STC14068-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14068-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01280-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Edgar Hern\u00e1ndez Ferro, contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso disciplinario, con radicado N\u00ba 20180681701. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y al trabajo, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en juicio referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que \u00abpor orden del Magistrado Mart\u00edn Leonardo Suarez Var\u00f3n\u00bb, se abri\u00f3 investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra, por haber infringido, supuestamente, el numeral 15 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, esto es, no haber informado oportunamente su domicilio profesional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, repartido el asunto le fue asignado al mencionado funcionario, quien debi\u00f3 declararse impedido para conocerla, bajo el entendido que fue \u00e9l quien solicit\u00f3 su apertura, empero, contrario sensu, guard\u00f3 silencio y adelant\u00f3 el asunto, en el que fue sancionado con suspensi\u00f3n por 4 meses para el ejercicio de la abogac\u00eda, decisi\u00f3n que mantuvo en sede de consulta la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia de 28 de septiembre de 2022, decisiones que asegura son \u00abinjustas\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene a las autoridades accionadas suspender, de manera inmediata, la sanci\u00f3n que le fue impuesta. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, y la citaci\u00f3n de las partes e intervinientes en proceso objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda, luego de defender la legalidad de la decisi\u00f3n de la que ahora se duele el accionante, y esgrimir, en suma, que \u00abno se evidencia alguna causal por la que el Magistrado Su\u00e1rez Var\u00f3n hubiese podido realizar una manifestaci\u00f3n de impedimento, aunado a que no se encontr\u00f3 en expediente, escrito por parte del disciplinado en el que hubiera presentado recusaci\u00f3n contra el susodicho, pues desde el principio ten\u00eda conocimiento de que aquel estaba llevando el proceso disciplinario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Consejo Seccional Sala Disciplinaria de Bogot\u00e1 – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, adem\u00e1s de adjuntar el expediente digital contentivo del proceso objeto de an\u00e1lisis, tambi\u00e9n deprec\u00f3 la desestimaci\u00f3n del ruego, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00aben el fondo el accionante se duele que la sanci\u00f3n impuesta, de cuatro (4) meses de suspensi\u00f3n, es desproporcionada, y que de contera afecta su derecho al trabajo, vale anotar que, si bien el tipo de falta endilgada amerita una sanci\u00f3n de censura, t\u00e9ngase en cuenta de que la magistratura accionada le aplic\u00f3 al disciplinado el agravante contemplado en el numeral 6 del art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007, lo cual estuvo ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por su parte, la Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de tal dependencia, luego de referir, que \u00aba competencia de esta Unidad es el registro de la sanci\u00f3n, que solo se podr\u00e1 efectuar con el respectivo fallo y constancia secretarial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Fijado lo anterior, establece la Corte el fracaso del amparo formulado por Edgar Hern\u00e1ndez Ferro, pues revisada la providencia de 28 de septiembre de 2022 con la que, al resolver en grado jurisdiccional de consulta, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial dirimi\u00f3 el proceso que viene de comentarse, y mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1 el 29 de abril de 2020, en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n que se abri\u00f3 contra el abogado Hern\u00e1ndez Ferro por vulnerar el deber estatuido en el numeral 13 del precepto 33 de la Ley 1123 de 2007, no se observa caprichosa o arbitraria. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n responde a que, en la decisi\u00f3n referenciada se observa, que la Comisi\u00f3n Nacional, tras delimitar el problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver, esto es, si la conducta desplegada por el disciplinado se ajustaba o no la falta imputada, puso de presente que, en el marco de una acci\u00f3n tambi\u00e9n disciplinaria, el Magistrado Martin Leonardo Suarez estableci\u00f3 que Edgar Hern\u00e1ndez Ferro no pudo ser notificado dentro del mencionado asunto, por no tener actualizada la direcci\u00f3n de residencia ni la de trabajo en el Registro Nacional de Abogados, situaci\u00f3n que corrobor\u00f3 el mismo investigado, quien afirm\u00f3 de manera libre y espont\u00e1nea, frente a las direcciones reportadas en el certificado aportado por tal unidad, que en ninguna de ellas resid\u00eda ni ten\u00eda su domicilio profesional, motivo por el cual, <\/p>\n
\u00abla conducta del disciplinado se encuadra dentro de la modalidad dolosa, por cuanto el abogado continu\u00f3 en el tiempo con la violaci\u00f3n a la falta y deber reprochados, teniendo pleno conocimiento de los hechos que eran materia de investigaci\u00f3n y considerando que seg\u00fan lo expuesto por el profesional del derecho su cambio de domicilio se hab\u00eda efectuado desde el a\u00f1o 2015\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de 4 meses a la que fue condenado, se ajustaba a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la sanci\u00f3n, acompasados con la conducta endilgada, m\u00e1xime cuando \u00e9ste \u00abno confes\u00f3 la comisi\u00f3n de la falta, ni procur\u00f3 por iniciativa propia resarcir su actuaci\u00f3n, pues como se evidenci\u00f3 en el trascurso de la investigaci\u00f3n, en ning\u00fan momento se realiz\u00f3 la actuaci\u00f3n del domicilio profesional\u00bb. <\/p>\n
3. Entonces, conforme a lo narrado, no se observa irregularidad en la decisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, pues la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial resolvi\u00f3 con suficiencia la problem\u00e1tica planteada, toda vez que, bajo una interpretaci\u00f3n razonada y ponderada de la legislaci\u00f3n aplicable a la materia, y con sustento en las pruebas allegadas, concluy\u00f3 que en efecto, el abogado disciplinado incurri\u00f3 en la falta enrostrada, conforme lo hizo la Comisi\u00f3n Seccional de primer grado, y que la sanci\u00f3n impuesta era proporcional, lo que condujo a confirmar la decisi\u00f3n recurrida en sede de consulta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, pues esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC11083-2022, entre otras muchas). <\/p>\n
Ciertamente, de acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 84 y sucesivos de la Ley 734 de 20021 (norma que se encontraba vigente al momento de la apertura de la investigaci\u00f3n), el accionante cont\u00f3 con la posibilidad de recusar al Magistrado que en primera instancia conoci\u00f3 del asunto, sin embargo, no se observa que activara tal medio procesal, circunstancia que, por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, hace igualmente inviable este amparo. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Hern\u00e1ndez Ferro, contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Derogada por la Ley 1952 de 2019. \u00abART\u00cdCULO 265. VIGENCIA Y DEROGATORIA. <Art\u00edculo modificado por el art\u00edculo 73 de la Ley 2094 de 2021. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrar\u00e1n a regir nueve (9) meses despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n. Durante este per\u00edodo conservar\u00e1 su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
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