STC14106-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14106-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03496-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2021-00213. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasi\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3; pues, pese a que el expediente se envi\u00f3 al tribunal en enero de 2022, para surtir la apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado, a la fecha no se ha dictado la resoluci\u00f3n correspondiente, desconociendo los t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Con apoyo en esos argumentos, pidi\u00f3 en lo fundamental, que se ordene al tutelado que \u00aben un t\u00e9rmino de 24 horas falle (\u2026) [la] acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital del tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
2. El magistrado sustanciador de segundo grado adujo, in extenso, que: <\/p>\n
\u00ab1. [P]or reparto del 25 de enero de 2022, desatar el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en la acci\u00f3n popular radicada al n\u00famero 2021-00213-01, instaurada por el se\u00f1or Gerardo Herrera contra la se\u00f1ora ASTRID ELENA VALBUENA LONDO\u00d1O propietaria del establecimiento de comercio DROGUER\u00cdA SUPERDESCUENTOS N\u00b0 1. <\/p>\n
2. Esta Sala, por auto del 25 de julio pasado, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el accionante, se\u00f1or Gerardo Herrera, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 15 de diciembre de 2021, y se corri\u00f3 el t\u00e9rmino para sustentar el recurso por cinco (5) d\u00edas. Adem\u00e1s, siguiendo las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PCSJA20-11556-2020, en especial los art\u00edculos 7\u00b0, 8\u00b0, 13\u00b0 y 14\u00b0, as\u00ed como el art\u00edculo 2, Decreto 564- 2020 y en aplicaci\u00f3n del inciso 5\u00ba, art\u00edculo 121 C\u00f3digo General del Proceso, se dispuso prorrogar el t\u00e9rmino para resolver la segunda instancia en ese asunto hasta por seis (6) meses m\u00e1s. <\/p>\n
3. Consider\u00f3 esta Magistratura necesario as\u00ed disponerlo, toda vez que, asuntos tambi\u00e9n de raigambre Constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable, pues en lo que va del presente a\u00f1o se han tramitado 4 habeas corpus, 92 tutelas de primera instancia, 110 de segunda instancia, 61 acciones populares; adem\u00e1s del estudio y discusi\u00f3n de proyectos de providencias sustanciadas por los dem\u00e1s magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, se convierten en limitantes de tiempo que permitan dictar el fallo con mayor celeridad\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda se\u00f1al\u00f3 que no existen \u00abregistros de solicitudes realizadas a la Defensor\u00eda del Pueblo, solicitando orientaci\u00f3n, colaboraci\u00f3n, intervenci\u00f3n o requerimiento por parte de esta entidad, al operador judicial en los t\u00e9rminos de la tutela, por tal motivo no se hemos vulnerado, ni puesto en riesgo ning\u00fan derecho fundamental del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala determinar si el hecho de no haberse proferido sentencia de segunda instancia en la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 el gestor (rad. n.\u00ba 2021-00213), durante el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, comporta, per se, una trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
2. Sobre la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Es innegable la relaci\u00f3n que existe entre el acceso a la justicia y el ejercicio oportuno de la funci\u00f3n judicial. La tardanza de los funcionarios encargados de dirimir derechos sustanciales en disputa pone en entredicho el contenido mismo de esos derechos, y por lo mismo, compromete la realizaci\u00f3n de los valores y principios de convivencia que defiende y promueve el Estado Social de Derecho a trav\u00e9s del poder jurisdiccional. <\/p>\n
Ahora bien, definir cu\u00e1l es el t\u00e9rmino adecuado para que una actuaci\u00f3n judicial se lleve a cabo es una tarea delegada al legislador, quien, con mayor o menor abstracci\u00f3n, ha fijado t\u00e9rminos perentorios para decidir ciertas solicitudes, o cuando menos para emitir el fallo que definir\u00e1 la disputa. En consecuencia, para determinar si se presenta un evento de mora judicial, basta con verificar una variable objetiva: el vencimiento del t\u00e9rmino legal para realizar la actuaci\u00f3n pendiente. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, no cualquier situaci\u00f3n de mora compromete los derechos fundamentales de las partes, ni habilita la intervenci\u00f3n de los jueces constitucionales. Debido a que la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia no cuenta con recursos ilimitados, es posible \u2013especialmente en un pa\u00eds en transici\u00f3n hacia el pleno desarrollo\u2013 que el presupuesto de la jurisdicci\u00f3n sea insuficiente para crear tantas sedes judiciales como se requieran para atender las crecientes necesidades de justicia de toda la sociedad. Y, por esa v\u00eda, tambi\u00e9n puede ocurrir que, a pesar de imprimir en ello todos los esfuerzos que razonablemente caben exigir a un ser humano, el fallador tampoco pueda evacuar a tiempo toda la carga que tiene asignada. <\/p>\n
2.3. Estas situaciones, por supuesto, se deben entender excepcionales, y ha de procurarse con celo que no se conviertan en la regla, como ocurrir\u00eda si se toleran excusas infundadas para no realizar a tiempo las tareas que le competen a cada juez o magistrado, como directores de los procesos a su cargo. Pero si, analizadas las circunstancias, se evidencia que la mora tiene explicaci\u00f3n justificada, la tutela no puede abrirse paso, tal como lo tiene decantado el precedente constitucional consolidado, que, sobre el particular, explica: <\/p>\n
\u00ab(…) el derecho al debido proceso supone el cumplimiento de t\u00e9rminos judiciales no como un fin en s\u00ed mismo, sino como medio para \u201casegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia\u201d. Por ende, quien adelanta cualquier actuaci\u00f3n judicial dentro de los t\u00e9rminos previstos, ostenta el derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro del tiempo consagrado para ello, pues de no ser as\u00ed se desconocer\u00edan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201ccomoquiera que no se brinda una respuesta oportuna frente a las pretensiones invocadas en su momento y se torna ilusoria la realizaci\u00f3n efectiva de la justicia material en el caso concreto\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que existen fen\u00f3menos como la mora, la congesti\u00f3n y el atraso judiciales, que afectan estructuralmente la administraci\u00f3n de justicia, por lo que en ciertos casos el incumplimiento de t\u00e9rminos procesales no es directamente imputable a los funcionarios judiciales, m\u00e1s si se tienen en cuenta la complejidad de los casos que pueden derivar en la pr\u00e1ctica de pruebas, el cumplimiento de tr\u00e1mites, lo que deriva en el aumento del tiempo previsto por el legislador para la el agotamiento de las etapas o la totalidad del proceso. <\/p>\n
Es por esta raz\u00f3n que la jurisprudencia constitucional ha determinado criterios para establecer si la mora en la decisi\u00f3n de las autoridades judiciales es justificada o injustificada. Al respecto (…) en la decisi\u00f3n SU-333 de 2020, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 el precedente jurisprudencial respecto de la mora judicial y la configuraci\u00f3n de una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En ella se unificaron las siguientes reglas jurisprudenciales: (…) En caso de omisi\u00f3n de respuesta, se incurre en una vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salvo que la dilaci\u00f3n est\u00e9 v\u00e1lidamente justificada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con estas omisiones judiciales, la acci\u00f3n de tutela resulta formalmente procedente cuando (i) no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso (como consecuencia de un estado de indefensi\u00f3n, entre otras razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisi\u00f3n judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales. <\/p>\n
Se presenta una mora judicial injustificada si: (i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial\u00bb (CC, SU-453 de 2020). <\/p>\n
3.1. Decantado lo anterior, y teniendo en cuenta la postura actual de esta Sala de Casaci\u00f3n (STC12372-2022, 20 sep.), de acuerdo con la cual en el tr\u00e1mite de las acciones populares se debe observar la norma especial prevista en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, emerge evidente que el supuesto de mora alegado se constat\u00f3 en el sub-lite, porque se tiene acreditado que el expediente arrib\u00f3 al tribunal el 25 de enero de 2022, de modo que el t\u00e9rmino de veinte d\u00edas con que contaba esa colegiatura para resolver la segunda instancia se encontraba fenecido para el 5 de octubre de este a\u00f1o, cuando se interpuso la tutela, aunado a que a la fecha no se ha proferido la sentencia que desate la alzada interpuesta por el actor popular. <\/p>\n
No obstante, en este caso la corporaci\u00f3n enjuiciada explic\u00f3 con detalle las razones por las que no ha podido cumplir su tarea en el plazo que consagra la norma en cita, las cuales est\u00e1n relacionadas con un significativo c\u00famulo de causas constitucionales, especialmente acciones populares y de tutela, que han hecho materialmente imposible que, por ahora, se cumplan a cabalidad los tiempos estipulados por el legislador. <\/p>\n
Este motivo razonable impide que se califique de injustificada la mora de dicho estrado, y por lo mismo, frustra la acci\u00f3n constitucional incoada; sin embargo, se hace un especial llamado al tribunal para que, a la mayor brevedad posible, defina el segundo grado del asunto que interesa al se\u00f1or Gerardo Alonso Herrera Hoyos, en el entendido de que la acci\u00f3n popular tiene un tr\u00e1mite prevalente, que debe adelantarse con particular celeridad y eficiencia, en procura de garantizar los derechos colectivos de todos los miembros de la sociedad. <\/p>\n
3.2. De otra parte, en lo que respecta a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que se \u00abpida al tutelado probar que no ha sido presentada queja alguna a su contra (sic) ante el CONSEJO SECCIONAL O SUPERIOR JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA Y SALA ADMINISTRATIVA POR MORA JUDICIAL EN ACCIONES POPULARES\u00bb o que se \u00abREMITA copia de todo lo actuado y de la acci\u00f3n popular ante el CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA a fin que se investigue la mora del tutelado\u00bb\u2013, colige la Sala que nada obsta para que el censor acuda directamente ante la autoridad competente para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Aunque el t\u00e9rmino para dictar el fallo de segunda instancia, conforme a la Ley 472 de 1998, se encuentra vencido en el asunto sometido al escrutinio de la Corte, lo cierto es que la entidad encartada ofreci\u00f3 explicaciones razonables para esa situaci\u00f3n, lo que, a voces de la jurisprudencia consolidada, impide que se conceda la salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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