STC13988-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13988-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03437-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco Mundo Mujer S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo, Augusto Becerra y Cotty Morales Caama\u00f1o y a los dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n popular de radicado 20150121200 (01\/02). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jur\u00eddica, libre competencia y trabajo. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 una acci\u00f3n popular en contra del Banco, en raz\u00f3n a que la sucursal ubicada en Zarzal (Valle), no contaba con \u00abInt\u00e9rprete e Int\u00e9rprete Gu\u00eda para atender a los ciudadanos sordos y sordociegos, de tal suerte que se vulneran los literales d, l, m de la ley 472 de 1998, ley 982 de 2005, art. 8\u00bb. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, ante el cual, el tutelante asevera, que acredit\u00f3 debidamente que contaba con \u00abun Int\u00e9rprete de planta, el servicio de Gu\u00eda Int\u00e9rprete a demanda y, adem\u00e1s, toda la se\u00f1alizaci\u00f3n tendiente a orientar dentro de las sedes de las sucursales a las personas con estas discapacidades\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 15 de enero de 2021, el referido Juzgado1 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, por considerar que el accionado contaba con \u00abla tecnolog\u00eda y personal suficiente para atender y garantizar el acceso de las personas con discapacidad sordas, ciegas y sordo ciegas\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 12 de agosto de 20222, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y ampar\u00f3 los derechos colectivos reclamados, de modo que orden\u00f3 al accionado garantizar \u00abun servicio de Int\u00e9rprete y Gu\u00eda int\u00e9rprete para personas con discapacidad auditiva y\/o visual, fijar en un lugar visible la informaci\u00f3n sobre tales servicios e instalar aviso e informaci\u00f3n aptos para el reconocimiento de este grupo poblacional\u00bb. <\/p>\n
2.5. Al respecto, la parte actora afirm\u00f3 que el Tribunal fundament\u00f3 su determinaci\u00f3n en \u00abargumentos abiertamente inconstitucionales, obviando las circunstancias del caso concreto, el material probatorio y el precedente horizontal que con mucha claridad se ha sentado sobre el particular, el cual ha sido aplicado a casos id\u00e9nticos al que nos convoca\u00bb, como el contenido en la acci\u00f3n popular de radicado 66682310300120180049401 y en la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil CSJ STC9214-2022, por el cual se razon\u00f3 una decisi\u00f3n que neg\u00f3 lo pretendido en la respectiva demanda popular. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira manifest\u00f3 que en la providencia \u00abest\u00e1 compendiado el an\u00e1lisis probatorio y jurisprudencial con el que se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n final de revocar el fallo\u00bb, a cuyo contenido se remit\u00eda. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad convocada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante, al proferir la sentencia de segunda instancia, que revoc\u00f3 el fallo emitido por el a quo y accedi\u00f3 a las pretensiones de la acci\u00f3n popular promovida en contra del tutelante por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 las razones por las cuales consider\u00f3 procedente revocar la providencia atacada. <\/p>\n
En ese sentido, el Colegiado acusado, luego de precisar que la demanda versaba sobre la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico carente de condiciones de accesibilidad para ciudadanos sordos, sordociegos e hipoac\u00fasicos, conforme a lo reglado por los art\u00edculos 5\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005 y los literales d), l) y m) del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 472 de 1998, trajo a colaci\u00f3n lo expuesto por el mismo Tribunal en la sentencia 2016-00595-02 del 18 de mayo de 2018, en la cual indic\u00f3: <\/p>\n
Claramente se traslad\u00f3 a las entidades p\u00fablicas y privadas, la obligaci\u00f3n de garantizar el acceso de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad al servicio p\u00fablico que ofrezcan a la comunidad. Que sea el Estado garante de la prestaci\u00f3n de ese servicio, en manera alguna le impone asumir todas las cargas inherentes a la adecuaci\u00f3n de instalaciones y herramientas tecnol\u00f3gicas, y contrataci\u00f3n de personal id\u00f3neo, pues es el oferente quien debe hacerlo, en este caso, la entidad accionada. <\/p>\n
Igualmente, hizo \u00e9nfasis en que exist\u00eda una diferencia entre acciones afirmativas y ajustes razonables y, en esa medida, record\u00f3 que en la misma sentencia el Tribunal estableci\u00f3 que: <\/p>\n
La acci\u00f3n afirmativa referida en la norma, est\u00e1 definida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba, ibidem, como: \u201c(\u2026) Pol\u00edticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con alg\u00fan tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o econ\u00f3mico que los afectan (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De su tenor literal se extracta que se concibe como la medida primigenia, general, definida por el estado para la garantizar la realizaci\u00f3n del derecho a la igualdad material de las \u201cpersonas o grupos con alg\u00fan tipo de discapacidad\u201d; es ese mecanismo que se emplea para la realizaci\u00f3n del derecho a la igualdad material de la mayor\u00eda del grupo discriminado, por no decir, de todo el grupo. <\/p>\n
De otro lado, respecto de los ajustes razonables, es el art\u00edculo 2\u00ba, Ley 1346, el que los concreta como: \u201c(\u2026) las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, se tiene que, pese a la existencia de una acci\u00f3n afirmativa es probable que sea necesario emplear alg\u00fan ajuste razonable, subsidiario de aquella, para asegurar la accesibilidad de personas con discapacidad en casos espec\u00edficos. Al respecto v\u00e1lido traer a colaci\u00f3n criterio a\u00f1ejo de la CC3: \u201c(\u2026) Es importante tener en cuenta que al interior de la poblaci\u00f3n discapacitada, convergen distintas necesidades dependiendo del tipo y grado de discapacidad que se tenga, por ello, no basta con que el Estado adopte medidas afirmativas en relaci\u00f3n con ese grupo, sino que \u00e9stas deben responder a sus necesidades particulares y para ello debe realizar los ajustes razonables que se requieran (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, se trata de dos (2) mecanismos afines para satisfacer la accesibilidad; sin embargo, el primero es el principal, de obligatorio cumplimiento y, el segundo, es accesorio, sirve como complemento en casos particulares, mas solo se emplea en el evento de que no sea una carga desproporcionada. <\/p>\n
Al referirse al caso concreto se\u00f1al\u00f3 que, confrontado lo afirmado por la entidad bancaria con lo expuesto l\u00edneas atr\u00e1s, era evidente que, aunque se han \u00abimplementado ajustes razonables que contribuyen a la prestaci\u00f3n de sus servicios para las personas con las discapacidades comprendidas en la Ley 982\/05\u00bb, estos \u00abno reemplazan las acciones afirmativas comprendidas en dicha codificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, afirm\u00f3 que \u00abel primero de los servicios que enunci\u00f3 [el accionado] es solo un documento, un manual de instrucciones para los empleados del banco, que los orienta a c\u00f3mo deben atender a personas con diversas discapacidades\u00bb, pero dicha medida, en manera alguna, suple el requerimiento de gu\u00eda int\u00e9rprete contenido en la Ley 982 de 20055. En cuanto al ajuste razonable, indic\u00f3 que era \u00abinsuficiente para la prestaci\u00f3n de los servicios que necesitan las personas ciegas y sordociegas\u00bb, toda vez que, al prestarse de manera virtual, quedaban \u00abexcluidas las personas que padezcan de sordoceguera quienes est\u00e1n impedidas para comunicarse por medio del lenguaje de se\u00f1as\u00bb, reiterando lo expuesto por el Tribunal en el fallo TSP SP-0044-2022. <\/p>\n
Con base en lo anterior, consider\u00f3 que deb\u00eda revocarse la sentencia del a quo, porque, aunque los ajustes razonables realizados por la entidad bancaria ayudan a la prestaci\u00f3n de los servicios financieros de las personas con discapacidades, particularmente auditivas, lo cierto es que \u00abno sustituyen la acci\u00f3n afirmativa dispuesta por el legislador en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982\/05\u00bb, esto es, el servicio de int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete, el cual es id\u00f3neo para la prestaci\u00f3n del servicio financiero, no s\u00f3lo para las personas sordas o ciegas, sino tambi\u00e9n para las que son sordociegas. <\/p>\n
3. Al respecto, es pertinente resaltar que esta Sala, en sentencia CSJ STC9579-20184, consider\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la entidad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la empresa quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad accionada interpret\u00f3 las disposiciones que gobiernan el caso concreto, as\u00ed como la jurisprudencia que consider\u00f3 aplicable en torno a dicha normatividad, concluyendo, de cara al material probatorio recaudado, que la ausencia de int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete en cada una de las sucursales de la sociedad demandada que fueron denunciadas, lo que \u00e9sta no desvirtu\u00f3 a pesar de la existencia de otros medios de atenci\u00f3n para aqu\u00e9llos en esas sedes, constitu\u00eda basti\u00f3n suficiente para establecer la amenaza de las garant\u00edas colectivas invocadas respecto de las personas sordas, sordociegas e hipoac\u00fasicas, en cuyo caso tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n resulta trascendente recordar lo recientemente considerado por esta Sala al negar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por la misma entidad bancaria contra ese Tribunal respecto a la sentencia de acci\u00f3n popular que a \u00e9ste mismo sirvi\u00f3 de faro en la presente ocasi\u00f3n. <\/p>\n
3. El anterior recuento sirve para comprobar que la tesis replicada es plausible y por ello debe ser mantenida, con mayor raz\u00f3n, si en cuenta se tiene que la \u00abpoblaci\u00f3n discapacitada\u00bb, para el caso, los \u00absordos y sordo-ciegos\u00bb, son sujetos que, dada su condici\u00f3n de \u00abvulnerabilidad manifiesta\u00bb, ameritan una especial protecci\u00f3n por parte del Estado (art. 47 C.N.), comoquiera que la \u00abdisminuci\u00f3n de sus capacidades\u00bb les impide desenvolverse en cualquier entorno de la misma manera como lo hace el resto de los ciudadanos, siendo esa la raz\u00f3n que justific\u00f3 la expedici\u00f3n de la Ley 982 de 2005, en la que fueron impartidas pol\u00edticas y medidas para preservar sus \u00abderechos\u00bb al tratarse de \u00abpersonas en situaci\u00f3n discapacidad\u00bb oral, auditiva, o audiovisual. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el art\u00edculo 8 ibidem dispuso que \u00ablas entidades estatales de cualquier orden, incorporan paulatinamente dentro de los programas de atenci\u00f3n al cliente, el servicio de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para las personas sordas y sordociegas que lo requieran de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio\u00bb, y reliev\u00f3 que esa exigencia tambi\u00e9n debe ser acatada por las \u00abempresas prestadores de servicios p\u00fablicos\u00bb, las instituciones prestadoras de salud, las bibliotecas p\u00fablicas, los centros de documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n y, en general, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al p\u00fablico, fijando en lugar visible la informaci\u00f3n correspondiente, con plena identificaci\u00f3n del lugar o lugares en los que podr\u00e1n ser atendidas las personas sordas y sordo-ciegas\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
De esa forma, ese marco legal armoniz\u00f3 con la Ley 361 de 1997, en la que se reglaron diversos \u00abmecanismos de integraci\u00f3n social de las personas que se hallen en situaci\u00f3n de discapacidad\u00bb con miras a hacer valer su dignidad, asegurar su completa realizaci\u00f3n personal y su total integraci\u00f3n social, tanto as\u00ed que en el art\u00edculo 2\u00ba ut supra se consagr\u00f3 que \u00abel Estado garantizar\u00e1 y velar\u00e1 porque en su ordenamiento jur\u00eddico no prevalezca discriminaci\u00f3n sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, econ\u00f3micas, f\u00edsicas, fisiol\u00f3gicas, s\u00edquicas, sensoriales y sociales\u00bb\u2026 <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, f\u00e1cilmente se deduce que del entendimiento llevado a cabo por el \u00f3rgano cuestionado no destella desprop\u00f3sito, ni exceso de poder, como tampoco la presencia de alguno de los defectos atribuidos, con independencia de que se comparta o no el criterio que sali\u00f3 a relucir en el \u00abveredicto\u00bb acusado de irracional y subjetivo, lo que descarta un yerro que deba ser corregido, y lleva a concluir que el reclamo elevado no es de recibo por esta sede excepcional. <\/p>\n
Sobre el punto, es claro que el iudex ponder\u00f3 la problem\u00e1tica esbozada por el \u00abactor popular\u00bb en torno a las \u00abprerrogativas colectivas\u00bb de los \u00absujetos de especial protecci\u00f3n superlativa\u00bb antes referidos, por el hecho de no contar con el \u00abservicio de interprete y gu\u00eda interprete\u00bb en las instalaciones abiertas al p\u00fablico por Bancolombia S.A. en los lugares mencionados en cada uno de los asuntos abordados, y, luego de encarar tal panorama en el contexto en que fue presentado, coligi\u00f3 que no eran atendibles las explicaciones brindadas por la encargada de brindar ese servicio, relacionadas con la \u00abimplementaci\u00f3n paulatina de las pol\u00edticas y programas de atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n discapacitada de que trata la Ley 982 de 2005\u00bb, con ocasi\u00f3n al lapso transcurrido desde que esa regulaci\u00f3n entr\u00f3 en rigor\u2026 <\/p>\n
Y, en consecuencia, se concluy\u00f3 que: <\/p>\n
las \u00f3rdenes impuestas en el memorado fallo no lucen desproporcionadas o arbitrarias, pues a voces del art. 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la actividad financiera es de inter\u00e9s p\u00fablico, siendo de la misma naturaleza el servicio prestado por el banco reclamante, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias SU-167 de 1999, C-224 de 2009 y SU-157 de 1999, lo cual significa que la tutelante forma parte del grupo de entidades obligadas a implementar las comentadas medidas de accesibilidad… <\/p>\n
3.1. En ese orden, revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que el Tribunal desestim\u00f3, motivadamente, cada uno de los reproches que el aqu\u00ed censor plante\u00f3 y las conclusiones a las cuales arrib\u00f3, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente arbitrarias, carentes de sustento o alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto estuvieron precedidas de una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, de las pruebas allegadas a la tramitaci\u00f3n y de la normatividad pertinente y aplicable, lo cual torna inviable la tutela impetrada. <\/p>\n
Se observa, pues, una disparidad de criterios, entre lo considerado por el colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb5. <\/p>\n
3.2. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se impone desestimar el ruego exigido, en tanto la procedencia de la tutela presupone la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo y racional, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA la salvaguarda constitucional invocada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Carpeta 01PrimeraInstancia, archivo 41Sentencia.Pdf del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta02SegundaInstancia, Archivo14Sentencia.Pdf del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 CC T-933 de 2013. <\/p>\n
4\u0002 Haciendo referencia al fallo CSJ. STC. 4 de julio de 2018, rad. 01671-00, reiterado en fallo de CSJ. STC. 12 de julio de 2018, rad. 01827-00. Postura similar adoptada en CSJ STC6926-2019. <\/p>\n
5\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC13988-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13988-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03437-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco Mundo Mujer […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68082"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68082\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}