STC14109-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14109-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00189-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el 28 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el municipio de Guatap\u00e9 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatap\u00e9, Adri\u00e1n Esteban Arcila R\u00edos, Julio Cesar Betancur Alzate y la Secretar\u00eda de Hacienda del mentado municipio, y citadas las partes e intervinientes en el amparo de radicado n\u00famero 2022-000105. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad territorial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en tr\u00e1mite constitucional referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que desde el a\u00f1o de 2015, el se\u00f1or Adri\u00e1n Esteban Arcila R\u00edos, quien es titular del correo electr\u00f3nico adrian2701@hotmail.com, presta sus servicios de abogado a Julio Cesar Betancur Alzate, propietario de inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria No. 30511, raz\u00f3n por la cual solicitaba la factura del impuesto predial de Betancur Alzate. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el se\u00f1or Arcila R\u00edos tambi\u00e9n recib\u00eda los actos administrativos relacionados con cobro coactivo, como ocurri\u00f3 con la invitaci\u00f3n de pago de 2 de septiembre de 2020, y la Resoluci\u00f3n n\u00famero 1\u00ba de 11 de junio de 2021, a trav\u00e9s de la cual se efectu\u00f3 una liquidaci\u00f3n oficial, determinaciones estas que fueron puestas en conocimiento, mediante env\u00edo por correo certificado, en la KR 28 X KR 25, recibida en su momento por el se\u00f1or Wilson Cardona, empleado del se\u00f1or Adri\u00e1n Esteban Arcila R\u00edos. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la Secretar\u00eda de Hacienda de Guatap\u00e9 mediante Resoluci\u00f3n n\u00famero 805 de 5 de septiembre de 2021, libr\u00f3 mandamiento de pago, que fue notificada a la misma direcci\u00f3n, recibida por el se\u00f1or Adri\u00e1n Arcila, apoderado judicial de Julio Cesar Betancur Alzate, quien no present\u00f3 direcci\u00f3n o domicilio diferente a la existencia del predio para ser notificado, mismo que radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n solicitando copia \u00edntegra del proceso de cobro coactivo, y dentro de sus direcciones de notificaci\u00f3n relacion\u00f3 el mencionado correo electr\u00f3nico, solicitud que fue contestada debidamente. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Julio Cesar Betancur Alzate, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda de Guatap\u00e9 y\/o Secretar\u00eda de Hacienda de ese municipio, quien en su contestaci\u00f3n hizo ver que el accionante no fue preciso en los datos suministrados en relaci\u00f3n con su direcci\u00f3n electr\u00f3nica, y en el escrito de tutela rese\u00f1\u00f3 el correo electr\u00f3nico aslegalglobal@gmail.com, raz\u00f3n por la que es claro que viene asesorado por la oficina del abogado Adri\u00e1n Esteban Arcila R\u00edos. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatap\u00e9 neg\u00f3 el amparo solicitado, e impugnada la determinaci\u00f3n la revoc\u00f3 el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, y declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso de cobro coactivo, y orden\u00f3 al se\u00f1or Julio Cesar Betancur Alzate, suministrar direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica, a fin de que pudiera ser notificado en debida forma. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que se hubiese procedido de esa manera, desconociendo que el accionante ten\u00eda a su alcance otro medio de defesa consistente en la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, y, adem\u00e1s, la notificaci\u00f3n se efectu\u00f3 en debida forma, puesto que tanto el contribuyente como su abogado estuvieron enterados del tr\u00e1mite, y es evidente la \u00abartima\u00f1a, obstrucci\u00f3n a la notificaci\u00f3n de actos administrativos y fraude\u00bb, generadas para obstaculizar la comunicaci\u00f3n de actos administrativos. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el se\u00f1or Julio Cesar Betancur Alzate, el 5 de septiembre de 2022, relacion\u00f3 como direcci\u00f3n f\u00edsica para la notificaci\u00f3n, la calle 31 No. 23 A 139 Guatap\u00e9 y el correo electr\u00f3nico adrian2701@hotmail.com, circunstancia que confirma que persiste en su inter\u00e9s de desinformar, desorientar, enga\u00f1ar a la autoridad tributaria, y en particular que se notificara al correo de Adri\u00e1n Esteban Arcila R\u00edos, y una vez efectuada la citaci\u00f3n a ese correo, al d\u00eda siguiente se retract\u00f3 y procedi\u00f3 a suministrar otra direcci\u00f3n f\u00edsica como \u00fanica para esos efectos, con la finalidad de confundir, desinformar, desorientar e incluso enga\u00f1ar. <\/p>\n
2. Con fundamento en los hechos narrados, solicit\u00f3 \u00abOrdenar al Juzgado Promiscuo de Familia De Marinilla, dejar sin efectos la sentencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, inform\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela de radicado n\u00famero 2022-000105, en la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada y declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Secretar\u00eda de Hacienda del municipio de Guatap\u00e9 contra Julio Cesar Betancur Alzate, atendiendo que detect\u00f3 graves falencias en la notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, y que deriv\u00f3 en su vulneraci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso, al no contar con otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
2. El Secretario de Hacienda de Guatap\u00e9, refiri\u00f3 que adelant\u00f3 proceso de cobro coactivo en contra de Julio Cesar Betancur \u00c1lzate, respecto del impuesto predial del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria No. 30511, tr\u00e1mite en el que se garantiz\u00f3 el debido proceso, luego memor\u00f3 la gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n, censur\u00f3 la sentencia de tutela atacada por esta v\u00eda con fundamento en que no se valor\u00f3 toda la informaci\u00f3n existente, y que eran evidentes las artima\u00f1as o fraudes para dilatar el cobro, tendiendo a buscar la prescripci\u00f3n, adem\u00e1s se contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento. <\/p>\n
3. Julio Cesar Bentancur Alzate, manifest\u00f3 que el abogado Adri\u00e1n Esteban Arcila lo ha representado en varios tr\u00e1mites pero no es su apoderado general, reproch\u00f3 la gesti\u00f3n para su notificaci\u00f3n en el proceso de cobro coactivo, ratific\u00f3 que present\u00f3 acci\u00f3n de tutela por esos hechos, bajo el radicado 2022-00105, y que el correo electr\u00f3nico que en su momento suministr\u00f3 alegalglobal@gmail.com, fue prestado porque no cuenta con este medio de comunicaci\u00f3n, y solo fue para efectos de esa acci\u00f3n constitucional, atendiendo que solo tiene direcci\u00f3n f\u00edsica en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Antioquia, neg\u00f3 por improcedente el amparo reclamado, por estar dirigida contra sentencia proferida en un tr\u00e1mite de la misma naturaleza, pues es evidente que el fundamento de la misma es exclusivamente la inconformidad frente al juicio jur\u00eddico sobre la procedencia del amparo constitucional, adem\u00e1s que, la sentencia constitucional de segunda instancia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla el 31 de agosto de 2022, se encuentra surtiendo el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, escenario en el que puede intervenir el interesado, raz\u00f3n por la que no se satisface el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Indic\u00f3, adem\u00e1s, que no existe indicio o prueba clara y fehaciente demostrativa de fraude en el que resida la raz\u00f3n \u00faltima de la decisi\u00f3n, siendo \u00e9ste el \u00fanico supuesto en el que la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcional\u00edsima la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra fallo de tutela. <\/p>\n
Sostuvo que, si bien el accionante adujo que las gestiones desplegadas por el se\u00f1or Julio Cesar ante esa administraci\u00f3n municipal pueden tener tintes defraudatorios, no representa un escenario en el que la decisi\u00f3n de tutela atacada haya estado motivada en un concierto fraudulento con participaci\u00f3n activa y determinante del funcionario judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la acci\u00f3n de tutela, y reproch\u00f3 que en la decisi\u00f3n cuestionada se procedi\u00f3 a justificar la conducta del contribuyente contra los intereses fiscales del municipio, \u00abd\u00e1ndole piso legal al fallo de la entidad judicial tutelada, pues dicho fallo constituye un ap\u00e9ndice para que otros contribuyentes acudan a las mismas figuras o conductas defraudativas y de esta manera causar detrimento patrimonial\u00bb, adem\u00e1s constituye una nueva v\u00eda de hecho, atendiendo que en los cobros coactivos no se viol\u00f3 el debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
3. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1 En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el municipio de Guatap\u00e9 enfil\u00f3 sus pretensiones para dejar sin efectos la sentencia constitucional de segunda instancia, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla el 31 de agosto de 2022 mediante la cual revoc\u00f3 la providencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Guatap\u00e9 de 24 de junio de 2022. <\/p>\n
En esa decisi\u00f3n se concedi\u00f3 el amparo constitucional invocado por Julio Cesar Betancur Alzate y, en consecuencia, se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por la Secretaria de Hacienda del mismo municipio, a partir de la notificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n n\u00famero 805 del 5 de septiembre de 2021, \u201cPOR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO.\u201d <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto, en la primera instancia de este tr\u00e1mite, se neg\u00f3 el amparo porque se consider\u00f3 que adem\u00e1s que este mecanismo extraordinario no procede contra decisiones de la misma naturaleza, en la actualidad el amparo se encuentra en tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, y sumado a esto no se encontr\u00f3 acreditado que esa determinaci\u00f3n hubiese estado motivada en un concierto fraudulento con participaci\u00f3n activa y determinante del funcionario judicial. <\/p>\n
3.2 El recurrente disiente v\u00eda impugnaci\u00f3n con fundamento en id\u00e9nticos argumentos expuestos en el escrito de tutela, y en particular que se justific\u00f3 la conducta del contribuyente contra los intereses del municipio, se da valor legal a una determinaci\u00f3n para que otros contribuyentes repliquen, e insiste en no se vulner\u00f3 el debido proceso en el tr\u00e1mite coactivo, argumentos todos que para su infortunio no pueden ser acogidos en esta instancia. <\/p>\n
4. Se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque, v\u00eda tutela se est\u00e1 atacando una sentencia del mismo linaje que por regla general no procede. De otro lado, a la fecha no se tiene noticia de que esa providencia hubiese sido estudiada v\u00eda revisi\u00f3n, tampoco excluida de ese recurso por la Corte Constitucional, de manera que el accionante si bien lo considera, tiene la opci\u00f3n de solicitar que la misma sea objeto de selecci\u00f3n y la facultad de insistir en ese sentido en caso de exclusi\u00f3n, medios eficaces para la finalidad perseguida por esta v\u00eda. <\/p>\n
Por otra parte, no obra en el expediente material probatorio que de manera clara y suficiente respalden que la decisi\u00f3n adoptada mediante la sentencia de tutela atacada sea el producto de una situaci\u00f3n de fraude que conduzca a la consolidaci\u00f3n de una cosa juzgada fraudulenta. <\/p>\n
N\u00f3tese, en particular que solo se reproch\u00f3 que el accionante hubiese dicho en el escrito de tutela, que no ten\u00eda correo electr\u00f3nico y a su vez suministrara uno para efectos de su notificaci\u00f3n, circunstancia que a todas luces es insuficiente para sostener que la providencia censurada claramente es el producto de un fraude en su tr\u00e1mite, cuando en puridad lo que se advierte es que las alegaciones de la parte accionante, giraron en torno a su inconformidad con el an\u00e1lisis efectuado para llegar a una decisi\u00f3n adversa a sus intereses. <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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