STC14016-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14016-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03546-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, igualdad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se emitieran las siguientes \u00f3rdenes: <\/p>\n
(\u2026) 2.- Dejar sin efectos las sentencias de segunda y primera instancias de fechas treinta y uno de marzo y quince de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022), proferidas por la Sala Civil \u2013 Familia del T.S. D.J de Santa Marta, y Juzgado 01 Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha diecis\u00e9is (16) de septiembre de 2021, mediante la cual resuelve reponer el auto admisorio a la demanda de fecha 21 de septiembre de 2020, ya que \u201cel demandado no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defectos a lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador. <\/p>\n
4.- Ordenar al se\u00f1or Juez 02 Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n, Carlos Palencia Rivera (\u2026) DECLARE LA P\u00c9RDIDA AUTOM\u00c1TICA DE COMPETENCIA para seguir conociendo el proceso, por la cual al d\u00eda siguiente deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez que le siga en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses, o en su defecto, <\/p>\n
5.- Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n de tutela contra providencia judiciales de radicaci\u00f3n [2022-00012-00], con posterioridad al auto admisorio de la demanda de tutela de fecha primero (01) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022), y notifique ha dicho auto a la se\u00f1ora DALGY IN\u00c9S PE\u00d1A AYANA (\u2026). <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y el material suasorio que reposa en el plenario, se deduce que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n desestim\u00f3 el resguardo invocado por el gestor frente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa urbe en la guarda n\u00ba 2022-00012-00 (15 feb. 2022); decisi\u00f3n que el Superior ratific\u00f3 (31 mar.). <\/p>\n
Indic\u00f3 que su mandatario judicial en esa \u00abacci\u00f3n\u00bb, envi\u00f3 \u00ab[desde su] correo electr\u00f3nico al correo del juzgado 01 Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n al juzgado accionado e intervinientes (\u2026) escrito adicional de pruebas que por descuido no fueron anexadas a la acci\u00f3n de tutela, correspondiente a tres archivos que suman un total de [67] folios\u2026\u00bb (3 feb.); no obstante, no fueron valoradas, por lo que endilga a tales autoridades un actuar \u00abcontrario a la verdad y a la rectitud, ya que no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por el accionante\u00bb. y la existencia de \u00ab(\u2026) fraudes, y por tanto, se est\u00e1 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, ya que la motivaci\u00f3n de ellas no se limitaron al examen cr\u00edtico de las pruebas con explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas\u00bb, menos a\u00fan, tomaron en cuenta \u00ablos razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios, para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n (\u2026) no aplic\u00f3 la conducta procesal de las partes la cual es obligatoria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que las reflexiones del a quo el \u00abfallo tutelar\u00bb, no son m\u00e1s que una \u00abfalacia, una conducta o acci\u00f3n contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete, es un acto tendiente a eludir una disposici\u00f3n legal en perjuicios del estado o terceros (\u2026)\u00bb, por no ajustarse a la Constituci\u00f3n, ni analizar los elementos suasorios del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado objetado (rad. n\u00ba 2020-00324) y, las del ad quem, \u00abno se limit\u00f3 al examen cr\u00edtico de las pruebas, (\u2026) solamente se dedicaron a apoyar las irregularidades, capricho y arbitrariedades del juez accionado y a apoyar y confirmar la decisi\u00f3n fraudulenta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que en ambas instancias \u00abno se vincul\u00f3 al contradictorio de manera oficiosa a la se\u00f1ora DALGY IN\u00c9S PE\u00d1A ANAYA, presunta arrendataria o arrendadora ubicada en la carrera 5# 5-12 de Fundaci\u00f3n \u2013Magdalena (\u2026) a fin de que intervenga como tercera interviniente (\u2026) debe notific\u00e1rsele [para que] haga defender sus intereses, ya que forma parte del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb; por lo que, en su opini\u00f3n se transgreden sus garant\u00edas, al estimar configuradas la \u00abcosa juzgada fraudulenta y violaci\u00f3n al principio de publicidad por [existir] fraudes [y] por no notificar a un tercero interviniente al auto admisorio de la demanda de tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Santa Marta defendi\u00f3 la legalidad de la sentencia cuestionada y, destac\u00f3, que en ella se vislumbra el respeto \u00ab(\u2026) de las garant\u00edas de las partes involucradas, y se ajust\u00f3 a los supuestos normativos vigentes, no siendo dable su excepcional procedencia\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n narr\u00f3 las etapas surtidas en la ayuda n\u00ba 2022-00012 y respald\u00f3 su providencia, porque \u00abno es cierto que [\u00e9l] hubiera incurrido en las omisiones y defectos que se\u00f1ala el actor, y en ese orden de ideas, no ha existido la vulneraci\u00f3n denunciada, por el contrario, las decisiones han sido proferidas atendiendo la normatividad y la l\u00ednea jurisprudencial vigente\u00bb. <\/p>\n
El Segundo Promiscuo Municipal de esa sede relat\u00f3 el tr\u00e1mite del \u00abdeclarativo de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado, promovido por el Sr. Luis Alberto Reyes Posada en contra los se\u00f1ores Cesar Augusto Niebles Rodelo y Carlos Humberto Coy Dom\u00ednguez; demanda que fue registrada bajo el radicado 47-288-4089-002-2020-00324-00\u00bb y dijo que \u00abel accionante acude a la acci\u00f3n de tutela para pretender que esta se constituya en una instancia m\u00e1s; alegando hechos que no fueron materia de reproche en medio del proceso (Falta de autenticidad del poder y la improcedencia del rechazo de la demanda por no haber transcurrido el termino de ejecutoria del auto que resuelve el recurso)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se advierte el decaimiento de la salvaguarda, por los motivos que a continuaci\u00f3n se enlistan. <\/p>\n
2.- De conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, \u00fanicamente procede el examen de las \u00abtutelas contra tutelas\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC2551-2021, 15 mar 2021). <\/p>\n
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, acept\u00f3 la \u00abviabilidad de acciones\u00bb como la presente, cuando la resoluci\u00f3n adoptada en el socorro es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se reprochan \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. As\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
En el prove\u00eddo la T- 218\/2012, el mismo Alto Tribunal precis\u00f3, frente al fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, que \u00e9ste \u00abse predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, que implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad (\u2026)\u00bb. As\u00ed lo esgrimi\u00f3: <\/p>\n
En el fraude puede actuar solo una de las partes, ambas o incluso el juez. Tambi\u00e9n puede cometerse contra una de las partes o contra un tercero, contra el orden jur\u00eddico, caso en el cual se le denomina fraus legi o contra el inter\u00e9s p\u00fablico. Sin embargo, para que se configure el dolo y la actuaci\u00f3n que de \u00e9l se deriva deben tener la potencia de generar el efecto buscado. Por lo mismo, sin que de ello pueda desprenderse una comprensi\u00f3n indulgente, la cosa juzgada fraudulenta resulta m\u00e1s grave cuando es cometida directamente por el juez o mediante su anuencia, pues la autoridad judicial representa la confianza social en la administraci\u00f3n de justicia y su actuaci\u00f3n consciente permitir\u00eda de manera mucho m\u00e1s f\u00e1cil que la situaci\u00f3n fraudulenta \u2013revestida de la calidad de cosa juzgada- fuera coercitivamente exigible. <\/p>\n
2.1- En el sub lite, una de las pretensiones del promotor es que se ordene \u00abDeclarar la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n de tutela contra providencia judiciales de radicaci\u00f3n [2022-00012-00], con posterioridad al auto admisorio de la demanda de tutela de fecha primero (01) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022), y notifique dicho auto a la se\u00f1ora DALGY IN\u00c9S PE\u00d1A AYANA (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para alegar la \u00abfalta de vinculaci\u00f3n\u00bb y\/o ausencia de integraci\u00f3n del contradictorio de Dalgy In\u00e9s Pe\u00f1a Ayana, dado que, no es el titular de la presunta dispensa infringida ni tampoco act\u00faa en nombre o como agente oficioso de la supuesta perjudicada. <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, <\/p>\n
(\u2026) se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07 citada en STC1148-2021 y STC12402-2021). <\/p>\n
2.2. La otra inconformidad de Reyes Posada respecto del medio tuitivo n\u00ba 2022-00012, es con los veredictos de ambas instancias all\u00ed emitidos, que acusa de \u00ab(\u2026) fraudes, y por tanto, se est\u00e1 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, ya que la motivaci\u00f3n de ellas no se limitaron al examen cr\u00edtico de las pruebas con explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas\u00bb, por lo que busca dejarlos sin efecto. <\/p>\n
Como lo ha expuesto la Guardiana de la Constituci\u00f3n, es \u00abinaceptable que las partes que integran un proceso de acci\u00f3n de tutela (\u2026) controviertan los argumentos, razones, reglas, pruebas o dem\u00e1s elementos que fundamentaron una decisi\u00f3n por medio de la interposici\u00f3n de una nueva solicitud de amparo\u00bb (C.C. SU- 1219 de 2001 reiterada en T-470\/18); debido a que esa Colegiatura \u00ab(\u2026) tiene la misi\u00f3n institucional de impedir que ello ocurra porque lo que est\u00e1 en juego no es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedar\u00eda indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posici\u00f3n coincida con la opini\u00f3n de alg\u00fan juez\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
2.3.- Adicionalmente, no se observa la ocurrencia del \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, que de manera excepcional autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de \u00abtutela\u00bb, toda vez que los reproches contra el juzgado y Tribunal cuestionados no encajan en dicho concepto. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que los reproches que hace el precursor a los \u00abfallos de tutela\u00bb expedidos en el consecutivo n\u00ba 2022-00012, se circunscriben a enrostrarles falta de valoraci\u00f3n probatoria y, con ello, emitirse una sentencia de primera instancia cimentada en \u00abfalacias, una conducta o acci\u00f3n contraria a la verdad y a la rectitud\u00bb y la de segundo grado \u00abapoyar las irregularidades, capricho y arbitrariedades del juez accionado y a apoyar y confirmar la decisi\u00f3n fraudulenta\u00bb, esto es, ning\u00fan ataque enarbol\u00f3 y, menos acredit\u00f3, relacionado con la existencia de \u00abun negocio fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, que implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad\u00bb, \u00fanico evento capaz de viabilizar esta herramienta especial\u00edsima. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los argumentos esbozados por el censor, en palabras de la Corte Constitucional, <\/p>\n
(\u2026) versan sobre una interpretaci\u00f3n de derecho que (\u2026) no comparte, y sobre el juicio de procedencia de la acci\u00f3n como elemento constitutivo e inescindible del fallo, situaci\u00f3n que a todas luces no denota por parte del juez que decidi\u00f3 el proceso, una conducta motivada con un prop\u00f3sito ilegal, doloso, o fraudulento, que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho, y sobre el cual, adem\u00e1s, no aporta prueba suficiente para que se acredite el principio de fraus omnia corrumpit, pues la (\u2026) accionante no present\u00f3 siquiera sumariamente, el resultado de alguna investigaci\u00f3n (disciplinaria, penal, fiscal, etc.) adelantada contra el funcionario judicial, las partes o la decisi\u00f3n que se profiri\u00f3 en ese fallo. Por el contrario, lo que s\u00ed se hace evidente es el prop\u00f3sito con el que (\u2026) pretende revivir una situaci\u00f3n jur\u00eddica ya consolidada (Negrilla Adrede), T- 218\/2012. <\/p>\n
3.- Las aspiraciones de Luis Alberto relacionadas con el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00ba 2020-00324, rituado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n, tendientes a que por esta v\u00eda: (i) Se declare \u00abla nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha diecis\u00e9is (16) de septiembre de 2021, mediante la cual resuelve reponer el auto admisorio a la demanda de fecha 21 de septiembre de 2020\u00bb y (ii) \u00abOrdenar al se\u00f1or Juez 02 Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n, Carlos Palencia Rivera (\u2026) DECLARE LA P\u00c9RDIDA AUTOM\u00c1TICA DE COMPETENCIA para seguir conociendo el proceso, (\u2026)\u00bb, igualmente est\u00e1n llamadas al fracaso al vislumbrarse la temeridad de su comportamiento, en tanto, con anterioridad propuso frente a dicho estrado, la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb con rad. 2022-00012, con semejantes s\u00faplicas a las aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
En efecto, en aquella ocasi\u00f3n, aleg\u00f3 el quebrantamiento de sus garant\u00edas esenciales al \u00abdebido proceso, igualdad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y, rog\u00f3: (i) Se decretara \u00abla nulidad y el restablecimiento del derecho\u00bb de todo lo actuado a partir del auto de fecha 16 de septiembre de 2021, y de las providencias dictadas el 19 de octubre y 19 de noviembre de ese a\u00f1o, en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00ba 2020-00324 y, se le concediera \u00abel t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para subsanar\u00bb; y (ii) Conminar \u00abal accionado que informe a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C.G.P., y remitir el expediente al juez que le siga en turno, el que debe asumir la competencia y proferir la sentencia en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 6 meses\u00bb. <\/p>\n
Ahora, a pesar que el tema fue previamente definido por esta jurisdicci\u00f3n, Reyes Posada persiste y busca la custodia de los mismos derechos con id\u00e9nticos supuestos f\u00e1cticos a los all\u00e1 esbozados, sin que se alteren aspectos medulares del pet\u00edtum; de donde es l\u00f3gico inferir que los participantes, objeto y causa son equivalentes, sin que circunstancias sobrevinientes modifiquen la conclusi\u00f3n de la incursi\u00f3n en una repetici\u00f3n \u00abindebida\u00bb, ya que no demostr\u00f3 una causa que justifique dicha conducta. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico se ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026). <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, citada en STC15188-2021). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, surge inviable el socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Luis Alberto Reyes Posada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14016-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC14016-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03546-00 (Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C. veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68098","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68098","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68098"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68098\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}