STC14070-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14070-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00429-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de septiembre de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que Sandra Saavedra Suarez instaur\u00f3 en nombre propio y en representaci\u00f3n de Susan Salazar Saavedra contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, relacionada con el proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos y custodia de menor con rad. N\u00b0 2022-00372-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene al Juzgado aludido admitir para su conocimiento el litigio referido en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
En sustento adujo que promovi\u00f3 el juicio objeto de escrutinio contra Sixto Salazar Salgado; tr\u00e1mite en el que pese a que subsan\u00f3 los yerros advertidos en la demanda, entre otros, ajust\u00f3 los hechos determinando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, complement\u00f3 los fundamentos de derecho, aport\u00f3 un nuevo registro civil de nacimiento m\u00e1s legible que el primero y explic\u00f3 los motivos por los cuales no aportaba el documento correspondiente a un acuerdo anterior con el padre y si el acta de conciliaci\u00f3n fracasada, el Juez convocado, rechaz\u00f3 para su conocimiento la citada controversia, por el incumplimiento de las anteriores cargas y adem\u00e1s advirti\u00f3 una posible \u00abcosa juzgada\u00bb sobre las pretensiones; la actora considera que con la anterior decisi\u00f3n, no solo, se incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, sino, que se recurri\u00f3 a una figura que no es aplicable en relaci\u00f3n a las obligaciones alimentarias y la tenencia y cuidado del menor. <\/p>\n
2. El Despacho judicial accionado precis\u00f3, por una parte, que la gestora no interpuso recurso alguno contra las decisiones que le fueron desfavorables, y por la otra, que el asunto tratado tiene \u00abirrelevancia constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. El a quo concedi\u00f3 el resguardo tras advertir que la decisi\u00f3n criticada configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto comoquiera que el Despacho judicial encartado: <\/p>\n
(\u2026) realiza exigencias con miras a tener las excelsas condiciones de la demanda, cuando del escrito demandatorio f\u00e1cilmente se desprende la configuraci\u00f3n de los elementos esenciales para su admisi\u00f3n, (\u2026). Adem\u00e1s, se observa que la copia del registro civil de nacimiento no contiene las dificultades que se enrostran tanto en el auto inadmisorio, como en el que rechaza la demanda. (\u2026) Ahora, respecto a las causales enunciadas en el auto de inadmisi\u00f3n, algunas de ellas pueden ser materia de prueba, y si llegare a existir un acta constitutiva de acuerdo de alimentos, el que la demandante no la tenga consigo no impide su pretensi\u00f3n, sin que pueda ser pretexto la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada, la que no sobra recordar que en materia de alimentos no opera, pues se puede modificar cuantas veces lo impongan las circunstancias del alimentante y el alimentario. <\/p>\n
4. La Juzgado convocado impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n con sustento en que \u00absi el actor NO agota las v\u00edas jur\u00eddicas propias del proceso al que corresponde, verbigracia, el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que rechaza una demanda, la tutela NO puede abrirse camino. Los Tribunales no pueden, como juez de tutela, cubrir las falencias procesales de los apoderados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, la decisi\u00f3n de primer grado ser\u00e1 ratificada, comoquiera que si bien el auto que rechaz\u00f3 la demanda de fijaci\u00f3n cuota de alimentos y custodia de menor, cobr\u00f3 ejecutoria en silencio de la aqu\u00ed accionante, n\u00f3tese que conforme lo determin\u00f3 el Tribunal de instancia, tem\u00e1tica que no se controvierte en el recurso de alzada, la decisi\u00f3n aludida contiene defectos claros de car\u00e1cter procedimental que hac\u00edan necesaria la intervenci\u00f3n obligatoria del juez constitucional, aun con el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, con el fin de contrarrestar el desafuero de la autoridad aludida. <\/p>\n
Sobre el particular, en ocasiones parecidas se ha decantado que: <\/p>\n
(\u2026) cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos componentes es la tutela judicial efectiva, la procedencia del amparo no puede desconocerse, so pretexto de que no se atendieron unos requerimientos de naturaleza simplemente procedimental (STC7474-2018). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha apuntado: <\/p>\n
(\u2026) existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda (\u2026) es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso (STC12107-2018). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, advi\u00e9rtase que la tem\u00e1tica tratada en el juicio ordinario ventila de manera inexorable prerrogativas superiores de un menor de edad, que sobra recordarlo, de conformidad con el art\u00edculo 44 del texto constitucional y los tratados internacionales, son sujetos de especial protecci\u00f3n, por ende, sus derechos deben ser objeto de protecci\u00f3n por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de \u00abgarantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u00bb, luego cualquier tipo de barrera al respecto debe mirarse objetivamente, propendiendo por la efectividad del derecho sustancial sobre el procesal, lo que en efecto ocurri\u00f3 con la determinaci\u00f3n de primer grado confutada. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n sobre la particular tem\u00e1tica se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
De ah\u00ed, que se reconozca que cualquier persona puede reclamar de la autoridad competente \u00absu cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb, e incluso ha establecido que existe un inter\u00e9s superior del menor, que consiste en la prevalencia que tienen sus derechos y que impone obligaciones para protegerlos. <\/p>\n
De manera que para \u00abel legislador y la administraci\u00f3n, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas y tambi\u00e9n los de formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas.\u00bb, lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues \u00abtanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos.\u00bb (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Condicionamiento que, es evidente, afecta igualmente a los poderes de los jueces (\u2026) para conocer de los derechos e intereses de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, como se ha previsto el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que indica: \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u00bb. <\/p>\n
Dentro de ese conjunto de garant\u00edas superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes se halla la alimentaci\u00f3n equilibrada, de la cual ha sostenido la Corte en relaci\u00f3n con sus destinatarios que \u00abdebe implicar la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedirles el goce efectivo\u00bb, m\u00e1s cuando \u00abprev\u00e9 el art\u00edculo 134 de la ley 1098 de 2006 que los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed que el legislador para proteger tal prerrogativa, ha creado procedimientos especiales, como son los juicios de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos, los cuales, deben guiarse por el principio constitucional mencionado, desarrollado en la Ley 1098 de 2006, que hace referencia al inter\u00e9s superior de los menores en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abART\u00cdCULO 8o. INTER\u00c9S SUPERIOR DE LOS NI\u00d1OS, LAS NI\u00d1AS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.\u00bb <\/p>\n
Lo anterior en aras de rodear a los infantes de garant\u00edas y beneficios que los protejan en su proceso de formaci\u00f3n y desarrollo hacia la adultez, dentro del cual los recursos para el sostenimiento de los menores juegan un papel primordial. (STC16395-2017). <\/p>\n
Sentado lo anterior, en el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena hiri\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de la aqu\u00ed actora, al inadmitir y rechazar la demanda con apego en el presunto incumplimiento de los numerales 4 -\u00ab[l]o que se pretenda, expresado con precisi\u00f3n y claridad\u00bb-, 5 -\u00ab[l]os hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados\u00bb-, y 8 -\u00ab[l]os fundamentos de derecho\u00bb- del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
N\u00f3tese, que el Juez convocado, para rechazar la demanda precis\u00f3 que la aqu\u00ed accionante entre otras: <\/p>\n
no determin\u00f3 las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos tercero, cuarto, quinto, s\u00e9ptimo, noveno, d\u00e9cimo, und\u00e9cimo, duod\u00e9cimo, decimotercero y decimoquinto; que los fundamentos de derecho contin\u00faan incompletos, as\u00ed como el Registro Civil de Nacimiento del menor sigue siendo poco legible; y no resulta satisfactoria la explicaci\u00f3n respecto del Acuerdo de Alimentos precedente, que sigue sin ser aportado al presente proceso, lo que pudiera constituir cosa juzgada. respecto de la pretensi\u00f3n sobre Custodia, debe ser el Despacho enf\u00e1tico en exigir que se ajustase a la sentencia citada en la providencia inadmisoria, pues en ella la misma Corte Constitucional exhorta a todos los servidores de la jurisdicci\u00f3n de familia a ajustarse a la regla general de custodia compartida. <\/p>\n
Sin embargo, se advierten erradas tales conjeturas, comoquiera que, el no ahondar en las circunstancias de tiempo, modo y lugar o plantear los hechos de tal manera, as\u00ed como en los fundamentos de derecho, se contempla como una causal para rechazar el libelo, en la medida que la norma en cita, pretende claridad en los hechos y la anunciaci\u00f3n de las normas que se pretendan hacer valer, sin que exista una tarida legal al respecto. <\/p>\n
Ahora de una lectura somera de los escritos de demanda y de subsanaci\u00f3n, se extractan perfectamente y sin dubitaci\u00f3n, los vicisitudes que motivan la controversia; as\u00ed mismo ocurre con las pretensiones puntuales, las cuales en la forma en que se formularon1 se acompasan con la naturaleza del juicio incoado, sin necesidad de que estas, en relaci\u00f3n a la tenencia y cuidado del menor, tengan que plantearse en direcci\u00f3n a que se fije la custodia compartida, so pena de la inadmisi\u00f3n de la demanda, en la medida que la sentencia T384-2018 que al parecer quiso aplicar el Despacho accionado, no prev\u00e9 esa consecuencia procesal y solo establece la necesidad de propender por esa forma de crianza, al resolver de fondo el asunto y siempre y cuando sea en beneficio de los intereses superiores del menor; t\u00e9ngase en cuenta que es deber del Juez del conocimiento, en la etapa inicial del juicio, por una parte, no imponer barreras inexistentes en la Ley adjetiva, y por la otra, interpretar y armonizar lo requerido conforme el art. 42 \u00eddem y el principio pro actione. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n en punto de la especial materia se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
el ejercicio de la funci\u00f3n judicial est\u00e1 sometido, entre otros, al principio pro actione el cual aboga para que el razonamiento r\u00edgido o formalista de los diferentes requisitos y presupuestos procesales no comprometa la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses leg\u00edtimos de las partes. <\/p>\n
As\u00ed, la jurisprudencia ha establecido que ante situaciones en las cuales aparece que el libelo es oscuro o ambiguo, debe el juez interpretarlo. En tal virtud, expresa: \u00ab[u]na demanda [o solicitud] debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intenci\u00f3n del actor est\u00e1 muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino tambi\u00e9n en los fundamentos de hecho y de derecho. No existe en nuestra legislaci\u00f3n procedimental un sistema r\u00edgido o sacramental que obligue al demandante a se\u00f1alar en determinada parte de la demanda con f\u00f3rmulas especiales su intenci\u00f3n, sino que basta que ella aparezca, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en todo el conjunto de la [misma]\u00bb (cas. civ. Sent. de 15 de noviembre de 1936, gac. XLIV, 527). <\/p>\n
Al respecto, esta Sala tambi\u00e9n ha sostenido que: <\/p>\n
En este punto, mem\u00f3rese que el juez tiene el deber de resolver de fondo la controversia puesta a su consideraci\u00f3n, teniendo en cuenta el principio fundamental de que s\u00f3lo \u00e9sta limitado a no variar la causa petendi (hechos), pero no as\u00ed a determinar el derecho aplicable al juicio o a revisar si los presupuestos de cada una de las acciones se cumplen o no, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis ajeno al original) (CSJ. STC14160-2019 de 16 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03256-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb (STC21350-2017) (CSJ STC5416-2021). <\/p>\n
Finalmente en relaci\u00f3n a la supuesta inobservancia en aportar un acuerdo preliminar sobre alimentos entre los progenitores, lo que eventualmente podr\u00eda constituir \u00abcosa juzgada\u00bb entre las partes, no solo, se itera que la ausencia de dicho documento no est\u00e1 prevista en el ordenamiento adjetivo como una causal de inadmisi\u00f3n de la demanda, sino adem\u00e1s, que es una materia a evaluar en la sentencia final, tal como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Corte los pactos respecto de la particular materia no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, pues de cambiar las circunstancias, condiciones econ\u00f3micas y necesidades de los alimentarios o el alimentante, puede acudirse nuevamente a la justicia ordinaria para una futura revisi\u00f3n de la cuota correspondiente. <\/p>\n
Por lo expuesto se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abPrimero. S\u00edrvase, se\u00f1or Juez, DECLARAR mediante sentencia definitiva que disponga la CUSTODIA y CUIDADO PERSONAL del ni\u00f1o (\u2026) sea ejercida en forma exclusiva por la se\u00f1ora (\u2026), madre del menor. <\/p>\n
Segundo. S\u00edrvase FIJAR Y CONDENAR al demandado, (\u2026) a suministrarle ALIMENTOS DEFINITIVOS, en cuant\u00eda equivalente al Treinta Por Ciento (30%) de todos sus ingresos, como salario, prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesant\u00edas) legales y extralegales, bonificaciones, primas, auxilios y cualquier otro emolumento como indemnizaciones, compensaciones y\/o pagos que constituyen o no factores salariales, como trabajador de la empresa (\u2026)., a favor del menor (\u2026), quien viene representado por su madre (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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