STC14004-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14004-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03525-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Henry de Jes\u00fas Charry Molano promovi\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Quinto Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00425. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido procedo y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al juzgado acusado \u00abdeclarar la NULIDAD, de todo lo actuado, a partir de la fecha en la que se present\u00f3 la tacha de falsedad es decir 24 de febrero de 2020\u00bb en el litigio de la referencia y, a la Magistratura accionada \u00abcorr[egir] el yerro del auto fechado 02 de junio de 2021, en el sentido de dar aplicaci\u00f3n a su tesis, de que la tacha de falsedad se debe presentar en el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que decreto las pruebas como se hizo\u00bb y, \u00abdeclare la nulidad del fallo proferido el d\u00eda 24 de agosto de 2022, toda vez que sobrepas\u00f3 los l\u00edmites temporales del art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda verbal de nulidad de contrato que le instaur\u00f3 a Luz Mary Ram\u00edrez Daza y Soraya Helena Rojas Echeverry, y corri\u00f3 traslado de la misma a las all\u00e1 convocadas (14 oct. 2018), quienes la contestaron en tiempo, as\u00ed como la reforma a esta, \u00abaportando el documento espurio denominado \u201cacta de conciliaci\u00f3n 1627 \u2013 2009 de fecha 20 de junio de 2009, expedido por el centro de conciliaci\u00f3n y arbitraje constructores de paz\u201d\u00bb (10 jul. y 11 oct.). <\/p>\n
Indic\u00f3 que al replicar las excepciones propuestas en ambos escritos, plante\u00f3 \u00abel desconocimiento y la tacha de falsedad del acta\u00bb, toda vez que \u00ab[su] firma (\u2026) junto con la del se\u00f1or DARIO MONTA\u00d1O, no correspond\u00edan a las suyas\u00bb, por lo que \u00abse tipificaba la falsedad material e ideol\u00f3gica de este espurio documento\u00bb (24 jul. y 25 oct.), pero, el despacho, \u00abmanifiesta al referirse al desconocimiento [y tacha] del documento, (\u2026) que no se hizo uso de tal herramienta en el momento procesal oportuno, esto es, al descorrer el traslado de las excepciones propuestas por la demandada\u00bb (18 feb. 2020), decisi\u00f3n que refut\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, sin suerte, porque dicha autoridad mantuvo su postura (15 sep.), mientras que el superior la confirm\u00f3 con otra tesis, alusiva a que la oportunidad para realizar tales actos era \u00aben el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que decreto las pruebas\u00bb (2 jun. 2021). <\/p>\n
Adver\u00f3 que, agotadas las etapas pertinentes, el a quo dict\u00f3 sentencia y neg\u00f3 las aspiraciones (1\u00b0 ag.), sin impartir \u00abtr\u00e1mite\u00bb al \u00abincidente de tacha de falsedad\u00bb, resoluci\u00f3n que apel\u00f3 \u00absolicitando (\u2026) unas pruebas en segunda instancia sobre la base del art\u00edculo 327 del C.G.P.\u00bb, refutaci\u00f3n concedida y luego admitida por el ad quem (13 ag.), quien, posteriormente, no solo \u00abprorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para proferir sentencia por el termino de (6) meses\u00bb (17 feb. 2022), sino que no accedi\u00f3 al decreto de \u00ablas pruebas solicitadas y omite la programaci\u00f3n de la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb (3 jun.), providencia ratificada en s\u00faplica (10 ag.). <\/p>\n
Sostuvo que \u00abel Tribunal accionado profiri\u00f3 sentencia confirmatoria de la sentencia impugnada\u00bb (24 ag.), excediendo \u00ablos l\u00edmites del art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb, por lo que se erige en \u00abuna decisi\u00f3n NULA de pleno derecho al ser una actuaci\u00f3n posterior al termino perentorio que finiquitaba el d\u00eda 18 de agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opusieron al amparo, tras se\u00f1alar el primero, que \u00abno se vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda constitucional de la activa\u00bb y, el segundo, por cuanto en el juicio controvertido \u00abse han observado en un todo las formas propias del mismo, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, para proferir las decisiones que motivan la inconformidad del se\u00f1or Henry de Jes\u00fas Charry Molano, la normatividad aplicable al caso, as\u00ed como el acervo probatorio obrante en el plenario, ajust\u00e1ndose a lo consignado y acreditado con el mismo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el escrito genitor con la prueba recaudada en el plenario, pronto se anuncia el decaimiento del ruego. <\/p>\n
1.1.- El actor pregona que las dependencias judiciales recriminadas rechazaron el \u00abtr\u00e1mite\u00bb de \u00abdesconocimiento y tacha de documento\u00bb que formul\u00f3 frente al \u00abacta de conciliaci\u00f3n 1627 \u2013 2009 de fecha 20 de junio de 2009, expedido por el centro de conciliaci\u00f3n y arbitraje constructores de paz\u00bb, en el proceso que adelant\u00f3 contra Luz Mary Ram\u00edrez Daza y Soraya Helena Rojas Echeverry (rad. 2018-00425), a pesar de que lo interpuso en \u00abt\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
No obstante, de las piezas arrimadas al infolio, se tiene que tal \u00abdeterminaci\u00f3n\u00bb se adopt\u00f3 en auto de 18 de febrero de 2020, el cual fue avalado el 15 de septiembre de ese mismo a\u00f1o (reposici\u00f3n) y 2 de junio de 2021 (apelaci\u00f3n), situaci\u00f3n que pone en evidencia que la salvaguarda incumple el presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, propio de este mecanismo especial, dado que el accionante tard\u00f3 en radicar el pliego superlativo aproximadamente un (1) a\u00f1o, cuatro (4) meses y cuatro (4) d\u00edas, si en cuenta se tiene que lo hizo el 6 de octubre de 2022, es decir, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abtutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta- STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC3457-2021 y en la STC6140-2022). <\/p>\n
Ahora, en el paginario no se divisan circunstancias que pudiesen justificar dicha dilaci\u00f3n, ya que Charry Molano no esgrimi\u00f3 nada a ese respecto, de ah\u00ed que resulte inviable la ayuda por este puntual t\u00f3pico. <\/p>\n
1.2.- De otro lado, el querellante se duele de los proveimientos emitidos el 3 de junio y 10 de agosto de 2022, por medio de los cuales el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solvent\u00f3 desfavorablemente la solicitud de \u00abpr\u00e1ctica de pruebas\u00bb en segunda instancia pues, en su sentir, estaban cumplidos los requisitos del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 327 del vigente estatuto procesal para acceder a ella. <\/p>\n
Sin embargo, al auscultarse la \u00faltima de tales determinaciones, por ser la que zanj\u00f3 esa discusi\u00f3n, se observa que sus fundamentos no pueden calificarse de arbitrarios o antojadizos, comoquiera que se ajustan al ordenamiento jur\u00eddico, en tanto que el censor no expres\u00f3 en concreto cu\u00e1les eran las \u00abmaniobras dilatorias\u00bb de su contraparte, sumado a que tampoco exterioriz\u00f3 hechos constitutivos de \u00abfuerza mayor o caso fortuito\u00bb para obtener la informaci\u00f3n que dice ser relevante y que reposa en el Ministerio de Justicia, puesto que \u00abla imposibilidad de conocer la respuesta\u00bb que dio la citada cartera a la \u00abpetici\u00f3n que le elev\u00f3\u00bb no configura ninguno de esos eventos, circunstancia que descarta la vulneraci\u00f3n denunciada por este singular aspecto. <\/p>\n
1.3.- Finalmente, el impulsor asegura que el \u00abfallo\u00bb dictado por el juez plural cuestionado es \u00abNULO DE PLENO DERECHO\u00bb, porque se profiri\u00f3 por fuera del \u00abplazo\u00bb estipulado en el canon 121 CGP, incluida la \u00abpr\u00f3rroga\u00bb dispuesta por el Magistrado sustanciador, aunado a que no se \u00abconvoc\u00f3 a audiencia para la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pero, del expediente no se vislumbra que Charry Molano previamente haya elevado tal postulaci\u00f3n al Tribunal de Bogot\u00e1 para provocar una manifestaci\u00f3n que responda positiva o negativamente a su deseo, declaraci\u00f3n que no puede anticipar el \u00abjuez de tutela\u00bb, en tanto, significar\u00eda una intromisi\u00f3n de este remedio especial en los fueros propios del funcionario que est\u00e1 llamado a hacerlo. <\/p>\n
Esta Corte ha dicho al respecto, que <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa (\u2026) que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC6904-2020, STC9022-2021 y STC5391-2022, entre otras). <\/p>\n
Por consiguiente, es incuestionable que tal anhelo no atiende la exigencia de procedibilidad de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2.- Ergo, surge infructuoso el apoyo requerido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Henry de Jes\u00fas Charry Molano. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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