la diligencia de remate del inmueble identificado con FMI 200-213896, pues, en su criterio, el aval\u00fao se debe actualizar previamente. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se advierte, como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, que frente al auto del 27 de mayo de 2022, el interesado debi\u00f3 interponer recurso y, como no lo hizo, la tutela es improcedente, dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
A su vez, se evidencia que la diligencia de remate programada para el 6 de julio de 2022 y que se pretend\u00eda suspender con la interposici\u00f3n de este ruego, no fue realizada, porque el Juzgado se encontraba adelantando un procedimiento de desinfecci\u00f3n en la sede, raz\u00f3n por la cual carece de objeto realizar pronunciamiento al respecto, pues \u00abning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (ver entre otras CSJ STC265-2021). <\/p>\n
3. Adicionalmente, se destaca que el Juzgado accionado no se ha pronunciado en torno al aval\u00fao actualizado que present\u00f3 el aqu\u00ed accionante el 1 de julio de 2022, circunstancia que indica que el asunto se encuentra en tr\u00e1mite ante el competente, lo cual torna inviable la tutela, pues el juez constitucional no puede decidir sobre los aspectos sometidos a consideraci\u00f3n del juez natural; en ese sentido, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC3824-2022). <\/p>\n
Asimismo, la Sala ha considerado que una tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando no se conoce cu\u00e1l es la postura jur\u00eddica final que adoptar\u00e1 el juez natural en torno al tema debatido, pues se soslaya \u00abel car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga (\u2026) y (\u2026) en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb5. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto no accedi\u00f3 a la salvaguarda impetrada, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 370, documento 01, carpeta \u00abPROCESO ESCANEADO 201600062\u00bb <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 381, Carpeta \u00abExpedienteDigRama\u00bb, expediente 2016-00062. <\/p>\n
3\u0002 Documento 66, expediente 2016-00062. <\/p>\n
4\u0002 Documento 79, expediente 2016-00062. <\/p>\n
5\u0002 Ver cita en CSJ STC5325-2019. <\/p>\n
<\/p>\n
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