STC14066-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14066-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00867-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Ricardo Andr\u00e9s Gamba frente a la sentencia de 9 de septiembre de 2022, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 24 de Familia de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de reducci\u00f3n de cuota alimentaria No. 2021-00591-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia anticipada proferida en el proceso en comento (7 julio 2022), para que, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n en la que se valore la documental requerida a la DIAN consistente en los certificados de sus ingresos y correspondiente a los a\u00f1os gravables de 2018 a 2021. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que inici\u00f3 un proceso de reducci\u00f3n de cuota alimentaria en contra de Mar\u00eda Guadalupe Parra Montenegro, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 24 de Familia de Bogot\u00e1. En dicho tr\u00e1mite, la autoridad judicial decret\u00f3 como prueba de oficio que la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- remitiera certificaciones de la informaci\u00f3n ex\u00f3gena tributaria del aqu\u00ed actor, correspondientes a las vigencias fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021 con los respectivos certificados de ingresos y retenciones; sin embargo, sin aguardar a que se remitiera esa informaci\u00f3n, el Juzgado dict\u00f3 sentencia anticipada en la que no accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
A su juicio, se configur\u00f3 defecto f\u00e1ctico por el desconocimiento de esa prueba; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado interpret\u00f3 indebidamente las pretensiones de la demanda, pues en vez de restringirse al estudio de la reducci\u00f3n de la cuota alimentaria, analiz\u00f3 cuestiones relacionadas con la sociedad conyugal, como lo es que la madre de menor a quien se le deben alimentos estuviere residiendo en un inmueble de propiedad del demandante desde el momento mismo del divorcio. Tambi\u00e9n adujo que no se tuvo en cuenta la actual y real situaci\u00f3n financiera que vive. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 24 de Familia de Bogot\u00e1 adujo que no ha vulnerado derechos fundamentales del actor. Por su parte Mar\u00eda Guadalupe Parra Montenegro se\u00f1al\u00f3 que el amparo es improcedente porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor no promovi\u00f3 recursos frente a la decisi\u00f3n en la que se desisti\u00f3 de la prueba de oficio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo tras se\u00f1alar que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado accionado es razonable; adem\u00e1s, reproch\u00f3 que el actor no hubiera promovido recursos contra la decisi\u00f3n que defini\u00f3 qu\u00e9 pruebas ser\u00edan tenidas en cuenta en el litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El actor impugn\u00f3 con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no puede endilg\u00e1rsele alguna negligencia, toda vez que el Juzgado accionado no corri\u00f3 traslado de la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual desestim\u00f3 la prueba de oficio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado ser\u00e1 ratificado por advertirse que el requisito de subsidiariedad no est\u00e1 satisfecho; adem\u00e1s, la sentencia emitida en el proceso en comento es razonable. <\/p>\n
Aunque en el presente asunto el actor se duele porque el Juzgado profiri\u00f3 sentencia anticipada sin esperar que la Direcci\u00f3n de Impuestos Nacionales remitiera la documental sobre informaci\u00f3n financiera del demandante, requerimiento que hab\u00eda sido ordenado como prueba de oficio, lo cierto es que el actor no promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto con el que se desisti\u00f3 de la prueba y en el que se indic\u00f3 que se emitir\u00eda sentencia anticipada. T\u00e9ngase en cuenta que dicho prove\u00eddo fue proferido en audiencia (min. 1:26:03 de la audiencia 7 julio 2022), de suerte que el recurso debi\u00f3 presentarse all\u00ed mismo conforme lo previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que para tal fin se requiriera de traslado. Por lo anterior, puede afirmarse que el requisito de subsidiariedad no est\u00e1 satisfecho. Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (CSJ STC7966-2018, memorada en STC12873-2021). <\/p>\n
De otro lado, frente a los reparos impetrados contra la sentencia proferida en dicho asunto, se advierte que el Juzgado ci\u00f1\u00f3 su an\u00e1lisis a las pretensiones consistentes en la reducci\u00f3n de cuota alimentaria, tanto as\u00ed que reproch\u00f3 que las partes presentaran alegaciones relacionados con temas referentes a las capitulaciones que suscribieron; adem\u00e1s, la autoridad judicial valor\u00f3 los medios suasorios existentes y aportados por las partes lo que le permiti\u00f3 colegir que no exist\u00eda un desequilibrio econ\u00f3mico que ameritara su intervenci\u00f3n. Sobre el particular se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El problema jur\u00eddico en este caso est\u00e1 en determinar si en efecto ha variado esa capacidad econ\u00f3mica del demandante como lo alega en la demanda, para que se disminuya la cuota alimentaria que se encuentra establecida en la sentencia proferida por este despacho. El art 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia en su inciso 8, se\u00f1ala que cuando haya variado la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de com\u00fan acuerdo podr\u00e1n modificar la cuota alimentaria y cualquiera de ellas podr\u00e1 pedirle al juez su modificaci\u00f3n, en este \u00faltimo caso dice la norma, el interesado deber\u00e1 aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia del acta de conciliaci\u00f3n o del acuerdo privado que haya sido se\u00f1alado. La Corte Constitucional en una sentencia de tutela (T-872\/2010), refiri\u00e9ndose a los procesos de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, manifest\u00f3 que estos tienen por objeto la revisi\u00f3n de una cuota de alimentos fijados de manera judicial, administrativa o convencionalmente, a fin de reducirla en caso de cumplirse los requisitos previstos para ello, dice la Corte, siendo necesario estudiar la capacidad econ\u00f3mica del deudor de los alimentos y las necesidades del menor acreedor de los mismos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En concreto, sobre la valoraci\u00f3n probatoria y las alegaciones realizadas por las partes precis\u00f3: <\/p>\n
Por su parte, la demandada para refutar esa falta de capacidad econ\u00f3mica que alega el demandante aporta prueba documental como es las consultas en las p\u00e1ginas web que corresponde por ejemplo a: <\/p>\n
– <\/p>\n
un veh\u00edculo Porsche de placas RAW-568 seg\u00fan el RUNT que aparece a folio 31 archivo 15 en PDF como propiedad del se\u00f1or Ricardo -demandante; al igual que una motocicleta marca Mulet Motors de placa UUU-25C que aparece en el folio 45 archivo 15 en PDF. <\/p>\n
– Un predio rural, lote de terreno mesa Ruitoque, con matr\u00edcula inmobiliaria No. 31412078 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Piedecuesta, Santander. Donde este certificado de tradici\u00f3n que aparece nos indica que compr\u00f3 ese bien el 9 de septiembre de 2014 y aparece en folio 71-76 archivo 15 en PDF, como propiedad del se\u00f1or Ricardo. <\/p>\n
– Al igual que un apartamento identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300241261 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Bucaramanga, certificado de tradici\u00f3n que aparece a folio 83-87 archivo 15 en PDF, del cual se desprende que adquiri\u00f3 ese apartamento el 11 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Igualmente, qued\u00f3 claro con el interrogatorio que el manifest\u00f3 ser el \u00fanico accionista de la empresa \u201cGlobal Nutrici\u00f3n Vitamina S.A.S\u201d y que en efecto, esa empresa adquiri\u00f3 el 6 de noviembre de 2019 un inmueble que es donde el actualmente vive, y esto sin contar con los otros bienes que aparecen y cuyos certificados tambi\u00e9n est\u00e1n en el archivo 15 en PDF a nombre de \u201cGlobal Nutrici\u00f3n Vitamina S.A.S\u201d como veh\u00edculos e inmuebles atendiendo tambi\u00e9n que \u00e9l es el \u00fanico accionista de esa empresa, documentos que aparecen en folios 87-91 en archivo 15 en PDF. <\/p>\n
Es decir que, en este caso, esta funcionaria encuentra que en efecto no ha variado, disminuido, la capacidad econ\u00f3mica del progenitor para efectos de cumplir con la cuota que en su momento se impuso ni se prob\u00f3 que existe una variaci\u00f3n en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, establecida la necesidad de alimentos de la menor y en vista que no fue acreditado que la capacidad econ\u00f3mica del progenitor hubiera variado, puede colegirse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el gestor considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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