STC13982-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13982-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00274-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 12 de septiembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Mario Restrepo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00013-00. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene a la accionada \u00abfallar mi acci\u00f3n popular (\u2026) en un t\u00e9rmino no superior a 24 horas\u00bb. Asimismo, solicit\u00f3 que se aplique en el caso las sentencias de \u00abtutela H CSJ STC 11001 02 03 000 2022 02722 (\u2026) STL11465DE 2020 (\u2026) TUTELA TSSCF DE PEREIRA (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que \u00abel accionante no ha presentado ante esta Procuradur\u00eda Regional ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda manifest\u00f3 que \u00abEl 27 de mayo se profiri\u00f3 sentencia negando las pretensiones; decisi\u00f3n que fue recurrida por el demandante y por auto del 8 de junio de 2022 se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. El 10 de junio se remiti\u00f3 el expediente para la oficina de reparto\u00bb3. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado. Para ello, advirti\u00f3 que la autoridad cuestionada \u00abdesde el 27 de mayo de 2022, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la acci\u00f3n popular 2022-00013, decisi\u00f3n que incluso fue apelada por el ac\u00e1 accionante (\u2026)\u00bb. Asimismo, consider\u00f3 que el accionante incurri\u00f3 en temeridad debido al \u00ablamentable uso que se ha dado en este caso al importante mecanismo de acci\u00f3n de tutela\u00bb por cuanto acudi\u00f3 a su ejercicio con \u00abmanifiesta carencia de fundamento y alegando, a sabiendas, hechos contrarios a la realidad\u00bb4. Como consecuencia de ello, conden\u00f3 en costas al actor -en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 79 del C\u00f3digo General del Proceso- y orden\u00f3 compulsar copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 que \u00abpor error humano de mi parte presente doble o triplemente mi acci\u00f3n de tutela, SIN EMBARGO, ELLO NO OCURRIO POR TEMERIDAD O MALA FE (\u2026)\u00bb. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que \u00abSE REVOQUE LA SANCION A MI CONTRA Y SE APLIQUE A MI BIEN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE BUENA FE\u00bb5. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el accionante pretende que se ordene al Juzgado accionado cumplir con lo t\u00e9rminos establecidos en la Ley 472 de 1998, para fallar la primera instancia de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00013-00, pues considera que existe mora injustificada en la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n allegados6, se evidencia que el supuesto desconocimiento del derecho fundamental del promotor es inexistente, comoquiera que la autoridad judicial accionada s\u00ed profiri\u00f3 sentencia -el pasado 27 de mayo de 20227-. Incluso el actor formul\u00f3 apelaci\u00f3n8, la cual fue resuelta por el Tribunal de Pereira9. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por el censor, el Juzgado demandado emiti\u00f3 el fallo echado de menos, decisi\u00f3n que \u00e9l conoci\u00f3, pues recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, de modo que la omisi\u00f3n endilgada es inexistente y ello torna inviable la tutela, dado que <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (\u2026) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos. (T-013 de 2007). (CSJ STC12717-2019, 19 de septiembre, rad. 2019-00549-01; STC9965-2022, 3 de agosto, rad. 2022-00075-01). <\/p>\n
3. De otra parte, la Sala mantendr\u00e1 la sanci\u00f3n impuesta al gestor por temeridad, la cual se sustent\u00f3 ponderada y razonadamente en la factultad contenida en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del cual el juez puede condenar al solicitante cuando ha incurrido en temeridad, lo cual se verific\u00f3 en este caso. Ello pues, el promotor acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional\u00edsimo a sabiendas de que los supuestos f\u00e1cticos soporte de acci\u00f3n carec\u00edan de fundamento y eran contrarios a la realidad, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo General del Proceso. Tal proceder \u00abdesgasta de manera irracional el sistema judicial haciendo un notorio uso abusivo del derecho de acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Respecto a la condena en costas impuesta por temeridad, la jurisprudencia constitucional ha dicho que: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). (Destaca la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
4. Por lo explicado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c02Tutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c11Contestaci\u00f3nProcuradur\u00eda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c13Contestaci\u00f3nJuzgPromCtoQuinch\u00eda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c16Sentencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c18CorreoAccionante.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Expediente de la acci\u00f3n popular 2022-00013-00. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c42SentenciaPrimeraInstancia.pdf\u201d del expediente digital de la acci\u00f3n popular de rad. 2022-00013-00. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c44RecibidoApelacion.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n