STC14001-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC14001-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03482-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00190-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura censurada, <\/p>\n
i) En un t\u00e9rmino de 24 horas falle [su] acci\u00f3n popular, amparado en fallos de tutela ante el injustificado escenario de indefinici\u00f3n. <\/p>\n
iii) Se pida al tutelado probar que no ha sido presentada queja alguna en su contra ante el Consejo Seccional o Superior de la Judicatura \u2013 Sala Disciplinaria y Sala Administrativa por mora judicial en acciones populares. <\/p>\n
iv) Ordenar al tutelado de tratar de justificar su mora, en la carga laboral, sea este quien demuestre en derecho la carga que tiene, que le impide cumplir su funci\u00f3n deber (sic) sistem\u00e1ticamente en [su] acci\u00f3n constitucional del mismo linaje a la tutela que caus\u00f3 sanci\u00f3n a una juez por desconocer t\u00e9rminos de tiempo. <\/p>\n
v) Se remita copia a quien corresponda a fin de que de aplicaci\u00f3n art. 84 ley 472 de 1998, pues no [puede] pedir aplicar art. 121 CGP para perder competencia ya que la H CSJ SCC en tutela dijo que no aplica art. 121 CGP en acciones especiales y aut\u00f3nomas como la ley 472 de 1998. <\/p>\n
vi) Se ordene vigilancia judicial y administrativa a todas las acciones populares que tramita el tutelado por quien corresponda y una vigilancia expresa por parte de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, pues las acciones populares corren riesgo de desconocer su celeridad en el despacho, vulnerando ley 472 de 1998. <\/p>\n
vii) Pido al tutelado al momento de fallar [su] acci\u00f3n popular reconozca agencias en derecho en ambas instancias, pues no desisto de ellas contra la parte vencida, amparado art. 365 -1 CGP.\u00bb <\/p>\n
En resumen adujo que en la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra CRC Valoramos Santa Rosa de Cabal S.A.S., \u00abel despacho no da tr\u00e1mite c\u00e9lere alguno y menos cumple t\u00e9rminos de tiempo perentorio que le impone la ley 472 de 1998, pues la acci\u00f3n est\u00e1 sin fallo\u00bb, por lo que \u00abla tutela se impetra por mora judicial amparado en acciones de tutela y lo peculiar de este caso es que solo con tutelas [logra] hacer que el tutelado cumpla la ley, olvidando que el Consejo Superior de la Judicatura ha sancionado juez, por no responder acci\u00f3n de tutela dentro del t\u00e9rmino y no es justo que solo el actor popular tenga que estar obligado a cumplir t\u00e9rminos perentorios a tiempo y el juzgador no\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00abse admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n el 27 de abril de 2022, frente a la sentencia de primera instancia; se corri\u00f3 traslado para sustentar el recurso y se prorrog\u00f3 el termino para resolver la segunda instancia hasta por seis meses m\u00e1s en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C.G.P., decisi\u00f3n que no fue recurrida\u00bb, lo anterior debido a \u00abasuntos de raigambre constitucional y preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacato, etc.) cuyo volumen es notable, pues en lo que va del presente a\u00f1o se han tramitado 4 habeas corpus, 92 tutelas de primera, 110 de segunda, 61 acciones populares, adem\u00e1s de otros asuntos\u00bb, y precis\u00f3 que en el juicio criticado \u00abya se est\u00e1 elaborando el proyecto de sentencia\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 6 Judicial Civil II manifest\u00f3 que \u00abde concederse el amparo, se mire la respuesta del juez accionado, las pruebas allegadas y se considere v\u00e1lidamente justificada la demora en dictar sentencia de segundo grado, en cuyo caso se deber\u00e1 impartir las \u00f3rdenes pertinentes para que se remedie la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, el actor pretende que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira \u00abprofiera sentencia de segunda instancia\u00bb en la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb incoada contra CRC Valoramos Santa Rosa de Cabal S.A.S. (rad. 2021-00190-01), por cuanto ha pasado el tiempo que \u00abimpone y ordena el art. 37 de la ley 472 de 1998\u00bb, y no ha resuelto al respecto. <\/p>\n
Empero, el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por sobrevenir la carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que, en el curso de esta senda tuitiva, el despacho convocado inform\u00f3 que \u00abel proyecto de sentencia de segunda instancia fue registrado el 11 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la salvaguarda est\u00e1 \u00absuperada\u00bb y, en esa medida, \u00abcarecer\u00eda de objeto\u00bb y raz\u00f3n proferir alguna orden en tal sentido, puesto que el fin que se persigue ya se cristaliz\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay duda de que se estructur\u00f3 la \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb y, por consiguiente, \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (CSJ STC9353-2020, reiterada en STC11341-2021). <\/p>\n
2.- De otra parte, respecto a la inconformidad del querellante con la \u00abpr\u00f3rroga por seis meses m\u00e1s para desatar la alzada\u00bb en aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso (27 abr. 2022), se observa que tal resoluci\u00f3n no fue replicada, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, para que fuera el juez natural quien estudiara las razones que ahora trae a este sendero especial, circunstancia que evidencia el descuido en el empleo de los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021 y STC095-2022). <\/p>\n
3.- En torno a que \u00abse ordene al tutelado probar que no ha sido presentada queja alguna en su contra ante el Consejo Seccional o Superior de la Judicatura \u2013 Sala Disciplinaria y Sala Administrativa por mora judicial en acciones populares (\u2026) si trata de justificar su mora, en la carga laboral sea este quien demuestre en derecho la carga que tiene, que le impide cumplir su funci\u00f3n\u00bb y \u00abpido al tutelado al momento de fallar mi acci\u00f3n popular reconozca agencias en derecho en ambas instancias, pues no desisto de ellas contra la parte vencida, amparado art. 365 -1 CGP.\u00bb, se aprecia que Gerardo Alonso debe presentar tales pedimentos a la Sala confutada, para que sea ella quien se pronuncie; empero, ninguna prueba aducida a esta sede demuestra que as\u00ed haya obrado y, bien es sabido que este camino, <\/p>\n
(\u2026) no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para (\u2026) reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (se enfatiza CSJ STC1423-2020, STC15498-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- Finalmente, el requerimiento dirigido a que \u00abse remita copia de todo lo actuado y de todas las acciones populares ante el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Disciplinaria y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a fin que se investigue la mora del tutelado, tal como se investig\u00f3 a la juez que dilat\u00f3 una tutela y fue sancionada\u00ab, es al precursor gestor a quien corresponde noticiarlas directamente a las autoridades competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida con ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada lo ha sostenido esta Magistratura, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, surge inviable el auxilio suplicado. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos. <\/p>\n
<\/p>\n
Env\u00edese copia de la presente determinaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico que proporcion\u00f3 el convocante para recibir notificaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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