STC14093-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14093-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00324-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 20 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2015-01444. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda constitucional al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga act\u00faa como coadyuvante en la acci\u00f3n popular incoada por Leandro Giraldo en contra de Bancolombia S.A., como propietaria de la \u00abSucursal ubicada en el kil\u00f3metro 30 autopista Bogot\u00e1-Tunja de Tocancip\u00e1 Cundinamarca\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, bajo el radicado n.\u00ba 2015-01444. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo del 25 de junio de 2018, dicha c\u00e9lula judicial decidi\u00f3 decretar la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, al tenor de lo contemplado por el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En vista de lo anterior, en memorial presentado el d\u00eda 22 de abril de 2022, el actor solicit\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite, pedimento que, mediante auto del 8 de agosto hoga\u00f1o, fue negado por la autoridad convocada porque \u00abla nueva doctrina adoptada por la honorable Corte Suprema de justicia a partir del 1 de diciembre de 2.019 dispuso la oficiosidad del tr\u00e1mite, pero las decisiones que se hubieran tomado antes de esta fecha ostentan toda la firmeza legal por la que son inmodificables por este despacho judicial. Las peticiones en el anterior sentido deber\u00e1n ser despachadas o resueltas de manera desfavorable\u00bb. <\/p>\n
El gestor interpuso recurso de reposici\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, la cual se halla pendiente de decidir. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el enlace del expediente. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, por su parte, se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n denunciada resulta ajena a esa dependencia del Ministerio P\u00fablico, por cuanto ni siquiera se ha verificado actuaci\u00f3n de aquella al interior de la causa que cimenta este amparo, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, al considerar que se presenta inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, ya que \u00abes evidente la inexistencia de la mora judicial imputada, como quiera que el actor promovi\u00f3 el amparo antes de que feneciera el plazo de los diez (10) para resolver la reposici\u00f3n (Art.120, CGP), venc\u00eda el 07-09-2022, contado a partir del 25-08-2022, d\u00eda en que culmin\u00f3 el traslado por tres (3) d\u00edas en la Secretar\u00eda (Ib., pdf No.10, enlace expediente digitalizado, pedf No.11), y la tutela se present\u00f3 el 06-09-2022 (Ib., pdf No.04). Claramente se imputa una falsa demora, por manera que se declarar\u00e1 improcedente la tutela contra el despacho judicial encausado. Igual sucede en torno a las pretensiones contra la Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Risaralda y la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, en raz\u00f3n a que el accionante pretiri\u00f3 probar que formul\u00f3 peticiones en los t\u00e9rminos del amparo, pese al requerimiento de la Sala (Ib., pdf No.07); adem\u00e1s, ninguna de las autoridades reconoci\u00f3 que recibi\u00f3 reclamo af\u00edn (Ibidem, pdf No.09) Entonces, es incuestionable que tambi\u00e9n les endilga acciones u omisiones inexistentes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante, para insistir en su pretensi\u00f3n, indicando que \u00abpido amparar mi acci\u00f3n l\u00e1stima que se olvid\u00f3 sancionarme como suele hacer el tribunal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa invocada por el gestor, en la medida en que, seg\u00fan aquel, no ha resuelto un recurso de reposici\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
2. Caso concreto – De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) (\u2026) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado revele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales, pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del estudio realizado a los argumentos de la demanda y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, en virtud de su improcedencia, comoquiera que en el presente asunto se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, contrario a lo afirmado por el quejoso, la autoridad fustigada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto de fecha 8 de agosto de 2022, puesto que la proximidad en el tiempo, entre la \u00faltima actuaci\u00f3n desplegada por el despacho y la presunta mora judicial denunciada, se torna inocua, por lo que no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada en el presente amparo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego tuitivo, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
3. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Respecto de la pretensi\u00f3n para que se \u00abordene al procurador delegado en acciones populares en el despacho tutelado y al defensor del pueblo en Pereira Rda, PROBAR EN DERECHO LA FORMA QUE ACTUARON EN ESTA ACCION POPULAR TUTELADA HOY A FIN DE GARANTIZARME ART 29 CN Y UN ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, y adem\u00e1s les pido la colaboraci\u00f3n para que a mi nombre y representaci\u00f3n hagan una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n judicial, por posible error judicial y abuso de autoridad\u00bb, se desestimar\u00e1 dicha reclamaci\u00f3n, por cuanto no obra en esta actuaci\u00f3n elemento de convicci\u00f3n que permita verificar que se formul\u00f3 alg\u00fan pedimento ante las referidas dependencias, para lograr lo manifestado por el quejoso; luego, no es posible requerir a los enjuiciados para que emitan contestaci\u00f3n en sede de tutela de una solicitud cuya presentaci\u00f3n no se demostr\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC1450-2018). <\/p>\n
En consecuencia, como no pudo establecerse la efectiva radicaci\u00f3n de una reclamaci\u00f3n en tal sentido, no cabe reprochar la falta de soluci\u00f3n, por lo que desacertado ser\u00eda emitir mandato alguno respecto de esa pretensi\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme lo anterior, se ratificar\u00e1 la inviabilidad del resguardo implorado, toda vez que no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional ante la ausencia de vulneraci\u00f3n por parte de la c\u00e9lula judicial convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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