STC14099-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14099-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2022-00037-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en la tutela que Gember Balbuena Torregrosa y Bibiana Arango de Balbuena instauraron contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa urbe, extensiva a la Defensor\u00eda de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00124. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, en nombre propio, reclamaron la guarda de la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara al estrado acusado \u00abRevoque la condena al pago de la prueba de ADN interpuesta por el despacho judicial en audiencia para proferir sentencia del d\u00eda 05 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
De la prueba obrante en el dossier se extrae que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil admiti\u00f3 la demanda de Investigaci\u00f3n de Paternidad que Paola C\u00e1rdenas Alarc\u00f3n en calidad de representante legal de su menor hija Yesenia Alejandra C\u00e1rdenas Alarc\u00f3n, le formul\u00f3 a los actores y a los herederos indeterminados de Alcides Jenaro Balbuena Arango (7 en. 2021); luego de guardarse silencio por el extremo pasivo, previo agotamiento de las etapas pertinentes, dict\u00f3 sentencia en la que dispuso: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar al se\u00f1or ALCIDES JENARO BALBUENA ARANGO, quien en vida se identific\u00f3 con la cedula de ciudadan\u00eda No. 1.043.002.494, PADRE EXTRAMATRIMONIAL de la menor YESENIA ALEJANDRA C\u00c1RDENAS ALARC\u00d3N nacida el 30 de noviembre de 2020 en San Gil, (Santander), hija de PAOLA C\u00c1RDENAS ALARC\u00d3N identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.100.954.874 de San Gil. <\/p>\n
SEGUNDO: OFICIAR a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil de San Gil, (Santander), para que con arreglo a lo dispuesto por el art. 60 del Decreto 1260 de 1970 proceda a complementar el Registro Civil de Nacimiento de la citada menor, que se identifica con el indicativo serial # 60146646 y NUIP 1.100.977.934, en el sentido de hacerla figurar como hija extramatrimonial de ALCIDES JENARO BALBUENA ARANGO. <\/p>\n
TERCERO: Los demandados GEMBER BALBUENA TORREGROSA identificado con C.C.#5.743.308 de San Gil y BIBIANA ARANGO DE BALBUENA, identificada con C.C.#37.886.439 de San Gil, deber\u00e1n cancelar a la Direcci\u00f3n Regional de Santander del ICBF, los costos de la prueba de ADN en la suma de $2\u00b4116.066, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecuci\u00f3n de la presente sentencia. <\/p>\n
CUARTO: Sin condena en costas, por encontrarse la demandante bajo Amparo de pobreza\u00bb (5 jul. 2022). <\/p>\n
Reprocharon los gestores que, \u00abdurante el tr\u00e1mite del proceso no [estuvieron] representados por abogado por lo tanto [se les] imposibilit\u00f3 interponer recursos respecto de la decisi\u00f3n emitida por el despacho judicial, de igual forma (\u2026) la juez no vel\u00f3 porque [estuvieran] acompa\u00f1ados por un abogado\u00bb; aunado al hecho que no cuentan con \u00ablos recursos para el pago de dicha prueba ya que [son] campesinos (\u2026) solo [tienen] lo necesario para subsistir\u00bb. <\/p>\n
2.- La Personer\u00eda Municipal de San Gil resalt\u00f3 que \u00abcomo se evidencia en los documentos aportados al proceso, quien solicita la prueba es el demandante, luego entonces ser\u00e1 a quien le corresponda asumir el costo\u00bb, m\u00e1xime si \u00ablos padres del progenitor (q.e.p.d.) nunca se opusieron al proceso, son personas de escasos recursos econ\u00f3micos\u00bb, por lo que, requiri\u00f3 \u00abse revoque la decisi\u00f3n adoptada en el numeral tercero del auto de fecha julio cinco (05) de dos mil veintid\u00f3s (2022) que hace relaci\u00f3n a la orden de pago de la prueba referida (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Paola C\u00e1rdenas Alarc\u00f3n dijo que \u00ab(\u2026) tanto ella como sus suegros son personas de escasos recursos, toda vez que viven en el campo y por su edad y condiciones no cuentan sino con lo necesario para subsistir en su condici\u00f3n de campesinos, por lo cual la condena del pago de esta prueba traer\u00eda un detrimento notorio en las condiciones econ\u00f3micas y de vida digna de los mismos, las cuales ya son precarias\u00bb. Por tanto, concluy\u00f3 que el auxilio \u00abdebe prosperar toda vez que los accionantes no solicitaron la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN dentro del proceso de Investigaci\u00f3n de paternidad no ejercieron el derecho de oposici\u00f3n dentro del Proceso de Investigaci\u00f3n de la Paternidad y a pesar de estar presente en la audiencia de fallo no se les garantizo estar asistida por un abogado, lo que imposibilita la condena del pago de la Prueba\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de San Gil desestim\u00f3 el ruego por falta del requisito de la subsidiariedad, en tanto, \u00ab los actores una vez fueron notificados de la demanda dejaron vencer en silencio el t\u00e9rmino de traslado de la misma, sin haberse allanado a las pretensiones y menos a\u00fan elevaron solicitud para que se les designara amparo de pobreza, -esta \u00faltima figura jur\u00eddica- con el fin, que, de un parte, se les designar\u00e1 un abogado de oficio por parte del Juzgado fustigado para que representara sus intereses, y de otra, para que no se les condenara al pago de gastos, honorarios de auxiliares de la justicia y costas procesales. Todo ello de conformidad con el art. 154 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos aqu\u00ed demandantes tampoco presentaron frente a la sentencia de primera instancia del 05 de julio de 2022 -que los conden\u00f3 al pago de la prueba gen\u00e9tica de ADN por la suma de $2.116.066, y que es objeto de censura en la presente acci\u00f3n de tutela- el recurso de apelaci\u00f3n -art\u00edculo 320 C.G.P.-, exponiendo y controvirtiendo en \u00e9l lo que hoy pretende a trav\u00e9s de este mecanismo residual, siendo esa la oportunidad id\u00f3nea para controvertir y exponer los reparos concretos frente al fallo proferido\u00bb. <\/p>\n
4.- Replicaron los precursores, aduciendo que la decisi\u00f3n del a quo carece de las condiciones necesarias al \u00abfallo congruente\u00bb, dado que (i) Lo determinado \u00ab[n]o se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de [su] petici\u00f3n\u00bb; (ii) Se neg\u00f3 a \u00abcumplir el mandato legal de garantizar (\u2026) el pleno goce del derecho al debido proceso\u00bb; (iii) Incurri\u00f3 \u00aben error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela (\u2026) por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de sus principios\u00bb y, (iv) No examin\u00f3 los \u00abargumentos acerca de la conducta omisiva por parte del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Gil\u00bb. <\/p>\n
En sustento de ello, sostuvieron que fueron \u00abnotificados personalmente mediante correo electr\u00f3nico al que no [tienen] acceso hace un tiempo, adem\u00e1s [son] personas de la tercera edad con dificultades para acceder a los medios tecnol\u00f3gicos, por lo tanto, no [se enteraron] oportunamente del proceso (\u2026) que se estaba adelantando\u00bb, de ah\u00ed que, aun cuando no requirieron amparo de pobreza \u00abno es justificaci\u00f3n, por desconocimiento no [recurrieron] a dicha figura, as\u00ed mismo [consideran] que falt\u00f3 diligencia por parte del juzgado competente en este caso el juzgado accionado para designar de oficio a un abogado en amparo de pobreza para que [los] representara (\u2026) omitiendo que como se\u00f1ala la ley se [les] deb[\u00eda] garantizar un efectivo acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso y a ejercer el derecho a la defensa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que \u00abno se pudo acudir en este caso a instaurar recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia dictada por el juzgado accionado, debido a que [desconoc\u00edan] el t\u00e9rmino para instaurar dicho recurso y no [contaron] con representaci\u00f3n de apoderado en el transcurso del proceso lo cual imposibilit\u00f3 el ejercicio de los medios ordinarios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia el decaimiento del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, por observase una conducta negligente en los querellantes, quienes desaprovecharon las herramientas procesales con que contaban en la Litis combatida para ventilar el descontento que traen a este escenario especial. <\/p>\n
1.1.- Se afirma lo anterior, porque despu\u00e9s de notificados de la demanda objeto de queja, Bibiana Arango de Balbuena (20 en. 2021) y Gember Balbuena Torregrosa (21 en. 2021), no pidieron el \u00abamparo de pobreza\u00bb que prev\u00e9n los art\u00edculos 151 y s.s. del C.G.P. para conjurar la \u00abfalta de representaci\u00f3n\u00bb en el litigio y la posterior disconformidad con el ordinal tercero de la directriz del 5 de julio de 2022 expedida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, dejando fenecer la oportunidad con que contaban para discutir las inquietudes que ahora exhiben en esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Sala ha reiterado que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, porque <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021). <\/p>\n
1.2.- Ahora, contrario a lo afirmado por los recurrentes en el escrito de impugnaci\u00f3n, en el sentido, que \u00abfalt\u00f3 diligencia por parte del juzgado competente en este caso el juzgado accionado para designar de oficio a un abogado en amparo de pobreza para que [los] representara (\u2026)\u00bb, la figura antes aludida, adem\u00e1s de no tener mayores formalidades, sino la simple manifestaci\u00f3n jurada, debe ser suplicada por la parte, interesada, que no de oficio, dado que, el funcionario, en principio, desconoce las circunstancias de precariedad econ\u00f3mica o de incapacidad de pago de los extremos de la lid. Por tanto, no es dable al Juez acceder a su concesi\u00f3n oficiosa en un pleito como el aqu\u00ed analizado, en el que, integrado el contradictorio, los \u00abdemandados\u00bb permanecieron silentes y, nada dijeron al respecto. <\/p>\n
Bajo ese entendido no es factible conceder la ayuda invocada, ya que no es de recibo que los quejosos acudan a la justicia superlativa con el objeto de revivir \u00aboportunidades\u00bb adicionales que no utilizaron, actuar que no procede ni aun bajo el supuesto de \u00abirregularidades\u00bb, dado que son susceptibles de ser rebatidas ante el juez natural; m\u00e1xime, cuando Blanca Arenas de Blanco, concurri\u00f3 a la audiencia de 5 de julio hoga\u00f1o en calidad de \u00abdemandada\u00bb (mins 09:05- 11:40, archivo: 52. AUDIO AUDIENCIA INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO 05-07-2022.mp4) y no aleg\u00f3 las condiciones econ\u00f3micas puestas de presente en este especial sendero. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, se ha predicado: <\/p>\n
(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026) -STC5053-2022-. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el proveimiento confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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