STC13989-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13989-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03475-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Heriberto Antonio Bol\u00edvar Serna y Maribel Torres Angulo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2007-02764. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, legalidad y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira -con prove\u00eddo del 9 de agosto de 2017- absolvi\u00f3 a los actores del delito de estafa agravada en modalidad de delito masa, en concurso heterog\u00e9neo con enriquecimiento il\u00edcito de particulares. <\/p>\n
2.2. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el delegado de la Fiscal\u00eda y las v\u00edctimas incoaron recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de Risaralda -con providencia del 25 de julio de 2018- revoc\u00f3 el fallo absolutorio. Y, en su lugar, declar\u00f3 la responsabilidad penal de los aqu\u00ed promotores en calidad de coautores de los delitos referidos, imponi\u00e9ndoles una pena de 137 meses y 23 d\u00edas de prisi\u00f3n, m\u00e1s una multa de $460.279.900. <\/p>\n
2.3. Inconformes con lo resuelto, los condenados impetraron recurso extraordinario de casaci\u00f3n. La Homologa Penal -con sentencia SP2021-2022 del 15 de junio de 20221- resolvi\u00f3 casar parcialmente el prove\u00eddo opugnado, absolviendo a Bol\u00edvar Serna y Torres Angulo por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares y, en este sentido, modific\u00f3 la condena a 113 meses y 23 d\u00edas de prisi\u00f3n y una punici\u00f3n de 118.50 S.M.L.M.V. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, se duelen los gestores que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, por cuanto la dosificaci\u00f3n punitiva se deb\u00eda hacer \u00fanicamente sobre el punible de estafa con circunstancia de agravaci\u00f3n de acuerdo con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 247 del C\u00f3digo Penal, puesto que no era viable realizarlo sobre la modalidad de delito de masa ya que no se configuraron los presupuestos axiol\u00f3gicos para ello. Es decir, que existiera continuidad, delimitaci\u00f3n, eventos m\u00faltiples y concatenados en el tiempo y en el espacio. <\/p>\n
3. Instaron que se ordene a los estrados confutados que dicten un fallo ajustado en lo referente a la dosimetr\u00eda de la pena, sin que se tome como agravante la modalidad de delito en masa. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia2 manifest\u00f3 que se remite a los argumentos esbozados en la sentencia del 15 de junio de 2022 que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n propuesto. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira3 hizo un breve recuento de las actuaciones procesales adelantadas. Y apuntal\u00f3 que los accionantes pretenden usar esta senda extraordinaria como una instancia adicional para que sean nuevamente estudiados sus argumentos, por tanto, solicit\u00f3 que fuera declarado improcedente el amparo. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira4 se pronunci\u00f3 de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acaecida en el proceso penal. Agreg\u00f3 que no ha sido posible dar tr\u00e1mite al incidente de reparaci\u00f3n integral porque a\u00fan no le ha sido devuelto el expediente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por los actores, con ocasi\u00f3n del presunto defecto sustantivo en que incurrieron los falladores de instancia. Ello pues, aducen que no se configuraron los presupuestos axiol\u00f3gicos para imponer como agravante la modalidad de delito en masa. <\/p>\n
2. De manera preliminar se precisa que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 25 de julio de 2018, fue la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia quien cerr\u00f3 el debate -al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n incoado-, por ello, se analizar\u00e1 \u00fanicamente lo decidido en esa oportunidad. <\/p>\n
3. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que la autoridad judicial accionada -con sentencia SP2021-2022 del 15 de junio de 20225 resolvi\u00f3 casar parcialmente el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la Homologa Penal ilustr\u00f3 que el recurso extraordinario planteado conten\u00eda seis cargos, sintetizados de la siguiente forma <\/p>\n
En los cargos primero, segundo y tercero de la demanda, el recurrente plantea la nulidad de la actuaci\u00f3n, por Desconocimiento del debido proceso por afectaci\u00f3n sustancial de su estructura o de la garant\u00eda debida a cualquiera de las partes, con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004. (\u2026.) <\/p>\n
En el cuarto cargo de la demanda, el censor acude a la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial y refiere que el Ad-quem infringi\u00f3 directamente la norma sustancial por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 327, 246, 247, 267 y 31 del C\u00f3digo Penal, y falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 249, 10, 73, 74 y 76 del C.P.P. dado que: (i) concluy\u00f3 que el ardid consisti\u00f3 en que los procesados llevaron a cabo varias compraventas, pese a que estaban en quiebra, sin embargo, ese \u00faltimo hecho no fue acreditado; (ii) el delito que podr\u00eda haberse configurado es el de abuso de confianza y no el de estafa; y (iii) comercializar veh\u00edculos no es una actividad il\u00edcita, por lo que ganar o perder dinero por el desarrollo de dicha actividad econ\u00f3mica no configura el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares. (\u2026) <\/p>\n
En el sexto cargo, el recurrente plantea una violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad al apreciar los testimonios de Claudia Soraya Henao Castro, Roger Mauricio Mar\u00edn Trujillo, Javier Barco Cardona, Orlando Aicardo Duque Amaya, Luis \u00c1ngel Corrales Pati\u00f1o, Carlos Alberto Lozano Mota, HERIBERTO ANTONIO BOL\u00cdVAR SERNA, MARIBEL TORRES ANGULO y H\u00e9ctor Iv\u00e1n Nieves Moreno. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, de cara a los requisitos t\u00e9cnicos del medio impugnatorio incoado, refiri\u00f3 que \u00abComoquiera que los procesados fueron condenados por primera vez por un Tribunal, la Sala, en aras de garantizar el derecho a la doble conformidad judicial, har\u00e1 caso omiso a cuestiones de t\u00e9cnica propias del recurso extraordinario y resolver\u00e1 de fondo las propuestas planteadas por el defensor, para lo cual se examinar\u00e1n y valorar\u00e1n las pruebas practicadas, con el fin de determinar si el Tribunal err\u00f3 al emitir sentencia condenatoria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, entr\u00f3 a resolver las nulidades alegadas, de las cuales se destaca lo que viene. <\/p>\n
3.3.1. Frente a la relacionada con la no realizaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n pre-procesal, ilustr\u00f3 que <\/p>\n
El art\u00edculo 74 de la Ley 906 de 2004 \u2013a\u00fan con las modificaciones introducidas por las leyes 1142\/07, 1453\/11, 1542\/12 y 1826\/17-, dispone que se requiere querella, entre otros, en el delito de estafa cuya cuant\u00eda no exceda de ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. Por su parte, el art\u00edculo 522 \u00eddem, establece: \u00abLa conciliaci\u00f3n se surtir\u00e1 obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acci\u00f3n penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliaci\u00f3n o ante un conciliador reconocido como tal\u2026\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, la Corte ha se\u00f1alado que en el delito masa la cuant\u00eda se determina por el incremento o beneficio econ\u00f3mico que hayan obtenido los sujetos activos del delito y no por la afectaci\u00f3n patrimonial padecida por cada una de las v\u00edctimas. As\u00ed, en la decisi\u00f3n CSJ SP3997-2019, Rad. 47203, se indic\u00f3 (\u2026). <\/p>\n
Dicho esto, en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n se les enrostr\u00f3 a HERIBERTO ANTONIO BOL\u00cdVAR SERNA y MARIBEL TORRES ANGULO la comisi\u00f3n del delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa, en concurso heterog\u00e9neo con el reato de enriquecimiento il\u00edcito de particulares. <\/p>\n
La cuant\u00eda de la estafa se conglob\u00f3 en un solo monto, constituido por el valor total recaudado por los procesados, que se estim\u00f3 en la suma de cuatrocientos ochenta y un mill\u00f3n de pesos ($481.000.000), monto que supera con creces los 150 s.m.l.m.v, para el a\u00f1o 2010 -$77.250.000-; por lo tanto, no se requer\u00eda la querella ni la conciliaci\u00f3n preprocesal, lo cual implica que la censura planteada por el defensor no puede prosperar. (Se subraya) <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que <\/p>\n
Este aspecto, por dem\u00e1s, est\u00e1 relacionado con el adicional planteado por transgresi\u00f3n al principio de unidad procesal, pues, a su juicio, se trataba de diversas conductas que han debido investigarse por separado. Con ello, olvida el defensor que la raz\u00f3n para el procesamiento unitario fue precisamente la calificaci\u00f3n como delito masa de las ilicitudes\u2026 <\/p>\n
Por lo tanto, en el presente asunto oper\u00f3 la unificaci\u00f3n de las investigaciones, en raz\u00f3n a la conexidad existente, debido a que, conforme la teor\u00eda de la Fiscal\u00eda, se trat\u00f3 de una acci\u00f3n delictiva \u00fanica con m\u00faltiples y reiterativos actos ejecutivos tendientes a la obtenci\u00f3n de un solo prop\u00f3sito defraudador, que perdur\u00f3 y se materializ\u00f3 en el tiempo, con fraccionados logros y pluralidad de sujetos pasivos afectados en su patrimonio, por una cuant\u00eda global de cuatrocientos ochenta y un mill\u00f3n de pesos ($481.000.000). <\/p>\n
3.3.2. Por otro lado, frente al hecho de que la Fiscal\u00eda no recibi\u00f3 interrogatorio al indiciado, apuntal\u00f3 que <\/p>\n
la Corte de manera reiterada ha se\u00f1alado que no atender en interrogatorio al indiciado no constituye vulneraci\u00f3n de derechos o irregularidad alguna, dado que su realizaci\u00f3n es optativa, tanto para el Fiscal, como para el indiciado o imputado, pues, no existe una norma que imponga tal proceder, de lo que se sigue que su desarrollo no es presupuesto del debido proceso (CSJ SP5278-2014, Rad. 43490; CSJ SP3657-2016, Rad. 46589; CSJ AP 5589-2016, Rad. 44106; CSJ AP626-2017, Rad. 48042, CSJ AP2025-2020, Rad. 57139)\u2026 <\/p>\n
Las explicaciones ofrecidas son suficientes para se\u00f1alar que no presenta la actuaci\u00f3n fracturas a las garant\u00edas de HERIBERTO ANTONIO BOL\u00cdVAR SERNA y MARIBEL TORRES ANGULO, SOLO porque no se interrog\u00f3 a los indiciados. <\/p>\n
3.3.3. En l\u00edneas seguidas, trat\u00e1ndose de la queja referente con que la Fiscal\u00eda no exhibi\u00f3 los elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica con que contaba en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, enrostr\u00f3 que <\/p>\n
Al respecto, debe indicarse que la Corte, de manera pac\u00edfica y reiterada ha se\u00f1alado que en esa fase preliminar, por regla general, el funcionario investigador no tiene la carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia f\u00edsica y la informaci\u00f3n legalmente obtenida, que se encuentren en su poder, por lo que el fiscal debe limitarse a la identificaci\u00f3n del imputado, a comunicar la hip\u00f3tesis de hechos jur\u00eddicamente relevantes y a informar, en los t\u00e9rminos previstos en la ley, sobre la posibilidad de allanarse a los cargos (CSJ SP2042-2019, Rad. 51007; CSJ AP5204-2019, Rad. 54814: CSJ SP862-2020, Rad. 56789; CSJ SP2073-2020, Rad. 52227; CSJ SP3988-2020, Rad. 56505, entre otras). <\/p>\n
Por lo tanto, en ninguna violaci\u00f3n incurri\u00f3 la Fiscal\u00eda al no haber descubierto a la defensa, en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, los elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica e informaci\u00f3n legalmente obtenida con los que para ese momento contaba. (Se subraya) <\/p>\n
3.4. Ahora bien, entrando a analizar el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares y luego de haber realizado un profundo estudio de los medios suasorios arrimados al plenario, las normas y jurisprudencia aplicable, coligi\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la Fiscal\u00eda no precis\u00f3 de qu\u00e9 forma los procesados obtuvieron un incremento en su patrimonio o en uno ajeno, pues, el que se hayan hecho transacciones bancarias por m\u00e1s de $11.000.000.000 no implica, per se, que en ese valor se hubiese aumentado su peculio. Y, tampoco determin\u00f3 que el aumento patrimonial hubiese sido como consecuencia de una actividad delictiva antecedente, en contrario, refiri\u00f3 que se derivaba de la comercializaci\u00f3n de veh\u00edculos, labor que, en principio, es l\u00edcita. Tal omisi\u00f3n no solo conspir\u00f3 contra la claridad que debe caracterizar este acto procesal, sino que, impidi\u00f3 conocer el componente f\u00e1ctico de ese espec\u00edfico cargo, lo que gener\u00f3 que el Tribunal condenara a los procesados por dos delitos diferentes, con base en mismo suceso f\u00e1ctico\u2026 <\/p>\n
Con esa comprensi\u00f3n, se tiene que, en este caso, la fiscal\u00eda no logr\u00f3 acreditar que lo apropiado como consecuencia del delito de estafa en modalidad masa y el incremento patrimonial del enriquecimiento il\u00edcito de particulares en la suma de $401.394.250, corresponden a haberes provenientes de distinta fuente delictiva; todo lo contrario, el Tribunal encontr\u00f3 y conden\u00f3 a los implicados por este \u00faltimo reato luego de considerar que el incremento patrimonial del delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares se derivaba \u00ab\u00fanica y exclusivamente\u00bb de las apropiaciones obtenidas por medio de la comisi\u00f3n del delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa, bajo la aparente compra y venta de automotores. <\/p>\n
Por ello, resolvi\u00f3 revocar \u00abla sentencia impugnada, para absolver a Heriberto Antonio Bol\u00edvar Serna y Maribel Torres Angulo por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares, por lo que la pena debe ser redosificada, labor que se emprender\u00e1 en otro ac\u00e1pite\u00bb. <\/p>\n
3.5. Luego, de cara a la responsabilidad de los procesados por el punible de estafa agravada en modalidad de delito masa, manifest\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n conjunta de la prueba, conforme las reglas de la sana cr\u00edtica, permite concluir m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que HERIBERTO ANTONIO BOL\u00cdVAR SERNA y MARIBEL TORRES ANGULO incurrieron en el delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa\u00bb. Esto, comoquiera que \u00abdentro del presente asunto se prob\u00f3 que los procesados crearon una sucesi\u00f3n de empresas simuladas, pues, s\u00f3lo modificaban la raz\u00f3n social y la composici\u00f3n accionaria, pero materialmente eran dirigidas por los mismos implicados\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a la conclusi\u00f3n anterior, la Corporaci\u00f3n hizo un extenso an\u00e1lisis de los testimonios, pruebas documentales y dem\u00e1s elementos probatorios existentes en el plenario, resultando menester traer a colaci\u00f3n los siguientes se\u00f1alamientos <\/p>\n
En este punto cobra relevancia indicar que las empresas que fueron creadas por los procesados, no solo fueron utilizadas por ellos para simular la realizaci\u00f3n de contratos de compraventa, con la finalidad de que sus v\u00edctimas les entregaron sumas de dinero a cambio de un veh\u00edculo que jam\u00e1s les ser\u00eda entregado, y de esta manera obtener un provecho econ\u00f3mico il\u00edcito; adem\u00e1s, bajo ese mismo enga\u00f1o, ofrec\u00edan el servicio de administraci\u00f3n de veh\u00edculos, con la pretensi\u00f3n subrepticia de comercializarlos il\u00edcitamente\u2026 <\/p>\n
Como se ve, con estas maniobras los procesados no solo estafaron aquellas personas que entregaron dinero a cambio de la compra de un veh\u00edculo de la marca CITROEN, pues, de manera anticipada sab\u00edan que no iban a cumplir con la entrega de los rodantes prometidos, sencillamente porque ni siquiera los solicitaron al importador; sino tambi\u00e9n a la empresa Parra Arango y CIA S.A., dado que se vio despojada de un veh\u00edculo avaluado en USD17.600\u2026 <\/p>\n
Todo lo expuesto obliga concluir que HERIBERTO ANTONIO BOL\u00cdVAR SERNA y MARIBEL TORRES ANGULO realizaron m\u00faltiples, diversos y reiterativos actos tendientes a la obtenci\u00f3n de un solo prop\u00f3sito defraudador, que perdur\u00f3 y se materializ\u00f3 en el tiempo con fraccionados logros; de ello resultaron plurales sujetos pasivos afectados en su patrimonio. <\/p>\n
Los acusados obtuvieron un provecho econ\u00f3mico il\u00edcito en la suma de cuatrocientos un mill\u00f3n trescientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta pesos ($401.394.250), por lo que la condena por el delito de estafa agravada, en modalidad de delito masa, se confirmar\u00e1. (Se subraya). <\/p>\n
3.6. Finalmente, trat\u00e1ndose de la redosificaci\u00f3n punitiva, arguy\u00f3 que <\/p>\n
Consecuencia de la absoluci\u00f3n por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares, a continuaci\u00f3n, se proceder\u00e1 a redosificar la pena impuesta a HERIBERTO ANTONIO BOL\u00cdVAR SERNA y MARIBEL TORRES ANGULO, para lo cual se dejar\u00e1 inc\u00f3lume la dosificaci\u00f3n punitiva que adelant\u00f3 el Tribunal y solo se restar\u00e1n las penas que fueron aumentadas \u201chasta en otro tanto\u201d por el delito por el que se absolver\u00e1 a los acusados, esto es, veinticuatro (24) meses de prisi\u00f3n y multa por un valor de cuatrocientos un mill\u00f3n trescientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta pesos ($401.394.250). <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable6. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los gestores. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
5. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, (\u2026) \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
6. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-67, archivo \u201c54321 (Casaci\u00f3n acusatorio \u2013 Sentencia -15-06-2022)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cOficio respuesta a tutela (Dr. Francisco Ternera Barrios-Sala Casaci\u00f3n Civil-C.SA-54321-Maribel Torres Angulo y Heriberto A. Bol\u00edvar Serna)-Mar\u00ed\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cHERIBERTO BOL\u00cdVAR, oficio respuesta tutela (FE)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220347500-0016Oficio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-67, archivo \u201c54321 (Casaci\u00f3n acusatorio \u2013 Sentencia -15-06-2022)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC13989-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13989-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03475-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Heriberto Antonio Bol\u00edvar Serna […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}