STC13995-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13995-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03535-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Cossio Carabali, quien dice actuar en nombre de Rub\u00e9n Antonio Echeverri Pulgar\u00edn, en contra de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Apartad\u00f3. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 2015-00904. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de la garant\u00eda superior al debido proceso del se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio Echeverri Pulgar\u00edn. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la informaci\u00f3n suministrada, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn \u00dasuga y Amparo de Jes\u00fas Higuita iniciaron el proceso de restituci\u00f3n de tierras, en relaci\u00f3n con el predio denominado La Caba\u00f1a, ubicado en la vereda Leoncito de Mutat\u00e1 (hoy Riosucio). <\/p>\n
2.2. El asunto fue admitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Apartad\u00f3 y, ante la oposici\u00f3n presentada por el se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio Echeverri Pulgar\u00edn, se remiti\u00f3 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Antioquia, autoridad que dict\u00f3 sentencia el 11 de febrero de 2020, negando los derechos reclamados por el opositor y ordenando la entrega del bien. <\/p>\n
2.3. Devuelto el expediente al juzgado instructor, el 16 de marzo siguiente, a solicitud de la Unidad de Tierras, se suspendi\u00f3 la diligencia de restituci\u00f3n, por cuanto se iba a presentar una s\u00faplica de \u00abMODULACI\u00d3N DE LA SENTENCIA\u00bb. <\/p>\n
2.4. En auto de 30 de agosto de 2022, el Tribunal querellado requiri\u00f3 al estrado del circuito para que ejecutara la comisi\u00f3n dispuesta para la entrega del inmueble. <\/p>\n
2.5. Llegada la fecha y hora programada (12 de octubre), la diligencia se declar\u00f3 fallida, pues \u00abel se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio Echeverri (\u2026) manifest\u00f3 (\u2026) que no entregar\u00eda el predio\u00bb, por lo cual se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que lo desocupara. <\/p>\n
3. La promotora tacha de irregular la actuaci\u00f3n relatada, porque se vulneraron los derechos del se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio por: (i) no decretarse algunas pruebas que \u00e9l pidi\u00f3; y (ii) no declararse demostrada, est\u00e1ndolo, la oposici\u00f3n que aquel plante\u00f3, yerro que lo afecta, por ser una persona mayor, v\u00edctima del conflicto y en clara situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado exige que se suspenda la ejecuci\u00f3n de la sentencia de 11 de febrero de 2020. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n querellada se opuso a la prosperidad del ruego, pues \u00e9ste no reun\u00eda los requisitos generales de procedibilidad. Lo anterior, en tanto (i) no exist\u00eda petici\u00f3n de suspensi\u00f3n del proceso; (ii) la solicitud de modulaci\u00f3n estaba en tr\u00e1mite y en t\u00e9rmino para resolverse; y (iii) la sentencia de 11 de febrero de 2020 no adolec\u00eda de error alguno, pues se estudi\u00f3 concienzudamente la situaci\u00f3n del se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio Echeverri. Destac\u00f3, adem\u00e1s, que dicho pronunciamiento se profiri\u00f3 hace m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Apartad\u00f3 puso de presente que no se pudo realizar la entrega del inmueble, pues el opositor se neg\u00f3, raz\u00f3n por la cual le concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de cinco d\u00edas para desocuparlo. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV- adujo que no hab\u00eda lesionado derecho alguno al se\u00f1or Echeverri Pulgar\u00edn. Lo mismo alegaron la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013UAEGRTD-, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Alcald\u00eda de Medell\u00edn, el Servicio Nacional de Aprendizaje \u2013SENA- y el Banco Agrario de Colombia S.A. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que suspenda la ejecuci\u00f3n de la sentencia de 11 de febrero de 2020, emanada de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que orden\u00f3 la entrega del predio respecto del cual el se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio Echeverri Pulgar\u00edn reclama unos derechos. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que la promotora no se encuentra legitimada para instaurar la presente tutela, dado que no es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Colegiatura accionada, no alleg\u00f3 poder especial que la faculte a intervenir en esta causa ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficiosa. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, la norma establece que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
De igual forma, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya) (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley, que le haya sido otorgado poder especial para el efecto o que alegue y demuestre la imposibilidad real del interesado para acudir directamente a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio Echeverri Pulgar\u00edn, que se habr\u00edan vulnerado en el juicio de restituci\u00f3n de tierras rebatido; sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial que cumpla con las condiciones indicadas, pues, si bien el otorgado para actuar en el proceso referido alude a la posibilidad de interponer tutelas, esa sola menci\u00f3n no cumple con los requisitos exigidos para que un poder pueda ser v\u00e1lido para acudir a esta senda excepcional, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia citada. <\/p>\n
Tampoco aleg\u00f3 actuar como agente oficiosa ni se demostraron las condiciones que le impidieran totalmente al afectado ejercer directamente su propia defensa en sede constitucional, pues, de acuerdo con lo indicado por el Juzgado accionado y el registro de la diligencia llevada a cabo el 12 de octubre del a\u00f1o en curso2, se evidencia que el se\u00f1or Echeverri Pulgar\u00edn estuvo presente y manifest\u00f3 que no entregar\u00eda el inmueble. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, no es viable estudiar el fondo del ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, raz\u00f3n por la cual la Sala declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda peticionada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
2\u0002 Acta, numeral 5, registro de comparecencia a la diligencia: se\u00f1or Rub\u00e9n Antonio Echeverri Pulgar\u00edn. <\/p>\n
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