STC13978-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13978-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01919-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de septiembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Viviana Gil Barrag\u00e1n contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 2017-06487-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la accionante demand\u00f3 en proceso de protecci\u00f3n al consumidor a la sociedad Marval S.A., con el fin de que se le condene \u00aba pagar [\u2026] la suma de $52.587.125 suma ofrecida expresamente en la oferta de terminaci\u00f3n formulada por [la demandada] de fecha 2 de octubre de 2019 y como consecuencia de su incumplimiento a dicha propuesta u oferta, debidamente aceptada\u00bb. Adem\u00e1s, se le \u00abcondene a pagar [\u2026] intereses de plazo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio a partir del 3 de octubre, fecha de aceptaci\u00f3n de la propuesta u oferta y hasta su pago efectivo\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio -en audiencia del 7 de abril de 2021- resolvi\u00f3 \u00abnegar las pretensiones de la demanda [\u2026], por no evidenciar la vulneraci\u00f3n al derecho de informaci\u00f3n de la consumidora\u00bb. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la tutelante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo2. <\/p>\n
2.3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito -con sentencia del 30 de agosto de 2022- decidi\u00f3 \u00abconfirmar la sentencia que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profiri\u00f3 el 7 de abril de 2021, en el proceso verbal de la referencia\u00bb3. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, adujo que los juzgadores de instancia incurrieron en defecto f\u00e1ctico y procedimental. Ello pues, no se valor\u00f3 debidamente el material probatorio, ya que \u00abpese a que demandante y demandado estaban de acuerdo con la existencia del contrato de transacci\u00f3n y as\u00ed lo hab\u00eda ya predeterminado la SIC en auto 126926 la Superintendencia de manera oficiosa, en la sentencia de abril 7 de 2021, declar\u00f3 la inexistencia del contrato de transacci\u00f3n con apoyo en los art\u00edculos 1502 y 1524 del C\u00f3digo Civil supuestamente por falta de causa\u00bb. Adem\u00e1s, anot\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente del Tribunal Superior y de esta Corporaci\u00f3n. Consider\u00f3 tambi\u00e9n que \u00abse incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico, pues la SIC no ten\u00eda competencia para hacerlo, debido a que el art\u00edculo 1742 del C.C. solamente asigna competencia al juez para decretar oficiosamente nulidades absolutas de un contrato, lo que incluye tambi\u00e9n causales de inexistencia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que se vulner\u00f3 el principio de la cosa juzgada, dado que el proceso surtido con anterioridad -19-97183- \u00abfue transado el d\u00eda 3 de octubre de 2019, fecha de aceptaci\u00f3n de la oferta, la comunicaci\u00f3n del 24 de abril de 2019 no pod\u00eda ser tomada como prueba en el segundo proceso (19-264849) puesto que la transacci\u00f3n produce efecto de cosa juzgada entre las partes que la convinieron seg\u00fan art\u00edculo 2484 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Por \u00faltimo, cuestion\u00f3 la condena impuesta por agencias en derecho de $5.000.000, ya que dicha cifra no tiene precedentes en la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia del 30 de agosto de 2022 expedida por el Juzgado 4 del Circuito Civil de Bogot\u00e1 en el proceso verbal de protecci\u00f3n al consumidor [\u2026] y como consecuencia, ordenar al Juzgado 4 del Circuito Civil de Bogot\u00e1 que profiera otra sentencia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado querellado se\u00f1al\u00f3 que el estudio \u00aba la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor instaurada [\u2026], se hizo conforme a las reglas y el acervo probatorio que se encontr\u00f3 en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2. La sociedad Marval S.A. indic\u00f3 que \u00abrevisada la jurisprudencia sobre la materia es evidente que no se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia en esta materia y que en el presente caso se ha seguido por parte de la Delegatura Jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio y en segunda instancia por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en debida forma el procedimiento establecido en la ley 1480 de 2011 y en el C\u00f3digo General del Proceso por lo que no encontramos fundamento alguno en la insistencia que realiza v\u00eda tutela la parte actora\u00bb. <\/p>\n
3. Javier Dar\u00edo Ar\u00e9valo manifest\u00f3 que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, por cuanto la negociaci\u00f3n entre la demandante y Marval \u00abnunca se cristaliz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00abla posici\u00f3n del Juzgado querellado en la sentencia censurada, no se advierte irracional o antojadiza, sino que da cuenta con el respaldo probatorio pertinente, siendo incluso este del que la gestora se duele de no haberse valorado. En consecuencia, la motivaci\u00f3n presentada por el encartado al momento de resolver el conflicto, no evidencia que hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, relativo al desconocimiento de la cosa juzgada, sostuvo que ello \u00abcarece de asidero alguno, pues la prueba trasladada se encuentra establecida en el ordenamiento civil \u2013Art. 174- como una forma totalmente v\u00e1lida de recaudar las probanzas que ya hubiesen sido practicadas en proceso anterior, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el canon mencionado, lo cual ocurri\u00f3 en el proceso, sin que al momento de decretarla se hubiese formulado alg\u00fan reparo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a la queja por la condena en agencias en derecho, resalt\u00f3 que se \u00abdesconoce el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la manera de atacar tales cuestiones es a trav\u00e9s de los recursos ordinarios, tal y como lo contempla el numeral 5 del Art. 366 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La actora discurri\u00f3 en el mismo sentido de lo arg\u00fcido en el escrito inicial. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que el tribunal constitucional a quo igualmente incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho dado que la \u00abSIC y el Juzgado basan su fallo en la carta del 24 de abril, y el tribunal superior, se basa en el email de octubre 10, para denegar la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la tutelante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2022, que confirm\u00f3 la de primer grado. Ello pues, estim\u00f3 que no se llev\u00f3 a cabo una adecuada valoraci\u00f3n probatoria dado que no se tuvo en cuenta el correo electr\u00f3nico del 10 de octubre de 2019 remitido por el apoderado de la sociedad demandada. <\/p>\n
2. Esta Corporaci\u00f3n advierte la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada por lo que viene. Se observa que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 30 de agosto de 2022-, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 ratificar el fallo de primera instancia. Precisamente, el juez referenciado delimit\u00f3 lo pretendido por la recurrente. Indic\u00f3 que se trata de la \u00abprotecci\u00f3n del derecho a la informaci\u00f3n que naci\u00f3 de la oferta aceptada por la demandante a la demandada el 3 de octubre de 2019\u00bb y analiz\u00f3 lo relativo al derecho a la informaci\u00f3n seg\u00fan lo regla la Ley 1480 de 20114. <\/p>\n
2.1. En ese orden, encontr\u00f3 que lo aducido por el extremo activo relativo a que en el presente caso \u00abnada tiene que ver el proceso 19-97183\u00bb, no encuentra asidero, pues \u00abal igual que para el a quo, s\u00ed tiene que ver por qu\u00e9 (sic) el origen de este asunto se da en dicha actuaci\u00f3n procesal\u00bb. Ciertamente, acot\u00f3 que en el escrito inicial se indica \u00aben virtud de dicho proceso y para terminarlo se firm\u00f3 entre los aqu\u00ed y all\u00e1 demandantes un contrato de transacci\u00f3n\u00bb, en el cual, se solicit\u00f3 por la interesada la \u00abterminaci\u00f3n del proceso por que las partes llegaron a un acuerdo como lo determina el escrito que data del 21 de octubre de 2019, donde claramente se indica que la sociedad demandada \u201cse comprometi\u00f3 devolver en favor de la demandante la suma de $52.535.100, en virtud a la oferta realizada por Marval S.A. como condici\u00f3n para terminar el contrato de com\u00fan acuerdo\u201d\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que en ese \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb se indic\u00f3 \u00abque la opci\u00f3n escogida era la \u201cdevoluci\u00f3n del dinero\u201d, que el proceso termin\u00f3 en virtud a una transacci\u00f3n firmada por las partes con ocasi\u00f3n de una \u201coferta\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.2. Agreg\u00f3 que el origen de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ahora ventilada \u00abes el contrato de transacci\u00f3n y la oferta, a diferencia de lo manifestado por la apelante, s\u00ed es necesario auscultar en las tratativas del mismo y el origen de dichos contratos, que no son m\u00e1s que el proceso que conoci\u00f3 la misma delegatura, pero solo que all\u00ed no se aport\u00f3 el contrato de transacci\u00f3n [\u2026]\u00bb. En esa l\u00ednea, el Juzgado referenci\u00f3 los c\u00e1nones 845 y 863 del C\u00f3digo de Comercio, relativos a la oferta, su aceptaci\u00f3n y la buena exenta de culpa. Asimismo, cit\u00f3 jurisprudencia de esta Sala5 en la que se analiz\u00f3 lo tocante con los t\u00f3picos de la etapa precontractual. De ello, concluy\u00f3 que la \u00aboferta o propuesta debe contener los elementos esenciales del negocio y adem\u00e1s ser comunicada al destinatario\u00bb. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 la postura doctrinal que frente a dicho tema se ha rese\u00f1ado. <\/p>\n
2.3. De ese modo, afirm\u00f3 que \u00abexisti\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n\u00bb. Y si bien este no fue adosado a la causa, de lo arrimado a esta observ\u00f3 que con \u00e9l \u00abse termin\u00f3 un proceso anterior entre las mismas partes\u00bb. Sostuvo que \u00abno existe duda al respecto que el nacimiento tanto del contrato de transacci\u00f3n como de la oferta lo es el proceso anterior con radicado 19-97783 [\u2026]\u00bb. Por tanto, expuso que resulta imposible \u00abentrar a estudiar si el contrato de transacci\u00f3n puede reunir los requisitos de ser una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible – de ser as\u00ed habr\u00eda posibilitado haber iniciado proceso ejecutivo al convertirse en un t\u00edtulo ejecutivo con los requisitos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso- pero lo que si es cierto es que para dicha oportunidad con asesor\u00eda de su entonces representante jur\u00eddico se firm\u00f3 tal contrato para terminar el proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. Ahora bien, relativo a la oferta mercantil, resalt\u00f3 el \u00abcorreo del 24 de abril de 2019, dirigido al correo de la accionante [\u2026] en el que claramente se observa que dentro de los requisitos para el desistimiento del negocio \u2013es decir la devoluci\u00f3n del dinero- uno de los requisitos era que el formato deb\u00eda venir autenticado por todos los compradores conformada por la aqu\u00ed demandante y Jorge Dar\u00edo Ar\u00e9valo, lo que hace concluir que la informaci\u00f3n suministrada por Marval no fue enga\u00f1osa\u00bb. Por lo expuesto, advirti\u00f3 que no resulta ajustado a la realidad \u00abque existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho de la informaci\u00f3n afirmando que fue enga\u00f1osa, como tampoco debe ce\u00f1irse el asunto a [los correos] del 2 y 3 de octubre de 2019 porque no basta con que el despacho entre a examinar si la oferta que hizo la demandada (2 y 3 de octubre de 2019), aceptada por la demandante est\u00e1 siendo o no cumplida y si la informaci\u00f3n fue enga\u00f1osa o no, como quiera que debe detenerse en la etapa precontractual que origin\u00f3 dicha oferta y que no es m\u00e1s que el correo del 24 de abril del 2019 en el que claramente se le hab\u00eda informado a la se\u00f1ora demandante que para la devoluci\u00f3n del dinero se deb\u00eda firmar el formato por todos los compradores\u00bb. M\u00e1xime cuando la actora \u00abopt\u00f3 por la devoluci\u00f3n del dinero\u00bb. De ese modo, indic\u00f3 que el \u00abformato para que ello se perfeccione debe ir firmado por el otro comprador, se\u00f1or Javier Ar\u00e9valo, lo que resulta no solo jur\u00eddicamente l\u00f3gico sino necesario porque este comprador es parte en el negocio jur\u00eddico toda vez que no aparece prueba de haber cedido sus derechos a la accionante y menos a\u00fan puede existir enga\u00f1o por parte de la demandada [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados (documentales). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que las autoridades recriminadas, al analizar los documentos arrimados a la causa, con apoyo en la Ley 1480 de 2011 y los art\u00edculos 845 y 863 del C\u00f3digo de Comercio, constataron que no hubo falta de la sociedad demandada frente al derecho a la informaci\u00f3n de la actora, pues la oferta elevada por la aquella \u2013para la devoluci\u00f3n del dinero-, se condicion\u00f3 a que la transacci\u00f3n propuesta deb\u00eda ser suscrita por todos los compradores, sin que ello se cumpliera por estos. <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, esta Sala ha sostenido reiteradamente6 que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-7. Sumado a que en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la actora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto8. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a la queja relacionada con el defecto org\u00e1nico en que incurri\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala advierte su improcedencia en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, la actora debi\u00f3 formular dicho reparo ante el fallador de segundo grado, previo a la interposici\u00f3n del presente resguardo. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad. En efecto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como proceso paralelo para subsanar el descuido en el ejercicio de las acciones ordinarias9. <\/p>\n
5. En lo tocante con el cuestionamiento sobre el desconocimiento del principio de la cosa \u00abal reabrir el proceso anterior, para tener como prueba, los documentos que obran en el proceso 19-97183\u00bb, se observa que ello fue planteado por la misma accionante, de lo cual no podr\u00eda predicarse vulneraci\u00f3n alguna. Adem\u00e1s, se resalta que la prueba trasladada es una instituci\u00f3n consagrada en el ordenamiento procesal civil para recaudar pruebas que ya se hubiesen practicado en proceso anterior. Ciertamente, si los falladores consideran su pertinencia y se cumplen los requisitos establecidos pueden hacer uso de esta -como en efecto ocurri\u00f3-, sin que al momento de decretarse se hubiese elevado reparo alguno. <\/p>\n
6. Finalmente, respecto a la protesta frente a las agencias en derecho, la Sala tambi\u00e9n concluye su improcedencia, pues en el estado en que se encuentra la tramitaci\u00f3n criticada, la gestora puede exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas ordinarias-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n
7. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab01Demanda (5)\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab48Sentencia\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab25SentenciaSegundaInstancia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Trajo a colaci\u00f3n lo dispuesto por el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0, que expresa: \u00abTodo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricaci\u00f3n, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra caracter\u00edstica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulaci\u00f3n, as\u00ed como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Sentencia 28 de julio de 1998. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
7\u0002 Al respecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo de 2021, entre otras). <\/p>\n
8\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
9\u0002 En relaci\u00f3n con el tema, esta Corporaci\u00f3n ha indicado que \u00ab(…) desconocer el requisito de subsidiariedad implicar\u00eda necesariamente renunciar al principio de residualidad que informa este instrumento constitucional, siendo que expresamente se ha establecido como motivo de improcedencia la existencia de medios ordinarios, a trav\u00e9s de los cuales se pueda o pudo procurar por la protecci\u00f3n de las prerrogativas que se consideren trasgredidas\u00bb (CSJ STC7361-2020 14 sep. 2020 Rad. 2020-00243-01). <\/p>\n
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STC13978-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13978-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01919-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68073\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}