STC13987-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13987-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-04-000-2022-01550-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 30 de agosto de 2022 por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz y neg\u00f3 el ruego incoado por Oswaldo Noriega Arac\u00fa contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en proceso de radicado 2007-00466. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abdebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, \u00abpronta, eficaz y recta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, \u00abfavorabilidad\u00bb, \u00abverdad\u00bb y \u00abduda en favor del condenado\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 13 de febrero de 2007, Diego Fernando Chavarro Lenis result\u00f3 lesionado en un accidente de tr\u00e1nsito, en el cual se vio involucrado el taxi de propiedad de Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz, conducido por Oswaldo Noriega Arac\u00fa. <\/p>\n
2.2. El 8 de junio de 2012, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali declar\u00f3 penalmente responsable a Oswaldo Noriega Arac\u00fa, por la comisi\u00f3n del delito de lesiones personales culposas, y lo conden\u00f3 a la penal principal de 9 meses y 18 d\u00edas de prisi\u00f3n y al pago de una multa por 7.2 s.m.l.m.v., determinaci\u00f3n que no fue apelada1. <\/p>\n
2.3. Contra esa decisi\u00f3n, Oswaldo Noriega Arac\u00fa formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, con sustento en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, tr\u00e1mite que fue decidido el 3 de junio de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, declarando infundada la causal invocada2. <\/p>\n
2.4. De otro lado, Diego Fernando Chavarro Lenis y otros adelantaron un proceso de responsabilidad civil extracontractual en contra de Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz, Oswaldo Noriega Arac\u00fa, Taxis ValCali S.A. y Seguros del Estado S.A. (rad. 2011-00403), en el cual, el 8 de junio de 2017, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda y conden\u00f3 a los tres primeros a pagar $291.069.440, en calidad de terceros civil y solidariamente responsables3. <\/p>\n
3. Los accionantes censuran que el Tribunal accionado, al resolver el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, estuvo \u00abparcializado en favor de la supuesta v\u00edctima\u00bb y no le dio prevalencia a la verdad material sobre la procesal, pues, a pesar de que con la demanda de revisi\u00f3n se aport\u00f3 una \u00abprueba documental incontrovertible\u00bb sobre \u00abla culpa exclusiva de la v\u00edctima y la inocencia del condenado\u00bb, bas\u00f3 su decisi\u00f3n en testimonios contradictorios e innecesarios que decret\u00f3 de oficio. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicitaron que se deje sin efectos el prove\u00eddo de 3 de junio de 2022 y que se ordene dictar una nueva decisi\u00f3n, valorando en conjunto \u00abla prueba aducida y recaudada dentro de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n confutada fue producto del an\u00e1lisis detallado de los elementos materiales probatorios adosados al plenario. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Treinta Seccional de Cali solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo constitucional deprecado por Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz, pues no es parte en el proceso penal. A su vez, afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n del Tribunal estaba ajustada a derecho y que lo que pretenden los accionantes es \u00abrevivir instancias ya agotadas donde se garantizaron a las partes debido proceso y el derecho de defensa\u00bb, sumado a que no existe un perjuicio irremediable, por cuanto \u00abya la condena fue pagada, ni siquiera le aparecen antecedentes por este caso porque pasaron los cinco a\u00f1os y fue asistido por la defensor\u00eda p\u00fablica en el proceso\u00bb4. <\/p>\n
3. Quien obr\u00f3 como apoderado judicial de la v\u00edctima en el proceso penal 2007-00466 resalt\u00f3 que en la actuaci\u00f3n penal se garantizaron los derechos fundamentales del condenado y que las pruebas fueron debatidas y valoradas conforme a derecho. Inst\u00f3 que se conmine a los accionantes a acatar las decisiones judiciales, toda vez que est\u00e1n revictimizando a los afectados, quienes llevan m\u00e1s de 15 a\u00f1os sometidos a diferentes tr\u00e1mites judiciales, por la actitud asumida por la contraparte. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Roberto Felipe Mu\u00f1oz, por falta de legitimaci\u00f3n en causa por activa, por cuanto \u00abno fungi\u00f3 como parte o interviniente en la aludida causa penal\u00bb, frente a la cual tampoco \u00abacredit\u00f3 un inter\u00e9s jur\u00eddico\u00bb, no es el afectado con la decisi\u00f3n de 3 de junio de 2022, \u00abni est\u00e1 legitimado para invocar el amparo constitucional de las garant\u00edas fundamentales\u00bb de Oswaldo Noriega Arac\u00fa. <\/p>\n
De otro lado, neg\u00f3 el ruego elevado por Oswaldo Noriega Arac\u00fa, porque la providencia censurada era razonable, dado que no se verific\u00f3 la existencia de una \u00abprueba nueva que desvirtuara la responsabilidad de NORIEGA ARAC\u00da\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La impulsaron los actores, quienes precisaron que Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz s\u00ed tiene inter\u00e9s en la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, pues en el fallo penal condenatorio atacado a trav\u00e9s ese mecanismo se sustent\u00f3 la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual dictada en su contra. <\/p>\n
Por otra parte, afirmaron que la decisi\u00f3n fustigada \u00abs\u00ed fue adoptada de manera ileg\u00edtima, caprichosa e irracional\u00bb y que el a quo constitucional estaba en la obligaci\u00f3n de analizar \u00ablas pruebas y alegatos que obran en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores persiguen la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales que consideran vulnerados por la Sala de Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con ocasi\u00f3n de la providencia de 3 junio 2022, por medio de la cual declar\u00f3 infundada la causal de revisi\u00f3n invocada por Oswaldo Noriega Arac\u00fa, condenado en el proceso penal de radicado 2007-00466. <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala, en primer lugar, que la acci\u00f3n constitucional propuesta por Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz es improcedente, porque no est\u00e1 legitimado para controvertir la decisi\u00f3n referida, dado que fue parte ni tercero reconocido en el tr\u00e1mite atacado. Sobre el particular, esta Sala reiteradamente ha se\u00f1alado que <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (En ese sentido ver, entre otros, STC926-2018, CSJ STC4982-2022 y CSJ STC8578-2022). <\/p>\n
Lo anterior hab\u00eda sido definido por esta Sala, en sentencia CSJ STC1014-2018, al resolver una tutela instaurada por Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz, a la cual no se accedi\u00f3 por falta de legitimaci\u00f3n para rebatir las decisiones del tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de la causa penal que conden\u00f3 a Oswaldo Noriega Arac\u00fa, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u2026el se\u00f1or Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz se refiere a actuaciones adelantadas en el marco de una acci\u00f3n de revisi\u00f3n dentro de un juicio penal donde no ostenta ninguna de las prenotadas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar en esta sede las decisiones all\u00ed proferidas\u2026 <\/p>\n
Al punto anterior resulta pertinente agregar, que aunque el promotor del resguardo alega ostentar la calidad de \u00abpropietario\u00bb del veh\u00edculo que ocasion\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito por el que fue condenado penalmente el citado se\u00f1or Noriega Arac\u00fa, ello no lo habilita para obtener la modificaci\u00f3n o invalidez de la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad jurisdiccional convocada en la citada acci\u00f3n de revisi\u00f3n, puesto que dicha facultad s\u00f3lo recae en cabeza de quienes est\u00e1n legitimados para interponer ese medio de defensa, esto es, \u00abel fiscal, el Ministerio P\u00fablico, el defensor y dem\u00e1s intervinientes, siempre que ostenten inter\u00e9s jur\u00eddico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuaci\u00f3n materia de revisi\u00f3n\u00bb, a voces de lo establecido en el art\u00edculo 193 de la Ley 906 de 2004, calidades que, se reitera, no ostenta Roberto Felipe Mu\u00f1oz Ortiz. (Se subraya). <\/p>\n
3. Ahora bien, en torno al tema debatido por Oswaldo Noriega Arac\u00fa, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el recurso extraordinario de revisi\u00f3n impetrado por aqu\u00e9l contra la sentencia condenatoria proferida el 8 de junio de 2012 por el Juzgado Quinto Penal Municipal, expres\u00f3 los motivos por los cuales declar\u00f3 infundada la causal invocada. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por indicar que rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad impetrada por el recurrente, dado que la misma era \u00abostensiblemente infundada\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, hizo alusi\u00f3n a la providencia CSJ AP451-2022 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, para destacar que la causal de revisi\u00f3n consagrada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, referida a haberse encontrado \u00abhechos o pruebas nuevas\u00bb despu\u00e9s emitida la sentencia, est\u00e1 ligada a la imposibilidad de haber incorporado \u00abal debate ordinario y dentro las oportunidades para el efecto\u00bb el elemento demostrativo que se cataloga como novedoso, \u00abporque no se conoc\u00eda su existencia, la cual [adem\u00e1s] ostenta la idoneidad de derribar la sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
Luego, al descender al caso concreto, se\u00f1al\u00f3 que, si bien la \u00abprueba \u201cnueva\u201d documental\u00bb tra\u00edda al plenario por la defensa, consistente en el \u00absentido vial\u00bb del lugar donde ocurri\u00f3 la colisi\u00f3n no hizo \u00abmaterialmente parte del proceso penal ordinario\u00bb, con lo que se pretendi\u00f3 dar a conocer una \u00abvariante sustancial de un hecho\u00bb, lo cierto es que el demandante no argument\u00f3 con suficiencia la raz\u00f3n por la cual aquella no fue adosada en oportunidad al juicio reprochado, pues la misma \u00abdebi\u00f3 ser objeto de debate ante el Juez de instancia\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, refiri\u00f3 que la prueba allegada \u00aby practicada durante la audiencia correspondiente (\u2026) no indic\u00f3 c\u00f3mo se encontraba la referida v\u00eda en el a\u00f1o 2007, cuando ocurri\u00f3 el siniestro, ello en efecto no se mencion\u00f3 en la prueba, m\u00e1xime por cuanto fue expedida en el a\u00f1o 2012 y lo que certifica es el sentido vial para esta \u00faltima data\u00bb. <\/p>\n
En ese orden concluy\u00f3 que la prueba anunciada \u00abno tiene la caracter\u00edstica de \u201cnueva\u201d sino que alude a un hecho que ya fue valorado por la Juez Quinto Penal Municipal de esta ciudad, al proferir a sentencia atacada mediante acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb, esto es, el \u00absentido vial, sobre el cual se pronunciaron los testigos de cargo, sin que la defensa rebatiera en esa oportunidad procesal las afirmaciones seg\u00fan las cuales el sector donde ocurri\u00f3 el siniestro era de doble v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en su sentir, la intenci\u00f3n del promotor con dicho tr\u00e1mite fue la de \u00abanteponer la propia valoraci\u00f3n personal con lo debatido en juicio o revivir esa controversia del juicio, dentro de tr\u00e1mite excepcional como la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb, lo cual se encuentra proscrito y \u00abcon mayor raz\u00f3n si la causal alegada es la tercera\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, advirti\u00f3 que tampoco se comprob\u00f3 que el material suasorio \u00abtuviera la capacidad de modificar el juicio de responsabilidad penal, dado que la se\u00f1alada por la defensa como \u201cnueva\u201d no tuvo la virtualidad de derruir la conclusi\u00f3n de instancia, seg\u00fan la cual el sector de los hechos era una calzada habilitada en doble sentido\u00bb. De modo que la maniobra del condenado de girar el taxi \u00aba su izquierda sin precauci\u00f3n y no respetar la prelaci\u00f3n que ten\u00eda quien se desplazaba leg\u00edtimamente en direcci\u00f3n contraria -el motociclista- vulner\u00f3 las normas de tr\u00e1nsito y con ello gener\u00f3 el resultado perteneciente a una descripci\u00f3n t\u00edpica -lesiones personales al conductor de la motocicleta\u00bb. Con fundamento en ello concluy\u00f3 que: <\/p>\n
las pruebas arrimadas y practicadas no llevan al convencimiento de que hubiera surgido prueba nueva que permita desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la sentencia atacada (\u2026). [Por ende], la enarbolada como prueba \u201cnueva\u201d no evidenci\u00f3 la inocencia del acusado, sino que ratific\u00f3 elementos ya analizados por la juez a-quo; de ah\u00ed que no tuvo el poder suasorio para desestimar la presunci\u00f3n de acierto y los efectos de cosa juzgada que ostenta la sentencia condenatoria\u2026 <\/p>\n
3.1. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron, motivadamente, los argumentos de la parte interesada y en los que se insiste en sede de tutela. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el Tribunal censurado estableci\u00f3, con sustento en los motivos taxativos de recusaci\u00f3n establecidos en la Ley 906 de 2004, espec\u00edficamente, el contenido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 192 de esa normativa y en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que el elemento suasorio que se indic\u00f3 en la demanda como \u00abnuevo\u00bb, relativo al sentido unidireccional de la v\u00eda en la que ocurri\u00f3 el siniestro, fue un hecho que en su momento no fue valorado con ese soporte por el Juez de conocimiento, sin que en dicha oportunidad la defensa objetara las afirmaciones de los testigos, seg\u00fan las cuales, el lugar donde ocurri\u00f3 el accidente era de doble v\u00eda; raz\u00f3n por la cual estim\u00f3 que la pretensi\u00f3n del actor era revivir ese punto del litigio. Asimismo, determin\u00f3 que el recurrente tampoco logr\u00f3 demostrar que la prueba \u00abdesconocida\u00bb tuviera la trascendencia de enarbolar el juicio de responsabilidad penal, para, en su lugar, declarar su inocencia, requisito indispensable para que prospere el motivo de revisi\u00f3n conjurado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb5. <\/p>\n
3.2. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…). (CSJ STC 25 ene. de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 de 11 sept. 2020). <\/p>\n
En este caso, como se advirti\u00f3, el juzgador de instancia analiz\u00f3 las pruebas bajo las reglas de la sana cr\u00edtica y motiv\u00f3 su decisi\u00f3n razonadamente, sin que se evidencie una anomal\u00eda tal que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 76 a 88, archivo \u201c0002 125483Demanda\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 282 a 325, archivo \u201c0002 125483Demanda\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201cAnexo20_SentenciaJuzgado17Civil\u201d. Enlace <\/p>\n