STC13985-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13985-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01902-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros de Vida Alfa S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia \u2013 Delegatura de Funciones Jurisdiccionales. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los part\u00edcipes del proceso 2021-04967. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La empresa promotora procura la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Beatriz Elena Arroyave Estrada demand\u00f3 a Seguros de Vida Alfa S.A., para que se declarara civil y contractualmente responsable \u00aben virtud de la p\u00f3liza GRD 414\u00bb y, en consecuencia, se le conminara a pagar unas tarjetas de cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.2. De dicha demanda conoci\u00f3 la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el 26 de noviembre de 2021; all\u00ed mismo, se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n \u2013oficiosa- del Banco de Occidente S.A. <\/p>\n
2.3. La aqu\u00ed gestora se opuso a la prosperidad de las s\u00faplicas, argumentando que, para el 26 de agosto del 2009, cuando se estructur\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral de la demandante, la p\u00f3liza vigente1 era la expedida por Chubb Seguros Colombia S.A. y no la suya, entre otros. <\/p>\n
2.4. El 27 de julio de los cursantes, la autoridad convocada profiri\u00f3 fallo, accediendo a lo suplicado y conden\u00f3 a Seguros de Vida Alfa S.A. a sufragar los importes de las obligaciones derivadas de las tarjetas de cr\u00e9dito, m\u00e1s sus intereses. <\/p>\n
3. La sociedad censora tacha de irregular la sentencia de instancia, por cuanto incurri\u00f3 en defecto sustantivo, por el desconocimiento del art\u00edculo 1073 del C\u00f3digo de Comercio, en tanto si el \u00absiniestro ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2009, bajo la vigencia de la p\u00f3liza de Chubb, no [resultaba] viable de ninguna forma concluir que por haberse agravado la condici\u00f3n m\u00e9dica de la demandante [en 2020, cuando perdi\u00f3 la visi\u00f3n] bajo la vigencia de la p\u00f3liza expedida por Alfa habr\u00eda otro siniestro\u00bb. <\/p>\n
Afirma que la convocada soslay\u00f3 los art\u00edculos 898, 1045 y 1054 del C\u00f3digo de Comercio, porque el contrato de seguro era \u00abinexistente\u00bb, por la faltaba uno de sus elementos esenciales, en concreto, el alusivo al \u00abriesgo asegurable\u00bb, dado que la se\u00f1ora Estrada ingres\u00f3 a la p\u00f3liza vida grupo con una incapacidad laboral decretada del 55.09%, circunstancia que, al estar configurada, escapaba al concepto de riesgo. Aunado a que hab\u00eda certeza de que aquella se encontraba diagnosticada con una enfermedad degenerativa y cuya consecuencia inevitable ser\u00eda la ceguera total, lo que en efecto ocurri\u00f3 en 2020, de manera que, en su criterio, se desconoci\u00f3 el precedente del Consejo de Estado (sent. de 24 de enero de 2013, Secci\u00f3n Tercera, exp. 18596) y de esta Sala de Casaci\u00f3n (CSJ SC7814-2016). <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirma que la accionada incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, al concluir que el siniestro se configur\u00f3 en 2020, pues el dictamen pericial de p\u00e9rdida de capacidad laboral era de 2009; adem\u00e1s, por no tener en cuenta que la ceguera total de la demandante acaeci\u00f3 en 2017, por lo cual la acci\u00f3n estaba -en todo caso- prescrita. <\/p>\n
4. Con estribo en lo narrado, pide dejar sin efectos la sentencia de 27 de julio de 2022 y que se provea nuevamente. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La entidad criticada se opuso a la prosperidad del ruego, indicando que su actuar se ci\u00f1\u00f3 a lo prescrito en la ley. <\/p>\n
2. La se\u00f1ora Beatriz Elena Arroyave asever\u00f3 que la determinaci\u00f3n de fondo adoptada se fund\u00f3 en las pruebas legalmente incorporadas a la tramitaci\u00f3n y que ella se ajustaba a derecho. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda, tras no hallar irregularidad alguna en la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de la sociedad actora, quien insisti\u00f3 -en lo medular- en lo narrado en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se deje sin efectos la determinaci\u00f3n adoptada el 27 de julio de 2022 por la Superintendencia convocada. <\/p>\n
2. En lo que interesa para los efectos de este amparo, la autoridad criticada, en primer orden, se refiri\u00f3 a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva formulada por la ahora accionante, para desestimarla, as\u00ed: <\/p>\n
Frente a esta excepci\u00f3n, la aseguradora argumenta que han pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os desde que la demandante obtuvo la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al cincuenta por ciento sin que se haya reclamado antes a la aseguradora para afectar el contrato de seguro de vida deudor en su amparo de incapacidad total y permanente (\u2026) y esto no es coherente con los hechos y las pretensiones de la demanda (\u2026) ya que \u00e9stos tienen como base el diagnostico de p\u00e9rdida total de visi\u00f3n en ambos ojos que se le diagnostic\u00f3 en diciembre de 2020 y que present\u00f3 seg\u00fan ese diagn\u00f3stico y est\u00e1 probado con la historia cl\u00ednica (\u2026) desde enero de 2020, por lo que la excepci\u00f3n as\u00ed propuesta [no est\u00e1] llamada a prosperar. <\/p>\n
Pas\u00f3 despu\u00e9s a hacer alusi\u00f3n a diversos aspectos relativos al contrato de seguro, as\u00ed como al r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n que cobija al consumidor en tal \u00e1mbito y a las obligaciones reforzadas de informaci\u00f3n establecidas en cabeza de la aseguradora y, con base en ello, precis\u00f3: <\/p>\n
Atendiendo que la se\u00f1ora Beatriz Arroyave manifest\u00f3 que desde que tom\u00f3 las tarjetas de cr\u00e9dito no supo que fue vinculada al contrato de seguro de vida deudor tomado por el Banco de Occidente para sus tarjetahabientes, no conoci\u00f3 las condiciones de dicho contrato de seguro desde la vinculaci\u00f3n y no recuerda qu\u00e9 documentos firm\u00f3 para la vinculaci\u00f3n. As\u00ed lo afirm\u00f3 (\u2026) desde la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n, y para efectos de lo particular y establecer las manifestaciones de la misma, de oficio se requiri\u00f3 a la aseguradora demandada para que aportara el expediente \u00edntegro (\u2026) de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza en su totalidad y constancias de entrega (\u2026) a la se\u00f1ora Arroyave, y frente a esto se hizo el requerimiento y hubo respuesta (\u2026), sin embargo no se evidenci\u00f3 la constancia de entrega de la informaci\u00f3n correspondiente al contrato de seguro de vida deudor objeto del litigio, ni siquiera se aport\u00f3 la informaci\u00f3n brindada a la asegurada (\u2026) respecto del cambio de aseguradora [refiri\u00e9ndose a Chubb Seguros Colombia S.A.] (\u2026) en diciembre de 2012, tampoco se alleg\u00f3 declaraci\u00f3n de asegurabilidad que fuese diligenciada por la se\u00f1ora Arroyave para vincularse a la p\u00f3liza de vida (\u2026). <\/p>\n
Visto lo anterior, se ha demostrado para el presente caso que la aseguradora no demostr\u00f3 su cumplimiento del deber de informaci\u00f3n, situaci\u00f3n relevante para la resoluci\u00f3n de fondo de esta controversia toda vez que la demandante conoci\u00f3 las condiciones del contrato de seguro cuando busc\u00f3 informaci\u00f3n en la entidad financiera (\u2026) con base en su diagn\u00f3stico (\u2026) de p\u00e9rdida de la visi\u00f3n desde enero de 2020, lo cual de entrada conlleva es a que la excepci\u00f3n que propuso la aseguradora y que denomin\u00f3 \u201ccumplimiento de las obligaciones a cargo de la aseguradora\u201d no est\u00e9 llamada a prosperar\u2026 <\/p>\n
En lo relativo a los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n, las particularidades del contrato de seguro y a sus presupuestos de existencia y validez, argument\u00f3 que: <\/p>\n
La fecha de ingreso a la p\u00f3liza de seguros de vida Alfa, es de diciembre de 2012, beneficiario Banco de Occidente, amparos: lo menciona la misma certificaci\u00f3n: muerte cerebral o accidental, e incapacidad total y permanente (\u2026). <\/p>\n
Aqu\u00ed hago \u00e9nfasis en la forma en que est\u00e1 redactado el amparo, sin perjuicio de cualquier otra causa de incapacidad total y permanente, se considerar\u00e1 como tal los siguientes eventos: Literal a) (\u2026); relevante para lo que estamos estudiando, el literal b) La p\u00e9rdida total e irreparable de la vista por ambos ojos (\u2026), redacci\u00f3n que permite atender el caso en concreto de conformidad con la certificaci\u00f3n allegada al proceso (\u2026), as\u00ed como el diagn\u00f3stico m\u00e9dico fechado el 5 de diciembre de 2020 (\u2026) que refiere \u201cp\u00e9rdida de la visi\u00f3n para ambos ojos desde enero de 2020\u201d, (\u2026) diagn\u00f3stico corroborado en audiencia con el testimonio del m\u00e9dico Acosta que nos refiri\u00f3 con la aclaraci\u00f3n de la p\u00e9rdida paulatina de la visi\u00f3n que se dio desde a\u00f1os atr\u00e1s (\u2026). <\/p>\n
Teniendo en claro lo anterior y es la forma en que se acept\u00f3 el riesgo por parte de la Aseguradora (\u2026) se evidenci\u00f3 que las condiciones del contrato de seguro aportados por las partes, en la que tambi\u00e9n se pact[aron] las siguientes cl\u00e1usulas: la cl\u00e1usula 6\u00aa de preexistencias \u201cse otorga cobertura en el amparo de vida de capacidad total y permanente en caso de que el asegurado tenga una preexistencia conocida o no, antes del ingreso al contrato de seguro, sin l\u00edmite de edad y hasta la suma asegurada de 120 millones de pesos\u2026\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n hay un amparo, inclusive autom\u00e1tico, en el numeral 8, \u201cse otorga amparo autom\u00e1tico por los nuevos asegurados para todas las personas que ingresen a formar parte del grupo asegurado; el amparo autom\u00e1tico se otorga a los asegurados por tarjetahabientes hasta 120 millones sin reporte de asegurados y sin diligenciar declaraci\u00f3n de asegurabilidad y sin l\u00edmite de edad\u2026\u201d. <\/p>\n
Condiciones que ajustadas al caso concreto se tiene que la se\u00f1ora Arroyave en virtud de los servicios financieros del Banco de Occidente, (\u2026) presenta un saldo (\u2026) inferior a 120 millones de pesos, por lo que la se\u00f1ora demandante se encuentra cobijada por el amparo de preexistencias de la p\u00f3liza de vida deudor, para los amparos de vida e incapacidad total y permanente (\u2026) lo cual desvirt\u00faa los argumentos en los cuales se fincan las excepciones de \u201cinexistencia jur\u00eddica del contrato de seguro por falta de un elemento esencial (riesgo)\u201d, \u201causencia de amparo de los hechos de la demanda por fecha de inicio del siniestro (\u2026), \u201cp\u00e9rdida del derecho a la indemnizaci\u00f3n por mala fe en la reclamaci\u00f3n\u201d (\u2026). Lo anterior, aunado a que fue la misma aseguradora la que asegur\u00f3 a la demandante por el amparo de incapacidad total y permanente, pudiendo retraerse del mismo\u2026. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que la autoridad censurada explicit\u00f3, motivadamente, las razones que la condujeron a acceder a lo pretendido por la demandante y a desechar las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la tutelante (entre ellas, las de prescripci\u00f3n extintiva e inexistencia el contrato por falta de requisitos esenciales), las cuales, dicho sea de paso, aparecen reproducidas -en buena parte- en el escrito de la tutela que se examina. <\/p>\n
3.1. Tales conclusiones, con independencia de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente arbitrarias o alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto a ellas la convocada arrib\u00f3 luego de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, de las pruebas allegadas al plenario y de la normatividad llamada a regir el caso. <\/p>\n
N\u00f3tese adem\u00e1s que ya esta Sala, en sede constitucional y en el marco de controversias relacionadas con el incumplimiento de contratos de seguro, ha explicado que la verificaci\u00f3n de la ocurrencia del siniestro, entendido \u00e9ste como la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, es una tarea que la ley defiere enteramente al juzgador natural, no susceptible de ser descalificada hasta tanto no se demuestre la existencia de un yerro may\u00fasculo en la apreciaci\u00f3n de las pruebas (CSJ STC2035-2021), circunstancia \u00e9sta que no se percibe en el caso sometido ahora a escrutinio. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el apoderado de la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden2. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone ratificar el fallo de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Esto en tanto, seg\u00fan la tutelante, la p\u00f3liza por ella expedida entr\u00f3 en vigencia tan s\u00f3lo hasta el 5 de diciembre de 2012. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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STC13985-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13985-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01902-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68079","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68079\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}