STC14097-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14097-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01397-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Jeisson Montes Ospina contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, los Juzgados Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira y Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal con radicado 2015-40811. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Para sustentar su reproche, manifest\u00f3 que el 30 de noviembre de 2016 fue condenado por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira a la pena principal de 33.33 meses de prisi\u00f3n por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterog\u00e9neo con el de disparo de arma de fuego y peculado por uso, en el proceso con radicado n\u00ba 2015-01918. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 24 de octubre de 2018, el Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali profiri\u00f3 sentencia en el proceso con radicado n\u00ba 2015-40811, a trav\u00e9s de la cual lo conden\u00f3 a la pena principal de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterog\u00e9neo con el delito de concierto para delinquir agravado, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad el 3 de octubre de 2019. <\/p>\n
Expuso que solicit\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas, sin embargo, su petici\u00f3n fue negada el 22 de febrero de 2022, determinaci\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales el 14 de junio de 2022. <\/p>\n
Adujo que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente al negar la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas, pues si bien, el inciso segundo del art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004 prev\u00e9 que no podr\u00e1n acumularse penas ejecutadas, tambi\u00e9n es cierto que tal prohibici\u00f3n no aplica para aqu\u00e9llas impuestas en delitos conexos seg\u00fan la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Corte Constitucional. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 declarar la nulidad del auto de 14 de junio de 2022 y, en su lugar, ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales que en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas proceda a sustituir ese pronunciamiento. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales manifest\u00f3 que mediante providencia de 14 de junio de 2022, se dispuso confirmar el auto que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas solicitada por Jeisson Montes Ospina, al concluir que la sentencia proferida en el proceso n\u00ba 2015-01918 -cuya acumulaci\u00f3n se pretend\u00eda- se emiti\u00f3 el 30 de noviembre de 2016 y el 18 de junio de 2018 se declar\u00f3 la extinci\u00f3n por pena cumplida, cuando a\u00fan no hab\u00eda sido proferido el fallo en el proceso n\u00ba 2015-40811, circunstancia que impidi\u00f3 la prosperidad de la solicitud. <\/p>\n
Pidi\u00f3 negar el amparo, teniendo en cuenta que las decisiones cuestionadas se pronunciaron conforme a derecho, sin que haya existido vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas superiores reclamadas. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, se\u00f1al\u00f3 que el 22 de febrero de 2022 neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas formulada por el reclamante, por cuanto existe una exclusi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. En ese orden, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Palmira relat\u00f3 las actuaciones del proceso n\u00ba 2015-01918 y destac\u00f3 que la tutela no es una tercera instancia donde se puedan traer de nuevo asuntos que ya fueron definidos por los falladores competentes del caso. <\/p>\n
4. El Juzgado Quince Penal del Circuito de Cali expuso el tr\u00e1mite adelantado en el proceso n\u00ba 2015-40811 que culmin\u00f3 con sentencia condenatoria el 24 de octubre de 2018 y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, argumentando que no tuvo injerencia en las actuaciones cuestionadas por el accionante a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el accionante al considerar que lo decidido por las instancias en el asunto cuestionado, se mantiene dentro del margen de razonabilidad propio de la actividad judicial. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que contrario a lo expuesto por el interesado, las providencias judiciales censuradas estuvieron precedidas de un an\u00e1lisis serio y ponderado de la controversia planteada y la interpretaci\u00f3n de la normatividad pertinente sobre el tema puesto a consideraci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante con argumentos similares a los iniciales, e insisti\u00f3 que las penas impuestas por delitos conexos as\u00ed una de ellas se encuentre ejecutada, pueden acumularse. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que las autoridades se apartaron del ordenamiento jur\u00eddico y de los reiterados precedentes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, efectuando una errada interpretaci\u00f3n de las normas relativas a los delitos conexos y la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jeisson Montes Ospina acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado con la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales el 14 de junio de 2022 a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada el 22 de febrero de 2022 que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas que solicit\u00f3. <\/p>\n
3. Analizada la inconformidad del accionante se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por el Tribunal Superior accionado en la referida decisi\u00f3n no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
Al estudiar los reparos planteados a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, la mencionada Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no constitu\u00eda un obst\u00e1culo insalvable para la acumulaci\u00f3n, el que se trate de penas ejecutadas, habida cuenta que por v\u00eda jurisprudencial se consagr\u00f3 como excepci\u00f3n que la habilita, cuando se trata de delitos conexos que por diferentes circunstancias fueron definidos en forma independiente, aspecto sobre el cual el juzgador de primer grado fund\u00f3 su decisi\u00f3n y que extendi\u00f3 a las situaciones especiales fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-1086 de 2008 donde se estudi\u00f3 el alcance de las restricciones fijadas en el art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Posteriormente, indic\u00f3 que seg\u00fan la doctrina existen dos clases de conexidad: una sustancial y otra procesal, donde la primera se deriva de un nexo sustancial proveniente de \u00abelementos comunes de los tipos penales involucrados y se ramifica en dos vertientes: (i) teleol\u00f3gica, parat\u00e1ctica e hipot\u00e9tica y (ii) ideol\u00f3gica\u00bb, mientras que la segunda responde a un v\u00ednculo de criterio de \u00abconveniencia o raz\u00f3n pr\u00e1ctica que aconsejan proseguir la actuaci\u00f3n de manera conjunta\u00bb, y, en ese orden, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abPues bien, al abrigo de este protocolo conceptual, y remiti\u00e9ndonos a lo preceptuado por el art. 51 del C.P.P., puede verificarse que el fallo que se pretende acumular, bajo el radicado es 2015-01918-01, corresponde a una sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Palmira el 30 de noviembre de 2016. Decisi\u00f3n que se encuentra ejecutoriada, fue proferida contra la misma persona, contempla penas de igual naturaleza y los hechos que dieron lugar tuvieron ocurrencia con anterioridad al fallo que se pretend\u00eda acumular (10-12-15). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, adem\u00e1s, que en casos como el de la especie donde se invoca la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, en donde se involucra una sanci\u00f3n ya ejecutada o extinguida, es la conexidad el factor que debe acreditarse como presupuesto sine qua non de su prosperidad\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que en este caso, pese a la existencia de factores que determinaban la conexidad de ambos asuntos penales, el obst\u00e1culo para acceder a lo solicitado por el sentenciado, obedeci\u00f3 a la imposibilidad procesal para evaluar una potencial acumulaci\u00f3n, puesto que la sentencia proferida en el proceso 2015-01918 cuya acumulaci\u00f3n se pretend\u00eda, fue proferida el 30 de noviembre de 2016 y se declar\u00f3 la extinci\u00f3n por pena cumplida el 18 de junio de 2018, cuando a\u00fan no hab\u00eda sido dictado el fallo condenatorio en el proceso 2015-40811 lo que ocurri\u00f3 el 24 de octubre de 2018. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicha situaci\u00f3n, no solo imped\u00eda la prosperidad de la solicitud del interesado, sino tambi\u00e9n la evaluaci\u00f3n oficiosa de una eventual acumulaci\u00f3n de condenas. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, resolvi\u00f3 confirmar el auto de 22 de febrero de 2022 emitido por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Jeisson Montes Ospina y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, en tanto que, el Tribunal Superior de Manizales fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales que gobiernan el tr\u00e1mite de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas y la jurisprudencia existente frente al procedimiento establecido para esos casos, encontrando que a pesar de la existencia de factores que determinaran la conexidad de ambos asuntos penales, lo que impidi\u00f3 acceder a lo solicitado por el acusado se debi\u00f3 a la imposibilidad procesal para evaluar la acumulaci\u00f3n, pues el 18 de junio de 2018 se declar\u00f3 la extinci\u00f3n por pena cumplida de la condena impuesta en el proceso 2015-01918 cuando a\u00fan no se hab\u00eda proferido fallo condenatorio en el proceso 2015-40811. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Jeisson Montes Ospina a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Asimismo, se se\u00f1ala que la acci\u00f3n de tutela no es el escenario id\u00f3neo para controvertir las decisiones de los jueces ordinarios, por el solo desacuerdo sobre el entendimiento que debe d\u00e1rsele a los preceptos normativos o la jurisprudencia que le sirven de base a la petici\u00f3n formulada por el solicitante <\/p>\n
6. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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