STC14094-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14094-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00475-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Seguros del Estado S.A. le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva al Diecis\u00e9is Civil Municipal y a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles, ambas de dicha urbe, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00116. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y justicia material\u00bb, para que se \u00abDECLAR[ARA] sin efectos la sentencia que profiri\u00f3 el Juzgado 2 Civil del Circuito de Cartagena, el pasado 5 de mayo de 2022, dentro del proceso judicial radicado bajo el N\u00b0 13001400301620200011601\u00bb y, consecuencialmente, se ordenara a dicho estrado \u00abprof[erir] una ajustada al debido proceso y a la tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
En compendio relat\u00f3 que la IPS Cl\u00ednica de Fracturas y Medicina Laboral S.A.S. la demand\u00f3 ejecutivamente con el prop\u00f3sito de recaudar la \u00abobligaci\u00f3n\u00bb contenida en las \u00abfacturas CFM0016131, CFM0015709, CFM0015193, CFM015028, CFM0014996, CFM0013011, CFM0009984, CFM0009253, CFM0009213, CFM0009211, CFM0008783, CFM0008484, CFM0007281, CFM0007180, CFM0002185, CFM00010358, por un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTISEISPESOSMCTE ($49.134.426)\u00bb, en raz\u00f3n a los \u00abservicios m\u00e9dicos cubiertos por las p\u00f3lizas SOAT\u00bb, asunto asignado al Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Cartagena (rad. 2021-00116). <\/p>\n
Indic\u00f3 que contra el mandamiento de pago formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abLAS RECLAMACIONES SON IRREGULARES \u2013 NEGOCIO JUR\u00cdDICO CAUSAL; FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR PASIVA; FALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA; INEXISTENCIA DE LOS T\u00cdTULOS O DOCUMENTOS QUE DETERMINEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.; INCONGRUENCIA ENTRE LOS HECHOS, LAS PRETENSIONES Y EL TIPO DE ACCI\u00d3N CONSIGNADA DE LA DEMANDA; PRESCRIPCI\u00d3N; INEXIGIBILIDAD DEL TITULO; LAS FACTURAS CARECEN DE REQUISITOS LEGALES ADICIONALES \u2013ACEPTACI\u00d3N y POR LO MISMO, SE OPONE EL NEGOCIO JURIDICO CAUSAL NUEVAMENTE; SE CARECE DE T\u00cdTULO EJECUTIVO, PORQUE ES COMPLEJO O COMPUESTO PERO \u00c9STA INCOMPLETO EN \u00c9STE CASO; NO SON LOS T\u00cdTULOS ORIGINALES Y, EN TODO CASO, SE PAGARON VARIOS DE LOS DERECHOS QUE SE INCORPORARON; PAGO TOTAL, PARCIAL Y COBRO DE LO NO DEBIDO; GLOSAS Y OBJECI\u00d3N AL COBRO DE PARTE DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE PROCESO\u00bb; empero, el juez cognoscente las \u00abdeclar\u00f3 infundadas (\u2026) y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb (25 nov. 2021). <\/p>\n
Asever\u00f3 que apel\u00f3 lo decidido esgrimiendo varios reparos, consistentes en que no existe en el legajo \u00abpruebas\u00bb que \u00abdemuestren que [la ejecutante] atendi\u00f3 y presto servicio m\u00e9dico a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito\u00bb; que \u00abel t\u00edtulo valor puesto en conocimiento (\u2026) es considerado un t\u00edtulo ejecutivo complejo, dado que se deben cumplir los requisitos de demostraci\u00f3n de la cuant\u00eda del siniestro (art. 1077, C. de Cio), tiene el siguiente tr\u00e1mite, previsto en el DUR del Sector Salud N\u00b0 780 de 2016\u00bb; y que el fallador \u00abno tuvo en cuenta las pruebas aportadas con respecto a los pagos totales de las facturas CFM0016131 y CFM0014996, (\u2026) y los pagos parciales de las facturas CFM0015193, CFM0015028 y CFM0010385, los cuales se realizaron antes de la presentaci\u00f3n de la demanda; pagos que ascienden a la suma de $23.237.674\u00bb, as\u00ed como \u00ablas declaraciones rendidas por los testigos Omar Eduardo ni\u00f1o Zabala, Nora Elvira Amaris Salinas y Douglas Eduardo Pe\u00f1a, quienes hacen un relato claro y coherente de su participaci\u00f3n en los documentos aportados como pruebas con la contestaci\u00f3n de la demanda, espec\u00edficamente de las glosas y las objeciones presentadas a la entidad dem\u00e1ndate\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el ad quem confirm\u00f3 lo solventado (5 may. 2022), tras incurrir en los mismos desatinos valorativos cometidos en la primera instancia, am\u00e9n que inobserv\u00f3 el \u00abprecedente\u00bb fijado en las \u00absentencias STC19525 de 2017, STC2064-2020, STC8232 de 2020, STC8408 de 2021, STC3056 de 2021 [y] STC1991-2022\u00bb, en relaci\u00f3n con la naturaleza \u00abcompleja\u00bb del \u00abt\u00edtulo\u00bb cuando se pretende recoger \u00abobligaciones\u00bb derivadas de la \u00abprestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb por la utilizaci\u00f3n de las \u00abp\u00f3lizas de SOAT\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena se opuso al amparo, por cuanto \u00abno son admisibles los fundamentos de hecho que sostienen la presente acci\u00f3n de tutela, con relaci\u00f3n a esta judicatura, pues la conducta adoptada por el Despacho se ajust\u00f3 al ordenamiento legal y no a la voluntad o querer de esta juzgadora, y como puede evidenciar no se configuran los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para la procedencia de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
El Diecis\u00e9is Civil Municipal se limit\u00f3 a enviar el \u00ablink\u00bb del expediente criticado para su consulta. <\/p>\n
La IPS Cl\u00ednica de Fracturas y Medicina Laboral S.A.S. defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abel Despacho encausado efectu\u00f3 un estudio atendible de las pruebas recaudadas dentro del proceso, lo que le permiti\u00f3 arribar a la conclusi\u00f3n de que \u00e9stas eran \u201csuficientes para soportar la ejecuci\u00f3n\u201d y que no exist\u00eda \u201cmerito para amparar las censuras elevadas por el apelante contra la misma\u201d; decisi\u00f3n y estudio que, por ser el producto de una interpretaci\u00f3n plausible de normas aplicables a la materia, descartan de plano la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que si bien \u00ab[l]a al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia dictada en primera instancia por el JUZGADO DIECIS\u00c9IS 16 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA, el actor no invoc\u00f3 los precedentes jurisprudenciales cuyo desconocimiento aqu\u00ed sostiene (\u2026) y por ende mal podr\u00eda exig\u00edrsele al Despacho accionado que deb\u00eda manifestarse al respecto, pues conforme con el art\u00edculo 328 del C. G. del P. solo deb\u00eda pronunciarse sobre \u201clos argumentos expuestos por el apelante\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 la gestora iterando los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se anuncia que la salvaguarda tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, que lo resuelto por el a quo constitucional debe ser infirmado, porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena desconoci\u00f3 \u00abel precedente\u00bb en la ejecuci\u00f3n incoada por la IPS Cl\u00ednica de Fracturas y Medicina Laboral S.A.S. contra la sociedad querellante (rad. 2021-00116), como pasa a explicarse: <\/p>\n
1.1.- Uno de los defectos que configuran \u00abv\u00eda de hecho\u00bb en una \u00abprovidencia judicial\u00bb es el denominado \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, el cual fue definido por la Corte Constitucional como \u00abla sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u00bb (SU-354 de 2017). <\/p>\n
En lo que refiere al interrogante sobre si las \u00abfacturas de servicios de salud\u00bb, en particular, las emitidas con ocasi\u00f3n de la afectaci\u00f3n de las \u00abp\u00f3lizas de SOAT\u00bb, son o no un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, esta Sala en sede de tutela ha respondido positivamente dicha pregunta, al sostener en un caso de id\u00e9nticos perfiles al que ahora se analiza, que <\/p>\n
la normatividad llamada a regular el asunto era la relativa al cobro de las indemnizaciones derivadas de p\u00f3lizas de seguro obligatorio por accidente de tr\u00e1nsito, contenida en los Decretos 663 de 1993, 3990 de 2007 y los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio\u201d y que trat\u00e1ndose del cobro de \u201cfacturas\u201d atinentes a gastos m\u00e9dicos, la \u201cdocumentaci\u00f3n\u201d necesaria para constituir el \u201ct\u00edtulo ejecutivo complejo\u201d eran los \u201cFormularios de reclamaci\u00f3n, seg\u00fan el formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, certificado m\u00e9dico de atenci\u00f3n, formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, la factura y fotocopia de la p\u00f3liza (STC2064-2020, que cit\u00f3 la STC19525-2017). <\/p>\n
Tal criterio fue ampliado en fallo de 24 de marzo de 2021, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) De este modo, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas (\u2026), en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia de segundo grado debatida, se concluy\u00f3 que i) los t\u00edtulos ejecutivos complejos aportados como b\u00e1culo de la acci\u00f3n ejecutiva, s\u00ed prestaban m\u00e9rito ejecutivo, de conformidad a las normas especiales atr\u00e1s referenciadas que regulan las facturas para el cobro de los servicios prestados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito, m\u00e1s a\u00fan cuando ii) las glosas alegadas por la ejecutada, no se presentaron en debida forma; iii) que el t\u00e9rmino prescriptivo alegado, corresponde al contemplado en el canon 2536 del C\u00f3digo Civil, y no al que establece la norma mercantil para la acci\u00f3n cambiaria o, para el contrato de seguro; y, iv) que de acuerdo a las probanzas arrimadas, la excepci\u00f3n de pago s\u00f3lo pod\u00eda prosperar frente a dos de las facturas cobradas. (STC3056-2021). <\/p>\n
Y, recientemente, en providencia de 23 de febrero hoga\u00f1o, esta Corte apadrin\u00f3 lo considerado por el despacho judicial que se criticaba en un asunto donde se aspiraba colectar el pago de \u00abfacturas relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios de salud derivados de la ocurrencia de accidentes de tr\u00e1nsito\u00bb, con base en los planteamientos delineados en precedencia, al se\u00f1alar que \u00abno se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela\u00bb (STC1991-2022). <\/p>\n
Por consiguiente, es indudable que sobre esta materia existe un \u00abprecedente\u00bb vinculante, el cual no puede ser ignorado por los jueces en los \u00abprocesos\u00bb donde se ventile esta, m\u00e1xime cuando, se recuerda, esta Corte tiene sentado que los \u00abjuzgadores\u00bb tienen la \u00abobligaci\u00f3n\u00bb de \u00abrevisar\u00bb de oficio o a instancia de la \u00abparte ejecutada\u00bb los elementos del \u00abt\u00edtulo\u00bb, aun en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ, STC14164-2017, iterada recientemente en la STC16048-2021 y STC1912-2022). <\/p>\n
1.2.- En el sub judice, Seguros del Estado S.A. aduce que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena \u00abdesconoci\u00f3 el precedente\u00bb atr\u00e1s glosado, el cual resultaba de ineludible \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb, por ser un discernimiento consolidado sobre la tem\u00e1tica central del litigio combatido. <\/p>\n
Pues bien, en la directriz con la que aquel resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta por la interesada, se aprecia que despach\u00f3 el reproche de la ejecutada frente a la falta de constituci\u00f3n \u00abcompleta\u00bb del \u00abt\u00edtulo\u00bb, as\u00ed: <\/p>\n
Siendo entonces imperativo, para la prosperidad de las pretensiones que el juzgador tenga la convicci\u00f3n de que tales documentos signifiquen un verdadero t\u00edtulo, en cuyo caso es menester para respaldar el mandamiento ejecutivo, que se re\u00fanan en su integridad los requisitos exigidos por el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir debe constar en un documento del deudor o de su causante, que contenga una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible y que constituya plena prueba en su contra. Aunado a estos requisitos generales, el promotor tambi\u00e9n debe acreditar los que, de forma especial, la ley ordene para la validez de ciertos t\u00edtulos en consideraci\u00f3n a su naturaleza, en este caso, los previstos para la factura, pues, al constituir la base de la ejecuci\u00f3n, desde el principio, no puede haber duda acerca de la certeza y eficacia del derecho que se persigue. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a los requisitos de las facturas como t\u00edtulo valor, en sentencia de tutela STC-7273 de 11 de septiembre de 2020 (Exp. No. 11001- 02-03-000-2020-01604- 00), la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 3.1.- No hay duda de que el juez al examinar los \u201crequisitos de la factura como t\u00edtulo valor\u201d debe indagar por la entrega de las mercanc\u00edas vendidas o la prestaci\u00f3n de los servicios incorporados en ella. Aunque el inciso final del art\u00edculo 774 del estatuto mercantil, modificado por el 3\u00b0 de la Ley 1231 de 2008, establece que \u201c[l]a omisi\u00f3n de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las se\u00f1aladas en el presente art\u00edculo, no afectar\u00e1 la calidad de t\u00edtulo valor de las facturas\u201d, una lectura arm\u00f3nica de los art\u00edculos 772 y 773 de la misma obra y el Decreto 3327 de 2009, permite deducir adem\u00e1s, de las exigencias all\u00ed contempladas, que el \u201cbeneficiario de la mercanc\u00eda o de los servicios, las recibi\u00f3\u201d. <\/p>\n
Ahora, eso no significa, como lo concluy\u00f3 la Colegiatura convocada, que las facturas para valer como t\u00edtulos valores y, por tanto, para prestar m\u00e9rito ejecutivo, deban tener en su cuerpo o en hoja adherida a \u00e9l \u201cconstancia de recibido de las mercanc\u00edas o de la prestaci\u00f3n del servicio\u201d. No. Esto, porque el requisito que por ese camino se estudia es el de la \u201caceptaci\u00f3n de las facturas\u201d, y no aqu\u00e9l, que no fue contemplado por el legislador. <\/p>\n
De ah\u00ed que para determinar si una \u00abfactura\u00bb cumple los presupuestos para ser considerado como \u00abt\u00edtulo valor\u00bb deber\u00e1 verificarse la presencia de los siguientes elementos: (i) La menci\u00f3n del derecho que el t\u00edtulo se incorpora, (ii) La firma de quien lo crea, esto es, la del vendedor o prestador del servicio, (iii) La fecha de vencimiento, (iv) El recibido de la factura (fecha, datos o firma de quien recibe y (v) Su aceptaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A partir de lo cual, coligi\u00f3 que <\/p>\n
Como vemos, para que las facturas se entiendan como verdaderos t\u00edtulos ejecutivos y se pueda exigir a su tenor literario e independiente basta con que las mismas hubiesen sido aceptadas, en este caso por el beneficiario del servicio, sin que sea necesario exigir documentos adicionales como por ejemplo la constancia de que los servicios m\u00e9dicos que se cobran hubiesen sido debidamente prestados, m\u00e1xime si aqu\u00e9lla no pretendi\u00f3 cobrar un t\u00edtulo complejo, sino que hizo uso de la acci\u00f3n cambiaria que prev\u00e9 el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio. Adicionalmente, tal como lo dispone el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, se aclara que, contrario a lo planteado por la apelante, las facturas objeto de la presente ejecuci\u00f3n, constituyen t\u00edtulos simples y no complejos, en la medida que se acredite la entrega efectiva de la misma al deudor (\u2026). <\/p>\n
Ahora, en el presente caso por tratarse de facturas derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud a pacientes con cargo al SOAT resulta imperioso aplicar lo dispuesto en los art\u00edculos 13 de la Ley 1122 de 2007, 23 del Decreto 4747 de 2007 y art\u00edculo 3 de la Ley 153 de 1887, en cuanto a que la entidad responsable del pago cuenta con 30 d\u00edas a partir de la presentaci\u00f3n de la factura para hacer devoluci\u00f3n de las facturas, o para enterar a la prestadora del servicio presentar sus objeciones o presentar las glosas a las que haya lugar, transcurridos los cuales sin que se presenten objeciones la misma se entiende irrevocablemente aceptada y debe ser pagada. (Destaco adrede). <\/p>\n
Por lo que concluy\u00f3: <\/p>\n
Con todo lo anterior, queda al descubierto el desatino del primero de los reparos hechos a la sentencia, en el cual se duele el ejecutado de que no existe dentro del expediente, pruebas alguna que demuestre que el servicio que se cobra haya sido realmente recibido por el paciente, pues como se ha dicho y como viene zanjado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, una vez verificado que las facturas tra\u00eddas al proceso, se ajustan las exigencias contenidas en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, a los requisitos el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, y los del 617 del Estatuto Tributario, basta con hallarse probado la entrega efectiva de las facturas sin que este demostrada su devoluci\u00f3n, o que frente a ellas se hubiesen propuesto objeciones o glosas dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la entrega, para mermarle el car\u00e1cter de verdaderos t\u00edtulos ejecutivos y sean exigibles por esta v\u00eda coercitiva, y como se evidencia en el presente caso, dichas facturas fueron radicadas ante la aseguradora, y para el cobro ejecutivo fueron debidamente aportadas con la constancia de radicado, se percata adem\u00e1s que de ellas se derivan unas obligaciones clara, expresa y exigibles, siendo suficientes por s\u00ed mismas, sin que se necesite el arribo de documentos adicionales como lo pretende el demandado. (\u00c9nfasis ajeno al texto). <\/p>\n
A lo que agreg\u00f3, que <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se deja constancia que a lo largo del proceso la parte ejecutada en ning\u00fan momento ha puesto su empe\u00f1o en desvirtuar dicha circunstancia (el recibido de las facturas), es m\u00e1s, se resalta que incluso al sustentar la alzada, no ha negado la recepci\u00f3n de las facturas por parte de su representada, en esa medida, si bien no existe constancia de aceptaci\u00f3n expresa de las facturas, por lo cual en concordancia lo dicho hasta aqu\u00ed, a falta de objeciones a las mismas se debe interpretar que oper\u00f3 la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de las mismas, por lo tanto, cabe inferir asimismo que el servicio cobrado fue debidamente prestado (sobresalto con intenci\u00f3n). <\/p>\n
Al contrastar dichos razonamientos con lo revelado en el punto 1.1. de estas disertaciones, de entrada se vislumbra la configuraci\u00f3n de la infracci\u00f3n denunciada, toda vez que la iudex censurada se apart\u00f3 del \u00abprecedente\u00bb fijado por esta Corte acerca de la constituci\u00f3n del \u00abt\u00edtulo\u00bb cuando se anhela la cancelaci\u00f3n de \u00abfacturas relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios de salud derivados de la ocurrencia de accidentes de tr\u00e1nsito\u00bb, al asegurar que \u00abpara que las facturas se entiendan como verdaderos t\u00edtulos ejecutivos y se pueda exigir a su tenor literario e independiente basta con que las mismas hubiesen sido aceptadas\u00bb, cuando, seg\u00fan se acaba de exponer, por ostentar la condici\u00f3n de \u00abcomplejo\u00bb, aquellas deben ser radicadas junto con los soportes definidos en las normas especiales que regulan el tr\u00e1mite para su pago, esto es, los Decretos 663 de 1993 y 3990 de 2007, en armon\u00eda con los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s disposiciones concordantes. <\/p>\n
Ahora bien, la \u00abaceptaci\u00f3n\u00bb de las \u00abfacturas\u00bb no suple la anterior exigencia, como al parecer lo entiende el despacho confutado, puesto que la \u00abausencia\u00bb de \u00abobjeci\u00f3n y glosas\u00bb no desaparece el car\u00e1cter de \u00abcomplejo\u00bb del \u00abt\u00edtulo\u00bb que se presenta para recaudo trat\u00e1ndose de \u00abobligaciones\u00bb como las que aqu\u00ed se tratan, de suerte que, el estudio efectuado por la referida \u00abautoridad\u00bb al abordar el ataque exteriorizado por la ejecutante, alejado de la \u00abhermen\u00e9utica\u00bb ilustrada, no fue el correcto, por lo que es claro que la \u00abtutela\u00bb se debe abrir paso, para restablecer las garant\u00edas conculcadas. <\/p>\n
Y, es que, del cartapacio digital se alcanza a divisar, por ejemplo, que en el caso de las \u00abfacturas\u00bb n\u00b0 8484, 7281 y 14996, no se anexaron junto a estas los \u00abcertificados de atenci\u00f3n m\u00e9dica para v\u00edctimas de accidente de tr\u00e1nsito\u00bb, mientras que en lo que toca con las 8783 y 10358, no se adjuntaron la copia del \u00abSOAT\u00bb y el \u00abformato \u00fanico de reclamaci\u00f3n\u2026 por servicios por servicios prestados a las v\u00edctimas de eventos catastr\u00f3ficos y accidentes de tr\u00e1nsito\u00bb, respectivamente, por lo que surge palmaria la necesidad de escudri\u00f1ar, a la luz del \u00abprecedente\u00bb ilustrado, el \u00abm\u00e9rito ejecutivo\u00bb de los \u00abinstrumentos\u00bb adosados a la \u00abejecuci\u00f3n reprochada\u00bb. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, dado que la \u00abjuez accionada\u00bb no \u00abaplic\u00f3 precedente\u00bb tantas veces mencionado, puesto que le dio una mirada restringida a los \u00abdocumentos objeto de cobro\u00bb al evaluarlos como simples \u00abt\u00edtulo valor\u00bb conforme las normas mercantiles, olvidando que los \u00abrequisitos del t\u00edtulo\u00bb cuando se trata de \u00abfacturas relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios de salud derivados de la ocurrencia de accidentes de tr\u00e1nsito\u00bb deben cotejarse tambi\u00e9n bajo las disposiciones especiales que las regulan, es incuestionable que el resguardo debe concederse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, CONCEDE la tutela instada por Seguros del Estado S.A., por los razonamientos expuestos. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el enteramiento de esta providencia, deje sin efectos el fallo proferido el 5 de mayo de 2022 en el proceso ejecutivo n.\u00b0 2021-00116 y, en el plazo de cinco (5) d\u00edas computados desde la finalizaci\u00f3n de aquel hito, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandada contra la sentencia de primer grado en dicho asunto, atendiendo las consideraciones aqu\u00ed vertidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC14094-2022_1 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC14094-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00475-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-68127","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68127\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}